LA COMPLICIDAD DE OCCIDENTE AUMENTA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ISRAEL

  EVA LAGUNERO - REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace dos años y medio, Israel está más envalentonado que nunca para emprender nuevas agresiones en los territorios ocupados.

   Los gobiernos occidentales no sólo hacen la vista gorda a estas agresiones, sino que, además, ayudan activamente a silenciar a cualquiera que se atreva a denunciarlas. Ello genera un círculo vicioso: cuanto más viola Israel las leyes internacionales, más reprime Occidente las voces disidentes y más se enseñorea Israel de su impunidad.

   Un claro ejemplo son los sucesos de la semana pasada, cuando cientos de soldados israelíes fuertemente armados hicieron una redada en el barrio de Sur Baher, en la periferia de Jerusalén, y, mediante explosivos y bulldozers, destruyeron docenas de hogares dejando a centenares de familias palestinas sin techo. Durante la operación emplearon una violencia extrema contra los residentes. Varios vídeos muestran a los soldados israelíes dando vítores y gritos de alegría mientras arrasaban el vecindario.

   El derribo de casas ha sido durante mucho tiempo una práctica común de Israel, pero esta vez había más motivos de alarma. Tradicionalmente, las demoliciones se han llevado a cabo en los dos tercios de Cisjordania que quedaron bajo el control temporal de Israel en los acuerdos de Oslo. Israel debería haber entregado la llamada Área C a la Autoridad Palestina hace 20 años. En vez de ello, ha expulsado de ella a la población palestina para construir asentamientos judíos ilegales. Sin embargo, las demoliciones de Sur Baher se han realizado en el Área A, tierra asignada en los acuerdos de Oslo al futuro gobierno palestino, donde Israel se supone que no tiene ninguna jurisdicción. Los palestinos temen, con razón, que Israel haya establecido con ello un peligroso precedente, que el día de mañana pueda usarse para justificar la expulsión de miles de palestinos más de la tierra bajo control de la Autoridad Palestina.

   La mayoría de los gobiernos occidentales apenas alzan sus voces por estas atrocidades. Incluso la ONU se ha limitó a decir que era “muy triste” lo que estaba ocurriendo.

   A pocos kilómetros al norte, en Issawiya, otro barrio de Jerusalén Este, los soldados israelíes llevan varias semanas aterrorizando a sus 20.000 residentes. Han establecido puestos de control, hacen arrestos al azar durante la noche, imponen multas arbitrarias de tráfico y disparan con munición real y balas de goma en las áreas residenciales. Ir Amim, un grupo israelí de derechos humanos, califica lo que ocurre en Issawiya como “estado permanente de castigo colectivo”, es decir, un crimen de guerra.

   En Gaza, donde se está matando de hambre lentamente a sus dos millones de habitantes por los 12 años de bloqueo impuesto por Israel, las agresiones con armas de fuego contra manifestantes desarmados y los arrestos que se producen semanalmente se han convertido en tal rutina, que apenas llaman ya la atención. El viernes pasado, los francotiradores israelíes mataron a un manifestante e hirieron gravemente a 56, incluidos 22 niños. A pesar de que se ha demostrado que una significativa proporción de palestinos fallecen a causa de las heridas, Israel sigue con su política de disparar a los manifestantes en las piernas -otro crimen de guerra-. Recientemente, tras más de 200 muertos y miles de mutilados, se ha aconsejado a los francotiradores que “aflojen” apuntando a los tobillos de los manifestantes. B'Tselem, otra organización israelí de derechos humanos, califica estos hechos de “política criminal” y una “decisión consciente de no reconocer a los del otro lado de la valla como seres humanos”.

   En vez de acabar con esas prácticas criminales, Israel prefiere esconderlas. De hecho, ha sellado a cal y canto las áreas palestinas para impedir cualquier escrutinio. Un informe de la campaña Derecho Palestino a Entrar, avisaba la semana pasada de que Israel está negando sistemáticamente a los extranjeros permisos para vivir y trabajar en los territorios ocupados, incluyendo las áreas que se suponen bajo el control de la Autoridad Palestina. Esto afecta a personas palestinas nacidas en el extranjero, a menudo casadas con palestinos locales. Además, según informes recientes, Israel está expulsando a profesores de la Universidad Bir Zeit, la más importante de Cisjordania, lo que representa un duro golpe a la libertad de cátedra de los palestinos.

   Los periodistas palestinos que destacan los crímenes de Israel también están en el punto de mira. La semana pasada Israel despojó a uno de ellos, Mustafa Al Haruf, de su residencia en Jerusalén, apartándole de su esposa e hija. Dado que dejar a alguien sin Estado es ilegal, Israel está haciendo presión a Jordania para que lo acoja. Otra política de exclusión es negar la entrada a las personas críticas con Israel, especialmente a las que apoyan el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS por sus siglas en inglés), que también está siendo objeto de ataques por parte de los gobiernos occidentales.

   En Estados Unidos y la Unión Europea, criticar a Israel, aunque sea judía la persona que lo hace, supone exponerse a acusaciones de antisemitismo. Incluso se están aprobando leyes que convierten en delito apoyar o hacer difusión del BDS. Puede parecer un contrasentido que estas censuras a la libertad de expresión se estén produciendo justo cuando Israel está dejando más claro que nunca que no tiene ningún interés por la paz y está imponiendo un sistema permanente de apartheid en los territorios ocupados. Pero esto no debería sorprender. Esta censura es otra prueba de que el apoyo de Occidente a Israel se basa en valores compartidos, los que consideran a los palestinos como seres inferiores, cuyos derechos pueden ser pisoteados a placer.

Fuente:

https://www.globalresearch.ca/criticism-crushed-west-israel-can-enjoy-its-impunity/5684977