JULIO BONIS, ANTONIO CASTRO Y SUÁREZ TRENOR, TRES CANARIOS "PADRES DE LA PATRIA", IMPLICADOS EN EL "CASO ODEBRECHT" ESPAÑOL

    Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Como sin duda sabrá la mayoría de nuestros lectores, el llamado "Caso Odebrecht" es considerado hoy como el mayor caso de corrupción de América Latina por su multimillonaria dimensión. Políticos y empresarios de 10 países latinoamericanos y dos africanos, recibieron la friolera de 788 millones de dólares en sobornos por parte de la citada empresa brasileña por permitir que esta se quedara con los principales contratos de infraestructura.

    A una escala menor, la que corresponde a las propias dimensiones de este país, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón investiga en la actualidad otra presunta trama de de comisiones ilegales pagadas por la constructora OHL a políticos y altos cargos de distintas administraciones públicas españolas, en una pieza separada del caso Lezo. De acuerdo a la información publicada por diversos medios de ámbito estatal, la multinacional  habría repartido 38,6 millones de euros en sobornos entre los años 2003 y 2014, según la contabilidad intervenida en el registro del domicilio de un exdirectivo de la empresa, Felicísimo Ramos.

   En esta presuna trama de mordidas se encuentran  supuestamente implicados tres renombrados políticos de Coalición Canaria.

    Uno de ellos es el ex consejero de Sanidad de esta Comunidad autónoma, Julio Bonis. De acuerdo a los datos entregados por  la UCO al juez de la Audiencia Nacional,  Bonis, también ex consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y uno de los padres fundadores de Coalición Canaria, habría colaborado con la trama desde México, donde tiene ubicados ahora sus negocios.

     El segundo de los políticos canarios también presuntamente implicado es el ex presidente del Parlamento de Canarias, el palmero Antonio Castro Cordobez. Sin que jamás nadie pudiera explicar por qué, este diputado autonómico ha sido tradicionalmente presentado por los medios de comunicación corporativos como un hombre de extremada "rectitud" y seriedad.  El informe de la Guardia Civil sobre el caso en el que se le ha implicado, recoge una grabación entre los directivos de la constructora en la que tratan con detalle sobre el reparto de dinero en el que habría que ver “los porcentajes de Antonio Castro”.

    Esos mismos investigados hacían referencia en las grabaciones a una comisión que habrían pagado a Luis Suárez Trenor, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife entre los años 1996 y 2007, por obras en el puerto de Granadilla. No es la primera vez, en cualquier caso, que Suárez Trenor aparece envuelto en un presunto caso de corrupción.

    El político ya se encontró en la picota pública en el año 2016, cuando investigaciones realizadas por la policía judicial a raíz de la puesta en marcha de la Operación Lavandera,  sacaron a la luz que, justamente entre los años 1996 y 2007, manejó "grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida". Concretamente, entre los años 2000 y 2006, llegó a ingresar cerca de medio millón de euros en sus cuentas, cifra que los investigadores consideraron  "totalmente atípica",  y cuyo origen se desconoce. Pero además, entre los años 2000 y 2003 el también destacado miembro de Coalición Canaria (CC) adquirió cinco vehículos mediante pagos en efectivo por valor nada menos que de 143.385 euros, cuya contrapartida en cuentas bancarias nunca  fue encontrada.

   En su momento salió también a la luz que  Suárez Trenor contaba con una cuenta en el paraíso fiscal de la Isla de Man.

    En las investigaciones se establecía, asimismo, que durante la presidencia de Suárez Trenor en la Autoridad Portuaria  se produjeron "numerosas irregularidades administrativas, como la no aplicación de la Ley de Costas, y de gestión", concluyéndose que la pérdida patrimonial del Puerto fue de 6,3 millones de euros.  Según los informes, que constan en los expedientes relacionados con el procedimiento concesional de la Autoridad Portuaria a diferentes empresas,  se mostraba el escaso interés de esta por ajustarse al procedimiento, "de forma que las concesiones no eran acordes a los usos portuarios, se incumplían los plazos y las transmisiones se realizaban sin que el nuevo titular reuniese los requisitos para el ejercicio de la nueva actividad".