LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE RODILLAS ANTE WASHINGTON

Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La Sala II de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) ha rechazado la solicitud de la fiscal Fatou Bensouda para investigar los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán.

   En 2016, tras las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU, la fiscal Bensuouda anunció que abriría una investigación sobre estos crímenes, que, como otros, están bien documentados, sobre todo en la irrecusable información contenida en el Diario de la Guerra de Afganistán y los Registros de la Guerra de Iraq, facilitada por Chelsea Manning y publicada por WikiLeaks. En estos documentos hay suficiente evidencia para poder encausar a los altos cargos de tres gobiernos de los Estados Unidos, el Pentágono así como congresistas pasados y presentes por la financiación de dichas guerras.

   La semana pasada supimos que el régimen de Trump había rechazado otorgar visa a la fiscal Bensouda para entrar en los Estados Unidos (excepto para visitar la sede de la ONU en Nueva York), después de que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, prometiera proteger a los norteamericanos de lo que llamó “procesamientos injustos”. Este, dirigiéndose a la fiscal, dijo:

   “Si te haces responsable de investigar al personal de los EEUU en conexión con la situación en Afganistán, no debes dar por hecho que tienes visa o la tendrás, o que se te permitirá entrar en los EEUU (…) Estamos dispuestos a tomar medidas adicionales que incluyen sanciones económicas, si la CPI no depone su intención”.

    Las leyes de Washington están hechas para procesar a sus víctimas, no al gobierno estadounidense ni a sus mandos militares responsables de los mayores crímenes. La Ley del año 2002, llamada de  Protección de los Miembros del Servicio de los Estados Unidos, protege “al personal militar de los EEUU y a otros cargos electos y nombrados de EEUU contra el procesamiento penal por parte de un tribunal internacional del que EEUU no forma parte”. Y autoriza el uso de “todos los medios necesarios y apropiados para llevar a cabo la liberación de cualquier personal de EEUU o países aliados que sea detenido o encarcelado por, de parte de o por solicitud de la Corte Penal Internacional”.

     Esta norma prohíbe extraditar a cualquier persona desde los EEUU a la CPI. En una carta abierta de noviembre de 2000, Henry Kissinger, George Shultz, Zbigniew Brzezinski, el antiguo director de la CIA Richard Helms, y otros signatarios norteamericanos, declaraban que Washington debe “poner a salvo al personal militar de nuestra nación fuera del alcance de cualquier fiscal extraño que opere bajo procedimientos incompatibles con nuestra Constitución”.

     Pero la fiscal Bensouda encontró que había “bases razonables para creer que se han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en conexión con el conflicto armado en Afganistán”. En enero, el juez de la CPI, Christoph Flugge, renunció a su cargo en respuesta a la amenazas de Washington proferidas especialmente por John Bolton, que tildó a la CPI de “ineficaz, inexplicable, y por supuesto, un completo peligro”, acusándola de “atacar los derechos constitucionales de los norteamericanos y la soberanía de los EEUU”. Bolton dijo, además, que impondría sanciones económicas a la CPI y sus jueces a través del sistema financiero de los EEUU, los procesaría en los tribunales penales de ese país, y añadió: “haremos lo mismo con cualquier empresa o estado que ayude a la investigación de la CPI sobre los EEUU”.

     El viernes (12 de abril), los intimidados jueces de la Sala II de Cuestiones Preliminares de la CPI  rechazaban la petición de Bensouda de emprender las pesquisas formales en los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán, alegando lo que llamaba “consideraciones prácticas”, que hacían improbables las oportunidades de que dichas pesquisas llegasen a puerto: “La complejidad y volatilidad del clima político (…) hace muy difícil valorar las posibilidades de asegurar la cooperación significativa de las principales autoridades” de los Estados Unidos.

    Los grupos defensores de los derechos humanos han criticado duramente esta decisión. El estadounidense Centro por los Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés) declaró que “decenas de miles de víctimas en Afganistán, junto a las víctimas de las torturas infligidas por EEUU, han urgido a la CPI a que autorice una investigación...”. No obstante, a pesar de cumplir con los requisitos, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares estimaron que autorizar dicha investigación no serviría a lo que ellos llamaron “los intereses de la justicia”.

 Según la fiscal de la CPI, Katherine Gallagher, con esta decisión, se ha enviado “un peligroso mensaje: que el matonismo gana y los poderosos no responderán por sus hechos (…) Al ceder a las presiones [del régimen de Trump], tanto el cuerpo de jueces de Cuestiones Preliminares como los Estados miembros, que han fallado a la hora de poner a disposición los recursos necesarios y apoyar a la CPI, aceptan la impunidad (…) Las víctimas de los poderosos no cesarán en su intento por hacer verdad el adagio de que nadie está por encima de la ley”.

  Patrick Baudouin, presidente honorario de la La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH por sus siglas en inglés), ha condenado “la sorprendente decisión de la CPI, basada en un razonamiento profundamente defectuoso (…) La CPI fue creada precisamente para superar los desafíos que hacían imposibles las investigaciones. Es inaceptable que estos desafíos se invoquen ahora para negar justicia a las víctimas (…) Es un día negro para la justicia”.

  Negros son, en efecto, cada uno de los días que los genocidios y crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por EEUU, la OTAN, Israel y otros aliados quedan impunes, lo cual  asegura más de lo mismo a perpetuidad. Como es también un hecho preocupante que, en los casi 17 años de funcionamiento de la CPI, esta institución nunca haya cumplido su mandato de procesar a individuos por estos horrendos crímenes.

Fuente:
https://www.globalresearch.ca/international-criminal-court-usnato-imperial-tool/5674437