EL GOBIERNO CANARIO Y EL CABILDO DE FUERTEVENTURA PERSEVERAN EN LA DESTRUCCIÓN DE TINDAYA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Dos décadas después de que el fallecido escultor vasco Eduardo Chillida tuviera la desafortunada  idea de agujerear y vaciar Tindaya, para construir un "Monumento a la Tolerancia", el Cabildo de Fuerteventura y el  Ejecutivo regional  y el Ayuntamiento de La Oliva  continúan dispuestos a imponer la  infraestructura que destruiría la montaña sagrada de los majos -antiguos habitantes de la isla-.

    El proyecto de Eduardo Chillida en la Montaña de Tindaya cuenta con un respaldo institucional unánime en Fuerteventura y el apoyo de la mayor parte de fuerzas políticas, pero también tiene el rechazo, que trasciende los límites de la Isla, de grupos ecologistas y expertos en los ámbitos del medio ambiente, el patrimonio o la geología, así como con los informes desfavorables de las dos universidades del Archipiélago.

   El pasado año, el Gobierno autonómico y el Cabildo majorero constituían la Fundación canaria ‘Monumento a la Tolerancia’ para reimpulsar las obras que supondrían la destrucción de la montaña. Una iniciativa denunciada por la federación ecologista Ben Magec, que apuntaba entonces a la realización por parte de la COTMAC de una nueva  "declaración de impacto medioambiental a la medida del proyecto de Chillida".

  El pasado 21 de diciembre, el  patronato de esta entidad aprobó un presupuesto de 15.000 euros, “procedentes de aportaciones de terceros”, con destino a una consulta al mercado, “como mejor medio para preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos activos en este tipo de obras, de los planes y requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento”.

    Así se desprende del documento que firman el presidente del Cabildo, Marcial Morales, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, vicepresidente y secretario de la Fundación, respectivamente. De este modo, se especifica que “se considera oportuno acudir al asesoramiento de terceros, expertos o autoridades independientes como mejor garantía de éxito en este trámite”.

   El documento, que no ha trascendido a la opinión pública pero era mencionado en días pasados por el  Diario de Fuerteventura, argumenta en la memoria explicativa del contenido de su presupuesto de 2019 que el plan de actuación para el presente ejercicio “continuará centrado en la promoción de los trámites previos a la licitación de la ejecución del proyecto monumental”.

   Se trata de una serie de trámites que no se vieron materializados en 2018 por diversas circunstancias, “entre ellas la modificación del marco jurídico contractual del sector público” al que se somete la Fundación.

  Como se recordará, este proyecto prevé perforar la montaña - calificada como Bien de Interés Cultural (BIC)- realizando en la misma un cubo de 50 metros cúbicos y un túnel de entrada de 200 metros con dos chimeneas.

   Desde que en 1995 el Gobierno regional, presidido entonces por Manuel Hermoso, declaró la obra "de interés para las Islas", ésta ya ha costado a las arcas públicas unos 25 millones de euros sin que se haya movido ni una sola piedra.  Todo ello en un camino plagado de presuntas corruptelas, pleitos judiciales y enfrentamientos políticos.

   Ni la oposición al proyecto por parte de diversos colectivos sociales y ecologistas, ni la de más 200 profesionales de la cultura, la historia y la ciencia de toda el Estado han logrado modificar un ápice la determinación de las autoridades canarias de imponer esta megaconstrucción en la montaña sagrada.  Solo la organización de un amplio movimiento popular dispuesto a oponerse hasta el final al proyecto de Eduardo Chillida podría evitar su destrucción. Y el plazo para conseguirlo cada vez es más corto.