ESPAÑA Y CHILE: DOS "TRANSICIONES POLÍTICAS" CLÓNICAS (SONORIZADO)

 POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL

     En Chile, la "transición" política de la dictadura pinochetista a la actual "democracia" podría considerarse como un auténtico clónico de la que hace 40 años se diseñó en  Estado español para pasar de la dictadura de Franco a una presunta "democracia" que, de acuerdo con los cánones que se exhiben en  nuestro entorno geográfico, ni siquiera llega a alcanzar la categoría de "formal".

      Como ya sucediera antes aquí, en Chile el compromiso con el aparato del Estado heredero de la dictadura consistió en concertar un acuerdo con los representantes de la "izquierda" para lograr consagrar su intangibilidad, así como para mantener intacto el salvaje modelo neoliberal que había sido impuesto a sangre y fuego en ese pais latinoamericano.

    Es cierto, sin embargo, que en Chile, a diferencia de lo que ocurrió en España, los sustitutos del dictador, la mayoría de ellos procedentes de las filas de la democracia cristiana y de la "izquierda" socialdemócrata, se vieron obligados a aplicar algunas medidas punitivas en contra de los más reconocidos verdugos de la dictadura.

    Ello tuvo que ser así porque la sanguinolenta memoria del régimen de Pinochet permanecía todavía muy fresca en los dramáticos recuerdos del pueblo chileno. Sin embargo, en lo esencial, la  "operación de recambio" fue bastante similar a la que se había producido en España. Pero las coincidencias no se produjeron solamente en las "fórmulas de cambio" que se aplicaron, sino también en los efectos que éstas, décadas después, iban a continuar teniendo tanto en una como en la otra sociedad.

    LA BASE DE UN COMPROMISO: LA INTANGIBILIDAD DEL APARATO DEL ESTADO.

      La prensa  chilena ha proporcionado algunos datos que nos inducen a hacer una breve reflexión al respecto. Noventa y cinco altas jerarquías del Ejército chileno, así como numerosos ex oficiales, condenados por violaciones de Derechos Humanos,  continúan percibiendo no obstante las condenas, emolumentos salariales que  llegan a alcanzar los casi  cinco mil dólares mensuales. Parece evidente, pues que los militares en cuestión perciben un claro trato de favor por parte del Estado chileno.

        Es cierto que, a diferencia de lo que sucedió en España, algunos policías y militares  chilenos, purgan  en prisión  los asesinatos, torturas y fechorías de las que fueron protagonistas. En nuestro país, en cambio, los policías y miembros de los aparatos represivos del Estado no sólo no fueron procesados, sino que continuaron ejerciendo sus funciones "profesionales" con misma "eficacia"  de la que  habían hecho gala  durante la pasada dictadura franquista.

    Ese era el precio, se nos dijo, que en España había que pagar por poner en marcha aquella peculiar operación política de la "reconciliación nacional". No era cierto. Las facturas de aquellos "consensos" aun hoy continuamos pagándolas.

    Pero tratando de ir a la raíz de la cuestión, ¿qué es lo que ha impedido en Chile que incluso connotados criminales de la pasada dictadura no vean cumplidas con rigor las penas dictadas por los tribunales? ¿Qué es lo que ha permitido en ese país latinoamericano que miles  de casos de tortura y asesinatos cometidos en fechas  cronológicamente  recientes  hayan gozado del paraguas protector  de la impunidad jurídica, pese a la formal desaparición física del dictador y de su dictadura?

     Las respuestas a esas interrogantes son aproximadamente las mismas que nos servirían para explicar las razones por las que en España, durante más de cuatro décadas, ha permanecido en la Jefatura del Estado un monarca no electo, impuesto por la expresa voluntad personal de un dictador. O el hecho de que la estructura y orientación ideológica de las actuales Fuerzas Armadas y la Judicatura españolas  continúen permaneciendo  intocadas e intocables.

CHILE Y ESPAÑA: COMO DOS GOTAS DE AGUA

       La verdad es que el actual Régimen "democrático" chileno  es un auténtico calco del que algunos años antes se había implantado en España. De hecho, cuando Pinochet perdió el referéndum que él mismo habia osado convocar,  quienes en Chile querían experimentar con una "transición a la española" volaron prestos hacia nuestro país, en urgente demanda de las recetas y condimentos que les permitieran importar a Chile el arte culinario utilizado en nuestra  "modélica y exitosa transición política".

     Destacados políticos españoles, como Felipe González, Adolfo Suárez y algún que otro representante del PCE, se prestaron gozosos durante aquellas fechas, a transmitir sus  experiencias y lecciones  que ayudaran a que en Chile se pudiera aplicar lampedusianamente un dietario de  "reformas" que, esencialmente, no sirvieran para reformar nada.

EN ESPAÑA.

   
     No obstante, los mimetismos histórico-políticos entre España y Chile continuaron reproduciéndose. Pero ya no como expresión de un calco o una copia deliberadamente intencionada, sino como una irrupción resultante de las contradicciones inherentes al "experimento político" en el que ambos países se habían embarcado.

    En España, después de transcurridas cuatro décadas desde que se realizaron los "apaños" de la Transición no se había movido ni política ni socialmente, una sola hoja. Todo había estado transcurriendo   conforme a los planes diseñados, no sólo por las clases  económicamente hegemónicas españolas, sino también por sus mentores de la Unión Europea y Estados Unidos.

     Sin embargo, la profunda crisis económica que se inició en el  año 2008 provocó que miles de personas se echaran a las calles,  cuestionando no sólo las razones que provocaban la pérdida de sus empleos y la precarización de sus profesiones, sino también la supuesta esencia "democrática" de sistema político monárquico, impuesto por la precedente dictadura. "Lo llaman democracia y no lo es", gritaban significativamente en sus manifestaciones, asambleas y protestas.

     Los sectores que se movilizaron alrededor de aquel movimiento social, que fue conocido con el  nombre de "15M", estaba  constituido  fundamentalmente por jóvenes pertenecientes a generaciones que no habían conocido la dictadura, y a las que los Partidos y sindicatos que se reclamaban pertenecientes a las "izquierdas", habían sometido con su práctica a un proceso de intensa despolitización. Pero aún contando con esa deficiencia política originaria, durante más de dos años, el Movimiento 15M permaneció desbordando las calles y plazas de todo el país, sometido al acoso de la represión policial  ejercida por el Gobierno de turno.

    Para la "casta política" que ocupaba las instituciones del Sistema, así como para las clases económicamente poderosas, la constante permanencia en las calles del 15M constituía un auténtico desafío que era preciso neutralizar para evitar el riesgo de que las cosas tendieran a ir a peor. Cuando esa necesidad política  se hizo evidente, no por azar  el conjunto de los medios de comunicación españoles hicieron sonar la flauta de Hamelin, a través de la cual transmitieron a la sociedad y  a sus indignados que a aquella explosiva eclosión social se le podría encontrar cauces  en las instituciones del sistema político vigente. "Las instituciones para ser reformadas requieren de la savía política del 15M",  repetían machaconamente en sus mensajes los políticos, los medios, los tertulianos, las jerarquías eclesiásticas…A
     Para que tal inserción en el sistema fuera posible, el propio aparato mediático español se prestó a construir artificialmente una suerte de "cuerpo de bomberos" que utilizaría para  aplacar la amenazante fogata social que había encendido las calles y plazas de todo el Estado español. La formación política "Podemos" fue convertida por los medias en el idóneo apagafuegos de la protesta social, a través de una sugerente institucionalización, que invitaba al propio artificio politico inventado por ellos mismos, a "tomar" pacíficamente las más altas instituciones del país. Cual fue el desenlace de aquella operación político-mediática está a la vista de todos. El incendio social logró ser finalmente sofocado, y el "cuerpo de bomberos", una vez cumplida la misión encomendada, jubilado ipso facto de sus funciones.

EN CHILE.

     Chile es un país que fue sometido a una durísima experiencia dictatorial durante casi una veintena de años. Sin embargo, aunque el dictador y la dictadura desaparecieron en 1990, la Constitución promulgada por Pinochet en 1980 se ha mantenido vigente e intacta hasta el día de hoy. Ninguno de los Partidos políticos que aceptaron jugar dentro los marcos institucionales que había establecido la dictadura se atrevió a tocar ni sólo ápice de la arquitectura institucional heredada e impuesta por Augusto Pinochet. Durante décadas, tanto los Partidos pertenecientes a la "izquierda" como a la derecha, transitaron cogidos de la  mano  por el "constitucionalismo" pinochetista, sin rechistar ni llegar a cuestionarlo.

    Como de forma invariable sucede históricamente, fue necesario que en el año 2019 se produjeran gigantescas movilizaciones sociales para que, finalmente, los Partidos instalados en el establishment institucional pinochetista, se vieran obligados a proceder a sustituir  aquella espuria Constitución por una nueva. En esta ocasión, la chispa que hizo detonar la explosión social en Chile  fue el aumento de las tarifas del transporte.

     Como sucediera con el movimiento 15M en España, la protesta chilena  se caracterizó por la ausencia de líderes y del patrocinio de los partidos políticos y sindicatos de "izquierdas". Lo que en principio habían sido solo reivindicaciones  tarifarias pronto terminó convirtiéndose en una protesta generalizada en contra del alto costo de la vida, las bajas pensiones, la Constitución pinochetista, el elevado precio de las medicinas y la atención médica, así como un rechazo abierto y total en contra de  los Partidos que monopolizaban el aparato institucional:  es decir, en contra de  la "casta política", ajena a los intereses populares.

      Las protestas no sólo fueron multitudinarias en todo el país, sino que además  la represión utilizada en contra de ellas, fue de una brutalidad insólita. Cerca de un centenar de personas  fallecieron en el curso de las protestas. 3.400 civiles fueron hospitalizados. Según Amnistía Internacional, 1.980 personas resultaron heridas por armas de fuego. Y a 347 manifestantes los carabineros les reventaron la cavidad ocular con pelotas de goma. 12.547 heridos pasaron por las urgencias hospitalarias.

        Ni que decir tiene que el impacto de las movilizaciones sociales chilenas  no sólo hizo estremecer a la confiada oligarquía económica que detenta el poder real en ese país, sino también al conjunto de los aparatos del Estado: al Ejército, a las fuerzas policiales, a la Judicatura y a la propia "casta política" que ocupaba, -y sigue ocupando- el gobierno  y las instituciones chilenas .

    Todas las fuerzas políticas que integraban el arco parlamentario chileno -el Frente Amplio, la derecha clásica  y la ex Concertación- a la vista del panorama, acordaron firmar lo que ellos llamaron "un Acuerdo por la Paz", mediante el cual abrieron un proceso constituyente que acabaría con la Constitución pinochetista, bajo la que habían estado trabajando desde 1990.

    Con este acuerdo trataron de matar dos pájaros de un solo tiro. No sólo "salvaban de la quema" al  malparado gobierno neoliberal de Piñera, si no que, de paso, con la promesa de la nueva Constitución lograban quitar fuelle a la revuelta  popular, reconduciéndola hacia el campo de minas de un engañoso proceso constituyente, en el  serían los poderosos empresarios  de los grandes medios de comunicación chilenos, quienes dispondrían del mapa donde estarían escondidos los artefactos. Como efectivamente, así terminó siendo.

     El llamado "Acuerdo por la Paz" negociado por el establishment político  permitió golpear duramente a los sectores más combativos que habían protagonizado la movilización social, convirtiéndolos de facto en presos políticos y garantizando la impopularidad del cuerpo pinochetista de los Carabineros.

    Aunque una abrumadora mayoría de los votantes chilenos aprobaron en el primer plebiscito celebrado, que se estableciera una   Convención Constitucional, convencidos de que  ello permitiría la creación de una institución que al menos acabara con la rampante corrupción política, pronto pudieron constatar que la Convención  iba a permitir al presidente Piñera continuar gobernando sin cortapisas,  aplicando  las mismas políticas neoliberales  que hasta entonces había impuesto.  La Convención  terminó convirtiéndose en una suerte de  reedición  del antiguo Parlamento, en el que continuaron teniendo lugar el mismo tipo de "enjuagues" que  ya se producía en el anterior.

    La mayoría de los "independientes" que formaban parte de la Convención, cedieron el control de la misma a los Partidos políticos institucionales, que  se encargaron de impedir que en la nueva Constitución que se iba a proponer al pueblo chileno  figuraran reivindicaciones tan cruciales como la nacionalización de las riquezas naturales del país, dejando intangible el modelo económico que había provocado que centenares de miles de chilenos ocuparan en una auténtica rebelión popular, las calles de sus ciudades.

     Teniendo en cuenta los datos referidos, a nadie debiera sorprender el abrumador rechazo por el pueblo chileno a la constitución propuesta. Como tampoco nadie debiera sorprenderse de que el artificio de Podemos, ideado para neutralizar  al movimiento social del 15M,  terminara dando con sus huesos en una cuneta del extrarradio del sistema político que lo propició.