2º Manifiesto del Partido Feminista de España sobre la pandemia del coronavirus
MANIFESTAR:
Que no se es de izquierda por el simple hecho de decirlo. Eso sería enormemente cómodo. Una ideología de izquierda se defiende en todos los momentos de la lucha e implica, sin duda, analizar con honradez la conducta y las acciones políticas de las personas implicadas en ellas, y en consecuencia reconocer las equivocaciones y no presentarlas como aciertos, ocultando datos y presumiendo de una actuación adecuada cuando se están cometiendo peligrosos errores. Eso lo sabe hacer muy bien la derecha. Lo menos que debe hacer un gobierno de izquierda es pedir disculpas por sus erróneas actuaciones y dar muy cumplidas explicaciones de por qué se realizaron, y dimitir como única consecuencia de tales errores, sobre todo cuando se han perdido casi 10.000 vidas. Hay que asumir, ante la obcecación de los que apoyan la coalición del PSOE con Unidas Podemos, que estos partidos políticos no son de izquierda. El hecho de que hasta el 30 de marzo Margarita Robles, ministra de Defensa, no haya sido capaz de reconocer, en medio minuto, en voz baja y sin darle énfasis, que quizá se habían cometido errores en la gestión de proteger a la población española de la pandemia del corona virus, sin más explicaciones, es suficiente motivo para que dimitiera. Como la mayor parte del gabinete, con Pedro Sánchez a la cabeza.
Como ya expusimos en el comunicado anterior, la detección del virus, su expansión, la declaración de pandemia y el aumento de infecciones y de víctimas se produce desde el 30 de enero de 2020, sin que la OMS, que ha cumplido fielmente su papel de lacayo del Capital, impusiera las medidas de confinamiento necesarias para evitar la propagación de las infecciones. En España las primeras medidas de confinamiento se dictan el 14 de marzo, cuando la extensión de la enfermedad es inatajable, a pesar de que en los días anteriores se habían celebrado numerosos eventos multitudinarios. A ello se une la imprevisión absoluta en proveerse de los elementos necesarios para proteger al personal sanitario de quien depende el cuidado de los enfermos, la falta de plazas de UCIs y de morgues y tanatorios para darles un trato honroso a los fallecidos.
Cuando el ministro de Sanidad reconoce que se compraron a un intermediario tests que no detectaban la presencia del virus cuando la carga vírica no era muy alta, por valor de más de cuatrocientos millones de euros, sin haber comprobado antes la fiabilidad de esa empresa, era suficiente motivo para dimitir. Y no ha pedido disculpas. Lo más inaceptable es que vuelva a intentar aprovisionarse de ese material a través de la misma empresa.
2 El ministerio de Sanidad no puede proporcionar al personal sanitario y a los enfermos los necesarios suministros para su cuidado. La carencia de tests que sería preciso realizar a una parte importante de la población –Alemania ha hecho cinco millones y continúa al ritmo de millón y medio diarios- pero que ni siquiera se disponen para aquellas personas que se sospecha que están infectadas, demuestra un sistema sanitario propio de un país subdesarrollado. Pero el 11 de febrero la ministra María Jesús Montero presumía de que era el mejor del mundo para no cancelar el Mobile de Barcelona. Y tampoco ha pedido disculpa alguna. Por el contrario, con una expresión de alegría dicharachera, que no corresponde al drama del que está informando, nos endilga cada día una consigna, que su partido debe haberle enseñado, para convencernos de que el gobierno está actuando perfectamente y de que muy pronto venceremos la pandemia. Con el añadido de prometer la recuperación económica en breve tiempo, que se logrará, al parecer, por arte de magia.
De la misma forma, y con la misma sonrisa alegre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que los trabajadores están protegidos, cuando cada día dicta medidas inoperantes que no resolverán las situaciones más precarias de amplios sectores laborales y que no acepta la patronal. Y hoy, 1 de abril Alberto Garzón aparece en rueda de prensa para informarnos de minúsculas compensaciones para quienes han contratado viajes y comprado entradas de teatro o de cine. ¿Quién puede aceptar que financiemos todo un Ministerio para semejantes fines? Se montan inmensos espacios con camas, a los que llaman hospitales, como el IFEMA, que no tienen ni respiradores, ni mascarillas ni aún siquiera palos para sostener los goteros. Y los médicos que han convocado allí tampoco saben qué labor pueden realizar. El director de ese espacio se niega a llamar hospital a semejante almacén.
De los ancianos muertos en las residencias de Valladolid y de Barcelona, cuyos cadáveres aparecieron después de que el Ejército entrara a desinfectar, no se da más información de que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, archiva la investigación porque las Fiscalías territoriales ya han iniciado los procesos. Ni una palabra de disculpa ni de condolencia a las víctimas.
De los colectivos más desfavorecidos: prostitutas, mujeres maltratadas, menores emigrantes, refugiados, viajeros varados en España sin poder regresar a su país, personas sin techo ni agua corriente, las camareras de piso, no habla ninguna de las ilustres ministras que disponen de su vida. Ni tampoco el famoso viceministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, del que no se sabe a qué se dedica.
El desastre final ha sido la interrupción de toda actividad “que no sea esencial”, decretada a las doce de la noche del lunes 30 de marzo, sin que ni la ministra de Trabajo ni el Presidente del Gobierno hubieran consultado a la patronal, que nos ha explicado cómo es imposible que algunos sectores se paralicen de la noche a la mañana: la construcción, los hornos de cerámica, los transportes que entregan los productos ya contratados, etc.
La información que hace más inaceptable seguir manteniendo este gobierno es la ofrecida en ruedas de prensa los días 28 y 29 de marzo de que el responsable policial de prevención de riesgos laborales, José Antonio Nieto, fue destituido después de que el 24 de enero advirtió que era necesario "evitar aglomeraciones". El director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, confirmó este sábado, 28 de marzo, que desde finales de enero la Policía ya estaba tratando de buscar mascarillas y guantes para sus funcionarios. Mucho antes de que el Gobierno diera importancia al virus y tomara medidas.
3 Al día siguiente, domingo, fue aún más preciso. La Policía comenzó a finales de enero a intentar comprar material de protección contra el coronavirus, "siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad", que les instó a reforzar la protección de los agentes en las fronteras. José Antonio Nieto González, médico, especialista de trabajo y técnico superior de riesgos laborales, era el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional e hizo una advertencia en enero sobre el coronavirus, que le costó el puesto. El 31 de enero se detectó en España el primer caso de infección por Covid-19. Un mes después, el 27 de febrero, se celebró una reunión con el Ministerio de Sanidad, un miembro del equipo de Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que ahora está contagiado y aun así tampoco ha dimitido- y los responsables de prevención de la Policía y la Guardia Civil.
Allí Nieto manifestó que, al igual que los sanitarios, las fuerzas del orden eran "prioritarias". Cómo es evidente ante su actividad de riesgo. No obstante, en esa fecha, Sanidad calificó a la Policía y a la Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus. Y al no haber obedecido las órdenes del Ministerio de Sanidad Nieto fue destituido. Cuando le faltaban tres meses para jubilarse.
Y a pesar de esta sucesión de negligencias, errores e incluso ocultación de datos con la persecución de quienes intentaban proteger a la población, por parte del Presidente del Gobierno y de su gabinete, la OMS, que no sabemos a qué intereses obedece, afirma que las medidas tomadas por el gobierno de España son idóneas y que han salvado muchas vidas. Todo esto sucede cuando a 1 de abril contamos 102.000 contagiados y los fallecidos, 9.053 triplican las víctimas de China. Cifras espantosas para un país que sólo cuenta con 47 millones de habitantes.
Por todo ello,
El Partido Feminista de España, exige la dimisión de los actuales ministros de Sanidad, Hacienda, Trabajo, Consumo, y del vicepresidente de Asuntos Sociales, así como del director del Centro de Coordinación. Considera imprescindible que se cree un gabinete de crisis, en el que se tengan en cuenta los conocimientos de las organizaciones sociales y de los partidos políticos extraparlamentarios que conocen los problemas que padecen los sectores sociales más desfavorecidos, y en el que personas de reconocida capacidad y preparación puedan detener la propagación de la pandemia en nuestro país.
Si el resultado da el triunfo a las formaciones de derecha, sin duda lo habrá provocado la inaceptable gestión del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que el Partido Feminista no quiso nunca que se formara.
Y que no se nos acuse de apoyar a la derecha, porque ésta lo que pretende es el golpe de Estado conocido. No hace falta ni militarizar la sociedad ni más vigilancia policial, sino implantar las medidas imprescindibles para evitar los grandes males que estamos padeciendo, como tendrían que ser la intervención de las clínicas privadas para suplir la falta de plazas y medios en los hospitales públicos y la creación de una banca pública para financiar la asistencia económica a las clases trabajadoras y a las pequeñas empresas. Es decir, medidas socialistas.
MANIFESTAR:
Que no se es de izquierda por el simple hecho de decirlo. Eso sería enormemente cómodo. Una ideología de izquierda se defiende en todos los momentos de la lucha e implica, sin duda, analizar con honradez la conducta y las acciones políticas de las personas implicadas en ellas, y en consecuencia reconocer las equivocaciones y no presentarlas como aciertos, ocultando datos y presumiendo de una actuación adecuada cuando se están cometiendo peligrosos errores. Eso lo sabe hacer muy bien la derecha. Lo menos que debe hacer un gobierno de izquierda es pedir disculpas por sus erróneas actuaciones y dar muy cumplidas explicaciones de por qué se realizaron, y dimitir como única consecuencia de tales errores, sobre todo cuando se han perdido casi 10.000 vidas. Hay que asumir, ante la obcecación de los que apoyan la coalición del PSOE con Unidas Podemos, que estos partidos políticos no son de izquierda. El hecho de que hasta el 30 de marzo Margarita Robles, ministra de Defensa, no haya sido capaz de reconocer, en medio minuto, en voz baja y sin darle énfasis, que quizá se habían cometido errores en la gestión de proteger a la población española de la pandemia del corona virus, sin más explicaciones, es suficiente motivo para que dimitiera. Como la mayor parte del gabinete, con Pedro Sánchez a la cabeza.
Como ya expusimos en el comunicado anterior, la detección del virus, su expansión, la declaración de pandemia y el aumento de infecciones y de víctimas se produce desde el 30 de enero de 2020, sin que la OMS, que ha cumplido fielmente su papel de lacayo del Capital, impusiera las medidas de confinamiento necesarias para evitar la propagación de las infecciones. En España las primeras medidas de confinamiento se dictan el 14 de marzo, cuando la extensión de la enfermedad es inatajable, a pesar de que en los días anteriores se habían celebrado numerosos eventos multitudinarios. A ello se une la imprevisión absoluta en proveerse de los elementos necesarios para proteger al personal sanitario de quien depende el cuidado de los enfermos, la falta de plazas de UCIs y de morgues y tanatorios para darles un trato honroso a los fallecidos.
Cuando el ministro de Sanidad reconoce que se compraron a un intermediario tests que no detectaban la presencia del virus cuando la carga vírica no era muy alta, por valor de más de cuatrocientos millones de euros, sin haber comprobado antes la fiabilidad de esa empresa, era suficiente motivo para dimitir. Y no ha pedido disculpas. Lo más inaceptable es que vuelva a intentar aprovisionarse de ese material a través de la misma empresa.
2 El ministerio de Sanidad no puede proporcionar al personal sanitario y a los enfermos los necesarios suministros para su cuidado. La carencia de tests que sería preciso realizar a una parte importante de la población –Alemania ha hecho cinco millones y continúa al ritmo de millón y medio diarios- pero que ni siquiera se disponen para aquellas personas que se sospecha que están infectadas, demuestra un sistema sanitario propio de un país subdesarrollado. Pero el 11 de febrero la ministra María Jesús Montero presumía de que era el mejor del mundo para no cancelar el Mobile de Barcelona. Y tampoco ha pedido disculpa alguna. Por el contrario, con una expresión de alegría dicharachera, que no corresponde al drama del que está informando, nos endilga cada día una consigna, que su partido debe haberle enseñado, para convencernos de que el gobierno está actuando perfectamente y de que muy pronto venceremos la pandemia. Con el añadido de prometer la recuperación económica en breve tiempo, que se logrará, al parecer, por arte de magia.
De la misma forma, y con la misma sonrisa alegre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que los trabajadores están protegidos, cuando cada día dicta medidas inoperantes que no resolverán las situaciones más precarias de amplios sectores laborales y que no acepta la patronal. Y hoy, 1 de abril Alberto Garzón aparece en rueda de prensa para informarnos de minúsculas compensaciones para quienes han contratado viajes y comprado entradas de teatro o de cine. ¿Quién puede aceptar que financiemos todo un Ministerio para semejantes fines? Se montan inmensos espacios con camas, a los que llaman hospitales, como el IFEMA, que no tienen ni respiradores, ni mascarillas ni aún siquiera palos para sostener los goteros. Y los médicos que han convocado allí tampoco saben qué labor pueden realizar. El director de ese espacio se niega a llamar hospital a semejante almacén.
De los ancianos muertos en las residencias de Valladolid y de Barcelona, cuyos cadáveres aparecieron después de que el Ejército entrara a desinfectar, no se da más información de que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, archiva la investigación porque las Fiscalías territoriales ya han iniciado los procesos. Ni una palabra de disculpa ni de condolencia a las víctimas.
De los colectivos más desfavorecidos: prostitutas, mujeres maltratadas, menores emigrantes, refugiados, viajeros varados en España sin poder regresar a su país, personas sin techo ni agua corriente, las camareras de piso, no habla ninguna de las ilustres ministras que disponen de su vida. Ni tampoco el famoso viceministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, del que no se sabe a qué se dedica.
El desastre final ha sido la interrupción de toda actividad “que no sea esencial”, decretada a las doce de la noche del lunes 30 de marzo, sin que ni la ministra de Trabajo ni el Presidente del Gobierno hubieran consultado a la patronal, que nos ha explicado cómo es imposible que algunos sectores se paralicen de la noche a la mañana: la construcción, los hornos de cerámica, los transportes que entregan los productos ya contratados, etc.
La información que hace más inaceptable seguir manteniendo este gobierno es la ofrecida en ruedas de prensa los días 28 y 29 de marzo de que el responsable policial de prevención de riesgos laborales, José Antonio Nieto, fue destituido después de que el 24 de enero advirtió que era necesario "evitar aglomeraciones". El director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, confirmó este sábado, 28 de marzo, que desde finales de enero la Policía ya estaba tratando de buscar mascarillas y guantes para sus funcionarios. Mucho antes de que el Gobierno diera importancia al virus y tomara medidas.
3 Al día siguiente, domingo, fue aún más preciso. La Policía comenzó a finales de enero a intentar comprar material de protección contra el coronavirus, "siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad", que les instó a reforzar la protección de los agentes en las fronteras. José Antonio Nieto González, médico, especialista de trabajo y técnico superior de riesgos laborales, era el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional e hizo una advertencia en enero sobre el coronavirus, que le costó el puesto. El 31 de enero se detectó en España el primer caso de infección por Covid-19. Un mes después, el 27 de febrero, se celebró una reunión con el Ministerio de Sanidad, un miembro del equipo de Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que ahora está contagiado y aun así tampoco ha dimitido- y los responsables de prevención de la Policía y la Guardia Civil.
Allí Nieto manifestó que, al igual que los sanitarios, las fuerzas del orden eran "prioritarias". Cómo es evidente ante su actividad de riesgo. No obstante, en esa fecha, Sanidad calificó a la Policía y a la Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus. Y al no haber obedecido las órdenes del Ministerio de Sanidad Nieto fue destituido. Cuando le faltaban tres meses para jubilarse.
Y a pesar de esta sucesión de negligencias, errores e incluso ocultación de datos con la persecución de quienes intentaban proteger a la población, por parte del Presidente del Gobierno y de su gabinete, la OMS, que no sabemos a qué intereses obedece, afirma que las medidas tomadas por el gobierno de España son idóneas y que han salvado muchas vidas. Todo esto sucede cuando a 1 de abril contamos 102.000 contagiados y los fallecidos, 9.053 triplican las víctimas de China. Cifras espantosas para un país que sólo cuenta con 47 millones de habitantes.
Por todo ello,
El Partido Feminista de España, exige la dimisión de los actuales ministros de Sanidad, Hacienda, Trabajo, Consumo, y del vicepresidente de Asuntos Sociales, así como del director del Centro de Coordinación. Considera imprescindible que se cree un gabinete de crisis, en el que se tengan en cuenta los conocimientos de las organizaciones sociales y de los partidos políticos extraparlamentarios que conocen los problemas que padecen los sectores sociales más desfavorecidos, y en el que personas de reconocida capacidad y preparación puedan detener la propagación de la pandemia en nuestro país.
Si el resultado da el triunfo a las formaciones de derecha, sin duda lo habrá provocado la inaceptable gestión del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que el Partido Feminista no quiso nunca que se formara.
Y que no se nos acuse de apoyar a la derecha, porque ésta lo que pretende es el golpe de Estado conocido. No hace falta ni militarizar la sociedad ni más vigilancia policial, sino implantar las medidas imprescindibles para evitar los grandes males que estamos padeciendo, como tendrían que ser la intervención de las clínicas privadas para suplir la falta de plazas y medios en los hospitales públicos y la creación de una banca pública para financiar la asistencia económica a las clases trabajadoras y a las pequeñas empresas. Es decir, medidas socialistas.
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