MADRE GRANCANARIA CON UN BEBÉ ENFERMO A PUNTO DE SER DESAHUCIADA

   Por A. RAMÍREZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Aunque ya con escasa repercusión mediática, el drama de los desahucios continúa afectando gravemente a la clase trabajadora canaria, con unos niveles de precariedad laboral y desempleo que impididen a miles de personas poder acceder a una vivienda digna.

   Este es el caso, alertan desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria,  de Rita, una madre  desempleada que sólo percibe para sobrevivir, ella y sus dos hijos -la más pequeña un bebé con diversas patologías- 120 euros de manutención alimenticia.

  "Sin casa propia ni posibilidad de acceder a un alquiler convencional -explican - Rita  hizo algo tan valiente y justo como actualmente criminalizado: entró en una vivienda pública abandonada, cuya adjudicataria no la había habitado en los últimos 17 años, para poder garantizar un techo para su familia".

  "En esta casa -añaden - intentó rehacer su vida desde 2015, hast que hace poco la adjudicataria, titular de una vivienda que ni usaba, ni merecía, ni necesitaba, denuncia a Rita y consigue que se inicie un proceso de desahucio contra ella. El resultado es que actualmente se le concede un mes para que abandone voluntariamente el inmueble (el plazo se vence el próximo 1 de agosto de 2019) o de lo contrario se tendrá que exponer a un lanzamiento forzoso".

  Desde el Sindicato de Inquilinas afirmar que "responsables del Gobierno de Canarias anunciaron por televisión que retirarían la adjudicación de la vivienda a la parte desahuciante y que pararían el desahucio. Hasta hoy Rita no ha vuelto a tener noticias de las gestiones del Gobierno y se enfrenta al terror de ser expulsada, junto a sus dos hijos, de su único hogar".

Ante esta situación, el sindicato reclama:

1º Que el Gobierno retire la adjudicación de la vivienda a la persona que lleva casi dos décadas sin habitarla, y que nunca debió acceder a ella.

2º Que el Gobierno, como propietario legal del inmueble, ponga en conocimientos de juzgados la retirada de esta adjudicación y que la ex adjudicataria no tiene derecho a emprender acciones legales contra Rita. Que el Gobierno use su gabinete jurídico para detener el desahucio.

 
3º Que se permita a Rita y a su familia habitar en su actual domicilio y que pueda acceder a la adjudicación de una vivienda a la que ha salvado de un deterioro irreparable y que ha habilitado con sus pocos recursos y con mucho trabajo.

   "Aprovechamos esta situación - concluyen - para llamar la atención sobre la mala gestión gubernamental del parque público de vivienda. Con unos de los ratios más bajos de vivienda pública (sólo un 3%) de toda la Europa política, el problema de la escasez de inmuebles destinados a vivienda social se ve agravado por la pésima adjudicación de los mismos. Familias sin recursos que viven hacinadas, o habitan infraviviendas, o sufren un desahucio tras otro al no poder afrontar un alquiler, o se ven obligadas a recurrir a la okupación, jamás consiguen acceder a una vivienda social".