EL GOBIERNO SACA 65 EUROS DE LA CHISTERA: UNA ESTAFA SALARIAL QUE LLEGA JUSTO ANTES DE LAS ELECCIONES

El Gobierno anuncia 65 euros más mientras el alquiler y la cesta de la compra se comen el sueldo.

Mientras millones de trabajadores ven cómo los precios devoran sus ingresos, el Gobierno anuncia una subida del salario mínimo del 5,3 %. La medida, presentada a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, promete una mejora de 65 euros brutos mensuales para 2027. Pero entre la inflación, los complementos salariales y la factura de la vivienda, la generosidad gubernamental empieza a parecerse demasiado a un truco de prestidigitación.

POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

El Ejecutivo de Sánchez parece haber descubierto, a tres [Img #95474] semanas de las elecciones generales, que los trabajadores españoles necesitan ganar más dinero.

¡Y qué extraordinaria coincidencia! Después de meses de encarecimiento de la vida, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, ha anunciado su propósito de elevar el salario mínimo interprofesional de 1.221 a 1.286 euros mensuales en 2027. Una subida de 65 euros brutos en catorce pagas que, convenientemente presentada, puede parecer un regalo caído del cielo.

El problema aparece cuando se examina qué representa realmente ese dinero. Porque una cosa es aumentar una cifra en la nómina y otra bastante diferente conseguir que una familia pueda comprar más alimentos, pagar su alquiler o llegar a fin de mes sin hacer malabarismos. La propuesta gubernamental contiene una mejora nominal, desde luego, pero su presentación política invita a confundir la recuperación de poder adquisitivo perdido con una conquista social de dimensiones históricas.

Y hay un detalle que transforma el anuncio en un episodio particularmente revelador: las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre y el Gobierno ha decidido acelerar precisamente ahora una insignificante subida salarial que todavía no está aprobada.

LA PRIMERA TRAMPA: DEVOLVER UNA PARTE DE LO QUE LA INFLACIÓN YA SE LLEVÓ

El Ministerio de Trabajo propone un incremento del 5,3 %, ligeramente superior al 4,9 % recomendado por su comisión de expertos. La diferencia equivale a cinco euros mensuales. Cinco euros con los que el Ejecutivo puede presentarse como más generoso que sus propios asesores.

Pero las cifras admiten otra lectura. En septiembre de 2026, la inflación interanual española alcanzó el 4,9 %, según el Instituto Nacional de Estadística. Mientras tanto, el salario mínimo había aumentado apenas un 3,1 % a comienzos del año. Los precios crecían a un ritmo superior al de las remuneraciones más bajas.

[Img #95475]

Conviene precisar que la inflación interanual de septiembre y la subida proyectada para 2027 corresponden a periodos diferentes. Por tanto, no pueden restarse mecánicamente para calcular una mejora real definitiva. Sin embargo, ilustran el problema fundamental: buena parte de los aumentos salariales sirve para recuperar capacidad de compra anteriormente erosionada.

Imaginemos a un trabajador que recibe esos 65 euros adicionales, mientras su alquiler, la electricidad y los alimentos continúan encareciéndose. ¿Cuánto habrá mejorado realmente su situación? La respuesta dependerá de sus gastos concretos y de la evolución de los precios durante 2027. Precisamente por eso resulta tan engañoso presentar la subida nominal como si representara automáticamente una ganancia equivalente en bienestar.

LA SEGUNDA TRAMPA: LOS COMPLEMENTOS QUE PUEDEN COMERSE LA SUBIDA

Existe, además, un mecanismo menos conocido que convierte determinadas mejoras salariales en una especie de espejismo contable. La legislación permite, bajo ciertas condiciones, compensar o absorber incrementos del salario mínimo mediante conceptos retributivos que el trabajador ya percibe. En consecuencia, alguien cuya remuneración total supera el nuevo umbral gracias a determinados complementos podra descubrir que el anunciado aumento apenas modifica su nómina.

Por eso CCOO y UGT, con la boquita muy pequeña, se han visto obligados a reclamar que la subida llegue íntegramente a los trabajadores, que se eliminen los mecanismos de absorción correspondientes y que se resuelva su tratamiento fiscal. Por eso han manifestado, públicamente, que aunque les parece bien la subida, pero que "es insufiente". De esta manera, creen que quedan reivindicativamente bien de cara a la galería, y a la vez le echan una manilla a los "progres" del Ejecutivo

La cuestión clave de la decisión gubernamental contiene una contradicción difícil de disimular: el mismo Gobierno que anuncia una mejora salarial espectacular continúa sin resolver plenamente los mecanismos que pueden neutralizar parte de sus efectos.

¿De qué sirve proclamar que los trabajadores cobrarán más si algunos empresarios pueden utilizar complementos anteriores para reducir el incremento efectivo? El anuncio produce titulares desde el primer día. Las garantías para que todos los afectados reciban la mejora completa siguen pendientes de reformas.

LA TERCERA TRAMPA: EL CASERO TAMBIÉN QUIERE SU PARTE

Hay otra cuestión que raramente protagoniza las celebraciones gubernamentales: el precio de la vivienda. Un trabajador puede recibir 65 euros brutos adicionales y encontrarse con que su propietario le ha aumentado el alquiler en una cantidad superior. La subida salarial, entonces, cambia de bolsillo sin mejorar sustancialmente las condiciones de vida de quien trabaja.

Esta situación permite observar cómo una parte del salario termina transferida a quienes obtienen ingresos mediante la propiedad inmobiliaria. La renta del trabajador sostiene, así, otra forma de apropiación privada de la riqueza.

El Gobierno celebra el crecimiento de los salarios, pero mientras los alquileres absorban una proporción creciente de los ingresos familiares, las mejoras salariales seguirán encontrando un obstáculo insalvable.

Y nada que decir para quienes viven en Canarias, donde acceder a una vivienda asequible constituye una preocupación cotidiana, conocen demasiado bien en qué consiste esa contradicción.

LA CUARTA TRAMPA: UNA GENEROSIDAD CON FECHA ELECTORAL

Hasta aquí podría hablarse de las limitaciones de una política salarial insuficiente. Pero el calendario introduce un ingrediente especialmente sospechoso. El Gobierno convocó las elecciones generales el 5 de octubre. Se celebrarán el 29 de noviembre y la campaña comenzará el día 13. Trabajo presentó su propuesta el 5 de noviembre y estableció el 16 como fecha límite para presentar alegaciones. Es decir, la subida podría aprobarse cuando la campaña electoral ya estuviera en marcha. Una coincidencia tan oportuna que merece algo más que una sonrisa escéptica.

La patronal ha denunciado expresamente la utilización política del salario mínimo y ha pedido dejar la decisión al próximo Ejecutivo. Naturalmente, resulta difícil contener la risa ante semejante defensa empresarial de la pureza democrática: las organizaciones patronales rara vez han mostrado un entusiasmo comparable por acelerar las mejoras salariales.

Pero que la CEOE tenga sus propios intereses no convierte automáticamente en inocente la operación gubernamental. El Ejecutivo sabe perfectamente que una promesa de mejora salarial puede convertirse en un argumento electoral. También sabe que los 1.286 euros corresponden a 2027, que la norma todavía debe culminar su tramitación y que las elecciones tendrán lugar antes de que los trabajadores puedan percibir esa nueva cuantía.

No existe una prueba documental que permita afirmar que el propósito exclusivo de la medida sea comprar votos. Pero su oportunidad electoral, en cambio, resulta difícilmente discutible. La decisión política de adelantar el procedimiento proporciona al Gobierno una iniciativa favorable en plena precampaña.

CUANDO EL SALARIO SE CONVIERTE EN PROPAGANDA

Existe una última cuestión que el espectáculo electoral procura mantener fuera de foco: ¿quién produce la riqueza que posteriormente se distribuye?

Los salarios proceden del trabajo y forman parte del valor generado en la actividad económica. Desde un analisis riguroso, el conflicto salarial expresa la disputa entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes se apropian del excedente producido.

Por tanto, elevar el salario mínimo no constituye un acto de benevolencia gubernamental. Representa una intervención limitada en el reparto de la riqueza, conquistada también mediante décadas de organización y presión obrera. Sería absurdo rechazar los 65 euros porque la medida tenga una naturaleza políticamente oportunista. Quien cobra el salario mínimo necesita ese dinero y probablemente bastante más. Precisamente por eso merece algo mejor que su utilización como reclamo electoral.

El problema lo plantea un sistema en el que los trabajadores deben agradecer aumentos que pueden quedar consumidos por la inflación, los alquileres y las reglas de compensación salarial.

Y cuando el Gobierno convierte esa casi inapreciable mejora en una exhibición de generosidad a pocos días de las urnas, la ironía resulta inevitable: los trabajadores ponen el esfuerzo, los precios se llevan buena parte del aumento y los gobernantes esperan recoger los votos.

La verdadera estafa política consiste en vender como "una gran conquista" lo que, para muchos trabajadores, apenas permitirá recuperar una parte ínfima de lo que han perdido.