QUÓRUM 77: CONTRATOS MILLONARIOS Y PRESUNTOS MALOS TRATOS A MENORES BAJO TUTELA DEL GOBIERNO
¿Quién controlaba los centros de acogida de menores migrantes cuando comenzaron las denuncias?
Una asociación privada que gestiona millones de euros públicos, denuncias por presuntos malos tratos a menores migrantes conocidas desde 2024 y una investigación judicial todavía abierta. El caso Quórum Social 77 obliga a preguntar qué controles ejerció el Gobierno canario sobre los centros que tenía bajo su responsabilidad.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La asociación privada Quórum Social 77 sigue gestionando centros de acogida para menores migrantes en el Archipielago canario, pese a la investigación judicial de presuntos malos tratos cometidos en varios de sus recursos. La entidad, financiada por las administraciones, atiende actualmente a más de 800 menores. El Gobierno regional sostiene que denunció las irregularidades y apartó a los trabajadores señalados. Queda por aclarar, sin embargo, qué qué sucedió con los controles públicos antes y después de aquellas denuncias.
UNA ASOCIACIÓN PRIVADA QUE GESTIONA MILLONES DE EUROS PÚBLICOS
Quórum Social 77 es una asociación sin ánimo de lucro, creada en Canarias en agosto de 2009 y presidida por Delia García García. Se presenta como una organización especializada en la "protección de niños y adolescentes". Con el aumento de las llegadas de jóvenes inmigrantes africanos por la ruta atlántica se convirtió en una de las principales entidades contratadas por el Gobierno autonómico para gestionar centros de menores no acompañados.
Su condición de asociación no lucrativa no significa que trabaje sin financiación ni que sus servicios sean gratuitos. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, en 2024 recibió adjudicaciones por 6,97 millones de euros para gestionar once centros. El mismo medio contabilizó hasta 23 millones en contratos entre 2019 y 2024. Son importes adjudicados, no ganancias empresariales, pero ilustran la magnitud de los recursos públicos administrados por una entidad privada. Su expansión ha reforzado la dependencia administrativa de organizaciones contratadas para prestar una función pública especialmente delicada. Algunos contratos establecían precios de entre 90 y 94 euros diarios por menor atendido.
DE LAS PRIMERAS DENUNCIAS A LA OPERACIÓN CÁBILA
La investigación arrancó en septiembre de 2024 tras las denuncias de tres menores acogidos en La Fortaleza I, en Gran Canaria. La Policía Canaria desarrolló la denominada Operación Cábila, que se extendió a diferentes centros y trabajadores. Las diligencias investigan presuntas agresiones, insultos racistas, castigos humillantes y encierros. Algunas informaciones sobre el sumario mencionan cámaras desactivadas y posibles avisos anticipados de inspecciones.
Durante la investigación hubo detenciones y cierres judiciales de centros. El levantamiento del secreto del sumario, a comienzos de noviembre, permite ahora conocer nuevos indicios, pero no constituye una sentencia. Según Canarias7, hasta el 3 de noviembre ningún investigado había ingresado en prisión provisional ni declarado ante el instructor.
Lo que ya se desprende de los antecedentes es que las denuncias se conocían desde 2024, lo cual obliga a invstigar las decisiones tomadas durante los dos años siguientes.
EL GOBIERNO DEFIENDE SU ACTUACIÓN
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, sostiene que fue su departamento quien puso los testimonios de menores y trabajadores en conocimiento de la Fiscalía. Afirma que exigió apartar a las personas señaladas y que algunas fueron despedidas. La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, asegura que se han reforzado las inspecciones con la incorporación de 39 trabajadores técnicos y administrativos, además de colaborar con la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
Delgado atribuye las presuntas conductas a personas concretas, sitúa los episodios en 2024 y señala que no se han impuesto medidas cautelares contra Quórum como entidad.
Mientras tanto, la asociación continúa atendiendo a más de 800 menores en 17 centros, según los datos ofrecidos por la consejera el 5 de noviembre. El día anterior la directora general hablaba de 18 dispositivos, uno de ellos pendiente de cierre.
¿QUÉ SABÍA LA DIRECCIÓN DE QUÓRUM 77?
Según informaba Radio Televisión Canaria este 4 de noviembre, el Gobierno autonómico ha anunciado que se personará en el procedimiento judicial para acceder oficialmente al sumario y conocer el alcance de la investigación. El Ejecutivo asegura que no ha recibido nuevas denuncias desde 2025 y mantiene que sus mecanismos de inspección han funcionado.
Sin embargo, las informaciones publicadasintroducen un elemento especialmente preocupante: la dirección de Quórum 77 conocía de antemano que la entidad estaba siendo investigada. Las pesquisas también examinan si algunos de los presuntos malos tratos pudieron producirse con conocimiento de sus responsables. Son extremos pendientes de acreditación judicial, pero que obligan a preguntarse hasta dónde podrían alcanzar las responsabilidades dentro de la organización.
INSPECCIONES: LA PREGUNTA QUE SIGUE SIN RESPUESTA
La portavoz del PSOE canario, Elena Máñez, reclama que Delgado precise cuándo conoció las denuncias, cuántas inspecciones se hicieron, qué irregularidades detectaron y cómo verificaron las correcciones. También exige aclarar las informaciones sobre eventuales avisos previos a determinadas visitas. El Gobierno asegura que sus mecanismos funcionaron; la oposición considera que sus explicaciones son insuficientes.
El debate no puede reducirse, en cualquier caso, a quién puso primero la denuncia. Si los hechos investigados ocurrieron en establecimientos financiados y supervisados por la Administración, también debe saberse si existían canales independientes para escuchar a los menores, inspecciones sin previo aviso y medios para detectar represalias. Separar a un trabajador denunciado no debería convertirse en la medida que permita eludir la revisión de las condiciones que pudieron permitir los abusos.
El Gobierno ha informado, además, del cierre de otros seis centros desde 2024 por deficiencias, cuatro en Lanzarote y dos en Gran Canaria. Ha precisado que son ajenos al caso Quórum. Esas clausuras evidencian que las dificultades de supervisión desbordan un expediente judicial concreto.
La acogida de menores migrantes es una responsabilidad pública incluso cuando su gestión cotidiana se encomienda a asociaciones. Las entidades privadas tienen obligaciones contractuales y legales; los responsables políticos deben demostrar que comprueban su cumplimiento. Los menores, alejados de sus familias y frecuentemente sin redes de apoyo, difícilmente pueden vigilar por sí mismos a quienes tienen autoridad sobre ellos.
Por eso sería necesario publicar, respetando la intimidad de los menores, la secuencia de denuncias, inspecciones, requerimientos y medidas adoptadas, así como los criterios para mantener los contratos. Más allá de lo que dictaminen los tribunales, el Gobierno debe responder por otra cuestión que no puede aplazarse hasta la sentencia: cómo garantizó, en cada uno de esos centros, que el dinero público servía realmente para proteger a quienes estaban bajo su tutela.
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Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La asociación privada Quórum Social 77 sigue gestionando centros de acogida para menores migrantes en el Archipielago canario, pese a la investigación judicial de presuntos malos tratos cometidos en varios de sus recursos. La entidad, financiada por las administraciones, atiende actualmente a más de 800 menores. El Gobierno regional sostiene que denunció las irregularidades y apartó a los trabajadores señalados. Queda por aclarar, sin embargo, qué qué sucedió con los controles públicos antes y después de aquellas denuncias.
UNA ASOCIACIÓN PRIVADA QUE GESTIONA MILLONES DE EUROS PÚBLICOS
Quórum Social 77 es una asociación sin ánimo de lucro, creada en Canarias en agosto de 2009 y presidida por Delia García García. Se presenta como una organización especializada en la "protección de niños y adolescentes". Con el aumento de las llegadas de jóvenes inmigrantes africanos por la ruta atlántica se convirtió en una de las principales entidades contratadas por el Gobierno autonómico para gestionar centros de menores no acompañados.
Su condición de asociación no lucrativa no significa que trabaje sin financiación ni que sus servicios sean gratuitos. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, en 2024 recibió adjudicaciones por 6,97 millones de euros para gestionar once centros. El mismo medio contabilizó hasta 23 millones en contratos entre 2019 y 2024. Son importes adjudicados, no ganancias empresariales, pero ilustran la magnitud de los recursos públicos administrados por una entidad privada. Su expansión ha reforzado la dependencia administrativa de organizaciones contratadas para prestar una función pública especialmente delicada. Algunos contratos establecían precios de entre 90 y 94 euros diarios por menor atendido.
DE LAS PRIMERAS DENUNCIAS A LA OPERACIÓN CÁBILA
La investigación arrancó en septiembre de 2024 tras las denuncias de tres menores acogidos en La Fortaleza I, en Gran Canaria. La Policía Canaria desarrolló la denominada Operación Cábila, que se extendió a diferentes centros y trabajadores. Las diligencias investigan presuntas agresiones, insultos racistas, castigos humillantes y encierros. Algunas informaciones sobre el sumario mencionan cámaras desactivadas y posibles avisos anticipados de inspecciones.
Durante la investigación hubo detenciones y cierres judiciales de centros. El levantamiento del secreto del sumario, a comienzos de noviembre, permite ahora conocer nuevos indicios, pero no constituye una sentencia. Según Canarias7, hasta el 3 de noviembre ningún investigado había ingresado en prisión provisional ni declarado ante el instructor.
Lo que ya se desprende de los antecedentes es que las denuncias se conocían desde 2024, lo cual obliga a invstigar las decisiones tomadas durante los dos años siguientes.
EL GOBIERNO DEFIENDE SU ACTUACIÓN
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, sostiene que fue su departamento quien puso los testimonios de menores y trabajadores en conocimiento de la Fiscalía. Afirma que exigió apartar a las personas señaladas y que algunas fueron despedidas. La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, asegura que se han reforzado las inspecciones con la incorporación de 39 trabajadores técnicos y administrativos, además de colaborar con la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
Delgado atribuye las presuntas conductas a personas concretas, sitúa los episodios en 2024 y señala que no se han impuesto medidas cautelares contra Quórum como entidad.
Mientras tanto, la asociación continúa atendiendo a más de 800 menores en 17 centros, según los datos ofrecidos por la consejera el 5 de noviembre. El día anterior la directora general hablaba de 18 dispositivos, uno de ellos pendiente de cierre.
¿QUÉ SABÍA LA DIRECCIÓN DE QUÓRUM 77?
Según informaba Radio Televisión Canaria este 4 de noviembre, el Gobierno autonómico ha anunciado que se personará en el procedimiento judicial para acceder oficialmente al sumario y conocer el alcance de la investigación. El Ejecutivo asegura que no ha recibido nuevas denuncias desde 2025 y mantiene que sus mecanismos de inspección han funcionado.
Sin embargo, las informaciones publicadasintroducen un elemento especialmente preocupante: la dirección de Quórum 77 conocía de antemano que la entidad estaba siendo investigada. Las pesquisas también examinan si algunos de los presuntos malos tratos pudieron producirse con conocimiento de sus responsables. Son extremos pendientes de acreditación judicial, pero que obligan a preguntarse hasta dónde podrían alcanzar las responsabilidades dentro de la organización.
INSPECCIONES: LA PREGUNTA QUE SIGUE SIN RESPUESTA
La portavoz del PSOE canario, Elena Máñez, reclama que Delgado precise cuándo conoció las denuncias, cuántas inspecciones se hicieron, qué irregularidades detectaron y cómo verificaron las correcciones. También exige aclarar las informaciones sobre eventuales avisos previos a determinadas visitas. El Gobierno asegura que sus mecanismos funcionaron; la oposición considera que sus explicaciones son insuficientes.
El debate no puede reducirse, en cualquier caso, a quién puso primero la denuncia. Si los hechos investigados ocurrieron en establecimientos financiados y supervisados por la Administración, también debe saberse si existían canales independientes para escuchar a los menores, inspecciones sin previo aviso y medios para detectar represalias. Separar a un trabajador denunciado no debería convertirse en la medida que permita eludir la revisión de las condiciones que pudieron permitir los abusos.
El Gobierno ha informado, además, del cierre de otros seis centros desde 2024 por deficiencias, cuatro en Lanzarote y dos en Gran Canaria. Ha precisado que son ajenos al caso Quórum. Esas clausuras evidencian que las dificultades de supervisión desbordan un expediente judicial concreto.
La acogida de menores migrantes es una responsabilidad pública incluso cuando su gestión cotidiana se encomienda a asociaciones. Las entidades privadas tienen obligaciones contractuales y legales; los responsables políticos deben demostrar que comprueban su cumplimiento. Los menores, alejados de sus familias y frecuentemente sin redes de apoyo, difícilmente pueden vigilar por sí mismos a quienes tienen autoridad sobre ellos.
Por eso sería necesario publicar, respetando la intimidad de los menores, la secuencia de denuncias, inspecciones, requerimientos y medidas adoptadas, así como los criterios para mantener los contratos. Más allá de lo que dictaminen los tribunales, el Gobierno debe responder por otra cuestión que no puede aplazarse hasta la sentencia: cómo garantizó, en cada uno de esos centros, que el dinero público servía realmente para proteger a quienes estaban bajo su tutela.
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