PALIZAS MIENTRAS DORMÍAN: AMNISTÍA DENUNCIA NUEVOS ABUSOS MILITARES EN CEUTA

La segunda visita de la organización documentó 28 casos, trece correspondientes a menores, y reunió testimonios, Amnistía reclama protección frente a los presuntos abusos militares en Ceuta.

Amnistía Internacional ha documentado cincuenta casos de presuntas torturas y malos tratos contra personas migrantes en Ceuta desde finales de julio. La organización denuncia que las agresiones continuaron después de que Defensa anunciara una investigación y que entre las víctimas figuran menores de edad. Reconstruimos los testimonios, las actuaciones de las autoridades y las obligaciones de protección que permanecen pendientes.

REDACCIÓN CS

Amnistía Internacional ha documentado cincuenta casos de presuntas torturas, agresiones y humillaciones contra personas migrantes en Ceuta desde la llegada masiva de finales de julio. Su nueva investigación, publicada el 5 de noviembre de 2026, sostiene que la violencia atribuida principalmente a militares continuó después de que el Ministerio de Defensa anunciara pesquisas sobre las primeras denuncias. Entre las víctimas identificadas hay menores de edad y personas atacadas mientras dormían en espacios públicos.

La organización reunió testimonios, partes médicos y material gráfico y audiovisual durante dos visitas. En septiembre identificó veintidós casos; en octubre, otros veintiocho, trece de ellos correspondientes a menores. Dieciocho de los nuevos episodios se habrían producido después del anuncio de Defensa. Son situaciones documentadas por una organización de derechos humanos, cuya investigación aporta indicios que deben examinarse judicialmente para establecer los hechos y las responsabilidades individuales. rtve.es

DESPERTAR ENTRE GOLPES Y DESCARGAS

Los testimonios describen agresiones nocturnas contra personas indefensas: puñetazos, patadas, golpes con porras y descargas eléctricas. Los investigadores examinaron lesiones que consideran compatibles con esos relatos, entre ellas fracturas, contusiones, hematomas y heridas en la cabeza. La coincidencia entre distintas declaraciones y los daños observados fundamenta la denuncia de Amnistía sobre la reiteración de los abusos y reclama una comprobación independiente.

R., padre de tres hijos, contó que dormía en la carretera de Sidi Embarek durante la madrugada del 24 de octubre cuando recibió descargas de un dispositivo eléctrico en el pecho. Según su relato, quedó aturdido y cayó al intentar escapar, todavía envuelto en mantas. Después sufrió mareos, vómitos y un desvanecimiento, sin recibir asistencia hospitalaria inmediata. Un tunecino de cuarenta años denunció otra paliza mientras dormía en playa Benítez junto a otros migrantes.

La noche aparece así como un espacio de desprotección añadido. Quienes carecen de alojamiento quedan expuestos a agresiones y encuentran dificultades para conservar pruebas, identificar a los autores o acudir acompañados a un centro sanitario. Si además temen encontrarse nuevamente con sus supuestos agresores, denunciar puede convertirse en otro riesgo. Esa vulnerabilidad ayuda a entender por qué los casos conocidos podrían no reflejar toda la violencia sufrida.

MENORES SIN REFUGIO NI PROTECCIÓN

Amnistía calcula que al menos quinientos menores no acompañados continuaban durmiendo en las calles más de tres meses después de la llegada masiva. Según los datos que recoge la organización, las autoridades ceutíes habían registrado y retirado de la calle a 3.626 menores. La persistencia de cientos de adolescentes a la intemperie revela, sin embargo, que la respuesta de acogida seguía dejando necesidades sin cubrir.

Entre los testimonios figura el de Z., de diecisiete años, que denunció dos agresiones durante octubre. Asegura que una de ellas le causó una herida en la cabeza que requirió diez puntos de sutura. Otro adolescente, de quince años, relató la destrucción de su teléfono, el único medio para hablar con su madre, y amenazas de quienes lo agredían. Sin protección familiar cercana, estos menores dependen de las administraciones que deben garantizar su seguridad.

HUMILLACIONES QUE PODRÍAN CONSTITUIR TORTURA

Otros relatos describen traslados forzosos a lugares apartados, inmovilizaciones y agresiones prolongadas. Un joven de veinte años que trabajaba como mimo aseguró que varios militares lo llevaron en un vehículo, le obligaron a desnudarse y a bailar mientras lo grababan. También denunció golpes y amenazas con un arma. Otro hombre contó que lo trasladaron con las manos inmovilizadas y lo golpearon después de atarlo a un árbol.

Amnistía considera que algunos hechos podrían constituir tortura por su gravedad y sus características. Esa valoración requiere investigación y una determinación judicial de las responsabilidades, pero obliga a responder con diligencia. La gestión fronteriza o las dificultades de acogida no ofrecen una justificación para maltratar a personas indefensas. Cuanto mayor es el poder material de quienes intervienen, más necesarios resultan los controles sobre su actuación.

QUÉ SE SABE DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

La organización afirma que solicitó información a Defensa y a la Fiscalía de Ceuta sin obtener constancia de militares concretos investigados, apartados del servicio o sometidos a medidas que impidan nuevos abusos. Su director en España, Esteban Beltrán, advierte de que algunas víctimas reconocen a sus presuntos agresores y aseguran haber recibido amenazas para que guarden silencio. La continuidad de esos contactos aumenta el temor a posibles represalias.

Conviene precisar que la agencia EFE sí informa de investigaciones abiertas en varios juzgados de Ceuta a raíz de las denuncias de Amnistía y de informaciones periodísticas. La existencia de diligencias y el desconocimiento de sus avances por la organización pueden coexistir. Lo que sigue pendiente de aclaración pública es qué actuaciones concretas se han practicado, qué medidas preventivas se adoptaron y cómo se protege a quienes aportan testimonios.

Importa examinar cómo se tomaron las decisiones de despliegue y qué instrucciones recibieron los efectivos. La repetición de denuncias obliga a preguntar si funcionaron los canales internos de alerta y si los mandos conocieron los hechos. Atribuir responsabilidades individuales requiere pruebas; revisar la actuación institucional exige, además, esclarecer qué controles existían y por qué no evitaron los episodios posteriores que denuncia Amnistía. Una investigación eficaz debe permitir reconstruir esa cadena de decisiones, sin sustituir las averiguaciones por declaraciones públicas de confianza ni convertir el silencio de las víctimas en una garantía de normalidad.

AYUDAR TAMBIÉN BAJO SOSPECHA

El informe cuestiona asimismo las actuaciones contra No Name Kitchen, cuya sede fue registrada el 22 de octubre dentro de una investigación judicial. Amnistía denuncia la criminalización de quienes proporcionan asistencia humanitaria y rechaza las acusaciones relacionadas con una presunta organización criminal. Como en cualquier procedimiento, las imputaciones deben sostenerse con pruebas y las personas investigadas conservan sus garantías. La ayuda que prestan resulta especialmente necesaria donde la acogida pública es insuficiente.

La desigualdad atraviesa toda esta situación: frente a instituciones con recursos militares, policiales y administrativos hay personas sin vivienda, ingresos o asesoramiento jurídico. Esa distancia condiciona su capacidad para defenderse. La irregularidad administrativa puede aumentar el miedo a acudir a las autoridades, mientras la dependencia de asociaciones limita las alternativas disponibles. El acceso efectivo a la justicia exige tener en cuenta esas condiciones materiales, además de reconocer derechos formalmente.

INVESTIGAR Y EVITAR NUEVAS AGRESIONES

Amnistía reclama pesquisas independientes, medidas cautelares sobre los presuntos responsables y protección para víctimas y testigos. También propone estudiar autorizaciones temporales de residencia que permitan denunciar sin temor a consecuencias administrativas. Investigar exige conservar partes médicos, grabaciones y declaraciones, identificar a las unidades implicadas y examinar los mecanismos de supervisión. Alojar a quienes siguen durmiendo fuera reduciría, además, una exposición cotidiana a la violencia.

La respuesta debe ofrecer resultados verificables: esclarecer cada agresión, determinar responsabilidades y evitar que las personas denunciantes vuelvan a quedar indefensas. Mientras se anuncian investigaciones, hay menores que siguen necesitando una cama y adultos que temen dormirse. Su protección no puede esperar a que termine el recorrido judicial de todas las denuncias.