EL PELOTAZO DEL ESTADIO DE GRAN CANARIA: DINERO PÚBLICO PARA EL NEGOCIO DEL CLUB DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ
El Cabildo de Gran Canaria acaba de adjudicar 206,4 millones de euros para transformarLlo
El Cabildo ha adjudicado más de 206 millones para remodelar el estadio donde juega la UD Las Palmas. Mientras Canarias arrastra graves problemas sociales, el club presidido por Miguel Ángel Ramírez se dispone a participar en la explotación de una infraestructura financiada mayoritariamente con dinero público.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Cabildo de Gran Canaria acaba de adjudicar 206,4 millones de euros para transformar el Estadio de Gran Canaria, donde juega la UD Las Palmas. La operación se presenta como una inversión "histórica" para la isla y como una "oportunidad extraordinaria" vinculada al Mundial de Fútbol de 2030. Sin embargo, detrás del entusiasmo institucional aparece una realidad bastante menos edificante: una infraestructura pública se remodelará fundamentalmente para satisfacer las necesidades de un club privado, presidido por el controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez, que además aspira a participar en su explotación económica.
DE 174 A 234 MILLONES: CUANDO LAS CONSTRUCTORAS IMPONEN LAS CONDICIONES
La adjudicación definitiva, aprobada el 28 de octubre por el Instituto Insular de Deportes, concede las obras a la unión temporal de empresas formada por OHLA y Sando. Su oferta asciende a 192,89 millones de euros antes del IGIC, unos 206,4 millones con impuestos. Los trabajos tendrán una duración prevista de treinta meses y deberán estar terminados antes del Mundial de 2030.
El proceso que ha conducido hasta aquí resulta especialmente revelador. La primera licitación, presupuestada en 174,7 millones, quedó desierta porque ninguna constructora quiso asumirla. ¿Qué hizo entonces la Administración? Elevó el presupuesto máximo a 234,8 millones, aproximadamente un 34% más. Con esas nuevas condiciones aparecieron tres ofertas empresariales y finalmente se adjudicó el contrato.
La operación ofrece una buena lección sobre el funcionamiento real de la economía capitalista. Las constructoras deciden si una inversión les resulta suficientemente rentable; cuando ninguna acepta las condiciones, la Administración aumenta los recursos disponibles. El interés privado condiciona así una decisión que compromete centenares de millones de euros públicos. Y el Cabildo, lejos de reconsiderar la necesidad y las dimensiones de la inversión, termina adaptándose a las exigencias económicas del mercado.
UN ESTADIO PÚBLICO PARA EL NEGOCIO DE UN CLUB PRIVADO
¿Quién será realmente el beneficiario principal de esta inversión? La respuesta tiene nombre: Unión Deportiva Las Palmas, una sociedad anónima deportiva que utiliza habitualmente el estadio y cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, figura también como uno de sus propietarios. El proyecto ampliará el aforo de 32.418 a 44.020 localidades, construirá una nueva cubierta y adaptará las instalaciones a las exigencias internacionales. Solamente la cubierta tiene asignados unos 93 millones de euros en el presupuesto de ejecución material.
Aquí conviene desmontar uno de los argumentos utilizados para justificar semejante desembolso: que el estadio pertenece a toda la población porque su titularidad es pública. La propiedad jurídica de una infraestructura no determina por sí misma a quién beneficia económicamente. Un estadio puede pertenecer al Cabildo y, sin embargo, estar organizado fundamentalmente alrededor de las necesidades comerciales de una empresa deportiva. La ciudadanía podrá asistir a los partidos pagando sus entradas, naturalmente, pero eso no convierte la actividad económica del club en un servicio público.
60 MILLONES DE LA UD LAS PALMAS A CAMBIO DE PARTICIPAR EN LA EXPLOTACIÓN
En marzo de 2026, Antonio Morales y Miguel Ángel Ramírez anunciaron un acuerdo por el que la UD Las Palmas aportaría 60 millones de euros a la reforma y participaría posteriormente en la gestión del recinto. La operación resulta especialmente significativa porque el propio club reconoció que esta participación económica le permitiría acceder a nuevas posibilidades de explotación comercial. El convenio definitivo todavía debía concretarse, pero la finalidad empresarial estaba claramente expresada.
El esquema financiero anunciado para la segunda licitación contemplaba 134 millones del Cabildo, 25 del Gobierno autonómico y 15 del Ayuntamiento, además de los 60 comprometidos por el club. Es decir, 174 millones procedentes de las administraciones frente a 60 millones de financiación privada. Son cantidades correspondientes al presupuesto de licitación, no al reparto definitivo del contrato adjudicado. Pero permiten identificar la naturaleza de la operación: una inversión mayoritariamente pública que incorpora a una sociedad deportiva privada a la futura gestión del patrimonio colectivo.
Desde una perspectiva económica, el mecanismo es perfectamente reconocible. Las administraciones movilizan recursos y asumen buena parte del coste de modernizar una infraestructura que permitirá al club mejorar sus condiciones de explotación. La UD podrá disponer de un estadio más competitivo comercialmente, sin haber tenido que afrontar por sí sola toda la inversión necesaria. Se socializa una parte sustancial de los costes mientras se habilitan nuevas posibilidades de negocio privado.
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ: UNA TRAYECTORIA EMPRESARIAL QUE CONVIENE RECORDAR
La operación adquiere una dimensión todavía más controvertida cuando se examina la trayectoria del empresario que preside el club. Miguel Ángel Ramírez estuvo vinculado a Seguridad Integral Canaria, compañía que protagonizó durante años numerosos conflictos laborales por las condiciones salariales y los retrasos en los pagos a sus trabajadores.
En 2017, cuando la empresa atravesaba una profunda crisis, los sindicatos denunciaron impagos reiterados, retrasos en las nóminas y diferencias salariales derivadas de la aplicación de convenios propios inferiores al estatal. En 2018, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO seguía reclamando cantidades pendientes para numerosos empleados y extrabajadores, pese al anuncio empresarial de haber abonado 7,2 millones de euros en atrasos. No eran simples discrepancias sindicales: el Tribunal Supremo había anulado convenios empresariales que establecían condiciones laborales inferiores a las sectoriales.
Ramírez también fue acusado de delitos contra Hacienda y la Seguridad Social por un presunto fraude de 36,66 millones de euros relacionado con Seguridad Integral Canaria. La Audiencia Provincial de Las Palmas lo absolvió en abril de 2024, después de declarar nula parte esencial de la investigación realizada por el exjuez Salvador Alba, condenado por corrupción judicial. La absolución debe consignarse expresamente: no existe en esa sentencia una condena penal contra el empresario. El tribunal, no obstante, reconoció que la compañía había abonado determinadas retribuciones como dietas cuando correspondían a otros conceptos salariales.
Estos antecedentes permiten plantear una cuestión política perfectamente legítima. ¿Qué criterios utilizan las instituciones para establecer relaciones económicas privilegiadas con determinados empresarios? Los conflictos laborales documentados y las resoluciones judiciales no pueden borrarse del análisis de la trayectoria de quien hoy aspira a participar en la explotación de un estadio financiado fundamentalmente con recursos públicos.
EL MUNDIAL COMO COARTADA PARA UNA OPERACIÓN ECONÓMICA
Las administraciones presentan el Mundial de 2030 como una oportunidad para atraer visitantes, proyectar internacionalmente Gran Canaria y generar riqueza. Pero conviene preguntar quién recibirá esa riqueza. Los grandes acontecimientos deportivos favorecen determinados negocios, especialmente los relacionados con el alojamiento, la hostelería, el transporte y la comercialización del espectáculo.
Los ingresos que puedan obtener esas empresas no equivalen a ingresos públicos. Una cadena hotelera puede aumentar su facturación sin que sus trabajadores experimenten una mejora proporcional de sus salarios. Una constructora puede obtener beneficios con una adjudicación millonaria mientras sus empleados continúan sometidos a las condiciones laborales habituales del sector. La distribución de la riqueza depende de las relaciones entre propietarios y asalariados, no de la propaganda institucional sobre el crecimiento económico.
Además, el Mundial durará unas semanas, mientras que el estadio exigirá conservación y mantenimiento durante décadas. La inversión que se presenta como necesaria para un acontecimiento internacional modifica de manera permanente las condiciones económicas de explotación del recinto. La FIFA proporciona el argumento y la urgencia; quienes desarrollarán su actividad después serán principalmente el club y los operadores comerciales que participen en las instalaciones.
El contraste con las necesidades sociales de Canarias resulta difícil de justificar. Según el Instituto Canario de Estadística, el 31,2% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025. En junio de 2026 había 158.358 personas esperando una consulta con un especialista y más de 34.000 pendientes de una intervención quirúrgica. Mientras tanto, el precio medio del alquiler anunciado en Las Palmas de Gran Canaria alcanzaba los 14,6 euros por metro cuadrado en septiembre.
Ante semejante realidad, la cuestión de las prioridades presupuestarias adquiere un evidente contenido de clase. Las administraciones encuentran mecanismos de financiación para una infraestructura que beneficia especialmente a una sociedad deportiva privada, mientras necesidades elementales de la población siguen insuficientemente atendidas. Y tampoco cabe olvidar que los 46,7 millones reservados a mano de obra en el contrato del estadio representan empleos vinculados a una construcción temporal, no una solución estructural para los trabajadores de la isla.
EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESTA INVERSIÓN
La reforma del Estadio de Gran Canaria muestra cómo funciona la relación entre las instituciones públicas y el capital privado. El Cabildo impulsa una obra de más de 206 millones, las grandes constructoras obtienen un contrato de extraordinaria magnitud y la UD Las Palmas se prepara para disponer de unas instalaciones modernizadas que ampliarán sus oportunidades comerciales.
El presidente insular, Antonio Morales, puede presentar esta operación como una conquista para Gran Canaria. Pero los hechos permiten formular una conclusión bastante diferente: las instituciones han colocado los recursos colectivos al servicio de una infraestructura cuya principal utilidad económica corresponde a un club privado. El Mundial terminará en 2030. La inversión pública permanecerá y sus ventajas comerciales seguirán beneficiando a quienes controlen la explotación del estadio. Esa es la operación que la propaganda del Mundial pretende vestir de interés general.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Cabildo de Gran Canaria acaba de adjudicar 206,4 millones de euros para transformar el Estadio de Gran Canaria, donde juega la UD Las Palmas. La operación se presenta como una inversión "histórica" para la isla y como una "oportunidad extraordinaria" vinculada al Mundial de Fútbol de 2030. Sin embargo, detrás del entusiasmo institucional aparece una realidad bastante menos edificante: una infraestructura pública se remodelará fundamentalmente para satisfacer las necesidades de un club privado, presidido por el controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez, que además aspira a participar en su explotación económica.
DE 174 A 234 MILLONES: CUANDO LAS CONSTRUCTORAS IMPONEN LAS CONDICIONES
La adjudicación definitiva, aprobada el 28 de octubre por el Instituto Insular de Deportes, concede las obras a la unión temporal de empresas formada por OHLA y Sando. Su oferta asciende a 192,89 millones de euros antes del IGIC, unos 206,4 millones con impuestos. Los trabajos tendrán una duración prevista de treinta meses y deberán estar terminados antes del Mundial de 2030.
El proceso que ha conducido hasta aquí resulta especialmente revelador. La primera licitación, presupuestada en 174,7 millones, quedó desierta porque ninguna constructora quiso asumirla. ¿Qué hizo entonces la Administración? Elevó el presupuesto máximo a 234,8 millones, aproximadamente un 34% más. Con esas nuevas condiciones aparecieron tres ofertas empresariales y finalmente se adjudicó el contrato.
La operación ofrece una buena lección sobre el funcionamiento real de la economía capitalista. Las constructoras deciden si una inversión les resulta suficientemente rentable; cuando ninguna acepta las condiciones, la Administración aumenta los recursos disponibles. El interés privado condiciona así una decisión que compromete centenares de millones de euros públicos. Y el Cabildo, lejos de reconsiderar la necesidad y las dimensiones de la inversión, termina adaptándose a las exigencias económicas del mercado.
UN ESTADIO PÚBLICO PARA EL NEGOCIO DE UN CLUB PRIVADO
¿Quién será realmente el beneficiario principal de esta inversión? La respuesta tiene nombre: Unión Deportiva Las Palmas, una sociedad anónima deportiva que utiliza habitualmente el estadio y cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, figura también como uno de sus propietarios. El proyecto ampliará el aforo de 32.418 a 44.020 localidades, construirá una nueva cubierta y adaptará las instalaciones a las exigencias internacionales. Solamente la cubierta tiene asignados unos 93 millones de euros en el presupuesto de ejecución material.
Aquí conviene desmontar uno de los argumentos utilizados para justificar semejante desembolso: que el estadio pertenece a toda la población porque su titularidad es pública. La propiedad jurídica de una infraestructura no determina por sí misma a quién beneficia económicamente. Un estadio puede pertenecer al Cabildo y, sin embargo, estar organizado fundamentalmente alrededor de las necesidades comerciales de una empresa deportiva. La ciudadanía podrá asistir a los partidos pagando sus entradas, naturalmente, pero eso no convierte la actividad económica del club en un servicio público.
60 MILLONES DE LA UD LAS PALMAS A CAMBIO DE PARTICIPAR EN LA EXPLOTACIÓN
En marzo de 2026, Antonio Morales y Miguel Ángel Ramírez anunciaron un acuerdo por el que la UD Las Palmas aportaría 60 millones de euros a la reforma y participaría posteriormente en la gestión del recinto. La operación resulta especialmente significativa porque el propio club reconoció que esta participación económica le permitiría acceder a nuevas posibilidades de explotación comercial. El convenio definitivo todavía debía concretarse, pero la finalidad empresarial estaba claramente expresada.
El esquema financiero anunciado para la segunda licitación contemplaba 134 millones del Cabildo, 25 del Gobierno autonómico y 15 del Ayuntamiento, además de los 60 comprometidos por el club. Es decir, 174 millones procedentes de las administraciones frente a 60 millones de financiación privada. Son cantidades correspondientes al presupuesto de licitación, no al reparto definitivo del contrato adjudicado. Pero permiten identificar la naturaleza de la operación: una inversión mayoritariamente pública que incorpora a una sociedad deportiva privada a la futura gestión del patrimonio colectivo.
Desde una perspectiva económica, el mecanismo es perfectamente reconocible. Las administraciones movilizan recursos y asumen buena parte del coste de modernizar una infraestructura que permitirá al club mejorar sus condiciones de explotación. La UD podrá disponer de un estadio más competitivo comercialmente, sin haber tenido que afrontar por sí sola toda la inversión necesaria. Se socializa una parte sustancial de los costes mientras se habilitan nuevas posibilidades de negocio privado.
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ: UNA TRAYECTORIA EMPRESARIAL QUE CONVIENE RECORDAR
La operación adquiere una dimensión todavía más controvertida cuando se examina la trayectoria del empresario que preside el club. Miguel Ángel Ramírez estuvo vinculado a Seguridad Integral Canaria, compañía que protagonizó durante años numerosos conflictos laborales por las condiciones salariales y los retrasos en los pagos a sus trabajadores.
En 2017, cuando la empresa atravesaba una profunda crisis, los sindicatos denunciaron impagos reiterados, retrasos en las nóminas y diferencias salariales derivadas de la aplicación de convenios propios inferiores al estatal. En 2018, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO seguía reclamando cantidades pendientes para numerosos empleados y extrabajadores, pese al anuncio empresarial de haber abonado 7,2 millones de euros en atrasos. No eran simples discrepancias sindicales: el Tribunal Supremo había anulado convenios empresariales que establecían condiciones laborales inferiores a las sectoriales.
Ramírez también fue acusado de delitos contra Hacienda y la Seguridad Social por un presunto fraude de 36,66 millones de euros relacionado con Seguridad Integral Canaria. La Audiencia Provincial de Las Palmas lo absolvió en abril de 2024, después de declarar nula parte esencial de la investigación realizada por el exjuez Salvador Alba, condenado por corrupción judicial. La absolución debe consignarse expresamente: no existe en esa sentencia una condena penal contra el empresario. El tribunal, no obstante, reconoció que la compañía había abonado determinadas retribuciones como dietas cuando correspondían a otros conceptos salariales.
Estos antecedentes permiten plantear una cuestión política perfectamente legítima. ¿Qué criterios utilizan las instituciones para establecer relaciones económicas privilegiadas con determinados empresarios? Los conflictos laborales documentados y las resoluciones judiciales no pueden borrarse del análisis de la trayectoria de quien hoy aspira a participar en la explotación de un estadio financiado fundamentalmente con recursos públicos.
EL MUNDIAL COMO COARTADA PARA UNA OPERACIÓN ECONÓMICA
Las administraciones presentan el Mundial de 2030 como una oportunidad para atraer visitantes, proyectar internacionalmente Gran Canaria y generar riqueza. Pero conviene preguntar quién recibirá esa riqueza. Los grandes acontecimientos deportivos favorecen determinados negocios, especialmente los relacionados con el alojamiento, la hostelería, el transporte y la comercialización del espectáculo.
Los ingresos que puedan obtener esas empresas no equivalen a ingresos públicos. Una cadena hotelera puede aumentar su facturación sin que sus trabajadores experimenten una mejora proporcional de sus salarios. Una constructora puede obtener beneficios con una adjudicación millonaria mientras sus empleados continúan sometidos a las condiciones laborales habituales del sector. La distribución de la riqueza depende de las relaciones entre propietarios y asalariados, no de la propaganda institucional sobre el crecimiento económico.
Además, el Mundial durará unas semanas, mientras que el estadio exigirá conservación y mantenimiento durante décadas. La inversión que se presenta como necesaria para un acontecimiento internacional modifica de manera permanente las condiciones económicas de explotación del recinto. La FIFA proporciona el argumento y la urgencia; quienes desarrollarán su actividad después serán principalmente el club y los operadores comerciales que participen en las instalaciones.
El contraste con las necesidades sociales de Canarias resulta difícil de justificar. Según el Instituto Canario de Estadística, el 31,2% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025. En junio de 2026 había 158.358 personas esperando una consulta con un especialista y más de 34.000 pendientes de una intervención quirúrgica. Mientras tanto, el precio medio del alquiler anunciado en Las Palmas de Gran Canaria alcanzaba los 14,6 euros por metro cuadrado en septiembre.
Ante semejante realidad, la cuestión de las prioridades presupuestarias adquiere un evidente contenido de clase. Las administraciones encuentran mecanismos de financiación para una infraestructura que beneficia especialmente a una sociedad deportiva privada, mientras necesidades elementales de la población siguen insuficientemente atendidas. Y tampoco cabe olvidar que los 46,7 millones reservados a mano de obra en el contrato del estadio representan empleos vinculados a una construcción temporal, no una solución estructural para los trabajadores de la isla.
EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESTA INVERSIÓN
La reforma del Estadio de Gran Canaria muestra cómo funciona la relación entre las instituciones públicas y el capital privado. El Cabildo impulsa una obra de más de 206 millones, las grandes constructoras obtienen un contrato de extraordinaria magnitud y la UD Las Palmas se prepara para disponer de unas instalaciones modernizadas que ampliarán sus oportunidades comerciales.
El presidente insular, Antonio Morales, puede presentar esta operación como una conquista para Gran Canaria. Pero los hechos permiten formular una conclusión bastante diferente: las instituciones han colocado los recursos colectivos al servicio de una infraestructura cuya principal utilidad económica corresponde a un club privado. El Mundial terminará en 2030. La inversión pública permanecerá y sus ventajas comerciales seguirán beneficiando a quienes controlen la explotación del estadio. Esa es la operación que la propaganda del Mundial pretende vestir de interés general.
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