CANARIAS AUTORIZA 166,6 MILLONES PARA CONTRATAR CAMAS HOSPITALARIAS: ¿POR QUÉ NO AMPLÍA SU PROPIA SANIDAD PÚBLICA?
El Gobierno renueva su dependencia de los conciertos privados
El Gobierno de Canarias acaba de autorizar hasta 166,6 millones de euros para contratar camas hospitalarias durante cuatro años. Mientras la sanidad pública sigue necesitando recursos propios, las auditorías revelan graves problemas en los conciertos y la investigación científica cuestiona las ventajas de la privatización.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Gobierno de Canarias ha decidido autorizar un gasto de 166,6 millones de euros para contratar camas hospitalarias fuera de su red propia. La operación permitirá mantener un sistema de contratación externa que lleva años funcionando en el Archipiélago. Sin embargo, también plantea una cuestión que el Ejecutivo autonómico parece empeñado en dejar fuera del debate: ¿hasta cuándo seguirá destinando cantidades millonarias a comprar servicios que podría desarrollar directamente el Servicio Canario de la Salud?
La decisión, adoptada el 26 de octubre de 2026, contempla un acuerdo marco de cuatro años para atender a pacientes de Gran Canaria y Tenerife que necesitan hospitalización de media estancia. Son personas que, tras superar la fase más grave de una enfermedad, continúan necesitando cuidados médicos, seguimiento o rehabilitación. La necesidad asistencial es indiscutible. Lo que debe discutirse es por qué una necesidad permanente sigue resolviéndose mediante contratos con proveedores externos.
166 MILLONES PARA SEGUIR ALQUILANDO CAMAS
El contrato establece tres lotes y contempla varios adjudicatarios, cuya identidad todavía no se conoce. El importe anunciado constituye un límite máximo de gasto, no una cantidad que necesariamente vaya a desembolsarse íntegramente. Los precios previstos alcanzan los 197,19 euros diarios por paciente durante los primeros sesenta días, reduciéndose a 178,03 euros a partir del día 61.
Una estancia de treinta días, calculada al precio máximo inicial, supondría 5.915,70 euros. Si se prolongara hasta los sesenta días, alcanzaría los 11.831,40 euros. Son cantidades importantes, aunque por sí solas no permiten establecer cuánto costaría prestar exactamente esos mismos cuidados en un centro público.
La cuestión económica debe analizarse, además, a largo plazo. Cuando la Administración construye instalaciones propias, contrata personal y adquiere equipamientos, desarrolla una capacidad asistencial que permanece bajo control público. Cuando contrata servicios ajenos, paga por utilizarlos durante un período determinado. Al finalizar el contrato, el dinero se habrá gastado, pero las instalaciones y los medios productivos seguirán perteneciendo a sus propietarios.
LA PRIVATIZACIÓN COMO "SOLUCIÓN" PERMANENTE
El Gobierno justifica esta contratación por la finalización del expediente anterior. Ese detalle resulta revelador: las camas externas ya formaban parte del funcionamiento ordinario del sistema sanitario canario. Ahora se vuelve a contratar lo que anteriormente también se había contratado.
Las administraciones suelen presentar los conciertos sanitarios como un procedimiento para aliviar situaciones excepcionales de saturación. Pero cuando esos acuerdos se renuevan sistemáticamente, dejan de constituir una respuesta provisional. La insuficiencia de recursos públicos termina convertida en una dependencia estructural de proveedores privados.
El mecanismo puede incluso reforzarse a sí mismo. Si una parte importante del presupuesto se destina cada año a pagar servicios externos, disminuye el margen disponible para desarrollar alternativas públicas. Y cuanto más tarda en ampliarse esa capacidad, mayores parecen las razones para recurrir nuevamente a los conciertos.
Canarias gastó 4.574 millones de euros en sanidad durante 2024, según datos oficiales. Pero aumentar el gasto sanitario no equivale automáticamente a fortalecer la red pública propia. Importa cuánto se destina a contratar personal estable, ampliar instalaciones o adquirir equipamientos, y cuánto termina financiando prestaciones externas.
LA AUDIENCIA DE CUENTAS YA HA ADVERTIDO SOBRE LOS CONCIERTOS
La preocupación por este modelo adquiere mayor fundamento cuando se examina cómo se ha gestionado el dinero destinado a la contratación sanitaria.
El informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias correspondiente a 2024 recoge que el Servicio Canario de la Salud reconoció obligaciones por 246,8 millones de euros en asistencia sanitaria con medios ajenos. De esa cantidad, aproximadamente 125,4 millones se tramitaron mediante expedientes de nulidad, procedimientos utilizados para abonar prestaciones realizadas sin contratos válidos.
Es decir, más de la mitad del gasto registrado en ese concepto se tramitó por una vía excepcional. El órgano fiscalizador también constató que el conjunto de pagos del Servicio Canario de la Salud mediante estos expedientes alcanzó los 574,6 millones de euros en 2024.
Estos datos no demuestran que todas las prestaciones concertadas fueran innecesarias ni que existiera fraude por parte de los proveedores. Revelan, sin embargo, un problema grave de planificación contractual y control administrativo. Resulta especialmente preocupante cuando están en juego cantidades millonarias destinadas a servicios esenciales.
¿ES REALMENTE MÁS BARATA LA GESTIÓN PRIVADA?
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la privatización sanitaria es el que sostiene que las empresas privadas administran los recursos con mayor eficiencia. Sin embargo, la experiencia española ofrece ejemplos documentados que cuestionan seriamente esa afirmación.
En julio de 2024, el Consello de Contas de Galicia examinó el contrato de concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Su conclusión fue que habría resultado económicamente más eficiente contratar por separado la construcción del hospital y los servicios asociados, en lugar de recurrir al modelo de colaboración público-privada elegido por la Xunta.
El organismo calculó una diferencia de aproximadamente 470 millones de euros, IVA incluido, entre los pagos previstos en ambas alternativas, equivalente a unos 133 millones sin IVA al actualizar financieramente los importes. Además, cuestionó la ausencia de una comparación previa suficientemente sólida sobre las ventajas de la concesión.
Se trata de un contrato distinto del que ahora prepara Canarias, por lo que sus cifras no pueden trasladarse mecánicamente al Archipiélago. Pero demuestra algo importante: la supuesta superioridad económica de la privatización puede desaparecer cuando se examinan las cuentas completas.
Las empresas sanitarias tienen que pagar salarios, suministros, instalaciones y mantenimiento, igual que cualquier hospital público. Sin embargo, cuando operan con fines lucrativos también necesitan generar beneficios para sus propietarios. Esos márgenes deben obtenerse de los ingresos, mediante precios superiores, menores costes o una combinación de ambos.
La eficiencia empresarial puede compensar algunos gastos, pero también puede conseguirse reduciendo plantillas o condiciones laborales. Por eso, el precio de un concierto debe compararse con el coste público de una prestación equivalente, considerando igualmente la calidad asistencial y las condiciones de trabajo.
LAS INVESTIGACIONES TAMBIÉN CUESTIONAN LA CALIDAD PRIVADA
La discusión económica estaría incompleta sin examinar qué sucede con los pacientes. Una revisión científica publicada en marzo de 2024 en The Lancet Public Health, elaborada por investigadores de la Universidad de Oxford, analizó trece estudios longitudinales sobre privatización sanitaria en países de ingresos elevados.
Sus resultados cuestionaron la promesa de que la gestión privada mejora la atención. Los investigadores observaron que el aumento de la privatización aparecía frecuentemente asociado a peores resultados sanitarios. En varios estudios, los hospitales privatizados incrementaron su rentabilidad reduciendo personal o seleccionando determinados pacientes. También encontraron asociaciones con más infecciones hospitalarias y, en algunos casos, con una mayor mortalidad evitable.
Otra investigación de los mismos autores, publicada en 2022, relacionó el incremento de la contratación de servicios sanitarios con empresas lucrativas en Inglaterra con 557 muertes tratables adicionales estimadas durante el período estudiado. Al tratarse de investigaciones observacionales, esta asociación no demuestra por sí sola una relación causal en cada caso.
EL SECTOR PÚBLICO ASUME LOS PACIENTES MÁS COSTOSOS
Existe, además, una diferencia que suele desaparecer de las comparaciones: los hospitales públicos y privados no atienden necesariamente a pacientes con la misma complejidad.
Un informe publicado por el Ministerio de Sanidad en diciembre de 2025 señala que los hospitales del Sistema Nacional de Salud asumen más del 95% de numerosos tratamientos especialmente complejos y costosos, como trasplantes, grandes quemaduras o determinados procedimientos neonatales.
Mientras tanto, el sector privado tiende a concentrarse en actividades menos complejas. Esta distribución obliga a desconfiar de las comparaciones que presentan como más barato un servicio privado sin examinar qué pacientes atiende y cuáles continúan dependiendo de la red pública.
El mismo informe documentó que el gasto en hospitales de gestión privada integrados en el Sistema Nacional de Salud aumentó un 84,6% entre 2011 y 2023, hasta alcanzar los 4.800 millones de euros anuales. El Ministerio advirtió de que esta creciente dependencia no había demostrado mejoras significativas de eficiencia o resultados sanitarios.
En Canarias, el problema resulta especialmente evidente cuando se examina la escasez de recursos sociosanitarios. En julio de 2025, Intersindical Canaria denunció que alrededor de 1.000 pacientes sociosanitarios permanecían en hospitales pese a contar con el alta hospitalaria: unos 600 en centros públicos y 400 en concertados. Se trata de cifras aportadas por el sindicato, que ilustran la dimensión de un problema relacionado con la insuficiencia de plazas residenciales y recursos adecuados para personas dependientes.
Mientras esas personas permanecen hospitalizadas, determinadas camas no pueden utilizarse para nuevos ingresos. Las consecuencias se extienden a las urgencias, las plantas de hospitalización y las familias que esperan una solución asistencial. La hospitalización de media estancia no equivale exactamente a la atención residencial de personas con alta médica. Sin embargo, ambas situaciones reflejan una deficiencia común: la insuficiente coordinación y desarrollo de recursos públicos de recuperación, rehabilitación y cuidados prolongados.
EL DINERO PÚBLICO DEBE FORTALECER LO PÚBLICO
La contratación anunciada puede contribuir a resolver necesidades inmediatas. Sería irresponsable dejar sin atención a pacientes mientras se construyen nuevos centros o se amplían plantillas. Pero esa urgencia no justifica convertir la dependencia de proveedores externos en una política permanente.
Con una previsión máxima de 41,7 millones de euros anuales durante cuatro años, el Gobierno debería presentar una comparación económica rigurosa entre continuar contratando camas y desarrollar gradualmente una red propia de cuidados intermedios.
También debería explicar cuántas plazas públicas adicionales podrían crearse, qué inversiones serían necesarias y cuánto costaría su funcionamiento a largo plazo. Sin esa evaluación, la ciudadanía carece de elementos suficientes para saber si se están utilizando adecuadamente sus impuestos.
La sanidad pública necesita camas, trabajadores e instalaciones propias. Si cada nueva insuficiencia se resuelve con otro contrato privado, dentro de cuatro años el Gobierno podría volver a encontrarse ante el mismo problema, con millones de euros gastados y una dependencia prácticamente intacta.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Gobierno de Canarias ha decidido autorizar un gasto de 166,6 millones de euros para contratar camas hospitalarias fuera de su red propia. La operación permitirá mantener un sistema de contratación externa que lleva años funcionando en el Archipiélago. Sin embargo, también plantea una cuestión que el Ejecutivo autonómico parece empeñado en dejar fuera del debate: ¿hasta cuándo seguirá destinando cantidades millonarias a comprar servicios que podría desarrollar directamente el Servicio Canario de la Salud?
La decisión, adoptada el 26 de octubre de 2026, contempla un acuerdo marco de cuatro años para atender a pacientes de Gran Canaria y Tenerife que necesitan hospitalización de media estancia. Son personas que, tras superar la fase más grave de una enfermedad, continúan necesitando cuidados médicos, seguimiento o rehabilitación. La necesidad asistencial es indiscutible. Lo que debe discutirse es por qué una necesidad permanente sigue resolviéndose mediante contratos con proveedores externos.
166 MILLONES PARA SEGUIR ALQUILANDO CAMAS
El contrato establece tres lotes y contempla varios adjudicatarios, cuya identidad todavía no se conoce. El importe anunciado constituye un límite máximo de gasto, no una cantidad que necesariamente vaya a desembolsarse íntegramente. Los precios previstos alcanzan los 197,19 euros diarios por paciente durante los primeros sesenta días, reduciéndose a 178,03 euros a partir del día 61.
Una estancia de treinta días, calculada al precio máximo inicial, supondría 5.915,70 euros. Si se prolongara hasta los sesenta días, alcanzaría los 11.831,40 euros. Son cantidades importantes, aunque por sí solas no permiten establecer cuánto costaría prestar exactamente esos mismos cuidados en un centro público.
La cuestión económica debe analizarse, además, a largo plazo. Cuando la Administración construye instalaciones propias, contrata personal y adquiere equipamientos, desarrolla una capacidad asistencial que permanece bajo control público. Cuando contrata servicios ajenos, paga por utilizarlos durante un período determinado. Al finalizar el contrato, el dinero se habrá gastado, pero las instalaciones y los medios productivos seguirán perteneciendo a sus propietarios.
LA PRIVATIZACIÓN COMO "SOLUCIÓN" PERMANENTE
El Gobierno justifica esta contratación por la finalización del expediente anterior. Ese detalle resulta revelador: las camas externas ya formaban parte del funcionamiento ordinario del sistema sanitario canario. Ahora se vuelve a contratar lo que anteriormente también se había contratado.
Las administraciones suelen presentar los conciertos sanitarios como un procedimiento para aliviar situaciones excepcionales de saturación. Pero cuando esos acuerdos se renuevan sistemáticamente, dejan de constituir una respuesta provisional. La insuficiencia de recursos públicos termina convertida en una dependencia estructural de proveedores privados.
El mecanismo puede incluso reforzarse a sí mismo. Si una parte importante del presupuesto se destina cada año a pagar servicios externos, disminuye el margen disponible para desarrollar alternativas públicas. Y cuanto más tarda en ampliarse esa capacidad, mayores parecen las razones para recurrir nuevamente a los conciertos.
Canarias gastó 4.574 millones de euros en sanidad durante 2024, según datos oficiales. Pero aumentar el gasto sanitario no equivale automáticamente a fortalecer la red pública propia. Importa cuánto se destina a contratar personal estable, ampliar instalaciones o adquirir equipamientos, y cuánto termina financiando prestaciones externas.
LA AUDIENCIA DE CUENTAS YA HA ADVERTIDO SOBRE LOS CONCIERTOS
La preocupación por este modelo adquiere mayor fundamento cuando se examina cómo se ha gestionado el dinero destinado a la contratación sanitaria.
El informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias correspondiente a 2024 recoge que el Servicio Canario de la Salud reconoció obligaciones por 246,8 millones de euros en asistencia sanitaria con medios ajenos. De esa cantidad, aproximadamente 125,4 millones se tramitaron mediante expedientes de nulidad, procedimientos utilizados para abonar prestaciones realizadas sin contratos válidos.
Es decir, más de la mitad del gasto registrado en ese concepto se tramitó por una vía excepcional. El órgano fiscalizador también constató que el conjunto de pagos del Servicio Canario de la Salud mediante estos expedientes alcanzó los 574,6 millones de euros en 2024.
Estos datos no demuestran que todas las prestaciones concertadas fueran innecesarias ni que existiera fraude por parte de los proveedores. Revelan, sin embargo, un problema grave de planificación contractual y control administrativo. Resulta especialmente preocupante cuando están en juego cantidades millonarias destinadas a servicios esenciales.
¿ES REALMENTE MÁS BARATA LA GESTIÓN PRIVADA?
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la privatización sanitaria es el que sostiene que las empresas privadas administran los recursos con mayor eficiencia. Sin embargo, la experiencia española ofrece ejemplos documentados que cuestionan seriamente esa afirmación.
En julio de 2024, el Consello de Contas de Galicia examinó el contrato de concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Su conclusión fue que habría resultado económicamente más eficiente contratar por separado la construcción del hospital y los servicios asociados, en lugar de recurrir al modelo de colaboración público-privada elegido por la Xunta.
El organismo calculó una diferencia de aproximadamente 470 millones de euros, IVA incluido, entre los pagos previstos en ambas alternativas, equivalente a unos 133 millones sin IVA al actualizar financieramente los importes. Además, cuestionó la ausencia de una comparación previa suficientemente sólida sobre las ventajas de la concesión.
Se trata de un contrato distinto del que ahora prepara Canarias, por lo que sus cifras no pueden trasladarse mecánicamente al Archipiélago. Pero demuestra algo importante: la supuesta superioridad económica de la privatización puede desaparecer cuando se examinan las cuentas completas.
Las empresas sanitarias tienen que pagar salarios, suministros, instalaciones y mantenimiento, igual que cualquier hospital público. Sin embargo, cuando operan con fines lucrativos también necesitan generar beneficios para sus propietarios. Esos márgenes deben obtenerse de los ingresos, mediante precios superiores, menores costes o una combinación de ambos.
La eficiencia empresarial puede compensar algunos gastos, pero también puede conseguirse reduciendo plantillas o condiciones laborales. Por eso, el precio de un concierto debe compararse con el coste público de una prestación equivalente, considerando igualmente la calidad asistencial y las condiciones de trabajo.
LAS INVESTIGACIONES TAMBIÉN CUESTIONAN LA CALIDAD PRIVADA
La discusión económica estaría incompleta sin examinar qué sucede con los pacientes. Una revisión científica publicada en marzo de 2024 en The Lancet Public Health, elaborada por investigadores de la Universidad de Oxford, analizó trece estudios longitudinales sobre privatización sanitaria en países de ingresos elevados.
Sus resultados cuestionaron la promesa de que la gestión privada mejora la atención. Los investigadores observaron que el aumento de la privatización aparecía frecuentemente asociado a peores resultados sanitarios. En varios estudios, los hospitales privatizados incrementaron su rentabilidad reduciendo personal o seleccionando determinados pacientes. También encontraron asociaciones con más infecciones hospitalarias y, en algunos casos, con una mayor mortalidad evitable.
Otra investigación de los mismos autores, publicada en 2022, relacionó el incremento de la contratación de servicios sanitarios con empresas lucrativas en Inglaterra con 557 muertes tratables adicionales estimadas durante el período estudiado. Al tratarse de investigaciones observacionales, esta asociación no demuestra por sí sola una relación causal en cada caso.
EL SECTOR PÚBLICO ASUME LOS PACIENTES MÁS COSTOSOS
Existe, además, una diferencia que suele desaparecer de las comparaciones: los hospitales públicos y privados no atienden necesariamente a pacientes con la misma complejidad.
Un informe publicado por el Ministerio de Sanidad en diciembre de 2025 señala que los hospitales del Sistema Nacional de Salud asumen más del 95% de numerosos tratamientos especialmente complejos y costosos, como trasplantes, grandes quemaduras o determinados procedimientos neonatales.
Mientras tanto, el sector privado tiende a concentrarse en actividades menos complejas. Esta distribución obliga a desconfiar de las comparaciones que presentan como más barato un servicio privado sin examinar qué pacientes atiende y cuáles continúan dependiendo de la red pública.
El mismo informe documentó que el gasto en hospitales de gestión privada integrados en el Sistema Nacional de Salud aumentó un 84,6% entre 2011 y 2023, hasta alcanzar los 4.800 millones de euros anuales. El Ministerio advirtió de que esta creciente dependencia no había demostrado mejoras significativas de eficiencia o resultados sanitarios.
En Canarias, el problema resulta especialmente evidente cuando se examina la escasez de recursos sociosanitarios. En julio de 2025, Intersindical Canaria denunció que alrededor de 1.000 pacientes sociosanitarios permanecían en hospitales pese a contar con el alta hospitalaria: unos 600 en centros públicos y 400 en concertados. Se trata de cifras aportadas por el sindicato, que ilustran la dimensión de un problema relacionado con la insuficiencia de plazas residenciales y recursos adecuados para personas dependientes.
Mientras esas personas permanecen hospitalizadas, determinadas camas no pueden utilizarse para nuevos ingresos. Las consecuencias se extienden a las urgencias, las plantas de hospitalización y las familias que esperan una solución asistencial. La hospitalización de media estancia no equivale exactamente a la atención residencial de personas con alta médica. Sin embargo, ambas situaciones reflejan una deficiencia común: la insuficiente coordinación y desarrollo de recursos públicos de recuperación, rehabilitación y cuidados prolongados.
EL DINERO PÚBLICO DEBE FORTALECER LO PÚBLICO
La contratación anunciada puede contribuir a resolver necesidades inmediatas. Sería irresponsable dejar sin atención a pacientes mientras se construyen nuevos centros o se amplían plantillas. Pero esa urgencia no justifica convertir la dependencia de proveedores externos en una política permanente.
Con una previsión máxima de 41,7 millones de euros anuales durante cuatro años, el Gobierno debería presentar una comparación económica rigurosa entre continuar contratando camas y desarrollar gradualmente una red propia de cuidados intermedios.
También debería explicar cuántas plazas públicas adicionales podrían crearse, qué inversiones serían necesarias y cuánto costaría su funcionamiento a largo plazo. Sin esa evaluación, la ciudadanía carece de elementos suficientes para saber si se están utilizando adecuadamente sus impuestos.
La sanidad pública necesita camas, trabajadores e instalaciones propias. Si cada nueva insuficiencia se resuelve con otro contrato privado, dentro de cuatro años el Gobierno podría volver a encontrarse ante el mismo problema, con millones de euros gastados y una dependencia prácticamente intacta.
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