LA CONSEJERA DE SANIDAD CONTRA LOS MÉDICOS CANARIOS: "SUS REIVINDICACIONES SE CARGARÍAN EL SISTEMA"
Esther Monzón profundiza el enfrentamiento entre el Ejecutivo regional y los sindicatos médicos
Las cifras de seguimiento enfrentan a Sanidad y a los sindicatos médicos, que reclaman mejores condiciones laborales. El aumento presupuestario previsto para 2027 reabre el debate sobre las prioridades del gasto público y la financiación de la sanidad privada.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha calificado de "ilógicas", "inalcanzables" e "inasumibles" las reivindicaciones de los sindicatos médicos que mantienen una huelga iniciada el pasado 16 de octubre. Según la responsable autonómica, aceptar "sus exigencias" comprometería económicamente al Servicio Canario de la Salud (SCS) y dificultaría su funcionamiento por la falta de profesionales disponibles.
Las declaraciones, realizadas este martes 27 de octubre, profundizan el enfrentamiento entre el Ejecutivo de Fernando Clavijo y los sindicatos CESM Canarias y SEMCA, que reclaman mejoras salariales, cambios en las guardias, descansos adecuados y un sistema de negociación específico para los facultativos.
UNA HUELGA CON CIFRAS DE SEGUIMIENTO MUY DIFERENTES
Según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, este martes 27 de octubre secundaron la huelga 256 médicos de los 4.132 profesionales afectados, lo que representa un seguimiento del 6,2 %. En Gran Canaria participaron 203 facultativos, el 12,38 %; en Tenerife, 48, el 2,47 %; y en Lanzarote, cinco, el 2,38 %. En las restantes islas no se registraron participantes.
Los sindicatos convocantes, CESM Canarias y SEMCA, ofrecen cifras considerablemente superiores. El 16 de octubre estimaron un seguimiento del 58 %, frente al 9,1 % comunicado por Sanidad. El día 20 calcularon un 55 %, frente al 7,84 % oficial, y el 23 situaron la participación en el 59 %, mientras la Administración la cifró en el 8,17 %. Los representantes sindicales denuncian, además, que los servicios mínimos impuestos restringen considerablemente el ejercicio del derecho de huelga.
LAS GUARDIAS: CUANDO LA FALTA DE PERSONAL SE COMPENSA CON MÁS HORAS DE TRABAJO
La controversia sobre los servicios mínimos enlaza con uno de los principales desacuerdos entre los sindicatos médicos y la Consejería de Sanidad: la organización de las guardias y la disponibilidad de personal suficiente para cubrir los turnos. Los convocantes reclaman cambios en la duración y remuneración de estas jornadas, así como descansos adecuados.
El funcionamiento de un hospital exige asistencia durante las veinticuatro horas del día. Sin embargo, garantizarla mediante jornadas excesivamente prolongadas supone una importante sobrecarga para los profesionales, cuyo agotamiento puede repercutir también sobre la atención a los pacientes.
La Consejería argumenta que faltan facultativos para reducir determinadas jornadas. Pero esta explicación revela precisamente uno de los problemas de la organización sanitaria: la insuficiencia de las plantillas obliga a compensar con más horas de trabajo la falta de profesionales.
Esa escasez tampoco puede explicarse exclusivamente por el número de médicos titulados. Influyen las condiciones contractuales, las retribuciones, la estabilidad laboral y las posibilidades de promoción. En Canarias se añade el encarecimiento de la vivienda, que dificulta la incorporación de profesionales a determinados destinos, especialmente en las islas no capitalinas.
Mejorar estas condiciones y contratar más personal requiere financiación ymantener plantillas insuficientes también tiene costes como agotamiento profesional, bajas laborales y dificultades para conservar a los trabajadores necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de calidad.
EL ESTADO COMO EMPLEADOR Y LOS LÍMITES DEL GASTO PÚBLICO
Las dificultades para contratar profesionales y mejorar sus condiciones de trabajo conducen a una cuestión de fondo: cómo distribuye el Estado los recursos destinados a la sanidad pública. Los médicos, pese a su mayor cualificación y retribución, mantienen una relación de trabajo asalariado con la Administración, que determina sus condiciones laborales y los medios disponibles para atender a los pacientes.
A diferencia de una empresa privada, un hospital público tiene como finalidad satisfacer necesidades sociales. Sin embargo, su funcionamiento está condicionado por decisiones presupuestarias que responden a prioridades políticas y económicas. La insuficiencia de recursos no puede examinarse al margen de esas prioridades, porque lo que se considera inasumible en una partida puede resultar perfectamente financiable en otra.
Esta contradicción adquiere especial relevancia después de que el Gobierno canario aprobara, el 26 de octubre, su proyecto presupuestario para 2027, que contempla 429,8 millones de euros adicionales para Sanidad, un incremento del 9,1 % que elevaría los recursos del Servicio Canario de la Salud hasta aproximadamente 5.273 millones de euros.
Aunque parte de ese aumento deberá cubrir gastos comprometidos, resulta llamativo que el Ejecutivo anuncie una importante expansión presupuestaria mientras su consejera considera "inasumibles" determinadas mejoras laborales. ¿Cuánto costarían realmente las reivindicaciones y qué parte del presupuesto podría financiar su aplicación? Sin cifras desglosadas, el argumento de la sostenibilidad económica resulta insuficiente.
La cuestión adquiere otra dimensión al considerar el dinero público destinado a empresas sanitarias privadas. Según el informe de 2026 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Canarias figura entre las comunidades con mayor grado de privatización sanitaria. El peso de los conciertos obliga a examinar si una parte de esos recursos podría emplearse para ampliar las plantillas y fortalecer los centros públicos.
REIVINDICACIONES LABORALES Y DIVISIONES CORPORATIVAS
El conflicto presenta también una contradicción entre las legítimas reivindicaciones laborales y la pretensión de los sindicatos médicos de negociar separadamente del resto de trabajadores sanitarios. Las particularidades de su profesión justifican demandas específicas, pero una negociación permanentemente fragmentada puede debilitar la defensa colectiva de quienes sostienen el sistema sanitario.
El pasado 22 de octubre, Asamblea7Islas alcanzó un acuerdo con el SCS que permitió desconvocar los paros previstos para los días 26 y 27, inicialmente dirigidos a unos 14.000 trabajadores de distintas categorías. El entendimiento contempla mejoras en la carrera profesional con efectos económicos desde enero de 2027. La sanidad es un proceso colectivo de trabajo, y enfrentar las reivindicaciones de sus diferentes categorías favorece su división frente a una Administración que controla los recursos.
Las consecuencias de esta situación también recaen sobre la población. A 30 de junio de 2026, 34.382 personas permanecían en lista de espera quirúrgica en Canarias, con una demora media de 107 días.
En última instancia, el conflicto obliga a plantear una cuestión política fundamental: ¿se utilizarán los recursos públicos para reforzar directamente la sanidad de todos o continuará destinándose una parte significativa de ellos al negocio sanitario privado mientras trabajadores y pacientes soportan las carencias del sistema?
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha calificado de "ilógicas", "inalcanzables" e "inasumibles" las reivindicaciones de los sindicatos médicos que mantienen una huelga iniciada el pasado 16 de octubre. Según la responsable autonómica, aceptar "sus exigencias" comprometería económicamente al Servicio Canario de la Salud (SCS) y dificultaría su funcionamiento por la falta de profesionales disponibles.
Las declaraciones, realizadas este martes 27 de octubre, profundizan el enfrentamiento entre el Ejecutivo de Fernando Clavijo y los sindicatos CESM Canarias y SEMCA, que reclaman mejoras salariales, cambios en las guardias, descansos adecuados y un sistema de negociación específico para los facultativos.
UNA HUELGA CON CIFRAS DE SEGUIMIENTO MUY DIFERENTES
Según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, este martes 27 de octubre secundaron la huelga 256 médicos de los 4.132 profesionales afectados, lo que representa un seguimiento del 6,2 %. En Gran Canaria participaron 203 facultativos, el 12,38 %; en Tenerife, 48, el 2,47 %; y en Lanzarote, cinco, el 2,38 %. En las restantes islas no se registraron participantes.
Los sindicatos convocantes, CESM Canarias y SEMCA, ofrecen cifras considerablemente superiores. El 16 de octubre estimaron un seguimiento del 58 %, frente al 9,1 % comunicado por Sanidad. El día 20 calcularon un 55 %, frente al 7,84 % oficial, y el 23 situaron la participación en el 59 %, mientras la Administración la cifró en el 8,17 %. Los representantes sindicales denuncian, además, que los servicios mínimos impuestos restringen considerablemente el ejercicio del derecho de huelga.
LAS GUARDIAS: CUANDO LA FALTA DE PERSONAL SE COMPENSA CON MÁS HORAS DE TRABAJO
La controversia sobre los servicios mínimos enlaza con uno de los principales desacuerdos entre los sindicatos médicos y la Consejería de Sanidad: la organización de las guardias y la disponibilidad de personal suficiente para cubrir los turnos. Los convocantes reclaman cambios en la duración y remuneración de estas jornadas, así como descansos adecuados.
El funcionamiento de un hospital exige asistencia durante las veinticuatro horas del día. Sin embargo, garantizarla mediante jornadas excesivamente prolongadas supone una importante sobrecarga para los profesionales, cuyo agotamiento puede repercutir también sobre la atención a los pacientes.
La Consejería argumenta que faltan facultativos para reducir determinadas jornadas. Pero esta explicación revela precisamente uno de los problemas de la organización sanitaria: la insuficiencia de las plantillas obliga a compensar con más horas de trabajo la falta de profesionales.
Esa escasez tampoco puede explicarse exclusivamente por el número de médicos titulados. Influyen las condiciones contractuales, las retribuciones, la estabilidad laboral y las posibilidades de promoción. En Canarias se añade el encarecimiento de la vivienda, que dificulta la incorporación de profesionales a determinados destinos, especialmente en las islas no capitalinas.
Mejorar estas condiciones y contratar más personal requiere financiación ymantener plantillas insuficientes también tiene costes como agotamiento profesional, bajas laborales y dificultades para conservar a los trabajadores necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de calidad.
EL ESTADO COMO EMPLEADOR Y LOS LÍMITES DEL GASTO PÚBLICO
Las dificultades para contratar profesionales y mejorar sus condiciones de trabajo conducen a una cuestión de fondo: cómo distribuye el Estado los recursos destinados a la sanidad pública. Los médicos, pese a su mayor cualificación y retribución, mantienen una relación de trabajo asalariado con la Administración, que determina sus condiciones laborales y los medios disponibles para atender a los pacientes.
A diferencia de una empresa privada, un hospital público tiene como finalidad satisfacer necesidades sociales. Sin embargo, su funcionamiento está condicionado por decisiones presupuestarias que responden a prioridades políticas y económicas. La insuficiencia de recursos no puede examinarse al margen de esas prioridades, porque lo que se considera inasumible en una partida puede resultar perfectamente financiable en otra.
Esta contradicción adquiere especial relevancia después de que el Gobierno canario aprobara, el 26 de octubre, su proyecto presupuestario para 2027, que contempla 429,8 millones de euros adicionales para Sanidad, un incremento del 9,1 % que elevaría los recursos del Servicio Canario de la Salud hasta aproximadamente 5.273 millones de euros.
Aunque parte de ese aumento deberá cubrir gastos comprometidos, resulta llamativo que el Ejecutivo anuncie una importante expansión presupuestaria mientras su consejera considera "inasumibles" determinadas mejoras laborales. ¿Cuánto costarían realmente las reivindicaciones y qué parte del presupuesto podría financiar su aplicación? Sin cifras desglosadas, el argumento de la sostenibilidad económica resulta insuficiente.
La cuestión adquiere otra dimensión al considerar el dinero público destinado a empresas sanitarias privadas. Según el informe de 2026 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Canarias figura entre las comunidades con mayor grado de privatización sanitaria. El peso de los conciertos obliga a examinar si una parte de esos recursos podría emplearse para ampliar las plantillas y fortalecer los centros públicos.
REIVINDICACIONES LABORALES Y DIVISIONES CORPORATIVAS
El conflicto presenta también una contradicción entre las legítimas reivindicaciones laborales y la pretensión de los sindicatos médicos de negociar separadamente del resto de trabajadores sanitarios. Las particularidades de su profesión justifican demandas específicas, pero una negociación permanentemente fragmentada puede debilitar la defensa colectiva de quienes sostienen el sistema sanitario.
El pasado 22 de octubre, Asamblea7Islas alcanzó un acuerdo con el SCS que permitió desconvocar los paros previstos para los días 26 y 27, inicialmente dirigidos a unos 14.000 trabajadores de distintas categorías. El entendimiento contempla mejoras en la carrera profesional con efectos económicos desde enero de 2027. La sanidad es un proceso colectivo de trabajo, y enfrentar las reivindicaciones de sus diferentes categorías favorece su división frente a una Administración que controla los recursos.
Las consecuencias de esta situación también recaen sobre la población. A 30 de junio de 2026, 34.382 personas permanecían en lista de espera quirúrgica en Canarias, con una demora media de 107 días.
En última instancia, el conflicto obliga a plantear una cuestión política fundamental: ¿se utilizarán los recursos públicos para reforzar directamente la sanidad de todos o continuará destinándose una parte significativa de ellos al negocio sanitario privado mientras trabajadores y pacientes soportan las carencias del sistema?
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