POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    En la mitología, el cuerno de la abundancia derramaba alimentos y riquezas sin agotarse. En la política española, ese prodigio reaparece cuando se aproximan las urnas: los salarios crecerán, los impuestos menguarán para todos, las viviendas estarán al alcance de la mayoría y la vejez dejará de ser una carrera de obstáculos.

   Cada candidatura agita su cornucopia ante una población que conoce demasiado bien la estrechez de los bolsillos. La cuestión consiste en averiguar qué contiene cada cuerno y cuánto queda dentro después de las elecciones. Eso es lo que trataremos de hacer en estas cuatro letras

   Los anuncios del pasado sábado 24 de octubre, ofrecen una muestra de esa gran competición. Irene Montero propone un salario mínimo de 1.800 euros y una semana laboral de 30 horas; Pedro Sánchez promete proteger constitucionalmente el aborto; Alberto Núñez Feijóo, no se queda atrás y ofrece nada menos que alivio fiscal y más construcción. Frente Amplio, por su cuenta, plantea pensiones mínimas equivalentes al salario mínimo y jubilación a los 65 años. Vox añade su particular cuerno de la abundancia: una reducción drástica de impuestos presentada como camino hacia la prosperidad.

LOS DERECHOS ENVUELTOS COMO OBSEQUIOS

     Llamar regalos a estas propuestas nos exige una precisión. Un salario suficiente, una pensión digna o la autonomía de las mujeres responden a necesidades y derechos, no a la generosidad privada de quienes aspiran a gobernar. La metáfora describe la puesta en escena: el candidato aparece como benefactor y el ciudadano como destinatario agradecido. Se difumina así una realidad elemental: los recursos proceden del trabajo social y su distribución implica decisiones sobre quién cobra, quién contribuye y quién conserva sus privilegios.

 En Nou Barris, Montero y Gabriel Rufián presentaron su suerte de acuerdo electoral con una reivindicación de independencia respecto al PSOE. La dirigente de Podemos defendió elevar el salario mínimo a 1.800 euros, reducir la jornada a 30 horas y expropiar viviendas de fondos inmobiliarios. Las medidas apuntan a relaciones de poder concretas: el reparto entre salarios y beneficios, el control empresarial del tiempo y la propiedad de los inmuebles. Su atractivo nace de problemas reales, no de una fantasía publicitaria. 

     Precisamente por eso, merecen explicaciones a la altura. Un salario mínimo de 1.800 euros requiere aclarar el calendario, el número de pagas y los mecanismos que impedirían su incumplimiento. La semana de 30 horas necesita especificar cómo se mantendrían los salarios y cómo se reorganizarían los sectores con turnos o atención permanente. Las expropiaciones exigen delimitar los inmuebles afectados, el procedimiento y su incorporación a un parque público. Sin esos detalles, una transformación posible queda reducida a un simple número brillante.

SÁNCHEZ Y LA PROMESA RENOVADA

   Sánchez eligió Granada para prometer que retomará el blindaje constitucional del aborto y defender la eutanasia. También anunció una ambigua ampliación de las medidas de vivienda. En este caso, el regalo electoral se presenta como protección frente a una amenaza: votar al PSOE permitiría conservar conquistas que una mayoría de derechas podría cuestionar. La defensa de esos derechos tiene fundamento político; convertirla en compromiso verificable requiere explicar cómo se conseguirá la protección anunciada. 

    Una reforma constitucional depende de mayorías parlamentarias reforzadas que ningún presidente puede garantizar mediante un mero  mitin. Prometer impulsarla es distinto de asegurar su aprobación. Y quien lleva años al frente del Gobierno debe responder también por la distancia entre sus anuncios anteriores y los resultados. En vivienda, el examen tendría que hacerse con hogares alojados, alquileres asequibles y plazos cumplidos. La reiteración de una promesa no aumenta automáticamente su credibilidad; aumenta la obligación de rendir cuentas.

FEIJÓO Y LA ABUNDANCIA FISCAL

    Feijóo despliega una oferta reconocible: menos impuestos y más facilidades para construir. En Vigo anunció rebajas fiscales para jóvenes, autónomos y rentas bajas, junto con cambios legislativos para ampliar la oferta residencial. Su discurso incluye alivios en la imposición sobre alimentos y electricidad. La operación resulta comprensible: cuando la compra y los suministros encarecen la vida, reducir su carga tributaria ofrece un beneficio inmediato que cabe explicar en pocos segundos. 

    Lo que exige más tiempo es seguir el dinero. Una rebaja del IVA puede aliviar el gasto familiar, pero su efecto depende de que se traslade al precio final y no sea absorbida por los márgenes comerciales. La pérdida de recaudación necesita compensación o una decisión explícita sobre el gasto. En vivienda, construir más puede ser necesario; garantizar precios accesibles exige precisar dónde se edificará, qué protección tendrán los inmuebles y quién podrá pagarlos. Una grúa no certifica por sí sola una solución social.

VOX: LA NÓMINA COMO RECLAMO

    Vox pretende no quedarse corto, y para ello ofrece una reforma fiscal especialmente llamativa. Según las propuestas recogidas por Europa Press, plantea un mínimo exento de IRPF de 22.000 euros y dos tipos, del 15 % hasta 70.000 euros y del 25 % por encima. Añade reducciones por descendientes, rebajar el IVA general al 18 % y reducir el impuesto sobre sociedades del 25 % al 15 %. También propone eliminar la cuota de autónomos para quienes ingresen menos que el salario mínimo. 

   El envoltorio promete más dinero disponible, aunque una rebaja del IRPF no beneficia de igual manera a quien ya paga muy poco y a quien tiene ingresos elevados. El Gobierno cifra en 85.000 millones la pérdida recaudatoria de la reforma de ese impuesto. Es una estimación de un adversario político, que debe identificarse como tal y contrastarse, no una contabilidad independiente. Pero obliga a Vox a presentar sus propias cuentas completas y explicar qué servicios sostendría con los ingresos restantes. 

   La discusión no termina en cuánto aumentaría una nómina. Si una familia conserva más dinero pero debe pagar prestaciones antes cubiertas colectivamente, su balance puede empeorar. Tampoco basta invocar el recorte del gasto político: habría que identificar partidas, cuantías y consecuencias. La promesa fiscal se vuelve engañosa cuando exhibe el ahorro individual y oculta el coste colectivo. El contribuyente también es paciente, pensionista, estudiante o cuidador; no deja de necesitar servicios públicos al salir de la declaración de la renta.

PENSIONES Y MEMORIA ELECTORAL

    Frente Amplio propone recuperar efectivamente la jubilación a los 65 años y evitar que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo. La coalición estima un coste anual de 20.000 millones, aproximadamente la mitad para cada medida, y plantea elevar la contribución de grandes empresas y fortunas. A diferencia de una apelación genérica al bienestar, identifica una orientación redistributiva: mejorar prestaciones haciendo pagar más a quienes concentran recursos. La cifra sigue siendo una estimación propia, pendiente de examen. 

   Quedan preguntas decisivas: qué pensiones se incluirían, cómo se tratarían las carreras de cotización incompletas y qué ingresos permanentes garantizarían el compromiso. Exigir estas respuestas permite defender la medida con argumentos y detectar sus insuficiencias. El mismo criterio debe aplicarse a todos, aunque las propuestas persigan objetivos distintos. Aumentar una pensión pequeña y reducir la tributación de una gran renta modifican la distribución de la riqueza en direcciones diferentes. La crítica pierde rigor cuando las mete en el mismo saco.

   También conviene examinar con quién pretende aprobar cada partido sus ofertas. Una candidatura puede defender un programa ambicioso y carecer de fuerza parlamentaria para realizarlo; otra puede negociar apoyos a cambio de abandonar precisamente la medida que atrajo a sus votantes. Esa posibilidad no invalida cualquier pacto, pero obliga a señalar prioridades y límites antes de pedir confianza. ¿Qué compromiso se considera irrenunciable? ¿Qué concesiones se aceptarían para entrar en un Gobierno?

    La claridad sobre esas decisiones tiene tanto valor como una memoria económica. Sin ella, el ciudadano compra un paquete cuyo contenido definitivo conocerá cuando ya haya entregado su voto y las direcciones de los partidos negocien lejos del escenario donde anunciaron una prosperidad aparentemente inmediata, universal y sin sacrificios.

    El problema electoral aparece cuando esa disputa distributiva se sustituye por una exposición de beneficios sin condiciones visibles. El votante recibe la cifra deseada; las negociaciones, los obstáculos y las renuncias quedan para después. Entre el mitin y el Gobierno pueden desaparecer compromisos sin que nadie entregue una explicación proporcionada. Por eso cada oferta debería acompañarse de plazos públicos, financiación desglosada y balances periódicos. El cuerno de la fortuna seguirá derramando promesas mientras incumplirlas resulte más barato que explicar, antes de votar, cómo se harán realidad.

    El problema comienza cuando la riqueza producida por millones de trabajadores aparece en campaña como un obsequio de quienes administran el aparato del Estado. Salarios, pensiones y servicios públicos se presentan como concesiones del candidato, mientras permanece fuera del debate la apropiación privada del trabajo colectivo. El empresario que paga poco y el fondo que encarece los alquileres conservan su poder; al ciudadano se le invita a esperar las próximas elecciones.

    Por eso resulta insuficiente preguntar cuánto cuesta cada promesa. También hay que preguntar cuánto cuesta mantener el orden social existente y quiénes cobran por conservarlo.

   Los alquileres que absorben salarios, los beneficios sostenidos mediante empleos precarios y las fortunas protegidas fiscalmente tienen beneficiarios identificables. Lo que para una familia constituye una emergencia diaria representa para otros una fuente regular de ingresos.

    Las reformas y reformitas pueden mejorar vidas y deberán juzgarse por sus resultados. Pero su alcance  y exito dependerá exclusivamente de la fuerza organizada de la gente, la única capaz de imponerlas y defenderlas frente a quienes con su aplicación, perderían beneficios.

    Sin sindicatos combativos, Asociaciones de barrios e inquilinos y organizaciones populares independientes, incluso un programa ambicioso puede acabar subordinado a las exigencias de bancos, propietarios y patronales.

   Ninguna papeleta podrá sustituir esa capacidad de presión. Unas preguntas claves para evitar las ensoñaciones tan frecuentes en nuestros días y con las que algunos juegan deberían ser: ¿disponemos realmente de ella? ¿Disponemos de sindicatos combativos, Movimientos barriales y organizaciones populares?

    La pregunta decisiva es quién manda cuando una necesidad social choca con la rentabilidad privada. Si la vivienda sigue sometida al negocio y la producción a decisiones empresariales inaccesibles para quienes trabajan, las mejoras permanecerán siempre expuestas al chantaje económico.

  El "Cuerno electoral" de las fantasías electorales promete repartir sus frutos sin discutir ni esclarecer quién posee la tierra, controla la cosecha y decide quién puede comer. Y cuando las cosas suceden así, el "cuerno de la fortuna electoral" no pasa de ser más que un fraude, infinitamente más tosco que la del viejo "timo de estampita".

FUENTES

• El País (24/10/2026): Montero y Rufián: salario mínimo de 1.800 euros, jornada de 30 horas y vivienda. Ver fuente

• Agencia EFE (24/10/2026): Sánchez promete blindar constitucionalmente el derecho al aborto. Ver fuente

• Antena 3 (24/10/2026): Feijóo anuncia rebajas fiscales y propuestas de vivienda. Ver fuente

• Europa Press (13/10/2026): Vox propone reformar el IRPF con un mínimo exento de 22.000 euros. Ver fuente

• Europa Press (13/10/2026): Hacienda estima en 85.000 millones el coste de la reforma fiscal de Vox. Ver fuente

• Cadena SER (24/10/2026): Frente Amplio propone jubilación a los 65 años y elevar las pensiones mínimas. Ver fuente

• Infobae (24/10/2026): Plan de pensiones de Frente Amplio y financiación propuesta. Ver fuente