EL SINDICATO DE INQUILINAS DE FUERTEVENTURA LLAMA AL PARÓN CONTRA LOS ALQUILERES INASUMIBLES
Miles de viviendas destinadas al turismo mientras crecen las dificultades de los trabajadores para encontrar un hoga
El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura convoca un parón y una manifestación el 11 de noviembre contra los alquileres inasumibles, la expansión de las viviendas vacacionales y un modelo inmobiliario que dificulta a miles de trabajadores el acceso a una vivienda digna.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura ha anunciado la convocatoria de un parón reivindicativo y una manifestación para el miércoles 11 de noviembre, a las 11.00 horas, en Puerto del Rosario. La organización reclama medidas inmediatas frente a la carestía de la vivienda, la expansión del alquiler turístico y la falta de alternativas habitacionales para quienes residen y trabajan en la isla.
El sindicato invita a la población a hacer una pausa en su actividad cotidiana y sumarse a una protesta que pretende trasladar el problema a la calle. Según denuncia el colectivo, numerosas familias encuentran dificultades crecientes para acceder a una vivienda estable, mientras los precios exigidos por los propietarios se alejan de las posibilidades económicas de buena parte de la población asalariada.
UNA MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE LA CAPITAL
La marcha partirá del número 64 de la calle Primero de Mayo, frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado. Desde allí recorrerá León y Castillo y la avenida de la Constitución hasta el centro comercial Las Rotondas. El regreso se efectuará por Profesor Juan Tadeo Cabrera y Primero de Mayo, hasta alcanzar nuevamente el punto de partida.
La convocatoria está dirigida tanto a personas afectadas directamente por los alquileres como a trabajadores, asociaciones y colectivos sociales. La organización insiste en que el acceso a una vivienda ha dejado de ser un problema circunscrito a determinados hogares y afecta también a quienes, pese a contar con ingresos laborales, no encuentran una oferta residencial que puedan asumir.
LA PRESIÓN DEL ALQUILER TURÍSTICO Y LOS PRECIOS
El comunicado identifica tres factores principales de la situación: la proliferación de viviendas vacacionales, el encarecimiento de los arrendamientos y la insuficiencia de vivienda pública. A juicio del sindicato, esa combinación está provocando que parte de la población tenga que abandonar los municipios donde desarrolla su vida cotidiana. El colectivo resume esta contradicción con una expresión: «muchas casas sin gente y mucha gente sin casa».
Los datos disponibles ayudan a situar la discusión. Según la estadística experimental del Instituto Canario de Estadística, en septiembre de 2026 Fuerteventura concentraba el 14 % de las 46.711 viviendas vacacionales ofertadas en las plataformas analizadas en Canarias, alrededor de 6.500 inmuebles. Esta cifra describe la dimensión de la actividad turística alojativa, aunque por sí sola no permite establecer cuántas viviendas podrían incorporarse al alquiler residencial.
También existen diferencias importantes en los precios anunciados. El portal inmobiliario Idealista situaba en septiembre el alquiler medio ofertado en La Oliva en 18,8 euros por metro cuadrado, frente a los 12,3 euros de Puerto del Rosario. En La Oliva, el indicador había aumentado un 8,1 % respecto al mismo mes del año anterior. Son precios de oferta, no necesariamente los importes finalmente pactados en los contratos.
DECLARAR ZONAS TENSIONADAS E INTERVENIR LOS ALQUILERES
Entre sus principales reivindicaciones, el Sindicato de Inquilinas exige la aplicación efectiva de la Ley estatal de Vivienda de 2023 y la declaración urgente de zonas de mercado residencial tensionado en Fuerteventura. Considera que estas herramientas deben utilizarse para limitar los abusos y proteger especialmente a los hogares en situación de vulnerabilidad.
La declaración no se produce automáticamente. La normativa canaria establece que los ayuntamientos interesados deben iniciar el expediente y aportar datos sobre rentas, precios y necesidades de vivienda; la resolución corresponde al Gobierno autonómico. En octubre, por ejemplo, se abrió a información pública la solicitud presentada por Las Palmas de Gran Canaria, todavía pendiente de resolución. La ley prevé esta declaración cuando se acrediten determinadas condiciones, como que el gasto medio en vivienda y suministros supere el 30 % de los ingresos medios de los hogares. En las zonas declaradas pueden aplicarse limitaciones a las rentas de nuevos contratos.
El sindicato considera insuficiente una mera contención de las subidas y reclama una reducción efectiva de las mensualidades para adecuarlas a los salarios. Asimismo, solicita restricciones más severas a la expansión del alojamiento vacacional en edificios y suelos residenciales, con el propósito de dar prioridad al uso permanente de las viviendas.
Otra de las demandas es impedir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica cuando no exista una alternativa habitacional digna y permanente. La organización pide garantías legales que eviten que una familia pierda su residencia sin disponer de otro lugar en el que vivir, además de medidas públicas que amplíen las posibilidades reales de alojamiento.
El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura concluye con un llamamiento a participar en el parón del 11 de noviembre y a organizar acciones en los distintos entornos laborales y sociales. El Sindicato de Inquilinas recuerda que mantiene abiertas sus asambleas informativas y sus canales de contacto para atender consultas y asesorar a personas que atraviesan dificultades relacionadas con el alquiler.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura ha anunciado la convocatoria de un parón reivindicativo y una manifestación para el miércoles 11 de noviembre, a las 11.00 horas, en Puerto del Rosario. La organización reclama medidas inmediatas frente a la carestía de la vivienda, la expansión del alquiler turístico y la falta de alternativas habitacionales para quienes residen y trabajan en la isla.
El sindicato invita a la población a hacer una pausa en su actividad cotidiana y sumarse a una protesta que pretende trasladar el problema a la calle. Según denuncia el colectivo, numerosas familias encuentran dificultades crecientes para acceder a una vivienda estable, mientras los precios exigidos por los propietarios se alejan de las posibilidades económicas de buena parte de la población asalariada.
UNA MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE LA CAPITAL
La marcha partirá del número 64 de la calle Primero de Mayo, frente a la Dirección Insular de la Administración General del Estado. Desde allí recorrerá León y Castillo y la avenida de la Constitución hasta el centro comercial Las Rotondas. El regreso se efectuará por Profesor Juan Tadeo Cabrera y Primero de Mayo, hasta alcanzar nuevamente el punto de partida.
La convocatoria está dirigida tanto a personas afectadas directamente por los alquileres como a trabajadores, asociaciones y colectivos sociales. La organización insiste en que el acceso a una vivienda ha dejado de ser un problema circunscrito a determinados hogares y afecta también a quienes, pese a contar con ingresos laborales, no encuentran una oferta residencial que puedan asumir.
LA PRESIÓN DEL ALQUILER TURÍSTICO Y LOS PRECIOS
El comunicado identifica tres factores principales de la situación: la proliferación de viviendas vacacionales, el encarecimiento de los arrendamientos y la insuficiencia de vivienda pública. A juicio del sindicato, esa combinación está provocando que parte de la población tenga que abandonar los municipios donde desarrolla su vida cotidiana. El colectivo resume esta contradicción con una expresión: «muchas casas sin gente y mucha gente sin casa».
Los datos disponibles ayudan a situar la discusión. Según la estadística experimental del Instituto Canario de Estadística, en septiembre de 2026 Fuerteventura concentraba el 14 % de las 46.711 viviendas vacacionales ofertadas en las plataformas analizadas en Canarias, alrededor de 6.500 inmuebles. Esta cifra describe la dimensión de la actividad turística alojativa, aunque por sí sola no permite establecer cuántas viviendas podrían incorporarse al alquiler residencial.
También existen diferencias importantes en los precios anunciados. El portal inmobiliario Idealista situaba en septiembre el alquiler medio ofertado en La Oliva en 18,8 euros por metro cuadrado, frente a los 12,3 euros de Puerto del Rosario. En La Oliva, el indicador había aumentado un 8,1 % respecto al mismo mes del año anterior. Son precios de oferta, no necesariamente los importes finalmente pactados en los contratos.
DECLARAR ZONAS TENSIONADAS E INTERVENIR LOS ALQUILERES
Entre sus principales reivindicaciones, el Sindicato de Inquilinas exige la aplicación efectiva de la Ley estatal de Vivienda de 2023 y la declaración urgente de zonas de mercado residencial tensionado en Fuerteventura. Considera que estas herramientas deben utilizarse para limitar los abusos y proteger especialmente a los hogares en situación de vulnerabilidad.
La declaración no se produce automáticamente. La normativa canaria establece que los ayuntamientos interesados deben iniciar el expediente y aportar datos sobre rentas, precios y necesidades de vivienda; la resolución corresponde al Gobierno autonómico. En octubre, por ejemplo, se abrió a información pública la solicitud presentada por Las Palmas de Gran Canaria, todavía pendiente de resolución. La ley prevé esta declaración cuando se acrediten determinadas condiciones, como que el gasto medio en vivienda y suministros supere el 30 % de los ingresos medios de los hogares. En las zonas declaradas pueden aplicarse limitaciones a las rentas de nuevos contratos.
El sindicato considera insuficiente una mera contención de las subidas y reclama una reducción efectiva de las mensualidades para adecuarlas a los salarios. Asimismo, solicita restricciones más severas a la expansión del alojamiento vacacional en edificios y suelos residenciales, con el propósito de dar prioridad al uso permanente de las viviendas.
Otra de las demandas es impedir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica cuando no exista una alternativa habitacional digna y permanente. La organización pide garantías legales que eviten que una familia pierda su residencia sin disponer de otro lugar en el que vivir, además de medidas públicas que amplíen las posibilidades reales de alojamiento.
El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura concluye con un llamamiento a participar en el parón del 11 de noviembre y a organizar acciones en los distintos entornos laborales y sociales. El Sindicato de Inquilinas recuerda que mantiene abiertas sus asambleas informativas y sus canales de contacto para atender consultas y asesorar a personas que atraviesan dificultades relacionadas con el alquiler.
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