CANARIAS PREPARA 26 NUEVOS PARQUES DE SUBESTACIONES: ¿QUIÉN CONTROLA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El Gobierno central acaba de anunciar una importante ampliación de la red eléctrica canaria para facilitar la entrada de nuevas instalaciones renovables. La iniciativa debería plantear una discusión que, sin embargo, se encuentra ausente del discurso institucional: quién controlará las infraestructuras, qué necesidades atenderán y cómo se repartirán sus costes y beneficios.

   El pasado 23 de octubre se reunían  el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero canario, Mariano Hernández Zapata,   para presentar una propuesta de planificación hasta 2030 que incluye 26 nuevos parques de subestaciones, 452 kilómetros de líneas y la mejora de otros 26 kilómetros de tendidos. El Ministerio calcula que permitirá conectar unos 2.200 megavatios adicionales de generación renovable y atender 400 megavatios de nueva demanda.  Aunque el documento todavía se encuentra en tramitación, la magnitud de las inversiones previstas responde a un problema real que Canarias necesita resolver: su elevada dependencia de los combustibles fósiles. Una situación que justifica la modernización del sistema eléctrico, pero que no determina quién debe controlar esa transformación ni bajo qué criterios económicos debe realizarse.

   La dependencia del petróleo constituye un problema económico y ambiental bien acreditado. Según Red Eléctrica, Canarias terminó 2025 con 1.173 megavatios de potencia renovable instalada, el 32,9% de su capacidad de generación. Pero las renovables, incluido el autoconsumo estimado, aportaron únicamente el 22,7% de la electricidad producida. El resto procedió mayoritariamente de centrales convencionales, especialmente ciclos combinados y motores diésel.

  Las redes insulares, aisladas o débilmente interconectadas, necesitan capacidad de transporte, mecanismos de estabilidad y almacenamiento. La propuesta contempla refuerzos en La Palma, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, además de actuaciones preparatorias para conectar Gran Canaria con Fuerteventura. La potencia prevista tampoco equivale a electricidad efectivamente generada: las fuentes eólica y solar son variables.  Pero recisamente porque la modernización es necesaria conviene preguntar cómo se decide. 

UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICAMENTE NECESARIA, UNA EMPRESA COTIZADA

    El transporte de electricidad y la operación del sistema corresponden a la propia Red Eléctrica, filial de Redeia. La propiedad del grupo ofrece una fotografía significativa: a finales de 2025, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) poseía el 20% del capital; el 80% restante estaba repartido entre inversores institucionales y minoristas, además de una participación residual de autocartera. Los límites legales evitan la concentración accionarial, pero sigue siendo una sociedad cotizada.

     Esta combinación de servicio esencial, planificación pública y remuneración empresarial privada plantea una cuestión económica concreta: una infraestructura imprescindible para todos constituye también un activo del que se espera rendimiento para el capital invertido.

     Tampoco debe confundirse el transporte con la generación. Los parques eólicos y solares pueden pertenecer a compañías privadas, entidades públicas, cooperativas o comunidades energéticas. La planificación no identifica a todos los futuros promotores de los 2.200 megavatios; atribuirles propietarios concretos sería inventar información. Lo comprobable es que el diseño vigente permite que buena parte del despliegue se realice bajo criterios de rentabilidad privada.

CHIRA-SORIA: LAS OBJECIONES QUE LA PROPAGANDA OFICIAL NO RESUELVE

   La controversia de la central de Chira-Soria, en Gran Canaria, ayuda a comprender qué está en discusión. El proyecto pretende almacenar electricidad mediante bombeo entre dos embalses existentes, con una central de 200 megavatios y una desaladora. Un mecanismo en el que cuando sobra electricidad ésta se utiliza para elevar agua; después, esa agua desciende y mueve turbinas cuando aumenta la demanda. Es una tecnología conocida, pero consume más energía durante el bombeo de la que devuelve posteriormente: su utilidad depende de cuándo almacena electricidad, qué generación desplaza y cuánto cuesta hacerlo.

  La Plataforma Salvar Chira-Soria ha cuestionado tanto la dimensión económica del proyecto como su concentración de funciones en Red Eléctrica, denunciando afecciones ambientales y recurriendo decisiones administrativas. Sus objeciones incluyen la necesidad de desalar agua, los impactos territoriales y la comparación con alternativas de almacenamiento distribuido, entre ellas las baterías.

  Chira-Soria permite observar también cómo se financian estas operaciones. El Banco Europeo de Inversiones formalizó préstamos por 300 millones de euros a Red Eléctrica para una actuación cuyo coste total estimaba en aproximadamente 664 millones. El préstamo debe devolverse pero es un ejemplo de financiación de una entidad pública europea destinada a una infraestructura explotada por una sociedad mercantil.

    La pregunta relevante es qué riesgos asume cada parte, qué retribución se reconoce a la inversión y qué mecanismos permiten a la población beneficiarse de una electricidad más limpia sin cargar injustamente con sus costes.

EL CAPITALISMO VERDE Y LA CONTINUIDAD DEL MODELO PRODUCTIVO

  Las renovables reducen emisiones respecto de los combustibles fósiles, pero no eliminan el problema de su propiedad. Una central solar puede reemplazar generación fósil y, al mismo tiempo, funcionar como inversión de una gran empresa cuya finalidad es obtener rentabilidad más que satisfacer las necesidades de la mayoría de la población a precios justos y considerando otro tipo de posibles impactos ambientales. La reducción de emisiones y la acumulación privada de beneficios pueden producirse simultáneamente.

   Cambia la tecnología que permite producir una mercancía esencial, pero permanece intacto quién posee los medios de producción y decide su destino. La intervención estatal tampoco suprime automáticamente esta contradicción: puede orientar inversiones de utilidad colectiva y facilitar, mediante redes, créditos y regulación, nuevas oportunidades de valorización empresarial.   El problema no se resuelve rechazando las placas solares o los aerogeneradores pero sí exige comprobar si las decisiones sobre suelo, infraestructuras y consumo responden prioritariamente a necesidades sociales o a una expansión de negocios que se presenta como inevitable por llevar la etiqueta de renovable.

¿PRODUCIR MÁS ELECTRICIDAD PARA SEGUIR CRECIENDO IGUAL?

  La planificación ministerial contempla también 400 megavatios de demanda adicional, vinculada entre otros usos a la electrificación portuaria y a viviendas. Parte de ese aumento sustituirá consumos fósiles y puede reducir emisiones. Pero la previsión merece otro examen: ¿qué sectores requieren esa electricidad, quién determina sus prioridades y qué efectos territoriales tendrá satisfacerlas?

   En Canarias la discusión alcanza a un modelo económico fuertemente dependiente del turismo de masas y una urbanización ligada a la especulación inmobiliaria. Construir más capacidad renovable sin discutir la permanencia de este modelo no se puede presentar como una solución a los problemas derivados de su carácter esencialmente insostenible en el tiempo.  

  Un modelo distinto exigiría publicar los costes y las alternativas de cada actuación, reforzar el control público efectivo, facilitar comunidades energéticas y priorizar el ahorro, la rehabilitación de edificios y el acceso asequible a la electricidad. Nada de eso garantiza por sí mismo una solución inmediata, pero permite evaluar la transición por sus resultados sociales y ambientales y no exclusivamente por los megavatios incorporados a las carteras de inversión y los crecientes beneficios de las grandes compañías del sector energético.