LA UNIVERSIDAD VUELVE A CONVERTIRSE EN UN LUJO: LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES ANTE UNA NUEVA BARRERA DE CLASE

Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Durante siglos, la universidad fue una institución reservada fundamentalmente a las clases privilegiadas. Estudiar Medicina, Derecho o cualquier otra disciplina superior constituía una posibilidad al alcance de quienes  disponían de recursos suficientes para mantener a sus hijos durante largos años sin necesidad de trabajar. Para la inmensa mayoría de la población, especialmente para los hijos de campesinos y obreros, la enseñanza universitaria permanecía fuera de sus posibilidades.

  Las universidades europeas surgieron durante los siglos XII y XIII, estrechamente vinculadas a la Iglesia, las monarquías y los grupos sociales que comenzaban a adquirir poder económico en las ciudades. Aunque existieron estudiantes de procedencia humilde, su función predominante fue preparar a los cuadros intelectuales, religiosos y administrativos que necesitaban las instituciones dominantes.

  El desarrollo posterior del capitalismo modificó profundamente aquella universidad medieval, pero mantuvo durante mucho tiempo su carácter socialmente selectivo. Las nuevas clases burguesas necesitaban juristas, médicos, ingenieros y administradores capaces de dirigir empresas y gestionar un Estado cada vez más complejo. La enseñanza superior se convirtió en uno de los instrumentos utilizados para formar esos profesionales y reproducir las diferencias sociales.

  El acceso al conocimiento estaba relacionado con la posición que cada familia ocupaba en la estructura económica. Los hijos de quienes poseían propiedades y capital podían dedicar años a formarse; los de quienes necesitaban vender diariamente su fuerza de trabajo comenzaban a trabajar mucho antes. La desigualdad educativa reproducía así la desigualdad existente entre las clases.

  Esa situación comenzó a modificarse lentamente con el desarrollo del capitalismo industrial y, sobre todo, durante el siglo XX.  La industrialización introdujo progresivamente cambios en ese modelo. El desarrollo científico y tecnológico exigía un número creciente de técnicos y trabajadores cualificados. Al mismo tiempo, las organizaciones obreras reclamaban el acceso a una educación que hasta entonces había permanecido fuera de su alcance.

  La expansión universitaria se aceleró especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, la ley de 1944 conocida como GI Bill facilitó estudios superiores a millones de excombatientes. En numerosos países europeos, el crecimiento económico, las políticas sociales de posguerra y la presión de las organizaciones populares ampliaron considerablemente la enseñanza pública.

  El fenómeno terminó extendiéndose por buena parte del mundo. Según la UNESCO, la matrícula mundial de educación superior pasó de aproximadamente 100 millones de estudiantes en el año 2000 a 269 millones en 2024. La universidad había dejado de ser una institución destinada exclusivamente a pequeñas minorías, aunque las diferencias económicas continuaron condicionando quién podía ingresar, dónde estudiaba y qué posibilidades profesionales encontraba después. Esa conquista, por supuesto, no acabó con las desigualdades sociales y hoy ha comenzado a revertirse. 

ESPAÑA: DE LA UNIVERSIDAD FRANQUISTA A LA EXPANSIÓN DE LAS BECAS

  En España, el acceso a la universidad mantuvo durante el franquismo un carácter marcadamente clasista. Aunque su expansión comenzó en los años sesenta, las familias trabajadoras continuaban encontrando importantes obstáculos económicos y culturales para que sus hijos llegaran a las facultades.

  Las cifras muestran la magnitud del cambio posterior. En el curso 1959-1960 había 170.602 universitarios. En 1979-1980 eran 657.447 y, al finalizar los años noventa, la matrícula superaba 1,58 millones. A partir de los ochenta, la ampliación del sistema público y de las becas favoreció el acceso de sectores sociales que anteriormente habían estado prácticamente excluidos.

  La Ley de Reforma Universitaria de 1983 consolidó nuevas medidas de financiación y ayuda al estudio. Estas políticas respondían a reivindicaciones sociales, aunque también a las necesidades de una economía que demandaba una fuerza de trabajo cada vez más cualificada.

CUANDO LOS TÍTULOS PIERDEN SU VALOR DE MERCADO

 Pero el crecimiento del número de titulados planteó una contradicción que el filósofo marxista Manuel Sacristán había analizado ya en 1972, antes de que la expansión universitaria española alcanzara su mayor intensidad.

   En sus Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo, Sacristán explicó que la enseñanza superior había desempeñado históricamente una función esencial en la reproducción de las jerarquías sociales. La universidad formaba élites profesionales y proporcionaba los conocimientos, las acreditaciones y el prestigio que contribuían a justificar sus posiciones privilegiadas.

  Sin embargo, cuando el número de universitarios comenzó a multiplicarse, aquella función entró en contradicción con la propia expansión educativa. Sacristán observó que, desde finales de los años sesenta, las sociedades capitalistas avanzadas empezaban a «devaluar» los títulos universitarios. Al aumentar los licenciados sin crecer proporcionalmente los empleos correspondientes a su cualificación, los títulos perdían parte de su antiguo valor económico. 

  El fenómeno respondía al funcionamiento del mercado capitalista de trabajo. Mientras una titulación estaba al alcance de una pequeña minoría, su posesión proporcionaba determinadas ventajas. Cuando se generalizaba, los empleadores disponían de más aspirantes cualificados y podían seleccionar entre ellos sin ofrecer necesariamente mejores salarios o condiciones laborales.

  Sacristán apuntaba  una distinción fundamental: la pérdida del valor de cambio de los títulos no significaba que el conocimiento adquirido tuviera menos valor para la sociedad. Lo que disminuía era su capacidad para proporcionar privilegios económicos. Esa contradicción, sin embargo, también  podía contribuir al cuestionamiento de las jerarquías tradicionales entre trabajadores manuales e intelectuales. Si el conocimiento se extendía socialmente, resultaba cada vez más difícil justificar determinadas diferencias de remuneración, prestigio y poder exclusivamente mediante la posesión de una titulación.

LA RESPUESTA: NUEVAS JERARQUÍAS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

  Sacristán identificó también la reacción de las clases dominantes ante aquella transformación. Para mantener las diferencias sociales, el capitalismo tendía a introducir nuevas jerarquías dentro de la propia enseñanza superior.

  En su texto de 1972 describió expresamente la aparición de titulaciones y graduados de primera, segunda y tercera categoría. La generalización del conocimiento podía así compensarse mediante una creciente diferenciación entre títulos, centros académicos y niveles de especialización. Un proceso que hoy resulta reconocible en la división entre los grados universitarios —que sustituyeron a las antiguas diplomaturas y licenciaturas— y los másteres y posgrados, algunos de ellos con precios prohibitivos, especialmente en las universidades privadas. Estos estudios de posgrado se han convertido en muchos ámbitos profesionales en una nueva exigencia para acceder a determinados empleos y posiciones mejor remuneradas. De este modo, la capacidad económica familiar vuelve a desempeñar un papel decisivo en la jerarquización de los titulados: quienes pueden pagar una formación adicional costosa disponen de ventajas frente a quienes deben incorporarse al mercado laboral con el título de grado. Así, la expansión de la enseñanza superior convive con nuevas formas de reproducción de los privilegios de clase.

  La universidad se abrió a las clases trabajadoras, pero el desarrollo del capitalismo dio lugar a nuevas formas de mantener diferencias entre quienes accedían a ella limitando drásticamente, en la práctica, la movilidad social que se presenta como gran promesa del sistema. 

   Hoy, además, el encarecimiento de la vivienda está levantando una barrera todavía más elemental: la posibilidad material de estudiar una carrera fuera del domicilio familiar.

CANARIAS: EL PRECIO DE UNA HABITACIÓN DECIDE QUIÉN PUEDE ESTUDIAR

  La situación resulta especialmente grave en Canarias, donde miles de jóvenes de las islas no capitalinas necesitan trasladarse a Tenerife o Gran Canaria para cursar determinadas titulaciones. El coste del alojamiento se convierte  así en un gasto obligatorio que muchos estudiantes residentes cerca de los campus universitarios pueden evitar.

  Según una información publicada por la Cadena SER, la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios calcula que el alquiler de habitaciones ha aumentado más de un 40% en año y medio. Su portavoz, Isidro Martín, señala que habitaciones anteriormente disponibles por unos 300 euros mensuales cuestan ahora alrededor de 450 euros o más.

  La Asociación Canaria de Estudiantes calcula que un universitario desplazado necesita entre 700 y 800 euros mensuales para alojamiento, alimentación y material académico. Tomando como referencia 750 euros durante diez meses, una familia debe desembolsar 7.500 euros por curso para este mantenidmiento,  sin incluir el precio de las matriculas universitarias no otros  gastos adicionales. Para hogares que dependen de salarios modestos, financiar una carrera de cuatro años en esas condiciones se convierte, una vez más, en un gasto inasumible. 

  La escasez de alojamiento público agrava el problema. La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria disponen conjuntamente de 1.120 plazas residenciales frente a 2.314 solicitudes. La desproporción muestra la insuficiencia de la oferta universitaria.

  La Asociación Canaria de Estudiantes denuncia que numerosos jóvenes ya han tenido que abandonar sus carreras por motivos económicos. No existe aún una estadística oficial que permita cuantificar esos abandonos, pero los casos denunciados muestran las consecuencias de una desigualdad que vuelve a relacionar directamente el origen familiar con las oportunidades educativas.

CUANDO LAS BECAS TERMINAN FINANCIANDO LAS RENTAS INMOBILIARIAS

  Existe, además, otra contradicción económica. Las administraciones financian universidades públicas y conceden becas para facilitar el acceso de jóvenes con menores recursos. Sin embargo, cuando el alojamiento depende del mercado privado, una parte creciente de esas ayudas termina destinada al pago de rentas inmobiliarias.

   El aumento del precio de las habitaciones puede absorber las mejoras de las becas sin incrementar realmente las posibilidades de estudiar. Recursos públicos concebidos para reducir desigualdades educativas terminan así convertidos parcialmente en ingresos para los propietarios, mientras numerosas familias continúan soportando gastos que exceden sus posibilidades.

  La construcción de residencias públicas asequibles y una financiación suficiente de las ayudas permitirían reducir esas barreras. Pero el problema remite a una contradicción más profunda: el acceso formal a un servicio público queda condicionado por la obligación de adquirir en el mercado privado otros bienes imprescindibles para utilizarlo.

   Durante décadas, las familias trabajadoras conquistaron parcialmente la posibilidad de enviar a sus hijos a la universidad, aunque los títulos perdieran parte de sus antiguas ventajas profesionales. Ahora, el encarecimiento de la vivienda amenaza con impedirles incluso obtenerlos. La universidad vuelve a convertirse en un privilegio económico, sin que sea necesario restablecer los antiguos mecanismos formales de exclusión: basta con que estudiar resulte demasiado caro para la mayoría social que vive de su salario.

FUENTES

• Manuel Sacristán, Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo (1972).

• UNESCO, Educación superior.

• Josep M. Bricall, Informe Universidad 2000.

• Ministerio de Educación, Los cambios en la universidad española (1975-2025).

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Historia de la ULPGC.

• Cadena SER, Los precios de las habitaciones se disparan en Canarias y obligan a renunciar a la universidad (24 de octubre de 2026).

• Ministerio de Cultura, El nacimiento de la universidad en Europa.

• Archivos Nacionales de Estados Unidos, Servicemen's Readjustment Act (1944).

• BOE, Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria.

• Universidad de La Laguna, Convocatoria de alojamiento universitario 2026-2027.