Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco han presentado alegaciones contra la protección patrimonial del monumento de Cáceres. La controversia prolonga una disputa que el Ayuntamiento dejó sin resolver hace más de veinte años.

  La iniciativa para declarar Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres ha encontrado la oposición de dos investigadores citados en su justificación. Ambos denuncian que la Junta de Extremadura utiliza sus trabajos para defender conclusiones contrarias a las que sostienen; la Administración autonómica rechaza esa acusación.

  César Rina, profesor de Historia Contemporánea de la UNED, y Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de la Universidad de Granada, han presentado alegaciones contra el expediente. Sus objeciones afectan al fundamento histórico de una operación incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox: proteger el monumento situado en la plaza de América después de que el Gobierno central ordenara su retirada como símbolo contrario a la memoria democrática. El procedimiento continúa abierto y todavía no existe una declaración definitiva como BIC.

QUÉ DENUNCIAN LOS INVESTIGADORES

   Rina cuestiona que el expediente presente su investigación como un lamento por la pérdida de documentación gráfica sobre la cruz. Según explica, existen abundantes fotografías y fuentes que permiten reconstruir su construcción, su inauguración y las ceremonias celebradas alrededor del monumento. Su reproche consiste en que una referencia concreta se convierte, al separarla de su contexto, en una afirmación general que él no sostiene.

  Del Arco discute la lectura arquitectónica que aproxima la cruz al racionalismo. Su interpretación vincula estos monumentos con una estética monumental, clasicista e imperial al servicio de la dictadura. Ambos investigadores consideran que seleccionar determinadas observaciones formales y omitir su explicación política altera el sentido de sus trabajos. 

  La Consejería de Cultura responde que los autores aparecen como fuentes para explicar la cronología, la tipología y la función inicial de estas construcciones. Niega que les atribuya apoyo a la declaración patrimonial y sostiene que la propuesta descansa en informes técnicos de otros historiadores. Por tanto, la denuncia de tergiversación debe atribuirse a los investigadores: no constituye una conclusión judicial sobre el expediente.                    

UNA CRUZ LEVANTADA DURANTE LA GUERRA

   El monumento fue inaugurado en mayo de 1938, en presencia de Pilar Primo de Rivera, cuando la Guerra Civil seguía abierta. Las inscripciones originales incluían referencias al 18 de julio de 1936, saludos a Franco y lemas del bando sublevado. El propio expediente reconoce que la configuración de la cruz y del espacio circundante respondía a un proyecto destinado a ensalzar al régimen.

  En 1984, el Ayuntamiento sustituyó la inscripción original por otra dedicada a los hijos de Cáceres muertos por la patria. La Junta considera que esa intervención modificó su significado público y permite valorar hoy sus cualidades arquitectónicas y urbanísticas separadamente de su función inicial. Precisamente esa separación concentra la controversia: qué elementos cambiaron y hasta dónde llega la transformación del significado de un monumento político.

EL PRECEDENTE HISTÓRICO: LA MEMORIA DE LOS VENCEDORES

   Las cruces de los caídos se extendieron durante la guerra y la posguerra como instrumentos de legitimación del nuevo poder. Aunque recogían formas conmemorativas presentes en Europa después de la Primera Guerra Mundial, en España quedaron asociadas al relato franquista de una guerra presentada como cruzada. Recordaban a los muertos del bando vencedor y convertían su sacrificio en justificación del régimen.

  La investigación de Del Arco, publicada en Cruces de memoria y olvido, explica cómo esa política ocupó plazas y calles con una memoria excluyente. Las víctimas republicanas carecían de un reconocimiento público equivalente, mientras las ceremonias oficiales vinculaban religión, nación y obediencia a la dictadura. El entonces Valle de los Caídos representó la expresión de mayor escala de ese proyecto conmemorativo. 

   Este antecedente permite comprender por qué la discusión sobre Cáceres supera el análisis de una forma arquitectónica. El emplazamiento y las ceremonias formaban parte de la función política del monumento, según los estudios citados. Su permanencia obliga a examinar cómo se ha explicado ese pasado y qué reconocimiento han recibido quienes fueron excluidos de él.

UN TRASLADO APROBADO EN 2004 Y NUNCA EJECUTADO

   La disputa cacereña precede a la legislación estatal de memoria histórica de 2007. El 16 de diciembre de 2004, el pleno municipal aprobó por unanimidad una remodelación de la plaza de América que incluía trasladar la cruz al cementerio. El alcalde era José María Saponi, del PP, y el acuerdo quedó sin ejecutar.

  En marzo de 2020, el alcalde socialista Luis Salaya volvió a anunciar su traslado y recordó aquella decisión municipal. La sucesión de acuerdos y anuncios incumplidos muestra que la continuidad del monumento también responde a la inacción de corporaciones de distinto signo. Las asociaciones memorialistas reclaman ahora que el procedimiento patrimonial no sirva para consolidar esa situación. 

CALLOSA DE SEGURA: QUÉ DIJO EL SUPREMO

   Un precedente judicial relevante es la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2023 sobre la cruz de Callosa de Segura, en Alicante. El tribunal avaló su retirada porque conservaba una relación de fallecidos de un solo bando, circunstancia que impedía considerarla un símbolo religioso neutral. También señaló que retirar esa exaltación del espacio público resultaba compatible con la libertad religiosa.

   El alcance del fallo exige precisión. El Supremo distinguió aquel caso de otros monumentos cuyos elementos de exaltación se habían eliminado, por lo que su decisión no resuelve automáticamente la controversia de Cáceres. Sí establece que el significado político concreto de cada construcción debe examinarse y que su forma religiosa no basta para excluirla de la legislación de memoria. 

   La Ley de Memoria Democrática de 2022 obliga a retirar los elementos de exaltación de la sublevación y la dictadura, aunque contempla excepciones artísticas o arquitectónicas bajo condiciones determinadas. Cuando esas razones obligan a conservarlos, exige incorporar una explicación conforme a la memoria democrática. El expediente cacereño deberá justificar sus argumentos patrimoniales dentro de ese marco; citar investigaciones históricas implica también responder a las objeciones documentadas de sus autores.