TENERIFE EN VENTA: OTROS 20 MEGAPROYECTOS TURÍSTICOS MIENTRAS LA POBLACIÓN SUFRE LA CRISIS DE LA VIVIENDA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-

   El sur de Tenerife se enfrenta a una nueva oleada de expansión urbanística y turística. La Fundación Canarina ha denunciado la existencia de una veintena de proyectos que, según sus estimaciones, contemplan más de 15.000 plazas alojativas y residenciales, miles de viviendas y villas de lujo, dos campos de golf y actuaciones sobre al menos 3,8 millones de metros cuadrados. Las iniciativas se concentran en Adeje, Arona, Guía de Isora y Granadilla de Abona, municipios donde el turismo lleva décadas determinando la utilización del territorio.

  No todos los proyectos cuentan con autorización definitiva. Algunos están en construcción, otros avanzan administrativamente y varios permanecen pendientes de trámites. Pero, más allá de su desarrollo efectivo, el conjunto revela una orientación económica persistente: seguir convirtiendo el suelo, el paisaje y los recursos naturales de Tenerife en oportunidades de acumulación de capital, incluso cuando amplios sectores de la población cuestionan las consecuencias de ese modelo.

DEL PLÁTANO AL GOLF: EL SUELO CAMBIA DE USO, PERO SIGUE SIENDO UN NEGOCIO

  La historia de Hoya Grande, en Adeje, constituye un ejemplo particularmente ilustrativo. estos terrenos estuvieron dedicados durante décadas al cultivo del plátano y el tomate. A finales del siglo XIX pasaron a manos de la compañía británica Fyffes, vinculada a la agricultura de exportación. En 1980 fueron adquiridos por empresarios agrícolas locales.

  Actualmente, Hoya Grande contempla 1.680 plazas hoteleras, 140 villas de lujo y un campo de golf, sobre una extensión superior al millón de metros cuadrados. En abril de 2025, el Ayuntamiento aprobó definitivamente una modificación del planeamiento urbanístico que facilita su desarrollo, aunque no supone la autorización automática de todas las construcciones.

  La transformación resulta significativa. Donde antes se producían mercancías agrícolas para mercados exteriores, ahora se pretende desarrollar una actividad turística e inmobiliaria orientada igualmente hacia compradores y consumidores externos. Cambia el producto, pero permanece una característica fundamental de la economía canaria: la utilización de recursos territoriales limitados para satisfacer una demanda exterior y proporcionar rentabilidad a sus propietarios.

  Además, el negocio inmobiliario no comienza necesariamente cuando se construye un hotel. La aprobación de nuevos usos urbanísticos puede incrementar considerablemente el valor de los terrenos, generando expectativas de ganancias patrimoniales para quienes los poseen. De esta manera, decisiones adoptadas por las administraciones pueden convertirse en importantes fuentes de enriquecimiento privado.

ADEJE, GUÍA DE ISORA Y ARONA: LA EXPANSIÓN DEL TURISMO DE LUJO

  En Adeje también continúa adelante Cuna del Alma, un complejo de unas 420 villas y apartamentos turísticos de lujo proyectado en El Puertito. La actuación ha provocado una prolongada controversia ambiental y judicial. En abril de 2026, un juzgado ordenó suspender cautelarmente determinadas obras situadas en la zona de protección costera, mientras el director general de Costas del Gobierno canario, Antonio Acosta, declaró posteriormente como investigado por las autorizaciones concedidas. El procedimiento no implica una condena ni afecta a la totalidad de la urbanización.

  En Guía de Isora, otras cuatro actuaciones concentran unas 3.432 plazas previstas. Costa San Juan contempla dos hoteles con 1.100 plazas; Los Maguenes incorpora un establecimiento de cinco estrellas, villas y otro campo de golf; Villa de Erques proyecta 890 plazas y Cueva del Polvo, otras 542. Son iniciativas que refuerzan la especialización del municipio en establecimientos dirigidos a visitantes de elevada capacidad adquisitiva.

  Por su parte, El Mojón, en Arona, ocupa cerca de un millón de metros cuadrados y contempla usos residenciales, turísticos y comerciales. Después de aproximadamente treinta años de tramitación, el Ayuntamiento anunció en julio de 2026 la concesión de su primera licencia de edificación. Las estimaciones difundidas atribuyen al conjunto unas 8.900 plazas de diferentes modalidades, una cifra que no debe confundirse exclusivamente con camas hoteleras ni sumarse indiscriminadamente a otros inventarios.

  El consistorio defiende la actuación como una oportunidad para atraer inversiones y crear empleo. Sin embargo, su presentación pública no concreta una reserva de vivienda protegida. La contradicción es evidente: se proyectan nuevas residencias y establecimientos de lujo en un territorio donde numerosos trabajadores encuentran crecientes dificultades para acceder a una vivienda cercana a sus empleos.

  En Granadilla de Abona, el polémico hotel de La Tejita completa parte de este panorama. Las organizaciones ecologistas cuestionan su impacto sobre el litoral, mientras otras propuestas inmobiliarias y recreativas incrementan las perspectivas de transformación de la costa.

EL AGUA, LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES

  La expansión turística también implica aumentar el consumo de agua, energía y suelo, además de exigir nuevas infraestructuras. Hoya Grande, por ejemplo, contempla un campo de golf de aproximadamente 445.000 metros cuadrados, una instalación cuyas necesidades hídricas resultan especialmente relevantes en una isla con recursos limitados.

  En agosto de 2026, el Cabildo anunció la culminación de la ampliación de la desaladora de Fonsalía, capaz de producir 21.000 metros cúbicos diarios, de los cuales 12.000 se destinan al riego agrícola. La inversión superó los 4,3 millones de euros. Aunque la desalación incrementa la disponibilidad de agua, también requiere financiación, energía y mantenimiento.

  Esto introduce una cuestión que raramente ocupa el centro del debate turístico: ¿quién paga las infraestructuras necesarias para sostener las inversiones privadas y quién recibe sus beneficios? Las administraciones construyen y mantienen carreteras, redes hidráulicas, saneamiento y otros servicios imprescindibles para la actividad económica. Una parte de sus costes se financia colectivamente, mientras la rentabilidad de hoteles y promociones inmobiliarias corresponde fundamentalmente a sus propietarios.

 El poder político, por tanto, no permanece al margen de estas operaciones. Mediante el planeamiento urbanístico, las autorizaciones, la inversión pública y las prioridades presupuestarias, interviene activamente en la creación de las condiciones que permiten realizar los negocios privados.

UNA ECONOMÍA QUE CRECE SIN GARANTIZAR EL BIENESTAR DE QUIENES TRABAJAN

  Los defensores de estos proyectos suelen invocar la creación de empleo y el incremento de la riqueza. Y es cierto que el turismo constituye una actividad económica de enorme importancia. Según el último estudio Impactur, representa el 37,7% del producto interior bruto canario y el 42,3% de su empleo directo e indirecto.

  Sin embargo, estas cifras revelan también una dependencia extraordinaria de un sector cuya actividad se encuentra condicionada por grandes cadenas hoteleras, operadores turísticos, plataformas comerciales, propietarios inmobiliarios y mercados exteriores.

  El problema no consiste simplemente en que existan empresarios extranjeros. Los grandes propietarios canarios pueden compartir intereses económicos con los capitales internacionales, mientras los trabajadores de distintas procedencias comparten unas condiciones de vida determinadas por sus salarios. La diferencia decisiva no es geográfica, sino social: unos controlan los recursos y obtienen beneficios de su propiedad; otros necesitan trabajar para sobrevivir.

 Esta división ayuda a comprender una realidad aparentemente contradictoria. Mientras el turismo continúa generando enormes ingresos, el 31,2% de la población canaria permanece en riesgo de pobreza o exclusión social, según los datos correspondientes a 2025. La riqueza producida no se distribuye proporcionalmente entre quienes contribuyen a generarla.

  La vivienda agrava todavía más esta situación. Para una familia trabajadora constituye una necesidad básica; para un gran propietario o una sociedad inmobiliaria puede representar una fuente de rentas y ganancias patrimoniales. Cuando aumenta la rentabilidad de los inmuebles turísticos y residenciales de lujo, también pueden intensificarse las presiones sobre el mercado de la vivienda, desplazando a los asalariados hacia localidades cada vez más alejadas.

¿QUIÉN TIENE DERECHO A DECIDIR EL FUTURO DE TENERIFE?

  La Fundación Canarina reclama una moratoria turística que permita frenar nuevos desarrollos y reconsiderar la utilización del territorio. Su propuesta plantea una discusión necesaria, aunque detener temporalmente las construcciones no resolvería por sí solo las contradicciones de una economía organizada en torno a la rentabilidad privada.   El problema es más profundo. Mientras las decisiones fundamentales sobre el suelo, la inversión y los recursos permanezcan subordinadas a los intereses de los grandes propietarios, cada nueva expansión tenderá a reproducir las mismas relaciones económicas. Cambiar este modelo exigiría dar prioridad efectiva a la vivienda asequible, la protección agrícola, los servicios públicos y las necesidades de la población trabajadora. Un cambio que no cabe siquiera imaginar sin el previo desarrollo de un potente movimiento popular que sea capaz de poner en la agenda pública estas reivindicaciones y de luchar por su consecución contra los intereses de quienes se enriquecen con el actual modelo económico 

   La denuncia de estos veinte proyectos devuelve así el debate a su punto esencial. Después de décadas de crecimiento turístico, Tenerife, como la mayoría de las islas canarias,  no necesita más hoteles y urbanizaciones de  lujo. Lo que necesita es explicar por qué, habiendo generado tanta riqueza, una parte considerable de quienes la producen continúa sin poder vivir dignamente en su propia isla y comenzar a revetir la situación que lo hace posible.