LA SANIDAD CANARIA AFRONTA OTRA HUELGA: 14.000 TRABAJADORES RECLAMAN SUBIDAS SALARIALES AL MARGEN DE LOS MÉDICOS
Auxiliares, celadores y técnicos convocan dos jornadas de paros parciales
Unos 14.000 trabajadores de la sanidad pública canaria reclaman mejoras salariales y una negociación propia. Los paros convocados para el 26 y 27 de octubre reabren el conflicto sobre las condiciones laborales del personal sanitario no médico.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
La sanidad pública canaria se enfrenta a un nuevo conflicto laboral, protagonizado por trabajadores habitualmente alejados de los titulares.
Asamblea7Islas y el Sindicato Independiente Canario de Sanidad (SICS) han convocado paros parciales para los días 26 y 27 de octubre con una exigencia concreta: negociar las mejoras salariales de unos 14.000 empleados sin supeditarlas al resultado de las conversaciones entre el Gobierno autonómico y los sindicatos médicos.
La convocatoria afecta a unas treinta categorías profesionales, desde técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores, hasta personal administrativo y de otros servicios. Su labor resulta indispensable para atender a la población. La movilización pone sobre la mesa una realidad frecuentemente relegada: la sanidad pública no depende exclusivamente de quienes diagnostican y prescriben tratamientos, sino del trabajo organizado de toda su plantilla.
PAROS DE TRES HORAS PARA EXIGIR UNA NEGOCIACIÓN PROPIA
Los paros están previstos para el lunes 26 y el martes 27 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas, en los centros sanitarios públicos incluidos en la convocatoria. A diferencia de una huelga de jornada completa, las dos interrupciones serán de tres horas. Los sindicatos eligieron esas fechas para no coincidir con las protestas médicas y reducir las consecuencias asistenciales.
Los afectados pertenecen a los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), una clasificación que agrupa puestos y funciones muy diferentes. Entre ellos figuran profesionales que colaboran directamente en los cuidados, trasladan enfermos, preparan materiales, atienden al público o gestionan citas y documentación. Aunque poco visibles, su ausencia puede paralizar un centro.
La cifra de 14.000 representa al personal al que se dirige la reivindicación, no a quienes finalmente harán huelga. El seguimiento real se conocerá únicamente después de celebrarse los paros. Mientras tanto, Asamblea7Islas y SICS mantienen abierta la negociación y reclaman que la Administración responda con compromisos concretos, en lugar de aplazar nuevamente las conversaciones.
EL CONFLICTO NO COMENZÓ ESTA SEMANA
La convocatoria no surge de manera improvisada. El pasado 7 de octubre, representantes de Asamblea7Islas se reunieron con el director del SCS, Adasat Goya, para exponer un conjunto de reivindicaciones laborales y retributivas. También reclamaron avances en carrera profesional, procesos selectivos, traslados y ordenación de puestos.
Detrás de esas demandas existe un problema más amplio que la cuantía de una nómina. Los retrasos en procesos selectivos y traslados prolongan la incertidumbre de la plantilla. Por su parte, una definición insuficiente de funciones y puestos puede favorecer diferencias de trato entre trabajadores de una misma Administración. El conflicto salarial se suma, por tanto, a reclamaciones sobre cómo se organiza y reconoce el trabajo sanitario.
La exigencia inmediata de los convocantes es que la subida salarial se negocie antes de la aprobación de los presupuestos de 2027. No consta una propuesta pública de porcentaje aplicable a todas las categorías. Lo que plantean es abrir una negociación específica y garantizar que cualquier acuerdo tenga respaldo económico suficiente para convertirse en una mejora efectiva.
¿POR QUÉ RECHAZAN DEPENDER DEL ACUERDO CON LOS MÉDICOS?
El desacuerdo central no enfrenta necesariamente a auxiliares, celadores y administrativos con el colectivo médico. Las organizaciones promotoras sostienen que los facultativos pueden negociar sus reivindicaciones, pero que esas conversaciones no deben bloquear las del resto de empleados. Temen que la Administración posponga cualquier decisión sobre sus salarios hasta que concluya el conflicto que mantiene con los profesionales médicos, mucho más presente en los medios de comunicación.
Esta diferencia de protagonismo tiene consecuencias materiales. Los médicos cuentan con reivindicaciones y formas de organización propias, mientras numerosos trabajadores de otras categorías perciben salarios inferiores y soportan también el aumento del coste de la vida. El encarecimiento de la vivienda, los alimentos o el transporte pesa especialmente sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. Para ellos, una mejora retributiva no es una cuestión de reconocimiento simbólico, sino de capacidad adquisitiva.
El debate tampoco consiste en exigir salarios idénticos para profesiones con formaciones y responsabilidades distintas. Consiste en evitar que las diferencias de categoría se conviertan en una jerarquía de derechos laborales, donde quienes tienen mayor visibilidad consiguen antes una respuesta institucional y quienes realizan tareas menos reconocidas permanecen indefinidamente a la espera.
EL PARO MÉDICO Y LAS DISTINTAS CIFRAS DE SEGUIMIENTO
La nueva convocatoria se anunció el mismo martes en que los médicos del SCS desarrollaron otra jornada de huelga. Según el sindicato médico convocante, el seguimiento alcanzó el 55 %, mientras que el Gobierno de Canarias lo cifró en el 7,84 %.
Más allá de esas cifras, la coincidencia de ambos conflictos muestra que el malestar laboral se extiende por distintas categorías del sistema sanitario. Sin embargo, sus reivindicaciones no son idénticas: mientras el conflicto médico gira en torno a sus condiciones profesionales específicas, Asamblea7Islas y SICS reclaman que se aborde la situación salarial de otros grupos sin esperar a que se resuelva aquella negociación.
MÁS DINERO PARA SANIDAD: ¿Y CUÁNTO LLEGARÁ A LAS PLANTILLAS?
La reclamación coincide con la elaboración de las cuentas autonómicas del próximo año. El Gobierno de Fernando Clavijo ha anunciado que el presupuesto de Sanidad para 2027 superará los 5.000 millones de euros por primera vez. Según el Ejecutivo, la partida aumentará en 409 millones, un 8,5 %, respecto al ejercicio anterior. Son cifras del anteproyecto presupuestario, por lo que todavía no equivalen a recursos definitivamente aprobados ni, mucho menos, gastados.
El incremento anunciado abre inevitablemente una pregunta: ¿qué parte de ese dinero se destinará a mejorar las condiciones de quienes mantienen funcionando los servicios públicos? Un presupuesto sanitario financia remuneraciones, contratación, medicamentos, instalaciones, equipamientos y también prestaciones encargadas a empresas externas mediante los conciertos privados. Por eso, la subida de la cifra global no garantiza por sí sola una mejora de salarios ni el refuerzo de las plantillas.
La distribución de esos recursos constituye una decisión política. La Administración debe decidir si contrata personal, mejora salarios o amplía servicios externalizados. Los sindicatos convocantes pretenden intervenir antes de que se cierre ese reparto, cuando aún es posible incorporar partidas y calendarios verificables a los compromisos del Gobierno.
UN HOSPITAL ES EL TRABAJO DE MUCHOS, NO DE UNOS POCOS
El funcionamiento de un hospital permite comprender el alcance de la reivindicación. Una intervención médica no puede realizarse adecuadamente sin cuidados auxiliares, limpieza, preparación de espacios, traslado de pacientes, material disponible y procedimientos administrativos. Son tareas complementarias, aunque con salarios y reconocimiento diferentes.
La convocatoria de los días 26 y 27 obliga, por tanto, a mirar más allá de la disputa médica. Unos 14.000 trabajadores de treinta categorías exigen que sus salarios y condiciones de trabajo dejen de ocupar un lugar secundario en las prioridades presupuestarias. El Gobierno canario tendrá que decidir si la anunciada ampliación de los recursos sanitarios se traduce también en compromisos con estos profesionales. Porque fortalecer la sanidad pública no consiste únicamente en aumentar su presupuesto, sino en reconocer y sostener el trabajo de todos los que la hacen posible.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
La sanidad pública canaria se enfrenta a un nuevo conflicto laboral, protagonizado por trabajadores habitualmente alejados de los titulares.
Asamblea7Islas y el Sindicato Independiente Canario de Sanidad (SICS) han convocado paros parciales para los días 26 y 27 de octubre con una exigencia concreta: negociar las mejoras salariales de unos 14.000 empleados sin supeditarlas al resultado de las conversaciones entre el Gobierno autonómico y los sindicatos médicos.
La convocatoria afecta a unas treinta categorías profesionales, desde técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores, hasta personal administrativo y de otros servicios. Su labor resulta indispensable para atender a la población. La movilización pone sobre la mesa una realidad frecuentemente relegada: la sanidad pública no depende exclusivamente de quienes diagnostican y prescriben tratamientos, sino del trabajo organizado de toda su plantilla.
PAROS DE TRES HORAS PARA EXIGIR UNA NEGOCIACIÓN PROPIA
Los paros están previstos para el lunes 26 y el martes 27 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas, en los centros sanitarios públicos incluidos en la convocatoria. A diferencia de una huelga de jornada completa, las dos interrupciones serán de tres horas. Los sindicatos eligieron esas fechas para no coincidir con las protestas médicas y reducir las consecuencias asistenciales.
Los afectados pertenecen a los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), una clasificación que agrupa puestos y funciones muy diferentes. Entre ellos figuran profesionales que colaboran directamente en los cuidados, trasladan enfermos, preparan materiales, atienden al público o gestionan citas y documentación. Aunque poco visibles, su ausencia puede paralizar un centro.
La cifra de 14.000 representa al personal al que se dirige la reivindicación, no a quienes finalmente harán huelga. El seguimiento real se conocerá únicamente después de celebrarse los paros. Mientras tanto, Asamblea7Islas y SICS mantienen abierta la negociación y reclaman que la Administración responda con compromisos concretos, en lugar de aplazar nuevamente las conversaciones.
EL CONFLICTO NO COMENZÓ ESTA SEMANA
La convocatoria no surge de manera improvisada. El pasado 7 de octubre, representantes de Asamblea7Islas se reunieron con el director del SCS, Adasat Goya, para exponer un conjunto de reivindicaciones laborales y retributivas. También reclamaron avances en carrera profesional, procesos selectivos, traslados y ordenación de puestos.
Detrás de esas demandas existe un problema más amplio que la cuantía de una nómina. Los retrasos en procesos selectivos y traslados prolongan la incertidumbre de la plantilla. Por su parte, una definición insuficiente de funciones y puestos puede favorecer diferencias de trato entre trabajadores de una misma Administración. El conflicto salarial se suma, por tanto, a reclamaciones sobre cómo se organiza y reconoce el trabajo sanitario.
La exigencia inmediata de los convocantes es que la subida salarial se negocie antes de la aprobación de los presupuestos de 2027. No consta una propuesta pública de porcentaje aplicable a todas las categorías. Lo que plantean es abrir una negociación específica y garantizar que cualquier acuerdo tenga respaldo económico suficiente para convertirse en una mejora efectiva.
¿POR QUÉ RECHAZAN DEPENDER DEL ACUERDO CON LOS MÉDICOS?
El desacuerdo central no enfrenta necesariamente a auxiliares, celadores y administrativos con el colectivo médico. Las organizaciones promotoras sostienen que los facultativos pueden negociar sus reivindicaciones, pero que esas conversaciones no deben bloquear las del resto de empleados. Temen que la Administración posponga cualquier decisión sobre sus salarios hasta que concluya el conflicto que mantiene con los profesionales médicos, mucho más presente en los medios de comunicación.
Esta diferencia de protagonismo tiene consecuencias materiales. Los médicos cuentan con reivindicaciones y formas de organización propias, mientras numerosos trabajadores de otras categorías perciben salarios inferiores y soportan también el aumento del coste de la vida. El encarecimiento de la vivienda, los alimentos o el transporte pesa especialmente sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. Para ellos, una mejora retributiva no es una cuestión de reconocimiento simbólico, sino de capacidad adquisitiva.
El debate tampoco consiste en exigir salarios idénticos para profesiones con formaciones y responsabilidades distintas. Consiste en evitar que las diferencias de categoría se conviertan en una jerarquía de derechos laborales, donde quienes tienen mayor visibilidad consiguen antes una respuesta institucional y quienes realizan tareas menos reconocidas permanecen indefinidamente a la espera.
EL PARO MÉDICO Y LAS DISTINTAS CIFRAS DE SEGUIMIENTO
La nueva convocatoria se anunció el mismo martes en que los médicos del SCS desarrollaron otra jornada de huelga. Según el sindicato médico convocante, el seguimiento alcanzó el 55 %, mientras que el Gobierno de Canarias lo cifró en el 7,84 %.
Más allá de esas cifras, la coincidencia de ambos conflictos muestra que el malestar laboral se extiende por distintas categorías del sistema sanitario. Sin embargo, sus reivindicaciones no son idénticas: mientras el conflicto médico gira en torno a sus condiciones profesionales específicas, Asamblea7Islas y SICS reclaman que se aborde la situación salarial de otros grupos sin esperar a que se resuelva aquella negociación.
MÁS DINERO PARA SANIDAD: ¿Y CUÁNTO LLEGARÁ A LAS PLANTILLAS?
La reclamación coincide con la elaboración de las cuentas autonómicas del próximo año. El Gobierno de Fernando Clavijo ha anunciado que el presupuesto de Sanidad para 2027 superará los 5.000 millones de euros por primera vez. Según el Ejecutivo, la partida aumentará en 409 millones, un 8,5 %, respecto al ejercicio anterior. Son cifras del anteproyecto presupuestario, por lo que todavía no equivalen a recursos definitivamente aprobados ni, mucho menos, gastados.
El incremento anunciado abre inevitablemente una pregunta: ¿qué parte de ese dinero se destinará a mejorar las condiciones de quienes mantienen funcionando los servicios públicos? Un presupuesto sanitario financia remuneraciones, contratación, medicamentos, instalaciones, equipamientos y también prestaciones encargadas a empresas externas mediante los conciertos privados. Por eso, la subida de la cifra global no garantiza por sí sola una mejora de salarios ni el refuerzo de las plantillas.
La distribución de esos recursos constituye una decisión política. La Administración debe decidir si contrata personal, mejora salarios o amplía servicios externalizados. Los sindicatos convocantes pretenden intervenir antes de que se cierre ese reparto, cuando aún es posible incorporar partidas y calendarios verificables a los compromisos del Gobierno.
UN HOSPITAL ES EL TRABAJO DE MUCHOS, NO DE UNOS POCOS
El funcionamiento de un hospital permite comprender el alcance de la reivindicación. Una intervención médica no puede realizarse adecuadamente sin cuidados auxiliares, limpieza, preparación de espacios, traslado de pacientes, material disponible y procedimientos administrativos. Son tareas complementarias, aunque con salarios y reconocimiento diferentes.
La convocatoria de los días 26 y 27 obliga, por tanto, a mirar más allá de la disputa médica. Unos 14.000 trabajadores de treinta categorías exigen que sus salarios y condiciones de trabajo dejen de ocupar un lugar secundario en las prioridades presupuestarias. El Gobierno canario tendrá que decidir si la anunciada ampliación de los recursos sanitarios se traduce también en compromisos con estos profesionales. Porque fortalecer la sanidad pública no consiste únicamente en aumentar su presupuesto, sino en reconocer y sostener el trabajo de todos los que la hacen posible.
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