POR JORDI RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    La escena tiene cierta ironía. Alberto Núñez Feijóo acudió esta semana ante empresarios en Terrassa para anunciar que, si llega al Gobierno, reforzará el poder de las mutuas laborales. Entre sus propuestas figura permitir que estas entidades puedan dar directamente el alta a trabajadores afectados por determinadas patologías, incluso cuando se trate de contingencias comunes. Actualmente pueden proponerla, pero la decisión final corresponde al médico del sistema público. El presidente del PP no concretó qué enfermedades quedarían sometidas a este nuevo régimen. 

   El argumento general sí quedó bastante claro. Hay que combatir el fraude, controlar las bajas y reducir lo que Feijóo cifra en 30.000 millones de euros anuales de coste del absentismo. Su discurso enlaza con una antigua reivindicación empresarial y con la campaña que diversas patronales vienen desarrollando sobre el aumento de las incapacidades temporales. 

     Hasta aquí, una preocupación política legítimamente discutible sobre el funcionamiento del sistema. El problema aparece cuando se mira hacia el otro lado de la relación laboral. Porque mientras se coloca una lupa gigantesca sobre el trabajador enfermo, apenas aparece otra anomalía perfectamente cuantificable: los millones y millones de horas trabajadas que los empresarios reciben pero no pagan.  Y en ese capítulo las cifras no son precisamente calderilla.

  3.243 MILLONES QUE CAMBIAN DE BOLSILLO SIN HACER RUIDO

     Según los datos de la Encuesta de Población Activa analizados por Comisiones Obreras, durante 2025 se realizaron en España 6,38 millones de horas extraordinarias cada semana. De ellas, 2,49 millones —el 39%— no fueron pagadas, cotizadas ni compensadas con descanso. Unos 441.000 trabajadores realizaron horas extraordinarias sin recibir contraprestación. El coste laboral anual que las empresas se ahorraron mediante ese trabajo gratuito fue calculado en 3.243 millones de euros. 

     El fenómeno, lejos de desaparecer, continuaba en 2026. En el segundo trimestre se realizaron 7,18 millones de horas extraordinarias semanales y más de tres millones quedaron sin pagar: el 43% del total. 

  La comparación permite formular una pregunta que apenas aparece en el discurso político sobre el «absentismo»: si hay que perseguir al trabajador que obtiene fraudulentamente una baja —y naturalmente cualquier fraude demostrado puede investigarse—, ¿qué política merece el empresario que recibe trabajo y no lo remunera?

    Porque aquí no hablamos de una categoría teórica. Teresa, profesora de Formación Profesional entrevistada por RTVE, cuenta que termina contestando correos los domingos, preparando clases fuera de jornada y celebrando reuniones y tutorías que su horario no contempla: «la faena tiene que salir». Su experiencia representa un mecanismo bastante extendido: trabajo necesario para la empresa que se desplaza fuera de la jornada formal y desaparece después de la nómina. 

  Desde una lectura crítica del tema, la cuestión resulta particularmente sencilla. La prolongación de la jornada sin incremento equivalente del salario constituye una de las formas más transparentes de aumento del trabajo no remunerado. Una organización comunista gallega describía recientemente las horas extras impagadas precisamente como extracción directa de plusvalor: cuanto más tiempo trabaja un asalariado por el mismo salario, mayor cantidad de trabajo recibe gratuitamente el propietario de la empresa. 

LA BAJA NO ES LO MISMO QUE EL FRAUDE

     El segundo problema del planteamiento consiste en deslizar continuamente una asociación entre crecimiento de las bajas y abuso del sistema. La documentación disponible ofrece una explicación bastante más compleja.

    Las incapacidades temporales han crecido, ciertamente. Los datos de Seguridad Social  sitúan ya la prevalencia de las contingencias comunes en 55,18 procesos por cada mil asalariados durante el primer semestre de 2026. Pero el mismo análisis reconoce que el crecimiento está desacelerándose y que no existe una cuantificación oficial que permita establecer qué proporción de las bajas constituye fraude. 

   Los estudios anteriores que hemos recogido  señalan varias causas: envejecimiento de la fuerza laboral, aumento de trabajadores ocupados, dolencias musculoesqueléticas y de salud mental, deficiencias en prevención y, muy especialmente, listas de espera sanitarias. Ya en 2023 los especialistas advertían de que retrasar diagnósticos, rehabilitación y operaciones prolongaba inevitablemente las incapacidades temporales.

   Ese enfoque coincide con análisis críticos publicados este mismo verano. El digital El Salto señala que la campaña empresarial sobre las bajas desplaza el foco desde las condiciones laborales, la precariedad, la salud y las deficiencias sanitarias hacia el comportamiento individual del trabajador. 

  Incluso desde la Inspección de Trabajo aparece otro elemento significativo. Francisco Guindín, director territorial de la Inspección en Canarias, recordaba esta misma semana que si una parte importante de las incapacidades tiene origen laboral, la pregunta debería dirigirse también hacia la prevención de riesgos dentro de las empresas. 

CUANDO LA MUTUA QUIERE QUE VUELVAS

     El debate adquiere otra dimensión al escuchar a quienes han pasado por el sistema. Pedro Balsera sufrió una lesión de muñeca trabajando en una fábrica de cartón. Según relató, su estado evolucionó hasta una distrofia y la mutua acabó comunicándole:

«sé que no estás bien, pero te tengo que dar el alta».

    Su médico de la Seguridad Social discrepó y posteriormente la inspección médica terminó reconociéndole una incapacidad permanente. 

  Carmen, una administrativa madrileña de 35 años, estaba de baja por una crisis de ansiedad relacionada con su empleo. Su relato resulta igualmente revelador: cuando acudía a la mutua, aseguraba, la conversación giraba fundamentalmente alrededor de cuándo pensaba reincorporarse.

«No estoy bien, pero me insisten para que vuelva», explicaba.  

 José de las Morenas, responsable de Salud Laboral de UGT, afirmaba que diariamente reciben casos de trabajadores presionados por empresas o mutuas para regresar al puesto de trabajo. El médico Francisco José Sáez advertía, por su parte, que una mutua puede recomendar un alta sin disponer del conocimiento longitudinal que tiene el médico de familia sobre el paciente. 

    La patronal de las mutuas, AMAT, rechaza estas acusaciones y recuerda que sus médicos poseen exactamente la misma formación y están sometidos a las mismas normas profesionales que los de la sanidad pública. También sostiene que las mutuas carecen de ánimo de lucro y que el ahorro obtenido en la gestión retorna al sistema de Seguridad Social. Esa posición debe formar parte igualmente del debate.  

   Pero precisamente por existir intereses institucionales distintos resulta políticamente relevante decidir quién conserva la última palabra en una contingencia común: el médico público responsable del paciente o una entidad cuya función incluye también gestionar económicamente la incapacidad.

LA EXTRAÑA GEOMETRÍA DEL FRAUDE

    Y llegamos al punto donde el discurso de Feijóo presenta una asimetría difícil de ignorar.

   El dirigente derechista declaró que hay que perseguir tanto el fraude fiscal como el fraude en las bajas y vinculó esa persecución con la necesidad de proteger a quienes sí cumplen sus obligaciones. Su propuesta está documentada y puede debatirse.  Pero hay una tercera casilla en esa ecuación: el incumplimiento empresarial.

  En 2025, 441.000 asalariados realizaron semanalmente horas extraordinarias sin remuneración o descanso equivalente. En el segundo trimestre de 2026 las horas extraordinarias impagadas superaron ya los tres millones semanales. El volumen de trabajo no remunerado equivale, según CCOO, a decenas de miles de empleos a jornada completa. 

   Es en este punto donde aparece la pequeña ironía del asunto: para encontrar al trabajador supuestamente tramposo parece necesario reformar competencias médicas, reforzar evaluadores y conceder más atribuciones a las mutuas; para localizar tres millones de horas trabajadas gratis cada semana bastaría, en buena medida, con mirar el reloj.

   La discusión sobre las bajas laborales merece datos, prevención, mejores servicios sanitarios, inspección y persecución del fraude allí donde se demuestre. Pero convertir al trabajador enfermo en sospechoso preferente mientras millones de horas de trabajo desaparecen sistemáticamente de las nóminas ofrece una imagen muy incompleta del mercado laboral español.

  La cuestión que queda pendiente para Feijóo es, por tanto, bastante concreta: sabemos qué propone hacer con determinados trabajadores de baja. Falta conocer con igual precisión cuáles son las  medidas propone aplicar a las empresas que reciben millones de horas de trabajo y no las pagan. Y, a juzgar por las cifras, no parece precisamente un asunto menor.