LOS SINDICATOS DE INQUILINAS LLAMAN A EXTENDER LAS PROTESTAS TRAS EL CASO MARICARMEN
Reclaman cambios estructurales en la política de vivienda
El Sindicat de Llogateres de Catalunya, en un comunicado remitido a Canarias-semanal.org, llama a extender este fin de semana las movilizaciones por la vivienda. Tras el acuerdo que permitirá a Maricarmen regresar a su casa, las organizaciones de inquilinos reclaman mantener la presión para conseguir reformas de mayor alcance.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal.org, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha llamado a extender las movilizaciones por la vivienda durante el próximo fin de semana y ha reclamado al Gobierno que las medidas aprobadas este martes no rebajen las reivindicaciones planteadas por el movimiento inquilino. La organización sostiene que la presión desplegada durante los últimos días, especialmente tras el desahucio de Maricarmen Abascal, ha obligado tanto a las instituciones como a la propiedad de su vivienda a modificar sus posiciones.
El llamamiento se produce pocas horas después de conocerse que Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había residido durante unos 70 años, podrá regresar a ella tras el acuerdo alcanzado con Urbagestión. La negociación fue mediada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y contempla un nuevo contrato de ocho años con una renta que no podrá superar el 30% de sus ingresos.
El caso desencadenó concentraciones y una acampada en la Puerta del Sol, convirtiéndose en pocos días en un símbolo de un conflicto mucho más amplio en torno a los precios del alquiler, los desahucios y el peso creciente de empresas y propietarios dedicados a obtener rentabilidad del mercado residencial.
«ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO»
Según sostiene el comunicado remitido a este periódico, el regreso de Maricarmen constituye una primera demostración de que «la presión popular y sindical» puede modificar situaciones que parecían cerradas. Los sindicatos atribuyen a las movilizaciones el cambio de posición de Urbagestión y también el movimiento realizado por el Gobierno central en materia de vivienda.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos ley con diferentes medidas sobre alquileres y protección frente a los desahucios. Entre las iniciativas anunciadas se encuentran la ampliación hasta 2030 de determinadas protecciones para hogares vulnerables, medidas contra el fraude en los alquileres de temporada y habitaciones y modificaciones relacionadas con la duración de los contratos. Parte de las medidas inicialmente discutidas han quedado repartidas en dos textos diferentes, una decisión que también ha provocado discrepancias dentro del propio Gobierno.
Precisamente por ello, el Sindicat de Llogateres advierte de que esperará a conocer el redactado completo de las normas antes de efectuar una valoración definitiva.
«Es especialmente importante esperar al redactado», sostiene el comunicado, porque —según denuncia la organización— propietarios y empresas inmobiliarias han aprovechado anteriormente los vacíos legales para eludir las limitaciones establecidas sobre los alquileres.
ALQUILERES DE TEMPORADA Y POR HABITACIONES
Uno de los puntos que los sindicatos consideran decisivos es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para impedir que los contratos temporales o de habitaciones puedan utilizarse para esquivar las protecciones que corresponden a los alquileres de vivienda habitual.
No se trata de un debate nuevo. El propio Gobierno había anunciado meses atrás su intención de regular estas modalidades, reforzar la estabilidad contractual y combatir el fraude en los arrendamientos temporales.
Para los Sindicatos de Inquilinas, sin embargo, la regulación deberá juzgarse por su contenido efectivo y no por el anuncio gubernamental. Reclaman lo que denominan una «Ley Antiestafas Inquilina», junto con una mayor estabilidad contractual y mecanismos que impidan utilizar fórmulas aparentemente temporales para encarecer viviendas destinadas en realidad a residencia permanente.
El comunicado rechaza, en consecuencia, que el llamado «Decreto Maricarmen» termine convertido en lo que califica como un «decreto farsa» que mantenga importantes vías de escape para propietarios y empresas inmobiliarias.
DE UN DESAHUCIO A UNA MOVILIZACIÓN MÁS AMPLIA
El conflicto ha desbordado ya el caso particular que lo desencadenó. Durante los últimos días se han producido acampadas y protestas en distintos puntos del Estado, mientras que organizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda preparan nuevas movilizaciones. En Madrid, la acampada de la Puerta del Sol ha continuado incluso después de conocerse el acuerdo que permitirá regresar a Maricarmen a su vivienda.
El Sindicat de Llogateres considera que se ha abierto una oportunidad para cuestionar políticas desarrolladas durante décadas y que, a su juicio, han favorecido la consideración de la vivienda como un activo para la obtención de rentas y beneficios.
Su planteamiento va, por tanto, bastante más allá de conseguir determinadas reformas parciales. El comunicado reclama «reformas estructurales mucho más profundas» y sostiene que únicamente una movilización sostenida y numerosa podrá modificar las relaciones de fuerza que han permitido durante años el encarecimiento del alquiler y la expansión de formas de contratación cada vez más precarias.
La vivienda se ha convertido precisamente en un espacio particularmente visible de confrontación entre dos necesidades difícilmente conciliables: para millones de personas constituye el lugar imprescindible donde desarrollar su vida; para propietarios empresariales, sociedades inmobiliarias y fondos de inversión puede funcionar al mismo tiempo como activo destinado a producir rentabilidad. Esa contradicción ayuda a explicar por qué las sucesivas regulaciones generan inmediatamente una disputa sobre los límites que pueden imponerse a la propiedad y a las rentas inmobiliarias.
MOVILIZACIONES DURANTE EL FIN DE SEMANA
De acuerdo con el comunicado recibido por Canarias-semanal.org, las protestas continuarán y deberán culminar durante el próximo fin de semana con marchas en las principales ciudades del Estado. Las organizaciones convocantes todavía estaban concretando, en el momento de difundirse el texto, el número de movilizaciones, sus horarios y los lugares definitivos.
Para los Sindicatos de Inquilinas, el acuerdo alcanzado en el caso de Maricarmen y las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros no constituyen el final del conflicto, sino una demostración de que la presión ejercida desde fuera de las instituciones puede modificar decisiones políticas y empresariales.
Su mensaje final es inequívoco: consideran que el momento abierto durante estos días debe aprovecharse para ampliar la movilización y disputar medidas de mayor alcance sobre alquileres, contratos y desahucios. «Esto es solo el principio», concluyen.

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal.org, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha llamado a extender las movilizaciones por la vivienda durante el próximo fin de semana y ha reclamado al Gobierno que las medidas aprobadas este martes no rebajen las reivindicaciones planteadas por el movimiento inquilino. La organización sostiene que la presión desplegada durante los últimos días, especialmente tras el desahucio de Maricarmen Abascal, ha obligado tanto a las instituciones como a la propiedad de su vivienda a modificar sus posiciones.
El llamamiento se produce pocas horas después de conocerse que Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había residido durante unos 70 años, podrá regresar a ella tras el acuerdo alcanzado con Urbagestión. La negociación fue mediada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y contempla un nuevo contrato de ocho años con una renta que no podrá superar el 30% de sus ingresos.
El caso desencadenó concentraciones y una acampada en la Puerta del Sol, convirtiéndose en pocos días en un símbolo de un conflicto mucho más amplio en torno a los precios del alquiler, los desahucios y el peso creciente de empresas y propietarios dedicados a obtener rentabilidad del mercado residencial.
«ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO»
Según sostiene el comunicado remitido a este periódico, el regreso de Maricarmen constituye una primera demostración de que «la presión popular y sindical» puede modificar situaciones que parecían cerradas. Los sindicatos atribuyen a las movilizaciones el cambio de posición de Urbagestión y también el movimiento realizado por el Gobierno central en materia de vivienda.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos ley con diferentes medidas sobre alquileres y protección frente a los desahucios. Entre las iniciativas anunciadas se encuentran la ampliación hasta 2030 de determinadas protecciones para hogares vulnerables, medidas contra el fraude en los alquileres de temporada y habitaciones y modificaciones relacionadas con la duración de los contratos. Parte de las medidas inicialmente discutidas han quedado repartidas en dos textos diferentes, una decisión que también ha provocado discrepancias dentro del propio Gobierno.
Precisamente por ello, el Sindicat de Llogateres advierte de que esperará a conocer el redactado completo de las normas antes de efectuar una valoración definitiva.
«Es especialmente importante esperar al redactado», sostiene el comunicado, porque —según denuncia la organización— propietarios y empresas inmobiliarias han aprovechado anteriormente los vacíos legales para eludir las limitaciones establecidas sobre los alquileres.
ALQUILERES DE TEMPORADA Y POR HABITACIONES
Uno de los puntos que los sindicatos consideran decisivos es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para impedir que los contratos temporales o de habitaciones puedan utilizarse para esquivar las protecciones que corresponden a los alquileres de vivienda habitual.
No se trata de un debate nuevo. El propio Gobierno había anunciado meses atrás su intención de regular estas modalidades, reforzar la estabilidad contractual y combatir el fraude en los arrendamientos temporales.
Para los Sindicatos de Inquilinas, sin embargo, la regulación deberá juzgarse por su contenido efectivo y no por el anuncio gubernamental. Reclaman lo que denominan una «Ley Antiestafas Inquilina», junto con una mayor estabilidad contractual y mecanismos que impidan utilizar fórmulas aparentemente temporales para encarecer viviendas destinadas en realidad a residencia permanente.
El comunicado rechaza, en consecuencia, que el llamado «Decreto Maricarmen» termine convertido en lo que califica como un «decreto farsa» que mantenga importantes vías de escape para propietarios y empresas inmobiliarias.
DE UN DESAHUCIO A UNA MOVILIZACIÓN MÁS AMPLIA
El conflicto ha desbordado ya el caso particular que lo desencadenó. Durante los últimos días se han producido acampadas y protestas en distintos puntos del Estado, mientras que organizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda preparan nuevas movilizaciones. En Madrid, la acampada de la Puerta del Sol ha continuado incluso después de conocerse el acuerdo que permitirá regresar a Maricarmen a su vivienda.
El Sindicat de Llogateres considera que se ha abierto una oportunidad para cuestionar políticas desarrolladas durante décadas y que, a su juicio, han favorecido la consideración de la vivienda como un activo para la obtención de rentas y beneficios.
Su planteamiento va, por tanto, bastante más allá de conseguir determinadas reformas parciales. El comunicado reclama «reformas estructurales mucho más profundas» y sostiene que únicamente una movilización sostenida y numerosa podrá modificar las relaciones de fuerza que han permitido durante años el encarecimiento del alquiler y la expansión de formas de contratación cada vez más precarias.
La vivienda se ha convertido precisamente en un espacio particularmente visible de confrontación entre dos necesidades difícilmente conciliables: para millones de personas constituye el lugar imprescindible donde desarrollar su vida; para propietarios empresariales, sociedades inmobiliarias y fondos de inversión puede funcionar al mismo tiempo como activo destinado a producir rentabilidad. Esa contradicción ayuda a explicar por qué las sucesivas regulaciones generan inmediatamente una disputa sobre los límites que pueden imponerse a la propiedad y a las rentas inmobiliarias.
MOVILIZACIONES DURANTE EL FIN DE SEMANA
De acuerdo con el comunicado recibido por Canarias-semanal.org, las protestas continuarán y deberán culminar durante el próximo fin de semana con marchas en las principales ciudades del Estado. Las organizaciones convocantes todavía estaban concretando, en el momento de difundirse el texto, el número de movilizaciones, sus horarios y los lugares definitivos.
Para los Sindicatos de Inquilinas, el acuerdo alcanzado en el caso de Maricarmen y las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros no constituyen el final del conflicto, sino una demostración de que la presión ejercida desde fuera de las instituciones puede modificar decisiones políticas y empresariales.
Su mensaje final es inequívoco: consideran que el momento abierto durante estos días debe aprovecharse para ampliar la movilización y disputar medidas de mayor alcance sobre alquileres, contratos y desahucios. «Esto es solo el principio», concluyen.














































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