DOS DECRETOS Y UNA MISMA PREGUNTA: ¿QUÉ HA CONSEGUIDO REALMENTE LA MOVILIZACIÓN POR LA VIVIENDA?

POR M. RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    Durante días, la Puerta del Sol dejó de ser únicamente el kilómetro cero de España. Se llenó de tiendas de campaña, sacos de dormir, pancartas y personas que habían decidido convertir el centro de Madrid en el escaparate de un problema que llevaba años creciendo dentro de sus casas: pagar cada vez más por algo tan elemental como tener un techo.

    La chispa tuvo un nombre propio. Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años y con movilidad reducida, que había sido desahuciada de la vivienda madrileña en la que llevaba más de siete décadas. Su caso transformó una historia individual en una protesta colectiva. La acampada llegó a reunir unas 600 personas durmiendo en más de 300 tiendas y fue acompañada por movilizaciones en otras ciudades. La acampada por la vivienda lle…

   Pero quienes estaban allí insistían en que aquello no iba solamente de Maricarmen.

   “No vamos a consentir -decían- que se nos den migajas”, advertían desde la movilización.  

Y esa frase permite entender mejor lo que ha sucedido después.

    Porque el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar nada menos que dos reales decretos-leyes con medidas sobre vivienda. Eso podría sonar a una auténtica revolución. Pero tratándose de Pedro Sánchez, mejor convendría tomar distancias y mirar la letra menuda con lupa.

  Según ambos decretos, hay protección frente a determinados desahucios hasta 2030, prórrogas de contratos, regulación de alquileres temporales y por habitaciones y determinadas restricciones a las compras de viviendas por determinados fondos. 

   Pero cuestión clave  en circunstancias como las actuales,  consiste en medir cuáles son las distancias kilométricas  que median entre esas medidas y lo que realmente pedía la calle.

   DE MARICARMEN A UNA REIVINDICACIÓN MUCHO MAYOR  

   El movimiento planteaba una cuestión aparentemente sencilla: que una persona que paga regularmente su alquiler no pueda perder su casa simplemente por el hecho de que termina su contrato y el propietario quiere recuperarla, venderla o alquilarla posteriormente a un precio superior.

     De ahí surgió una de sus reivindicaciones centrales: contratos indefinidos mientras el inquilino cumpla sus obligaciones y no exista una causa justificada para recuperar la vivienda. Los sindicatos de inquilinos comparaban esa estabilidad con la existente en los contratos laborales indefinidos. 

  Junto a ello aparecían otras demandas: frenar los desahucios, congelar alquileres, regular el alquiler temporal y por habitaciones y evitar que los mecanismos de protección dejaran abiertas vías para continuar elevando precios. Las organizaciones movilizadas reclamaban, en definitiva, que la permanencia en una vivienda no dependiera constantemente de la capacidad del propietario para obtener una rentabilidad mayor.

   La protesta había llegado también a la vivienda pública. El 28 de septiembre, sindicatos de Tetuán, Carabanchel, Moratalaz y San Blas-Canillejas, junto a la PAH de Vallecas, se encerraron en la Agencia de Vivienda Social de Madrid. Pedían paralizar los desalojos, condonar determinadas deudas y regularizar situaciones irregulares.  

Y ENTONCES LOS DESPACHOS COMENZARON A MOVERSE. 

  Una noche -dicen-  de negociaciones, PSOE y Sumar llegaron al Consejo de Ministros del 29 de septiembre después de negociar hasta últimisísima hora. La reunión comenzó con más de una hora de retraso.

    La ministra inefable Mónica García había advertido antes de entrar: “No vamos a avalar un real decreto que se quede a medias”.  Pero todo el mundo sabía que aquello era puro teatrillo electoral de cara a una galería  indignada hasta los mismísimos corvejones.

   El problema era ciertamente aritmético, pero sobre todo profundamente político. El Gobierno de la coalición necesitaba votos en el Congreso para convalidar los decretos y cada grupo acudía a la negociación con sus propias exigencias.

   Junts, por ejemplo, reclamaba, con lágrimas plañideras, mayores garantías para los pequeños propietarios, mientras todo el mundo sabía que los intereses que estaba defendiendo eran los de grandes y poderosos tenedores y grupos inmobiliarios catalanes (ver recuadro adjunto).

   Podemos, por su parte, una formación maltrecha tras años de retroceso político y electoral, trataba de recuperar lo que ahora reclama como su perfil propio, agitando in extremis una bandera roja ya bastante desteñida, exigiendo medidas más ambiciosas.

   ERC, Bildu y otros grupos aumentaban también la presión sobre el Ejecutivo. En medio de aquel complicado rompecabezas parlamentario, la vivienda de millones de personas dependía de una negociación en la que cada voto tenía un precio político y cada palabra —“inquilino”, “pequeño propietario”, “gran tenedor”— escondía intereses  materiales muy diferentes.

   Gabriel Rufián resumió el clima político con una referencia directa a Maricarmen:

   “Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitres y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar”.

    PSOE y Sumar le ponen drama a la cosa y dicen haber pactado in extremis y en el último minuto…  La solución encontrada por PSOE y Sumar ha sido realmente peculiar: donde iba a haber un decreto, habría dos.

  PARTIR EL DECRETO EN DOS: EL TRUCO DEL ALMENDRUCO

    No es una cuestión técnica menor esta la de un bidecreto. Se trata de una habilidad más que se permite la casta de los "perros viejos" de cara a una galería que, no por su bisoñez, va a resultar más engañable.

   El primer decreto concentra medidas como ampliar la protección frente a determinados desahucios hasta 2030, regular el alquiler de temporada y por habitaciones, restringir temporalmente determinadas compras de vivienda por fondos y permitir una prórroga de dos años para contratos que finalicen dentro de los próximos 24 meses. Es decir, antes del 31 de diciembre de 2028.

    El segundo decreto contiene, en cambio, una de las medidas políticamente más rompedoras y, a la vista de la aritmética parlamentaria, más difíciles de sacar adelante: la renovación automática de los contratos de alquiler. Dicho en román paladino: es el decreto que mejor podría lucir mañana en los dorados anaqueles electorales de la autodenominada «coalición más progresista de la historia», pero también el que afronta mayores obstáculos para reunir los votos necesarios en el Parlamento. La paradoja es difícil de ignorar: cuanto más se aproxima la medida a una de las principales reivindicaciones de los inquilinos movilizados, más incierto se vuelve su recorrido parlamentario.

    El movimiento por la vivienda contempla, por eso, la separación de los decretos con un recelo difícil de disimular. La interpretación que aparece en los documentos analizados es sencilla: dividir las medidas permite que aquellas capaces de reunir una mayoría parlamentaria recorran su camino, mientras las más conflictivas —precisamente las que afectan de manera más directa  a los intereses de los grandes propietarios— quedan expuestas a correr peor suerte.

    Todavía no sabemos si ocurrirá así. Pero, aquí entre nosotros, lo barruntamos. Los dos decretos-ley deberán ser convalidados separadamente por el Congreso y cada uno necesitará construir su propia mayoría. Pero ahí reside precisamente la importancia del troceo: lo que nació como una misma respuesta política a las movilizaciones puede terminar convertido en dos resultados legislativos completamente diferentes.  

 EL CONFLICTO QUE ESCONDE EL LENGUAJE DE LOS DECRETOS

    Detrás de toda esta complicada arquitectura jurídica aparece, sin embargo, una realidad bastante más sencilla. Según los datos recogidos en la documentación analizada, alrededor del 20,8% de la población española vive de alquiler, mientras aproximadamente un 4,9% percibe ingresos procedentes del alquiler de vivienda habitual. El mismo estudio sitúa en torno a 2,2 millones el número de propietarios que declaran ingresos por este concepto.

   Cuatro veces más inquilinos que perceptores de rentas. La comparación ayuda a comprender algo que a veces queda sepultado bajo decretos, enmiendas y negociaciones parlamentarias: la vivienda significa cosas radicalmente distintas dependiendo del lado de la puerta en el que uno se encuentre.

   Para quien vive de alquiler es, antes que ninguna otra cosa, un gasto imprescindible. Antes de ir al supermercado, comprar ropa, salir a cenar o permitirse unas vacaciones hay que pagar por conservar el techo bajo el que se duerme. Para quien posee una vivienda arrendada, esa misma mensualidad representa patrimonio y una fuente de ingresos. Y para las empresas que acumulan centenares o miles de viviendas constituye, además, una actividad económica de resultados millonarios.

   Ahí está el conflicto que ninguna expresión jurídica puede hacer desaparecer: el mismo alquiler que sale todos los meses del salario de una familia entra como renta en el patrimonio de otra persona o en la cuenta de resultados de una empresa. Lo que para unos es coste, para otros es ingreso. Intervenir sobre uno significa inevitablemente intervenir sobre el otro.

   Por eso legislar sobre vivienda no consiste solamente en encontrar una fórmula jurídica ingeniosa. Significa decidir cómo se distribuyen derechos, obligaciones, seguridad e ingresos entre intereses que no siempre coinciden.

¿QUÉ HA CONSEGUIDO ENTONCES LA CALLE?

    La movilización ha coincidido con un cambio evidente en el ritmo formal de la política. El desahucio de Maricarmen, las protestas posteriores y la acampada de la Puerta del Sol precedieron a unas negociaciones que dicen haberse prolongado hasta el último momento,  obligando a buscar una fórmula que finalmente desembocó en dos decretos.  

   Y Maricarmen podrá volver a casa. Pero conseguir que una mujer de 87 años regrese a la vivienda de la que fue desalojada no responde a la pregunta que continúa flotando sobre las tiendas de campaña de Sol: ¿qué ocurrirá con los centenares de miles restantes?

    Pero preciso se hace reconocer que las reivindicaciones planteadas desde la calle no tienen, ni de lejos, el mismo grado de correspondencia con lo que se ha aprobado. Hay una diferencia sustancial entre "prorrogar un contrato durante dos años" y  "garantizar su continuidad mientras el inquilino cumpla sus obligaciones"; entre "extender temporalmente un escudo frente a determinados desahucios" y "convertir esa protección en permanente"; entre "impedir durante un periodo ciertas operaciones de los fondos" y  "transformar las reglas que permiten la concentración de vivienda como activo de inversión".

    Precisamente la medida que más se aproxima a una de las grandes reivindicaciones de los movilizados —la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido— ha terminado alojada en el segundo decreto,  justamente el destinado a acabar en el cubo de la basura de Congreso.

   El Gobierno puede presentar dos decretos. Los partidos pueden negociar hasta la madrugada. Los juristas pueden discutir cada coma y el Congreso decidir qué sobrevive y qué se queda en la estacada. Pero quienes duermen estos días bajo una lona en el kilómetro cero de Madrid plantean una pregunta bastante menos complicada: si una persona paga religiosamente su alquiler, ¿por qué coño debería vivir permanentemente con la fecha de caducidad de su contrato sobre la cabeza?

   Esa pregunta estaba allí antes del Consejo de Ministros. Y continuará también allí después de la votación en el Congreso.

    En cualquier caso, lo que sí se puede asegurar es que la  historia todavía no habrá terminado.