EL MOVIMIENTO POR LA VIVIENDA VUELVE A SOL: ENTRE LA BATALLA POPULAR Y EL INTENTO DE INSTRUMENTALIZARLA POLÍTICAMENTE

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha informado sobre la movilización celebrada este sábado 26 de septiembre para exigir la aprobación inmediata del denominado “Decreto Maricarmen”: un conjunto de medidas que incluye contratos de alquiler indefinidos, límites a las subidas de renta, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y mayores garantías contra los desahucios.

   Según el sindicato convocante, más de 300.000 personas participaron en la marcha. La Delegación del Gobierno en Madrid redujo la cifra a 25.000 asistentes. Al margen de esta enorme disparidad en las estimaciones, la protesta recorrió el centro de la capital desde la Puerta del Sol hasta el Congreso y terminó dando lugar a una acampada que este domingo continuaba instalada en Sol, con alrededor de un centenar de tiendas y cientos de participantes. 

  La plaza vuelve así a convertirse, quince años después del 15M, en escenario de una protesta nacida fuera de los partidos políticos, pero que se enfrenta a los inevitables intentos de instrumentalización mediatica y politica por parte de los mismos.  La reivindicación inmediata tiene ahora un nombre propio: Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años y con discapacidad que fue expulsada el miércoles de la casa del barrio de Retiro en la que llevaba viviendo más de siete décadas. La empresa propietaria pretendía elevar el alquiler que pagaba, unos 500 euros, hasta 2.650 euros mensuales.

EL GOBIERNO TAMBIÉN ESTÁ EN EL PUNTO DE MIRA

   Aunque buena parte de las críticas se dirigen contra la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, gobernados ambos por el PP, el Sindicato de Inquilinas también ha denunciado la responsabilidad del Ejecutivo central del PSOE y Sumar en la crisis habitacional.  Durante la manifestación de Madrid se escucharon consignas como “rentistas culpables, Gobierno responsable” y, posteriormente, en la acampada, “o cae el rentismo, o cae el Gobierno”. 

  La crítica no es nueva ni circunstancial. Al presentar el “Decreto Maricarmen”, la portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Carme Arcarazo, rechazó lo que calificó como las “migajas” ofrecidas hasta ahora por Pedro Sánchez. El colectivo recordó además que sus representantes se han reunido repetidamente con los partidos, han participado en la elaboración de propuestas legislativas y han visto cómo algunas terminaban bloqueadas. “No nos queda otra que presentar nuestro propio decreto”, explicó Arcarazo. 

  La propuesta reclama que los contratos de vivienda habitual puedan renovarse automáticamente de forma indefinida, medidas estructurales frente a los desahucios, la congelación de las actualizaciones de los alquileres y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que alcance también a los contratos temporales y por habitaciones.

  Por tanto, la protesta no se limita a reclamar una solución excepcional para el caso de Maricarmen. Lo sucedido con este caso particular ha funcionado como expresión extrema de un problema mucho más amplio: la inseguridad residencial de quienes dependen del alquiler y la subordinación del acceso a la vivienda a las condiciones del mercado inmobiliario.

UNA PROTESTA QUE LOS PARTIDOS PRETENDEN INSTRUMENTALIZAR

   La repercusión del caso ha provocado un rápido movimiento de los partidos situados en el espacio de la “izquierda” institucional. Pedro Sánchez calificó el desahucio de “tragedia social” y ha anunciado una “respuesta urgente”, aunque descargó buena parte de la responsabilidad sobre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y recordó que un decreto anterior del Ejecutivo no logró superar el trámite parlamentario.

   Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha elevado todavía más el tono. Ha exigido la aprobación inmediata de un nuevo decreto y llegó a advertir que no acudiría al Consejo de Ministros del próximo martes si no se incorporaban medidas efectivas sobre vivienda. También ha reclamado la expropiación de la casa de Maricarmen.

  Desde fuera del Gobierno, Podemos intenta igualmente situarse en primera línea de la protesta. Ione Belarra ha reclamado recuperar por decreto la prohibición de determinados desahucios, y dirigentes de la formación participaron en las movilizaciones. Irene Montero estuvo presente en la manifestación del sábado y advirtió de que no aceptaría que la negociación gubernamental con Junts convirtiera el futuro decreto en un “trágala” para quienes se movilizan por la vivienda.

   De la capacidad del movimiento por la vivienda para sortear los diferentes intentos de instrumentalización política a los que tendrá que enfrentarse dependerá que pueda consolidarse en el tiempo o que, tal y como sucediera con el movimiento 15M, termine siendo cooptado, reconducido hacia la institucionalidad y vaciado de su potencial contenido de transformación social.

EL PRECEDENTE DEL 15M

   El regreso de las tiendas de campaña a la Puerta del Sol hace inevitable, en efecto, la comparación con mayo de 2011. Hay diferencias evidentes y sería incorrecto identificar ambos fenómenos. Pero existe un precedente que ayuda a comprender los riesgos que afrontan movimientos de esta naturaleza.

  El 15M nació, en medio de una grave crisis económica y de las medidas de “austeridad” impuestas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una enorme desconfianza hacia la política institucional, una organización horizontal y una crítica que alcanzaba tanto al PP como al PSOE y al conjunto del sistema político. Sin embargo, ante la ausencia de organizaciones políticas revolucionarias capaces de canalizar la indignación popular hacia una propuesta política verdaderamente transformadora, aquel ciclo de movilización fue instrumentalizado por la nueva formación populista liderada por Pablo Iglesias —Podemos—, que contribuyó decisivamente a su institucionalización, trasladando buena parte de las energías de la protesta hacia sus candidaturas electorales.

  La comparación resulta pertinente porque PSOE, Sumar y Podemos tienen razones políticas diferentes para vincularse al conflicto de la vivienda e intentar obtener réditos electorales de una crisis provocada por un modelo que ninguna de estas organizaciones ha modificado sustancialmente durante sus años de mandato.

  El PSOE, asediado por sus múltiples casos de corrupción o por la crisis de Ceuta, necesita poder exhibir algún tipo de medida que, aunque sea de manera cosmética, le permita justificar el autoproclamado calificativo de “Gobierno progresista”. Sumar, convertido en una mera muleta del PSOE, necesita ahora diferenciarse de alguna manera ante la cercanía de las próximas citas electorales. Podemos, fuera del Ejecutivo desde 2023 y con una estrategia impulsada desde su órgano de expresión oficioso —Canal Red— consistente en intentar recuperar el discurso “radical” que abandonó durante sus años en el Gobierno, busca disputar a Sumar el espacio político de la nueva socialdemocracia “identitaria” situada a la izquierda del PSOE.

  La movilización ciudadana expresada en la Acampada de Sol, que posiblemente se reproduzca en otras ciudades del Estado, tiene en estos intereses partidarios, y también en la tendencia de una parte de los propios integrantes del movimiento a identificarse con algunas de estas formaciones, uno de sus mayores peligros de desactivación.

   El Gobierno discute ahora medidas que el movimiento inquilino lleva años reclamando y que solo han adquirido una nueva urgencia después del desahucio de Maricarmen y de la presión ejercida desde la calle. Si esta presión no se consolida en una organización capaz de mantener su independencia respecto de los partidos que intentarán utilizar nuevamente las reivindicaciones de la población en su propio beneficio, se darán todas las condiciones para sufrir otro ciclo de desilusión y desmovilización, similar al que siguió a la instrumentalización partidaria del 15M.