MOVILIZACIONES EN DOCE CIUDADES TRAS EL DESAHUCIO DE MARICARMEN
Los sindicatos señalan al Gobierno
Los Sindicatos de Inquilinas han convocado movilizaciones urgentes en doce ciudades del Estado después del desahucio este miércoles de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro que llevaba unos 70 años viviendo en la misma casa.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Los Sindicatos de Inquilinas han convocado movilizaciones urgentes en doce ciudades del Estado después del desahucio este miércoles de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro que llevaba unos 70 años viviendo en la misma casa. Las protestas, organizadas en Madrid, Barcelona, Cádiz, Oviedo/Uviéu, València, Palma, Málaga, Sevilla, Ávila, Toledo, Guadalajara y Huelva —esta última el jueves— convierten un caso concreto en una denuncia general sobre el acceso a la vivienda y la protección de los hogares vulnerables.
El desalojo fue el cuarto intento de expulsarla y terminó con Maricarmen saliendo del edificio en camilla y siendo trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
Un amplio dispositivo policial para ejecutar el desalojo
Durante la mañana, cientos de vecinos y activistas intentaron impedir el lanzamiento en la calle Alcalde Sainz de Baranda. La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo y se produjeron momentos de tensión cuando los agentes retiraron a quienes bloqueaban el acceso.
La propiedad del inmueble, Urbagestión, no aceptó las propuestas planteadas para que Maricarmen permaneciera en la vivienda. Entre ellas figuraba la oferta de una donante anónima dispuesta a cubrir la diferencia entre los aproximadamente 500 euros que abonaba la inquilina y los 2.650 euros mensuales reclamados por la propiedad.
La movilización adquiere una dimensión mayor porque el caso de Maricarmen no aparece aislado. El lunes fue desahuciada Sílvia Sanz, vecina del barrio barcelonés de Gràcia, después de trece años viviendo en su piso. Tenía reconocida una discapacidad del 36% por motivos de salud mental y, según el Sindicat de Llogateres, se había activado el protocolo de prevención del suicidio.
Esa misma semana se conoció la muerte por suicidio de Olga, una vecina de 54 años de l’Hospitalet de Llobregat, ocurrida el 7 de septiembre, cinco meses después de haber perdido su vivienda. Las entidades que la acompañaban consideran que el desahucio agravó decisivamente su situación, aunque el suicidio es un fenómeno multicausal y no puede atribuirse a un único factor.
El precio de la vivienda expulsa a una parte creciente de la población
Los sindicatos sitúan estos episodios dentro de una crisis habitacional que supera las circunstancias individuales. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística refuerzan esa lectura: en 2025, el 7,6% de las personas mayores de 16 años buscó activamente una vivienda sin conseguir cambiar de residencia.
Entre quienes no pudieron hacerlo, el 67,2% señaló el precio excesivo como principal obstáculo. En la Comunidad de Madrid el porcentaje de búsqueda infructuosa llegó al 10,2%, uno de los más elevados del país.
Detrás de estos conflictos aparece una contradicción básica. Para quien vive en una casa, la vivienda tiene ante todo un valor de uso: permite dormir, criar, descansar y construir una vida en un barrio. Para una sociedad inmobiliaria o un fondo, además, puede tener un valor de cambio: es un activo del que obtener rentas y revalorización.
Cuando el aumento de esa rentabilidad exige elevar alquileres, sustituir contratos antiguos o cambiar el destino del inmueble, ambos intereses pueden chocar frontalmente. La desigualdad económica determina entonces qué capacidad tiene cada parte para sostener ese conflicto.
Las medidas contra los desahucios siguen bloqueadas
La disputa es también legislativa. En febrero, el Congreso derogó el Real Decreto-ley 2/2026, que extendía hasta finales de año la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La norma obtuvo 172 votos favorables, 177 contrarios y una abstención.
En abril fue derogado además el Real Decreto-ley 8/2026, que contemplaba, entre otras medidas, la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y limitar al 2% la actualización de algunas rentas cuando el arrendador fuera un gran tenedor. Aquella votación terminó con 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones.
Los sindicatos señalan también al Gobierno
PP, Vox y Junts votaron contra la moratoria, y los sindicatos responsabilizan también al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber aprobado todavía el nuevo decreto de vivienda anunciado a finales de junio.
El Ejecutivo había previsto llevar un paquete al Congreso en julio, con regulación de alquileres temporales y de habitaciones, mayor estabilidad contractual y medidas para ampliar la vivienda asequible, pero su aprobación fue aplazada por falta de apoyos parlamentarios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostiene que el Gobierno ha intentado llevar al Parlamento medidas para frenar los desahucios y reclama apoyos suficientes para aprobar una nueva protección.
Las movilizaciones coinciden, además, con The District, gran encuentro internacional del sector inmobiliario que se celebra en Madrid entre el 22 y el 24 de septiembre. Frente a ese escaparate empresarial, los sindicatos celebrarán del 24 al 27 de septiembre “El Barrio”, una contracumbre internacional que reunirá a organizaciones de vivienda de numerosos países.
La coincidencia resume el fondo de la disputa. Mientras una parte del sector inmobiliario habla de inversión, activos y rentabilidad, el movimiento inquilino coloca en primer plano permanencia, estabilidad y derecho a la vivienda.
El desahucio de Maricarmen ha convertido esa contradicción en una imagen concreta. Las protestas de estas horas intentan transformarla en presión colectiva para que el problema no quede reducido a la historia de una sola vecina.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Los Sindicatos de Inquilinas han convocado movilizaciones urgentes en doce ciudades del Estado después del desahucio este miércoles de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro que llevaba unos 70 años viviendo en la misma casa. Las protestas, organizadas en Madrid, Barcelona, Cádiz, Oviedo/Uviéu, València, Palma, Málaga, Sevilla, Ávila, Toledo, Guadalajara y Huelva —esta última el jueves— convierten un caso concreto en una denuncia general sobre el acceso a la vivienda y la protección de los hogares vulnerables.
El desalojo fue el cuarto intento de expulsarla y terminó con Maricarmen saliendo del edificio en camilla y siendo trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
Un amplio dispositivo policial para ejecutar el desalojo
Durante la mañana, cientos de vecinos y activistas intentaron impedir el lanzamiento en la calle Alcalde Sainz de Baranda. La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo y se produjeron momentos de tensión cuando los agentes retiraron a quienes bloqueaban el acceso.
La propiedad del inmueble, Urbagestión, no aceptó las propuestas planteadas para que Maricarmen permaneciera en la vivienda. Entre ellas figuraba la oferta de una donante anónima dispuesta a cubrir la diferencia entre los aproximadamente 500 euros que abonaba la inquilina y los 2.650 euros mensuales reclamados por la propiedad.
La movilización adquiere una dimensión mayor porque el caso de Maricarmen no aparece aislado. El lunes fue desahuciada Sílvia Sanz, vecina del barrio barcelonés de Gràcia, después de trece años viviendo en su piso. Tenía reconocida una discapacidad del 36% por motivos de salud mental y, según el Sindicat de Llogateres, se había activado el protocolo de prevención del suicidio.
Esa misma semana se conoció la muerte por suicidio de Olga, una vecina de 54 años de l’Hospitalet de Llobregat, ocurrida el 7 de septiembre, cinco meses después de haber perdido su vivienda. Las entidades que la acompañaban consideran que el desahucio agravó decisivamente su situación, aunque el suicidio es un fenómeno multicausal y no puede atribuirse a un único factor.
El precio de la vivienda expulsa a una parte creciente de la población
Los sindicatos sitúan estos episodios dentro de una crisis habitacional que supera las circunstancias individuales. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística refuerzan esa lectura: en 2025, el 7,6% de las personas mayores de 16 años buscó activamente una vivienda sin conseguir cambiar de residencia.
Entre quienes no pudieron hacerlo, el 67,2% señaló el precio excesivo como principal obstáculo. En la Comunidad de Madrid el porcentaje de búsqueda infructuosa llegó al 10,2%, uno de los más elevados del país.
Detrás de estos conflictos aparece una contradicción básica. Para quien vive en una casa, la vivienda tiene ante todo un valor de uso: permite dormir, criar, descansar y construir una vida en un barrio. Para una sociedad inmobiliaria o un fondo, además, puede tener un valor de cambio: es un activo del que obtener rentas y revalorización.
Cuando el aumento de esa rentabilidad exige elevar alquileres, sustituir contratos antiguos o cambiar el destino del inmueble, ambos intereses pueden chocar frontalmente. La desigualdad económica determina entonces qué capacidad tiene cada parte para sostener ese conflicto.
Las medidas contra los desahucios siguen bloqueadas
La disputa es también legislativa. En febrero, el Congreso derogó el Real Decreto-ley 2/2026, que extendía hasta finales de año la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La norma obtuvo 172 votos favorables, 177 contrarios y una abstención.
En abril fue derogado además el Real Decreto-ley 8/2026, que contemplaba, entre otras medidas, la posibilidad de prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y limitar al 2% la actualización de algunas rentas cuando el arrendador fuera un gran tenedor. Aquella votación terminó con 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones.
Los sindicatos señalan también al Gobierno
PP, Vox y Junts votaron contra la moratoria, y los sindicatos responsabilizan también al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber aprobado todavía el nuevo decreto de vivienda anunciado a finales de junio.
El Ejecutivo había previsto llevar un paquete al Congreso en julio, con regulación de alquileres temporales y de habitaciones, mayor estabilidad contractual y medidas para ampliar la vivienda asequible, pero su aprobación fue aplazada por falta de apoyos parlamentarios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostiene que el Gobierno ha intentado llevar al Parlamento medidas para frenar los desahucios y reclama apoyos suficientes para aprobar una nueva protección.
Las movilizaciones coinciden, además, con The District, gran encuentro internacional del sector inmobiliario que se celebra en Madrid entre el 22 y el 24 de septiembre. Frente a ese escaparate empresarial, los sindicatos celebrarán del 24 al 27 de septiembre “El Barrio”, una contracumbre internacional que reunirá a organizaciones de vivienda de numerosos países.
La coincidencia resume el fondo de la disputa. Mientras una parte del sector inmobiliario habla de inversión, activos y rentabilidad, el movimiento inquilino coloca en primer plano permanencia, estabilidad y derecho a la vivienda.
El desahucio de Maricarmen ha convertido esa contradicción en una imagen concreta. Las protestas de estas horas intentan transformarla en presión colectiva para que el problema no quede reducido a la historia de una sola vecina.
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