EL DIÉSEL SE DISPARA Y CANARIAS ENTRA EN LA ZONA DE PELIGRO: CUANDO SUBE EL COMBUSTIBLE, SUBE TODO
El gasóleo se ha encarecido cerca de un 68% antes de impuestos desde el inicio de la guerra en Irán
La guerra en Irán ha disparado el coste internacional del gasóleo y Canarias está amortiguando el impacto mediante impuestos reducidos y ayudas. El problema llegará al final de septiembre: si los precios siguen altos y desaparece parte del escudo fiscal, el encarecimiento puede extenderse por toda la economía insular.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El precio del gasóleo antes de impuestos se ha encarecido cerca de un 68% desde el comienzo de la guerra en Irán, según los datos analizados por EFE, mientras su precio final en España ha aumentado bastante menos gracias a las rebajas fiscales.
En Canarias el problema adquiere una dimensión especial: el Archipiélago depende del transporte marítimo y terrestre para mover prácticamente toda su economía, desde alimentos importados hasta mercancías, turistas y producción agrícola. Además, las medidas extraordinarias canarias —entre ellas el tipo cero del IGIC sobre combustibles— expiran el 30 de septiembre salvo nueva decisión. El riesgo no está solamente en pagar más al llenar el depósito: está en que el encarecimiento termine recorriendo toda la cadena de precios.
Canarias todavía conserva una ventaja fiscal respecto a la Península. Los datos de estaciones correspondientes al 19 de septiembre situaban el gasóleo medio alrededor de 1,64 euros por litro en Las Palmas y 1,70 en Santa Cruz de Tenerife, frente a aproximadamente 1,92 euros en el conjunto estatal. Pero esa diferencia no significa que las Islas estén protegidas frente al mercado internacional.
El combustible llega de un mercado cuyos precios se forman fuera del Archipiélago. Canarias puede reducir impuestos, pero no puede decidir cuánto cuesta internacionalmente el petróleo ni el gasóleo refinado. Ahí se encuentra el límite de las medidas fiscales.
EL GOBIERNO RENUNCIA A IMPUESTOS PARA FRENAR EL SURTIDOR
Desde abril, el Ejecutivo canario aplica medidas excepcionales por la crisis de Oriente Medio. Durante septiembre se mantiene el tipo cero del IGIC sobre petróleo y productos derivados del refino, además de otros productos energéticos. Agricultura y transporte profesional reciben también un tratamiento reforzado en el impuesto canario sobre combustibles.
El mecanismo parece sencillo, pero conviene entender quién paga. Cuando una administración reduce un impuesto, el combustible no se vuelve realmente más barato de producir. El petróleo, el refino, el transporte y el margen comercial continúan costando. Lo que desaparece temporalmente es una parte de la recaudación pública. El consumidor paga menos en el surtidor porque la Administración deja de ingresar.
El Estado ha utilizado un mecanismo parecido para el transporte profesional. El real decreto-ley aprobado en junio establece una ayuda total equivalente a 20 céntimos por litro de gasóleo durante septiembre para determinados transportistas, combinando ayuda directa y fiscalidad.
Estas intervenciones pueden impedir que un aumento súbito destruya márgenes empresariales o se traslade inmediatamente a los consumidores. Pero no eliminan el coste: lo socializan mediante menor recaudación o gasto presupuestario.
En Canarias el efecto es particularmente importante porque prácticamente cualquier producto físico necesita transporte. Un supermercado paga por mover mercancías desde el puerto hasta sus tiendas. Una empresa de distribución alimenta una flota. El agricultor utiliza maquinaria y vehículos. Hoteles, construcción, reparto y servicios técnicos consumen combustible directa o indirectamente.
Cuando el gasóleo sube durante semanas, las empresas tienen tres opciones básicas: absorber el incremento reduciendo su margen, mejorar eficiencia o trasladarlo total o parcialmente al precio final.
LA FACTURA VIAJA DEL CAMIÓN AL SUPERMERCADO
La vulnerabilidad canaria procede de su estructura económica y geográfica. Una parte sustancial de lo que consumen los hogares llega desde miles de kilómetros. La insularidad obliga a añadir transporte marítimo y después distribución terrestre. Incluso la producción local necesita fertilizantes, envases, repuestos y maquinaria que frecuentemente vienen del exterior.
El combustible funciona así como un coste transversal. Una subida de diez céntimos puede parecer pequeña para quien llena ocasionalmente un depósito de 50 litros: son cinco euros. Para una empresa que consume decenas de miles de litros, la escala cambia completamente.
Y el mercado ya está enviando señales preocupantes. En la provincia de Las Palmas el diésel se encontraba el 19 de septiembre alrededor de 1,635 euros de media; distintas estaciones superaban ampliamente esa cifra. En Santa Cruz de Tenerife la media provincial rondaba 1,696 euros y existían estaciones por encima de 1,80.
La cuestión inmediata es qué ocurrirá en octubre. La norma autonómica que mantiene el tipo cero tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. El paquete estatal extraordinario también concentra buena parte de sus ayudas actuales hasta final de mes. Eso no significa que el 1 de octubre desaparezcan necesariamente todas las medidas: ambos gobiernos pueden prorrogarlas o sustituirlas. Pero, a día de hoy, esa continuidad no debe darse por hecha.
Si el mercado continúa tensionado y simultáneamente disminuye la protección fiscal, el incremento será más visible para hogares y empresas. Existe además una cuestión distributiva. Una rebaja general del impuesto beneficia a cualquiera que compre combustible, independientemente de su renta o de que el consumo sea imprescindible. Las ayudas específicas a agricultores y transportistas concentran el apoyo en actividades cuyo coste puede trasladarse a alimentos y mercancías. Cada fórmula distribuye de manera diferente el dinero público.
A corto plazo, contener el precio evita una transmisión brusca a toda la economía. A largo plazo, sin embargo, Canarias continúa atrapada en la misma dependencia: necesita importar energía fósil para sostener transporte, generación eléctrica y buena parte de su actividad productiva.
Por eso la crisis actual vuelve a mostrar una contradicción conocida. El Archipiélago puede modificar impuestos para amortiguar el golpe, pero mientras su economía dependa estructuralmente de combustibles cuyo precio decide un mercado internacional sometido a guerras y tensiones geopolíticas, la factura siempre acabará llegando de alguna manera: al surtidor, al presupuesto público o al precio de las mercancías.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El precio del gasóleo antes de impuestos se ha encarecido cerca de un 68% desde el comienzo de la guerra en Irán, según los datos analizados por EFE, mientras su precio final en España ha aumentado bastante menos gracias a las rebajas fiscales.
En Canarias el problema adquiere una dimensión especial: el Archipiélago depende del transporte marítimo y terrestre para mover prácticamente toda su economía, desde alimentos importados hasta mercancías, turistas y producción agrícola. Además, las medidas extraordinarias canarias —entre ellas el tipo cero del IGIC sobre combustibles— expiran el 30 de septiembre salvo nueva decisión. El riesgo no está solamente en pagar más al llenar el depósito: está en que el encarecimiento termine recorriendo toda la cadena de precios.
Canarias todavía conserva una ventaja fiscal respecto a la Península. Los datos de estaciones correspondientes al 19 de septiembre situaban el gasóleo medio alrededor de 1,64 euros por litro en Las Palmas y 1,70 en Santa Cruz de Tenerife, frente a aproximadamente 1,92 euros en el conjunto estatal. Pero esa diferencia no significa que las Islas estén protegidas frente al mercado internacional.
El combustible llega de un mercado cuyos precios se forman fuera del Archipiélago. Canarias puede reducir impuestos, pero no puede decidir cuánto cuesta internacionalmente el petróleo ni el gasóleo refinado. Ahí se encuentra el límite de las medidas fiscales.
EL GOBIERNO RENUNCIA A IMPUESTOS PARA FRENAR EL SURTIDOR
Desde abril, el Ejecutivo canario aplica medidas excepcionales por la crisis de Oriente Medio. Durante septiembre se mantiene el tipo cero del IGIC sobre petróleo y productos derivados del refino, además de otros productos energéticos. Agricultura y transporte profesional reciben también un tratamiento reforzado en el impuesto canario sobre combustibles.
El mecanismo parece sencillo, pero conviene entender quién paga. Cuando una administración reduce un impuesto, el combustible no se vuelve realmente más barato de producir. El petróleo, el refino, el transporte y el margen comercial continúan costando. Lo que desaparece temporalmente es una parte de la recaudación pública. El consumidor paga menos en el surtidor porque la Administración deja de ingresar.
El Estado ha utilizado un mecanismo parecido para el transporte profesional. El real decreto-ley aprobado en junio establece una ayuda total equivalente a 20 céntimos por litro de gasóleo durante septiembre para determinados transportistas, combinando ayuda directa y fiscalidad.
Estas intervenciones pueden impedir que un aumento súbito destruya márgenes empresariales o se traslade inmediatamente a los consumidores. Pero no eliminan el coste: lo socializan mediante menor recaudación o gasto presupuestario.
En Canarias el efecto es particularmente importante porque prácticamente cualquier producto físico necesita transporte. Un supermercado paga por mover mercancías desde el puerto hasta sus tiendas. Una empresa de distribución alimenta una flota. El agricultor utiliza maquinaria y vehículos. Hoteles, construcción, reparto y servicios técnicos consumen combustible directa o indirectamente.
Cuando el gasóleo sube durante semanas, las empresas tienen tres opciones básicas: absorber el incremento reduciendo su margen, mejorar eficiencia o trasladarlo total o parcialmente al precio final.
LA FACTURA VIAJA DEL CAMIÓN AL SUPERMERCADO
La vulnerabilidad canaria procede de su estructura económica y geográfica. Una parte sustancial de lo que consumen los hogares llega desde miles de kilómetros. La insularidad obliga a añadir transporte marítimo y después distribución terrestre. Incluso la producción local necesita fertilizantes, envases, repuestos y maquinaria que frecuentemente vienen del exterior.
El combustible funciona así como un coste transversal. Una subida de diez céntimos puede parecer pequeña para quien llena ocasionalmente un depósito de 50 litros: son cinco euros. Para una empresa que consume decenas de miles de litros, la escala cambia completamente.
Y el mercado ya está enviando señales preocupantes. En la provincia de Las Palmas el diésel se encontraba el 19 de septiembre alrededor de 1,635 euros de media; distintas estaciones superaban ampliamente esa cifra. En Santa Cruz de Tenerife la media provincial rondaba 1,696 euros y existían estaciones por encima de 1,80.
La cuestión inmediata es qué ocurrirá en octubre. La norma autonómica que mantiene el tipo cero tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. El paquete estatal extraordinario también concentra buena parte de sus ayudas actuales hasta final de mes. Eso no significa que el 1 de octubre desaparezcan necesariamente todas las medidas: ambos gobiernos pueden prorrogarlas o sustituirlas. Pero, a día de hoy, esa continuidad no debe darse por hecha.
Si el mercado continúa tensionado y simultáneamente disminuye la protección fiscal, el incremento será más visible para hogares y empresas. Existe además una cuestión distributiva. Una rebaja general del impuesto beneficia a cualquiera que compre combustible, independientemente de su renta o de que el consumo sea imprescindible. Las ayudas específicas a agricultores y transportistas concentran el apoyo en actividades cuyo coste puede trasladarse a alimentos y mercancías. Cada fórmula distribuye de manera diferente el dinero público.
A corto plazo, contener el precio evita una transmisión brusca a toda la economía. A largo plazo, sin embargo, Canarias continúa atrapada en la misma dependencia: necesita importar energía fósil para sostener transporte, generación eléctrica y buena parte de su actividad productiva.
Por eso la crisis actual vuelve a mostrar una contradicción conocida. El Archipiélago puede modificar impuestos para amortiguar el golpe, pero mientras su economía dependa estructuralmente de combustibles cuyo precio decide un mercado internacional sometido a guerras y tensiones geopolíticas, la factura siempre acabará llegando de alguna manera: al surtidor, al presupuesto público o al precio de las mercancías.
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