LA PALMA SE QUEDA SIN EL TELESCOPIO DE 3.000 MILLONES: ¿QUÉ SE PIERDE REALMENTE?

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    La Palma no albergará finalmente el Telescopio de Treinta Metros (TMT), una de las mayores infraestructuras astronómicas proyectadas en el mundo, impulsada por un consorcio internacional formado por instituciones científicas de Estados Unidos, Japón, India y Canadá.

   La decisión ha sido presentada por las instituciones canarias como una importante oportunidad perdida. España había llegado a articular una propuesta financiera potencial de hasta 1.000 millones de euros para intentar atraer un proyecto cuyo coste global se estima en unos 3.000 millones. Sin embargo, frente a ese relato existe desde hace años una oposición encabezada por organizaciones ecologistas y sindicales que cuestionaba tanto sus supuestos beneficios económicos como sus consecuencias ambientales y territoriales. La decisión merece, por tanto, un análisis menos simple que limitarse a celebrar o lamentar que el telescopio no llegue.

   Para empezar, los 1.000 millones anunciados necesitan explicación. España no pretendía entregar esa cantidad directamente al consorcio. El Gobierno había comprometido hasta 400 millones a través del CDTI, mientras el Banco Europeo de Inversiones estudiaba un préstamo de hasta 300 millones y el ICO analizaba otros 300 millones. Tampoco los aproximadamente 3.000 millones del coste del TMT habrían terminado en la economía palmera. Una infraestructura científica internacional requiere óptica, electrónica, ingeniería y maquinaria fabricadas en diferentes lugares del mundo. La cuestión económica verdaderamente importante era cuánto de esa enorme inversión habría acabado convirtiéndose en salarios, contratos empresariales, conocimiento y capacidad tecnológica permanente en Canarias.

LOS EMPLEOS PROMETIDOS Y LA ECONOMÍA REAL DE LA PALMA

   Algo parecido sucede con el empleo. Un estudio elaborado en la Universidad de La Laguna estimó que el funcionamiento del TMT podría generar o contribuir a mantener unos 745 empleos equivalentes a tiempo completo en La Palma. Pero eso no significa que el telescopio fuese a contratar a 745 trabajadores palmeros. El cálculo incorporaba empleos directos, indirectos e inducidos y utilizaba multiplicadores para estimar la actividad generada por unos 25 millones de euros anuales de gasto operativo. Estamos, por tanto, ante una proyección económica y no ante centenares de contratos garantizados.

  Existe además otro problema que suele desaparecer cuando se anuncian grandes proyectos: quién termina ocupando los puestos creados. Un telescopio de estas características necesita científicos, ingenieros, informáticos, especialistas en óptica y electrónica y técnicos altamente cualificados. Canarias posee profesionales y una importante experiencia acumulada alrededor del Instituto de Astrofísica de Canarias, pero no puede suponerse que todos esos puestos hubieran sido ocupados por residentes de La Palma. Parte del personal especializado probablemente habría llegado de otras islas, de la Península o del extranjero. Eso no elimina el beneficio económico de su presencia, pero sí obliga a diferenciar entre empleo localizado en La Palma y empleo destinado realmente a la población palmera.

  Tampoco parece razonable aceptar sin matices que el TMT hubiera transformado el modelo productivo de la isla. La astrofísica genera actividad económica real, empleos y conocimiento en Canarias, por lo que tampoco resulta sostenible afirmar que los observatorios existentes no han aportado nada a la diversificación económica. Pero décadas de actividad astronómica tampoco han alterado sustancialmente la estructura económica del Archipiélago. El TMT habría reforzado un sector tecnológico muy valioso y poco dependiente del turismo, pero convertir eso en la promesa de una transformación económica profunda habría significado confundir una posibilidad con una certeza.

EL COSTE AMBIENTAL Y TERRITORIAL TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA CUENTA

   Las objeciones ambientales merecen igualmente ser tomadas en serio. El TMT no iba a construirse sobre un territorio carente de valor ecológico. La propia documentación ambiental del proyecto analiza los efectos sobre vegetación, fauna, paisaje, hidrología y patrimonio, y reconoce la existencia de hábitats de interés. El proyecto obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental favorable y posteriormente licencia de obras, lo que impide presentarlo simplemente como una infraestructura ilegal desde el punto de vista ambiental. Pero una declaración favorable tampoco significa ausencia de impacto: significa que la Administración evaluó ese impacto y consideró posible autorizar el proyecto aplicando determinadas condiciones y medidas correctoras.

  Existe asimismo una discusión sobre la ocupación del territorio. Para hacer posible el proyecto se incorporaron 9,8 hectáreas, unos 98.000 metros cuadrados, al espacio disponible para el observatorio. Eso no significa, como podría deducirse de algunas críticas, que fueran a construirse 98.000 metros cuadrados de edificios, pero sí implicaba una nueva ocupación territorial. Las organizaciones contrarias al TMT también han advertido sobre la presencia de patrimonio arqueológico benahoarita en las cumbres palmeras. La cuestión arqueológica figura en la documentación que debía evaluar el proyecto, aunque con la información comprobada no parece prudente afirmar como hecho demostrado que el telescopio fuese a destruir importantes yacimientos indígenas.

  Más delicada todavía es la denuncia sobre una posible contaminación de los acuíferos provocada por las instalaciones astronómicas existentes. Hay documentación oficial sobre depuración y vertidos de aguas residuales y sobre la necesidad de mejorar las infraestructuras de saneamiento del Observatorio del Roque de los Muchachos. Eso justifica vigilancia y control ambiental, pero no hemos encontrado pruebas suficientes para afirmar que los telescopios hayan provocado una contaminación grave del acuífero palmero. La existencia de aguas residuales y productos químicos que requieren tratamientos específicos no puede convertirse automáticamente en contaminación demostrada sin análisis que establezcan esa relación.

  También ha existido una importante controversia jurídica. Ben Magec-Ecologistas en Acción consiguió inicialmente que un juzgado anulase la concesión administrativa de 9,8 hectáreas realizada al IAC, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocó aquella sentencia y avaló la concesión. Resulta legítimo, por tanto, hablar de conflicto judicial y de cuestionamientos sobre el procedimiento, pero no de una ilegalidad ambiental definitivamente establecida por los tribunales.

  Algo parecido ocurre con el supuesto apoyo popular. Las instituciones públicas defendieron ampliamente la candidatura, mientras organizaciones sociales y sindicales sostienen que ese respaldo institucional no representaba a la sociedad palmera. Sin una encuesta representativa suficientemente sólida, ninguna de las dos partes debería apropiarse de la voluntad colectiva de la población. Gobierno, Cabildo o ayuntamientos pueden apoyar un proyecto; eso demuestra apoyo institucional, no necesariamente consenso social.

  La conclusión resulta bastante menos espectacular que los discursos enfrentados. La Palma ha perdido la posibilidad de albergar una infraestructura científica extraordinaria que habría generado actividad económica, empleo y conocimiento durante décadas. Pero no ha perdido automáticamente 3.000 millones de euros ni 745 puestos de trabajo para los palmeros. Al mismo tiempo, el rechazo del TMT evita nuevos impactos sobre un territorio de extraordinario valor natural y cultural, aunque algunas de las acusaciones más graves formuladas contra el proyecto tampoco aparecen suficientemente demostradas.

   La cuestión verdaderamente interesante empieza ahora. España demostró estar dispuesta a movilizar enormes recursos públicos para conseguir que un consorcio internacional instalase el TMT en La Palma. Si existe esa capacidad inversora, Canarias debería preguntarse cómo desarrollar con una ambición semejante sus propias capacidades científicas y productivas: formar técnicos e ingenieros, fortalecer universidades e investigación, crear empresas tecnológicas y conseguir que una proporción mayor del valor generado por la ciencia permanezca en las Islas. Porque una economía no se transforma simplemente acumulando grandes inversiones. Se transforma cuando consigue convertir inversión y conocimiento en capacidad productiva propia y en mejores condiciones materiales para la población que vive en el territorio.