POR CÁNDIDO GÁLVEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     Europa y América atraviesan un ciclo electoral que, más allá de decidir gobiernos, permitirá comprobar quién está consiguiendo dar una explicación política a la crisis social de nuestro tiempo.

   Suecia acaba de votar; Brasil celebrará la primera vuelta presidencial el próximo 4 de octubre y una eventual segunda el 25; Estados Unidos renovará el Congreso el 3 de noviembre; Francia elegirá presidente en abril y mayo de 2027; España deberá celebrar elecciones generales en 2027 salvo adelanto. Alemania presenta un calendario diferente: sus próximas federales ordinarias no corresponden hasta 2029, aunque las elecciones regionales inmediatas permiten medir ya la expansión de Alternativa para Alemania.

   Los países, naturalmente, no son iguales. Tampoco sus extremas derechas. Pero bajo esas diferencias aparece un fenómeno común: después de décadas de precarización del empleo, debilitamiento sindical, privatizaciones, encarecimiento de la vivienda y creciente concentración de la riqueza, millones de personas perciben que han perdido seguridad y capacidad para controlar su futuro.

  La cuestión decisiva es quién conseguirá explicarles por qué ocurre. Desde Marx hasta Gramsci, y desde Poulantzas hasta Losurdo, una tradición de pensamiento ha insistido precisamente en esto: una crisis económica nunca produce automáticamente una respuesta política determinada. Hace falta convertir intereses sociales en ideas, organización y poder. La extrema derecha está demostrando, aquí y acullá, una considerable capacidad para hacerlo.

  SUECIA: PERDER LAS ELECCIONES DESPUÉS DE HABER DESPLAZADO EL SENTIDO COMÚN

    Suecia ofrece una primera lección. Las elecciones de este 13 de septiembre dejaron provisionalmente al bloque de centroizquierda de Magdalena Andersson con 176 escaños frente a 173 de la derecha de Ulf Kristersson. Los Demócratas de Suecia, extrema derecha que había sostenido desde 2022 al Gobierno conservador, retrocedieron por primera vez en unas elecciones parlamentarias. Los datos  registraron la estrechísima diferencia, a la vez que recuerdan la importancia que tendrá la formación de alianzas. Reuters confirma tanto el retroceso ultraderechista como una paradoja fundamental: aunque cambie el Gobierno, resulta mas que improbable un regreso a las antiguas políticas migratorias suecas.

  Es en ese punto donde reaparece Gramsci, para recordarnos que una fuerza política puede perder votos y, sin embargo, haber conquistado parte de la hegemonía, es decir, haber conseguido que sus preguntas, prioridades y categorías se conviertan en el terreno común sobre el que discuten incluso sus adversarios.

   Los Demócratas de Suecia no han necesitado controlar todos los ministerios para transformar la política sueca. Les ha bastado con conseguir que inmigración, "seguridad" e identidad nacional ocuparan el centro de la agenda y que el resto de los partidos terminaran desplazándose hacia posiciones anteriormente identificadas con la derecha radical.

   La extrema derecha puede, por tanto, sufrir una derrota electoral después de haber obtenido una victoria ideológica. Esta será una de las cuestiones centrales del ciclo que comienza.

BRASIL: SOBERANÍA EN EL DISCURSO, DESARME IDEOLÓGICO EN LA PRÁCTICA

    Brasil presenta una contradicción más profunda de la que sugiere una simple confrontación entre Lula y el bolsonarismo. El presidente ha elegido para esta campaña un lenguaje de soberanía económica: petróleo, minerales críticos, tierras raras, industria nacional y capacidad del Estado para impedir que los recursos estratégicos terminen subordinados a intereses extranjeros. La interrogante que Lula le plantea a los electores es quién debe controlar las riquezas del país, presentando la elección como una disputa por la soberanía brasileña. Pero el problema político empieza justamente ahí: ese discurso no descansa sobre una práctica suficientemente coherente como para convertirse, por sí solo, en una alternativa ideológica reconocible frente a la derecha bolsonarista.

    Durante años, el lulismo ha construido su gobernabilidad mediante una política de conciliación con fuerzas que representan intereses empresariales, agrarios, financieros y conservadores. Lo que inicialmente trató de justificar como una táctica para ampliar mayorías, ha terminado convirtiéndose en una forma estable de administración. El resultado ha sido una erosión progresiva de la frontera política entre transformación y adaptación. Cuando un gobierno que se reclama popular necesita apoyarse de manera permanente en sectores cuya función histórica consiste precisamente en bloquear las reformas profundas que requiere la mayoría social, el precio no es únicamente programático: es también ideológico.

   En ese flanco reside una de las mayores debilidades de Lula ante el bolsonarismo. El problema no es solamente que haya cedido en determinadas políticas. Es que ha contribuido a vaciar el espacio desde el cual podía construirse una explicación popular coherente de la sociedad brasileña.

   Si el Gobierno afirma defender a los trabajadores pero gobierna negociando continuamente con representantes de las mismas clases dominantes que condicionan salarios, fiscalidad, propiedad agraria y acceso a la riqueza, el elector acaba teniendo dificultades para distinguir entre una política reformista limitada y una gestión moderada del mismo orden existente.

    La consecuencia es particularmente grave desde una perspectiva gramsciana. La política no se limita a aprobar leyes: también crea sentido común. Y cuando una izquierda abandona progresivamente la disputa ideológica para concentrarse en administrar equilibrios parlamentarios, deja un vacío que otros ocupan.

   El bolsonarismo ha podido presentarse así como una fuerza de ruptura precisamente mientras defendía intereses profundamente ligados al orden económico tradicional. Es una paradoja sólo aparente: la derecha radical puede aparecer como antisistema cuando la izquierda ha dejado de parecer transformadora.

    Eso explica por qué el electorado popular puede sentirse políticamente huérfano. Durante décadas, el Partido del Trabajo de Lula articuló expectativas de redistribución, ascenso social, derechos laborales y soberanía nacional. Pero la alianza permanente con sectores conservadores ha debilitado la credibilidad de ese proyecto. Una cosa es pactar coyunturalmente para aprobar una medida; otra muy distinta es convertir la conciliación de clases en principio estratégico de gobierno. Cuando esto ocurre, la política reformista deja de aparecer como transición hacia algo diferente y comienza a parecer simplemente una versión socialmente más amable del mismo sistema.

    Marx permite formular aquí el problema con claridad. Las alianzas políticas no pueden analizarse sólo por sus nombres o por su utilidad parlamentaria; hay que observar qué intereses materiales representan. Si determinadas fuerzas expresan a grandes propietarios, grupos financieros o sectores del agronegocio, su incorporación estable a la gobernabilidad limita necesariamente el margen de cualquier proyecto que pretenda alterar de manera significativa la distribución de riqueza y poder. El Estado puede aumentar transferencias, mejorar salarios o impulsar inversión pública, pero mientras las estructuras fundamentales de propiedad permanezcan intactas y quienes se benefician de ellas conserven capacidad de veto, el reformismo termina administrando sus propios límites. Justo en ese punto es donde la retórica de Lula ha encontrado su frontera infranqueable.

    El bolsonarismo se beneficia precisamente de esa contradicción. Puede presentarse como una rebelión contra una "clase política" desacreditada, aun siendo representante de sectores profundamente conservadores del capital brasileño. Puede movilizar el resentimiento contra las instituciones sin llegar a cuestionar mínimamente las relaciones económicas que producen desigualdad. Y puede hacerlo porque la "izquierda" gubernamental ha contribuido durante años a borrar una parte de la línea que separaba políticamente ambos campos.

   Brasil, por tanto, no enfrenta simplemente dos proyectos claros y perfectamente delimitados. Enfrenta también las consecuencias de una "izquierda" que, buscando estabilidad, terminó debilitando su propia identidad. Lula continúa representando para millones de brasileños una defensa frente al autoritarismo bolsonarista . Pero eso no elimina la cuestión central: ¿puede combatir eficazmente a una derecha radical después de haber compartido durante años la administración del aparato del Estado con sectores de la derecha tradicional que prepararon buena parte del terreno sobre el que aquella creció?

   ESTADOS UNIDOS: EL TRUMPISMO NO LLEGÓ DESDE FUERA DEL SISTEMA

    El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Trump ha convertido deliberadamente las elecciones de medio mandato en un plebiscito sobre su presidencia, mientras los demócratas aparecen bien situados para disputar la Cámara y la batalla por el Senado permanece mucho más abierta.

  La agencia Reuters registra un deterioro considerable de la posición republicana, mientras el propio Trump pide a sus votantes que actúen como si él estuviera personalmente en las papeletas.  El coste de la vida, los precios energéticos y la política exterior están constituyendo importantes factores de desgaste.

  Resultaría tranquilizador interpretar a Trump como una anomalía que irrumpió en una democracia normalmente equilibrada. Pero es precisamente esa explicación la que impide comprenderlo. Estados Unidos lleva décadas combinando una gigantesca acumulación de riqueza con inseguridad laboral, endeudamiento, costes sanitarios extraordinarios y dificultades crecientes de acceso a la vivienda.

   La verdad es que Trump no creó esas contradicciones. Pero sí les proporcionó a un culpable. La desindustrialización se la atribuyó a China; el deterioro salarial, a los inmigrantes; la sensación de pérdida de posición social, a las minorías; la inseguridad económica, a enemigos exteriores.

    De esa manera, un problema vertical —es decir, la distribución de poder y riqueza entre capital y trabajo— lo convirtió en una confrontación horizontal entre distintos sectores de las clases populares. Esa ha sido una de las operaciones políticas más brillantes de la extrema derecha contemporánea. Aunque igualmente hay que advertir que tal éxito no hubiera sido posible sin la generosa contribución prestada por la súbita desaparición de una izquierda coherente con su historia. 

FRANCIA: CUANDO LOS ANTIGUOS TERRITORIOS OBREROS CAMBIAN DE BANDERA

     Francia celebrará la primera vuelta presidencial el 18 de abril de 2027, y la segunda el 2 de mayo. Marine Le Pen continúa encabezando las principales encuestas electorales y el centro político construido en torno a Emmanuel Macron afronta su sucesión notablemente debilitado.

    Resulta imposible comprender a Reagrupamiento Nacional mirando únicamente la inmigración. Una parte de su avance se ha producido precisamente en antiguas zonas industriales donde durante décadas existió una potente cultura comunista, socialista y sindical. La desaparición de fábricas, la pérdida de empleos estables y el debilitamiento de las organizaciones obreras no eliminaron el descontento: tan solo dejaron vacante su interpretación.

    Gramsci mantenía que cuando una clase pierde sus organizaciones, sus espacios colectivos y su capacidad para explicar el mundo, otros pueden proporcionar el relato sustitutivo. La extrema derecha francesa ha conseguido transformar parte de la antigua cuestión social en una cuestión nacional: ya el problema no es  quién posee la fábrica, sino quién pertenece realmente a Francia; ya no hay propietarios frente a asalariados, sino franceses frente a inmigrantes. La lucha de clases no desaparece, ciertamente,  pero se vuelve irreconocible para quienes la padecen.

ALEMANIA: AISLAR A AFD NO ELIMINA AQUELLO QUE LA ALIMENTA

    Alemania demuestra los límites del llamado cordón sanitario contra la extrema derecha.  AfD continúa excluida de las coaliciones federales, pero acaba de lograr un resultado histórico en Sajonia-Anhalt y afronta nuevas pruebas regionales mientras crece el malestar por el coste de la vida, la situación industrial y las políticas gubernamentales.

  Sería simplista afirmar que todo el gran capital alemán desea una victoria de AfD. Numerosos empresarios temen sus posiciones sobre la Unión Europea, el euro o la inmigración laboral. Pero también sería ingenuo separar su ascenso de la crisis del modelo económico alemán.

      El Estado no es un árbitro neutral situado por encima de las clases, sino un espacio donde se reflejan sus relaciones de fuerza. Cuando esas relaciones cambian, también cambia la forma de mantener el orden. Por eso, el autoritarismo no necesita eliminar elecciones o parlamentos: puede avanzar desde dentro, reforzando al Ejecutivo, ampliando la represión y reduciendo la capacidad de organización y protesta social.

   El intringulis de la cuestión alemana será, por tanto, si la derecha tradicional conseguirá contener a AfD, o terminará normalizando parte de su programa en el intento de recuperar a sus antiguos votantes.

ESPAÑA: VOX NO NECESITA GANAR PARA GOBERNAR

     España contiene otra modalidad del mismo fenómeno. Vox no necesita convertirse en primera fuerza para adquirir una enorme capacidad política. Le bastaría con obtener los diputados necesarios para que el PP dependa de ellos.

   Las encuestas del CIS de apenas hace unas horas, ha situado a Vox en el 16,6% y registra una característica particularmente significativa: su fortaleza entre los jóvenes de 18 a 34 años. Al mismo tiempo, los problemas económicos y materiales siguen ocupando un lugar central entre las preocupaciones ciudadanas.

   Aquí puede observarse de manera casi pedagógica la batalla ideológica. Un joven que dedica una parte enorme de su salario al alquiler puede recibir dos explicaciones. Una señala el precio del suelo, la concentración de viviendas, los fondos de inversión, los salarios bajos y la escasez de parque público. Otra le dice que está compitiendo con inmigrantes por una vivienda escasa.

     La primera explicación dirige la mirada hacia la estructura de la propiedad y la distribución del poder económico; la segunda, en cambio, la desvía hacia otro trabajador. De este modo, una contradicción esencialmente vertical —entre quienes concentran la propiedad, los recursos y la capacidad de decisión, y quienes dependen de la venta de su fuerza de trabajo— es reformulada como un conflicto horizontal entre sujetos que ocupan posiciones sociales semejantes: el trabajador nacional frente al inmigrante que tiene a su lado. Podría pensarse que se trata de una operación ideológica relativamente sencilla de desmontar.

   Sin embargo, una parte sustancial de la izquierda reformista parece haber perdido la capacidad de hacerlo. La razón de esta incapacidad pudiera obedecer, al menos en parte, a que quienes deberían disputar ese marco interpretativo han dejado también de concebir la desigualdad como una relación estructural entre clases y han sustituido progresivamente el análisis de la propiedad, la explotación y el poder económico por una lectura fragmentaria de los conflictos sociales.

   Cuando se abandona la idea de que la contradicción central es vertical, se vuelve mucho más difícil explicar por qué el enfrentamiento horizontal entre trabajadores constituye, precisamente, una forma de ocultar las relaciones de poder que organizan la sociedad.

   Vox ha obtenido una parte de su eficacia precisamente desplazando el conflicto desde la estructura económica hacia la identidad nacional. Y la derecha tradicional afronta entonces el mismo dilema que apareció en Suecia: intentar neutralizar a la extrema derecha adoptando parte de sus argumentos.  Claro que esa adopción puede terminar perfectamente convirtiendo esos argumentos en sentido común.

   LA VERDADERA DISPUTA: ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE EL ENFADO?

   Suecia, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania y España no caminan hacia un mismo régimen, ni poseen extremas derechas idénticas. Pero comparten una pregunta política decisiva.

    La extrema derecha está demostrando que puede apropiarse de contradicciones reales sin cuestionar las relaciones económicas que las crean. No inventa el alquiler imposible, la inseguridad laboral, el cierre de fábricas ni el deterioro de los servicios públicos. Lo que hace es modificar su explicación.  La extrema derecha triunfa cuando consigue que los problemas producidos por la organización económica parezcan provocados por quienes también los padecen.

  Las próximas elecciones decidirán presidentes, parlamentos y coaliciones. Pero detrás de las papeletas habrá otra batalla más profunda. Una política explica al trabajador que su enemigo está abajo, entre otros trabajadores, otros pobres o quienes llegaron de otro país. La alternativa consiste en volver a dirigir la mirada hacia arriba: hacia quienes poseen, quienes deciden y quienes se apropian de la riqueza que produce la mayoría.

   Ese será, mucho más que cualquier porcentaje electoral, el verdadero mapa político que estas elecciones están empezando a dibujar.