UNA ESTUDIANTE CANARIA, CUARTA ASESINADA EN MORELOS (MÉXICO) EN SIETE MESES
La Universidad de Granada cancela otros tres intercambios tras reconocer que desconocía los asesinatos recientes de alumnas de la universidad mexicana
Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante grancanaria de 21 años, fue asesinada cuando llevaba apenas un mes de intercambio universitario en México. Claudia había viajado a para estudiar durante un semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante grancanaria de 21 años, fue asesinada cuando llevaba apenas un mes de intercambio universitario en México. Claudia había viajado a para estudiar durante un semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Cursaba el último año del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada y se encontraba cumpliendo uno de los proyectos que más ilusión le hacían: completar su formación, conocer otro país y ampliar su experiencia académica y personal.
La joven canaria, nacida en el municipio grancanario de Santa Brígida, había estudiado anteriormente Educación Primaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Llevaba aproximadamente un mes en México cuando, durante la noche del sábado, fue atacada con un arma blanca en Cuautla, una ciudad situada en el estado de Morelos, a unos cien kilómetros de la capital mexicana.
Según las primeras informaciones difundidas por las autoridades y los medios locales, Claudia había asistido a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada en la Casa de la Cultura de Cuautla. Al finalizar las actividades habría sufrido un presunto asalto en las inmediaciones del recinto. Gravemente herida, consiguió pedir ayuda, pero falleció antes de que pudieran auxiliarla los servicios de emergencia.
Esta es, por el momento, una reconstrucción provisional. La Fiscalía General del Estado de Morelos asegura que mantiene abiertas todas las líneas de investigación. El supuesto robo no puede considerarse todavía el móvil demostrado del asesinato ni se ha informado públicamente de la detención de ninguna persona.
UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA COMO FEMINICIDIO
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que la muerte se investiga aplicando el protocolo de feminicidio y que su institución está en contacto con el Consulado de España. Investigar una muerte violenta de una mujer bajo este protocolo no significa que ya se haya demostrado judicialmente un móvil relacionado con su género. Obliga, precisamente, a estudiar esa posibilidad y a evitar que elementos relevantes sean descartados desde el comienzo.
La distinción es importante en México. El feminicidio constituye una categoría penal específica que exige la presencia de determinadas circunstancias, mientras que otras muertes violentas de mujeres son registradas como homicidios dolosos. Por ello, la cifra de feminicidios reconocidos oficialmente representa solo una parte del total de mujeres asesinadas.
La UAEM ha exigido una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género que permita establecer responsabilidades y evite la impunidad. La Universidad de Granada y la ULPGC convocaron concentraciones de duelo y trasladaron su apoyo a la familia. El Consulado español, por su parte, mantiene contacto con las autoridades mexicanas y con los familiares de Claudia.
La Universidad de Granada también decidió cancelar la próxima estancia en Morelos de otros tres estudiantes. La institución española ha reconocido que desconocía los asesinatos recientes de otras alumnas de la UAEM y que la universidad mexicana no le había comunicado estos antecedentes. El convenio entre ambos centros se había firmado en 2023 y Claudia podría haber sido una de las primeras estudiantes granadinas enviadas a Morelos dentro de este acuerdo.
CUATRO ESTUDIANTES ASESINADAS EN SIETE MESES
El crimen no se ha producido en un entorno universitario ajeno a la violencia. Claudia es la cuarta alumna vinculada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en los últimos siete meses.
Kimberly Joselín Ramos, estudiante de Contabilidad de 18 años, desapareció el 20 de febrero después de dirigirse hacia el campus de Chamilpa, en Cuernavaca. Su cuerpo fue localizado once días más tarde. Otro estudiante fue detenido después de que, según la investigación, se encontraran pertenencias de Kimberly en su domicilio.
El mismo día en que apareció su cuerpo desapareció Karol Toledo, también de 18 años y estudiante de Enfermería. Fue hallada muerta poco después en Coatetelco. Su asesinato desencadenó nuevas movilizaciones estudiantiles, pero no se han comunicado detenciones ni avances sustanciales en la investigación.
El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, una alumna de bachillerato de 15 años perteneciente igualmente a la comunidad educativa de la UAEM. Había salido de su casa en Yautepec para comprar material escolar. Su cuerpo fue encontrado el 2 de junio en Tepoztlán.
Claudia completa ahora esta terrible sucesión. Los crímenes se produjeron en lugares y circunstancias diferentes, y no existen elementos conocidos que permitan establecer una relación entre ellos. Lo que los une es una realidad más amplia: estudiar, desplazarse o participar en una actividad cultural se ha convertido para muchas jóvenes de Morelos en una experiencia sometida a riesgos que las instituciones no han conseguido contener.
La UAEM cuenta con alrededor de 40.000 estudiantes distribuidos entre una veintena de centros. Tras los asesinatos de Kimberly y Karol, el alumnado organizó protestas, ocupó espacios universitarios y obligó a suspender temporalmente las clases presenciales. Una de las consignas resumía el temor instalado en los campus: «No sabíamos que estudiar te costaba la vida».
MORELOS, UNA VIOLENCIA QUE NO ES NUEVA
Morelos es uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de homicidios de mujeres. Según los datos oficiales citados por El País, hasta julio de 2026 habían sido asesinadas allí 69 mujeres, lo que situaba al estado en la segunda posición del país por tasa de homicidios femeninos.
La gravedad del problema había sido reconocida institucionalmente mucho antes. En agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación mexicana declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios de Morelos. Entre ellos estaban precisamente Cuautla y Cuernavaca, además de Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
La alerta se creó para obligar a las administraciones a adoptar medidas urgentes de prevención, protección, investigación y acceso a la justicia. Once años después, varios de los municipios incluidos continúan apareciendo en los casos más graves de violencia contra las mujeres. La permanencia del problema muestra la distancia existente entre declarar una emergencia y disponer de los recursos, las investigaciones y la coordinación institucional necesarios para combatirla.
A esta violencia específica se añade el deterioro general de la seguridad. Cuernavaca, capital de Morelos, aparecía en septiembre de 2025 entre las ciudades mexicanas con mayor percepción de inseguridad: el 84,2% de sus habitantes afirmaba sentirse inseguro. En el conjunto del país, la proporción era del 63%, pero alcanzaba el 68,2% entre las mujeres, frente al 56,7% entre los hombres.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores ya advertía antes de este asesinato sobre el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y de los secuestros en Morelos. Recomendaba informarse antes de visitar zonas aisladas, evitar los desplazamientos nocturnos y permanecer alerta. Estas recomendaciones, sin embargo, plantean una pregunta que va más allá de la conducta individual: ¿qué capacidad real tiene una estudiante extranjera para evaluar el peligro si la institución que organiza su movilidad desconoce los asesinatos de otras alumnas del centro de destino?
MENOS HOMICIDIOS NO SIGNIFICA EL FINAL DE LA VIOLENCIA
El Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que los homicidios han descendido considerablemente desde octubre de 2024. Los datos disponibles reflejan una reducción real, pero su interpretación continúa siendo discutida. Especialistas mexicanos advierten de que faltan evaluaciones independientes que permitan determinar cuánto corresponde a la actuación estatal y cuánto a cambios en los equilibrios entre organizaciones criminales o en la clasificación de los delitos.
La caída de los homicidios tampoco elimina las desapariciones, las extorsiones, los desplazamientos forzados ni la violencia cotidiana que condiciona la vida de la población. En México, los datos del Secretariado Ejecutivo registraron durante 2024 alrededor de 800 víctimas de feminicidio y más de 2.500 mujeres víctimas de homicidio doloso. En conjunto, supone que más de nueve mujeres fueron asesinadas cada día, aunque solo una parte de esas muertes recibió inicialmente la clasificación penal de feminicidio.
Esta diferencia estadística no es secundaria. La forma en que se clasifica un asesinato determina qué protocolos se activan, cómo se investiga y qué dimensión pública adquiere. Organizaciones feministas y especialistas han denunciado durante años que numerosas muertes violentas de mujeres son tratadas como homicidios comunes, accidentes o suicidios antes de agotar las líneas de investigación relacionadas con la violencia de género.
La impunidad agrava el problema. Cuando una desaparición no se investiga inmediatamente, cuando las pruebas no se conservan o cuando un asesinato permanece durante meses sin avances públicos, el fracaso no afecta únicamente a la víctima y a su familia. Transmite al conjunto de la población la certeza de que matar puede no tener consecuencias. En esas condiciones, la violencia deja de ser una sucesión de delitos individuales y se convierte en una estructura social capaz de regular horarios, desplazamientos y posibilidades de estudio o trabajo.
JUSTICIA PARA CLAUDIA, SEGURIDAD PARA TODAS
Claudia había llegado a México para aprender. Quienes hablaron con ella poco antes del crimen la describieron como feliz e ilusionada con su estancia. También había participado en actividades comunitarias y en el movimiento scout de Santa Brígida. Convertir su muerte en un relato morboso supondría borrar precisamente aquello que debe conservarse: su vida, sus proyectos y las responsabilidades que ahora deben esclarecerse.
La investigación tendrá que determinar quién la asesinó, cuál fue el móvil y si existieron fallos de seguridad. Pero la respuesta no puede reducirse a encontrar a un agresor y cerrar el expediente. También debe explicar por qué una estudiante enviada mediante un convenio internacional llegó a un estado sometido desde 2015 a una alerta por violencia contra las mujeres sin que la universidad de origen conociera los asesinatos recientes de otras alumnas.
El crimen de Claudia afecta especialmente a su familia, sus amistades y las comunidades educativas de Canarias, Granada y Morelos. Pero interpela igualmente a unas instituciones que conocían desde hacía años la gravedad de la violencia en el territorio. Incluso si la justicia mexicana logra identificar y juzgar al responsable, esta solo será completa cuando estudiar, trabajar o regresar de una actividad cultural no implique para ninguna mujer correr un riesgo que la sociedad ha acabado considerando cotidiano.
FUENTES
- Reuters: investigación por la muerte de Claudia Tacoronte y declaraciones del fiscal de Morelos
- El País: cuatro alumnas asesinadas en siete meses en la Universidad de Morelos
- El País: la Universidad de Granada cancela otros tres intercambios
- El País: perfil de Claudia Tacoronte y reacciones en Canarias y Granada
- Secretaría de Gobernación de México: declaración de la Alerta de Violencia de Género en Morelos
- INEGI: estudio sobre las dificultades para medir el feminicidio en México
- INEGI: Estadísticas de Defunciones Registradas
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante grancanaria de 21 años, fue asesinada cuando llevaba apenas un mes de intercambio universitario en México. Claudia había viajado a para estudiar durante un semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Cursaba el último año del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada y se encontraba cumpliendo uno de los proyectos que más ilusión le hacían: completar su formación, conocer otro país y ampliar su experiencia académica y personal.
La joven canaria, nacida en el municipio grancanario de Santa Brígida, había estudiado anteriormente Educación Primaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Llevaba aproximadamente un mes en México cuando, durante la noche del sábado, fue atacada con un arma blanca en Cuautla, una ciudad situada en el estado de Morelos, a unos cien kilómetros de la capital mexicana.
Según las primeras informaciones difundidas por las autoridades y los medios locales, Claudia había asistido a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada en la Casa de la Cultura de Cuautla. Al finalizar las actividades habría sufrido un presunto asalto en las inmediaciones del recinto. Gravemente herida, consiguió pedir ayuda, pero falleció antes de que pudieran auxiliarla los servicios de emergencia.
Esta es, por el momento, una reconstrucción provisional. La Fiscalía General del Estado de Morelos asegura que mantiene abiertas todas las líneas de investigación. El supuesto robo no puede considerarse todavía el móvil demostrado del asesinato ni se ha informado públicamente de la detención de ninguna persona.
UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA COMO FEMINICIDIO
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que la muerte se investiga aplicando el protocolo de feminicidio y que su institución está en contacto con el Consulado de España. Investigar una muerte violenta de una mujer bajo este protocolo no significa que ya se haya demostrado judicialmente un móvil relacionado con su género. Obliga, precisamente, a estudiar esa posibilidad y a evitar que elementos relevantes sean descartados desde el comienzo.
La distinción es importante en México. El feminicidio constituye una categoría penal específica que exige la presencia de determinadas circunstancias, mientras que otras muertes violentas de mujeres son registradas como homicidios dolosos. Por ello, la cifra de feminicidios reconocidos oficialmente representa solo una parte del total de mujeres asesinadas.
La UAEM ha exigido una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género que permita establecer responsabilidades y evite la impunidad. La Universidad de Granada y la ULPGC convocaron concentraciones de duelo y trasladaron su apoyo a la familia. El Consulado español, por su parte, mantiene contacto con las autoridades mexicanas y con los familiares de Claudia.
La Universidad de Granada también decidió cancelar la próxima estancia en Morelos de otros tres estudiantes. La institución española ha reconocido que desconocía los asesinatos recientes de otras alumnas de la UAEM y que la universidad mexicana no le había comunicado estos antecedentes. El convenio entre ambos centros se había firmado en 2023 y Claudia podría haber sido una de las primeras estudiantes granadinas enviadas a Morelos dentro de este acuerdo.
CUATRO ESTUDIANTES ASESINADAS EN SIETE MESES
El crimen no se ha producido en un entorno universitario ajeno a la violencia. Claudia es la cuarta alumna vinculada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en los últimos siete meses.
Kimberly Joselín Ramos, estudiante de Contabilidad de 18 años, desapareció el 20 de febrero después de dirigirse hacia el campus de Chamilpa, en Cuernavaca. Su cuerpo fue localizado once días más tarde. Otro estudiante fue detenido después de que, según la investigación, se encontraran pertenencias de Kimberly en su domicilio.
El mismo día en que apareció su cuerpo desapareció Karol Toledo, también de 18 años y estudiante de Enfermería. Fue hallada muerta poco después en Coatetelco. Su asesinato desencadenó nuevas movilizaciones estudiantiles, pero no se han comunicado detenciones ni avances sustanciales en la investigación.
El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, una alumna de bachillerato de 15 años perteneciente igualmente a la comunidad educativa de la UAEM. Había salido de su casa en Yautepec para comprar material escolar. Su cuerpo fue encontrado el 2 de junio en Tepoztlán.
Claudia completa ahora esta terrible sucesión. Los crímenes se produjeron en lugares y circunstancias diferentes, y no existen elementos conocidos que permitan establecer una relación entre ellos. Lo que los une es una realidad más amplia: estudiar, desplazarse o participar en una actividad cultural se ha convertido para muchas jóvenes de Morelos en una experiencia sometida a riesgos que las instituciones no han conseguido contener.
La UAEM cuenta con alrededor de 40.000 estudiantes distribuidos entre una veintena de centros. Tras los asesinatos de Kimberly y Karol, el alumnado organizó protestas, ocupó espacios universitarios y obligó a suspender temporalmente las clases presenciales. Una de las consignas resumía el temor instalado en los campus: «No sabíamos que estudiar te costaba la vida».
MORELOS, UNA VIOLENCIA QUE NO ES NUEVA
Morelos es uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de homicidios de mujeres. Según los datos oficiales citados por El País, hasta julio de 2026 habían sido asesinadas allí 69 mujeres, lo que situaba al estado en la segunda posición del país por tasa de homicidios femeninos.
La gravedad del problema había sido reconocida institucionalmente mucho antes. En agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación mexicana declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios de Morelos. Entre ellos estaban precisamente Cuautla y Cuernavaca, además de Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
La alerta se creó para obligar a las administraciones a adoptar medidas urgentes de prevención, protección, investigación y acceso a la justicia. Once años después, varios de los municipios incluidos continúan apareciendo en los casos más graves de violencia contra las mujeres. La permanencia del problema muestra la distancia existente entre declarar una emergencia y disponer de los recursos, las investigaciones y la coordinación institucional necesarios para combatirla.
A esta violencia específica se añade el deterioro general de la seguridad. Cuernavaca, capital de Morelos, aparecía en septiembre de 2025 entre las ciudades mexicanas con mayor percepción de inseguridad: el 84,2% de sus habitantes afirmaba sentirse inseguro. En el conjunto del país, la proporción era del 63%, pero alcanzaba el 68,2% entre las mujeres, frente al 56,7% entre los hombres.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores ya advertía antes de este asesinato sobre el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y de los secuestros en Morelos. Recomendaba informarse antes de visitar zonas aisladas, evitar los desplazamientos nocturnos y permanecer alerta. Estas recomendaciones, sin embargo, plantean una pregunta que va más allá de la conducta individual: ¿qué capacidad real tiene una estudiante extranjera para evaluar el peligro si la institución que organiza su movilidad desconoce los asesinatos de otras alumnas del centro de destino?
MENOS HOMICIDIOS NO SIGNIFICA EL FINAL DE LA VIOLENCIA
El Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que los homicidios han descendido considerablemente desde octubre de 2024. Los datos disponibles reflejan una reducción real, pero su interpretación continúa siendo discutida. Especialistas mexicanos advierten de que faltan evaluaciones independientes que permitan determinar cuánto corresponde a la actuación estatal y cuánto a cambios en los equilibrios entre organizaciones criminales o en la clasificación de los delitos.
La caída de los homicidios tampoco elimina las desapariciones, las extorsiones, los desplazamientos forzados ni la violencia cotidiana que condiciona la vida de la población. En México, los datos del Secretariado Ejecutivo registraron durante 2024 alrededor de 800 víctimas de feminicidio y más de 2.500 mujeres víctimas de homicidio doloso. En conjunto, supone que más de nueve mujeres fueron asesinadas cada día, aunque solo una parte de esas muertes recibió inicialmente la clasificación penal de feminicidio.
Esta diferencia estadística no es secundaria. La forma en que se clasifica un asesinato determina qué protocolos se activan, cómo se investiga y qué dimensión pública adquiere. Organizaciones feministas y especialistas han denunciado durante años que numerosas muertes violentas de mujeres son tratadas como homicidios comunes, accidentes o suicidios antes de agotar las líneas de investigación relacionadas con la violencia de género.
La impunidad agrava el problema. Cuando una desaparición no se investiga inmediatamente, cuando las pruebas no se conservan o cuando un asesinato permanece durante meses sin avances públicos, el fracaso no afecta únicamente a la víctima y a su familia. Transmite al conjunto de la población la certeza de que matar puede no tener consecuencias. En esas condiciones, la violencia deja de ser una sucesión de delitos individuales y se convierte en una estructura social capaz de regular horarios, desplazamientos y posibilidades de estudio o trabajo.
JUSTICIA PARA CLAUDIA, SEGURIDAD PARA TODAS
Claudia había llegado a México para aprender. Quienes hablaron con ella poco antes del crimen la describieron como feliz e ilusionada con su estancia. También había participado en actividades comunitarias y en el movimiento scout de Santa Brígida. Convertir su muerte en un relato morboso supondría borrar precisamente aquello que debe conservarse: su vida, sus proyectos y las responsabilidades que ahora deben esclarecerse.
La investigación tendrá que determinar quién la asesinó, cuál fue el móvil y si existieron fallos de seguridad. Pero la respuesta no puede reducirse a encontrar a un agresor y cerrar el expediente. También debe explicar por qué una estudiante enviada mediante un convenio internacional llegó a un estado sometido desde 2015 a una alerta por violencia contra las mujeres sin que la universidad de origen conociera los asesinatos recientes de otras alumnas.
El crimen de Claudia afecta especialmente a su familia, sus amistades y las comunidades educativas de Canarias, Granada y Morelos. Pero interpela igualmente a unas instituciones que conocían desde hacía años la gravedad de la violencia en el territorio. Incluso si la justicia mexicana logra identificar y juzgar al responsable, esta solo será completa cuando estudiar, trabajar o regresar de una actividad cultural no implique para ninguna mujer correr un riesgo que la sociedad ha acabado considerando cotidiano.
FUENTES
- Reuters: investigación por la muerte de Claudia Tacoronte y declaraciones del fiscal de Morelos
- El País: cuatro alumnas asesinadas en siete meses en la Universidad de Morelos
- El País: la Universidad de Granada cancela otros tres intercambios
- El País: perfil de Claudia Tacoronte y reacciones en Canarias y Granada
- Secretaría de Gobernación de México: declaración de la Alerta de Violencia de Género en Morelos
- INEGI: estudio sobre las dificultades para medir el feminicidio en México
- INEGI: Estadísticas de Defunciones Registradas
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.222