ALLENDE: EL DISCURSO FINAL, LA DERROTA DEL REFORMISMO Y LA MEMORIA CONFISCADA

Por GUSTAVO BURGOS (*), DESDE CHILE, PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Cada 11 de septiembre el último discurso de Salvador Allende vuelve a escucharse como si el tiempo se hubiese detenido a las nueve de la mañana de 1973. Su voz sobreviviendo al estruendo de los Hawker Hunter, el palacio en llamas, las últimas palabras transmitidas por Radio Magallanes y la decisión personal de no rendirse han adquirido la condición de una escena fundacional de la memoria política chilena. Pero precisamente porque se trata de una escena extraordinaria, cargada de una potencia moral difícilmente comparable en la historia universal, existe la obligación de hacer con ella algo más que emocionarse. Allende no habló únicamente como un hombre que sabía que iba a morir. Habló como jefe de un proceso político derrotado y, en sus palabras finales, quedaron condensados tanto la extraordinaria dignidad personal del Presidente como los límites históricos de la estrategia que había conducido a la Unidad Popular hasta aquel callejón sin salida. Ya hemos sostenido que la grandeza moral de Allende no puede ocultar el contenido político de aquellos discursos: mientras el golpe destruía materialmente el gobierno, la convocatoria a los trabajadores continuaba subordinada hasta el último instante a la institucionalidad y a las instrucciones presidenciales; el poder independiente de la clase obrera, cuya expresión embrionaria habían sido los Cordones Industriales, nunca apareció como alternativa estatal frente al derrumbe del aparato constitucional.

   La cuestión fundamental, por tanto, no consiste en determinar si Allende fue valiente —lo fue hasta un extremo que ni siquiera sus enemigos han podido borrar—, ni tampoco si la burguesía chilena conspiró junto al imperialismo norteamericano para destruir el proceso abierto en 1970, cuestión abundantemente documentada. La pregunta decisiva es otra: ¿qué programa fue derrotado el 11 de septiembre? Porque una derrota revolucionaria no se explica fundamentalmente por la maldad del enemigo. De la burguesía cabe esperar que defienda su propiedad, su Estado y su dominación con todos los medios a su alcance. Explicar el golpe únicamente por la traición militar, la conspiración empresarial, Nixon, Kissinger, la CIA o El Mercurio es explicar por qué actuó la contrarrevolución, pero no por qué el proletariado chileno, que había alcanzado niveles extraordinarios de organización, movilización y conciencia, fue políticamente incapaz de disputar el poder cuando la crisis revolucionaria alcanzó su desenlace. Esa segunda pregunta es mucho más incómoda porque obliga a abandonar la historia moral para entrar en el terreno del programa, de la estrategia y de la dirección política.

El final histórico de una estrategia

  En ese sentido, el 11 de septiembre de 1973 tiene una dimensión que excede ampliamente las fronteras chilenas. La Unidad Popular constituyó probablemente el intento más desarrollado del siglo XX de demostrar que era posible transitar desde el capitalismo hacia el socialismo utilizando como instrumento fundamental la legalidad del propio Estado burgués. No estamos hablando simplemente de ganar elecciones, formar gobiernos de izquierda o realizar reformas sociales profundas. Todo eso ocurrió antes y seguiría ocurriendo después. La especificidad del allendismo consistía en afirmar algo mucho más ambicioso: que el Estado existente podía servir como vehículo institucional para un desplazamiento progresivo del poder desde la burguesía hacia los trabajadores, hasta abrir finalmente paso a una sociedad socialista.

  Después de Chile hubo, naturalmente, experiencias electorales que volvieron a proclamarse socialistas —desde distintas variantes socialdemócratas hasta los procesos latinoamericanos asociados posteriormente al llamado “socialismo del siglo XXI”—, pero ninguna tuvo nuevamente el significado histórico de aquella hipótesis clásica de la Segunda y la Tercera Internacional: la conversión gradual del Estado capitalista en instrumento de transformación socialista, preservando al mismo tiempo sus Fuerzas Armadas, su Poder Judicial, su burocracia, su régimen constitucional y las relaciones fundamentales de propiedad hasta que la correlación electoral permitiera modificarlas. Chile llevó esa hipótesis hasta un límite que ninguna construcción teórica podía reproducir en laboratorio. Y el resultado fue categórico. Cuando la lucha de clases planteó materialmente el problema del poder, el Estado no permaneció como terreno neutral disponible para la mayoría electoral: sus aparatos fundamentales actuaron conforme a su naturaleza de clase.

  Por eso el discurso de Allende adquiere una significación universal. En sus primeras intervenciones del 11 de septiembre todavía aparece la confianza en sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas; todavía se convoca a los trabajadores a permanecer organizados en sus lugares de trabajo a la espera de instrucciones; todavía la posibilidad de derrotar el golpe se concibe mediante una convergencia entre militares leales y trabajadores movilizados. Sólo cuando aquella hipótesis se derrumba definitivamente emerge el registro que conocerá la posteridad: el sacrificio, la consecuencia personal, la confianza en que otros hombres abrirán nuevamente las grandes alamedas. El discurso se desplaza entonces desde el programa hacia la moral. El socialismo desaparece incluso como palabra y queda en su lugar una promesa histórica mucho más indeterminada: la construcción futura de “una sociedad mejor”.

  Esta transformación del lenguaje no es secundaria. En cuestión de horas el jefe de un gobierno que había proclamado una vía institucional al socialismo pasa a legar a las generaciones futuras principalmente una lección moral. “Mi sacrificio no será en vano” es probablemente la expresión más conmovedora de aquella transformación. Pero una lección moral no constituye un programa revolucionario. La consecuencia individual puede iluminar una derrota; no puede explicar cómo evitarla. Y precisamente ahí se abre una de las grandes paradojas de la historia chilena posterior: aquello que fue expresión final del fracaso del reformismo terminó convirtiéndose, décadas después, en uno de los fundamentos morales de una restauración democrática que renunció explícitamente a realizar cualquier transformación socialista.

  El discurso final de Allende puede ser leído, por eso, en dos direcciones históricas simultáneas. Hacia atrás, clausura la experiencia de la vía chilena al socialismo. Hacia adelante, ofrece involuntariamente una gramática política que resultará perfectamente compatible con la futura transición: democracia, libertad, dignidad, condena de la violencia dictatorial, reivindicación de las instituciones y confianza en que la historia reparará moralmente la injusticia. Despojado de la lucha por el poder obrero, Allende podía convertirse lentamente en patrimonio republicano. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

De La Moneda al monumento: la domesticación de Allende

   La transición chilena necesitaba resolver un problema delicado. No podía borrar a Allende. Su asesinato político, su conducta el 11 de septiembre y su lugar en la memoria de millones de trabajadores hacían imposible una operación semejante. Pero tampoco podía aceptar integralmente al Allende que había encabezado un gobierno que nacionalizó el cobre, expropió empresas, profundizó la reforma agraria y declaró que su horizonte histórico era el socialismo. La solución consistió entonces en realizar una operación mucho más sofisticada: separar al Allende mártir del programa histórico que había representado.

  De este modo apareció paulatinamente un Allende institucional. El Presidente democrático. El médico humanista. El republicano. El masón que murió defendiendo la Constitución. Todas estas caracterizaciones contienen elementos verdaderos, pero su selección nunca es inocente. El régimen surgido de la transición podía homenajear a aquel Allende precisamente porque había previamente amputado la dimensión revolucionaria del proceso social que lo había llevado a La Moneda. La estatua frente al palacio presidencial constituye quizá la metáfora perfecta. Allende convertido literalmente en monumento del mismo Estado cuya estructura de clase su gobierno había pretendido transformar. El revolucionario potencial convertido en patrimonio; el conflicto convertido en memoria; la lucha de clases convertida en ceremonia.

   Esta disputa por Allende no es un asunto ornamental. Los regímenes políticos necesitan construir genealogías. La democracia postdictatorial no podía presentarse únicamente como heredera de quienes negociaron con Pinochet las condiciones institucionales de la transición. Necesitaba establecer también una continuidad moral con las víctimas de la dictadura. Allende proporcionaba el puente perfecto. La operación consistió en convertirlo retrospectivamente en precursor de la democracia recuperada en 1990, cuando la experiencia de la Unidad Popular había tenido un propósito incomparablemente más radical: no perfeccionar la democracia capitalista chilena sino utilizarla como vía para superar el capitalismo.

  El episodio de la casa de Guardia Vieja durante el gobierno de Gabriel Boric llevó esta lógica casi hasta la caricatura. El Ejecutivo anunció su intención de adquirir la vivienda de Allende para convertirla en sitio patrimonial; la operación, formalizada a fines de 2024, debió ser abandonada por las incompatibilidades constitucionales derivadas de que entre sus propietarias figuraran entonces autoridades públicas. La controversia terminó provocando consecuencias políticas de primer orden y la resciliación de la compraventa se formalizó en 2025. En agosto de 2026 la casa terminó siendo vendida por la familia a una sociedad privada por mil millones de pesos.

  Más allá del bochorno administrativo y jurídico, el episodio posee una extraordinaria fuerza simbólica. El Estado quería comprar la casa de Allende porque ya había adquirido políticamente a Allende. Quería convertir el espacio doméstico del dirigente socialista en museo estatal, incorporarlo al inventario de la memoria oficial, administrarlo patrimonialmente. No hay necesidad de imaginar aquí conspiración alguna. La operación es infinitamente más profunda precisamente porque quienes la realizaron probablemente la concebían sinceramente como homenaje. Allí reside su significación histórica: el régimen puede homenajear a Allende porque el Allende que homenajea ya no amenaza al régimen.

  La memoria popular conserva otra cosa. Conserva al Presidente, naturalmente, pero conserva también las fábricas ocupadas, los cordones industriales, las JAP, las poblaciones organizadas, las huelgas, las tomas de fundos, la movilización obrera, la discusión sobre el poder. Allí Allende no aparece aislado sobre un pedestal sino sumergido en un proceso contradictorio, desbordado una y otra vez por trabajadores que comenzaban a construir organismos propios y a interrogarse, incluso embrionariamente, acerca de quién debía gobernar. Es justamente ese Allende histórico —inseparable de las contradicciones de la revolución chilena— el que desaparece cuando la historia es transformada en memorial.

  De ahí que la disputa por su figura sea también una disputa entre dos formas de recordar. Una memoria estatal necesita víctimas, héroes, fechas, placas, museos y ceremonias. La memoria revolucionaria necesita además balances. Necesita preguntarse qué hicieron las clases, qué hicieron los partidos, qué programa defendieron las direcciones, qué organismos construyeron los trabajadores, dónde se encontraba efectivamente el poder y por qué éste terminó completamente en manos de la contrarrevolución.

Contra la historia del martirio

  Buena parte de la izquierda chilena ha evitado durante medio siglo esta discusión refugiándose en una explicación moral de la derrota. Allende fue heroico; Pinochet, traidor. Los trabajadores fueron generosos; los empresarios, sediciosos. Los militantes fueron valientes; los militares, crueles. Estados Unidos conspiró. Todo ello es cierto. Y precisamente porque es cierto resulta insuficiente.

  La historia de las derrotas revolucionarias no puede reducirse a un balance de virtudes y vilezas. Si así fuera, la política revolucionaria sería casi innecesaria: bastaría con demostrar superioridad moral hasta que la historia hiciera justicia. Pero la lucha de clases no funciona de esa manera. La burguesía no pierde el poder porque sea moralmente desenmascarada y los explotados no lo conquistan porque hayan demostrado mayor heroísmo. El problema del poder exige organización, programa, estrategia y dirección.

  Lo notable es que esta misma matriz interpretativa se trasladó después a la narración de la resistencia contra la dictadura. También allí domina el martirologio. Los ejecutados, los desaparecidos, los torturados, los combatientes caídos, las jornadas de protesta, las poblaciones sitiadas, los militantes que enfrentaron a los aparatos represivos: existe una enorme y justificada memoria del valor moral de quienes combatieron a la dictadura. Pero existe comparativamente muy poco debate acerca de qué estrategia guiaba aquella resistencia.

  ¿Cómo concebían las organizaciones de izquierda la caída de la dictadura? ¿Qué régimen debía reemplazarla? ¿Cuál debía ser el papel independiente de la clase obrera? ¿Qué relación debía establecerse con la Democracia Cristiana y con las fracciones burguesas opositoras? ¿Qué significaba políticamente la subordinación progresiva de la movilización popular a una salida negociada? ¿Qué balance debe hacerse del giro de las organizaciones revolucionarias frente al itinerario institucional que culminaría en el plebiscito de 1988 y en la administración civil de la Constitución de 1980?

  Estas preguntas han quedado sepultadas bajo toneladas de memoria moral. El resultado es extraordinariamente funcional al régimen. Puede reconocer el heroísmo de quienes combatieron a Pinochet —se les ha llegado a homenajear con series televisivas— siempre que no se discuta el programa por el cual luchaban. Puede homenajear a los muertos del MIR, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o de otras organizaciones revolucionarias siempre que éstos sean convertidos exclusivamente en víctimas de violaciones de derechos humanos. El combatiente se transforma entonces en víctima por pensar distinto; la revolución, en defensa de la democracia; el programa, en memoria; y la derrota histórica, en tragedia moral.

  La transición realizó con la resistencia una operación semejante a la ejecutada sobre Allende. Conservó aquello que podía incorporar a su propia legitimidad y descartó aquello que cuestionaba sus fundamentos. De ese modo, la épica de la lucha contra la dictadura terminó paradójicamente legitimando un orden que conservó elementos decisivos de la reorganización capitalista realizada bajo Pinochet. La democracia aparecía como realización póstuma de los vencidos, aunque su arquitectura social, económica e institucional estuviese muchísimo más cerca del Chile construido por la contrarrevolución que del proyecto por el que aquellos vencidos habían combatido.

  Por eso regresar al discurso final de Allende cincuenta y tres años después significa hacer exactamente lo contrario de convertirlo en reliquia. Significa escucharlo críticamente. Reconocer la extraordinaria estatura moral de quien prefirió morir antes que entregar el mandato que había recibido y, precisamente por respeto a esa historia, negarse a convertir su sacrificio en una pantalla que impida discutir las causas políticas de la derrota.

  Allende merece algo mejor que una estatua. La clase obrera chilena merece algo mejor que una historia de mártires. Necesita conocer sus derrotas. Porque la conclusión decisiva de 1973 no es que la burguesía puede ser cruel. Eso lo sabían los trabajadores mucho antes del bombardeo de La Moneda. Tampoco consiste en descubrir que el imperialismo interviene cuando están amenazados sus intereses. La conclusión verdaderamente perturbadora es que no existe un camino administrativo, pacífico, legal hacia la emancipación social. El aparato estatal de la burguesía no puede ser ocupado progresivamente hasta transformarlo en Estado obrero; la organización independiente de los trabajadores no puede ser sustituida por la representación parlamentaria; los órganos de poder surgidos desde abajo no pueden quedar subordinados indefinidamente al gobierno sin terminar siendo desarmados políticamente; y ninguna superioridad moral sustituye la lucha consciente por el poder.

  Hoy estas cuestiones dejan de pertenecer exclusivamente a la historiografía. José Antonio Kast —un autoproclamado pinochetista— ocupa desde marzo de 2026 la Presidencia de la República para el período 2026-2030. Explicar su llegada simplemente como resultado de una ofensiva de la extrema derecha sería reproducir nuevamente el mismo método que aquí cuestionamos: mirar exclusivamente al enemigo y no examinar las condiciones políticas que hicieron posible su triunfo. Kast no cayó desde el cielo. Su gobierno emerge de una crisis prolongada del régimen, de la frustración de las expectativas abiertas en octubre de 2019, de la recomposición de la autoridad estatal y también —principalmente— de la incapacidad de la izquierda para levantar una alternativa independiente frente al conjunto del orden capitalista.

  De ahí que el balance de Allende y de la resistencia antidictatorial sea una cuestión política inmediata. No se trata de ajustar cuentas retrospectivas con los muertos sino de preparar políticamente a los vivos. La reconstrucción de un movimiento obrero independiente exige romper tanto con la idealización del reformismo como con el culto impotente del martirio; recuperar la experiencia de los Cordones, de las organizaciones obreras y de la resistencia no como iconografía sino como problemas estratégicos; discutir nuevamente organización, programa, Estado y poder.

  Desde esta perspectiva, enfrentar y derrotar políticamente al régimen y al gobierno de Kast no puede reducirse a reconstruir una mayoría electoral de las fuerzas que administraron anteriormente el mismo régimen. La tarea planteada es mucho mayor: reagrupar a la clase trabajadora sobre bases independientes, reconstruir sus organizaciones, recuperar la calle, levantar sus propias reivindicaciones y enfrentar la dictadura capitalista en su conjunto. Sólo desde esa independencia podrá desarrollarse una fuerza social capaz no simplemente de reemplazar una administración por otra, sino de alterar las relaciones de fuerza que hicieron posible a Kast.

  Quizás ése sea el modo más fértil de escuchar hoy las palabras de Allende. No repitiéndolas como oración laica cada 11 de septiembre, sino sometiendo a crítica la estrategia que murió con él. No colocando nuevas flores al pie de su estatua, sino recuperando el debate que medio siglo de monumentalización ha intentado clausurar. No esperando que otros hombres abran las grandes alamedas, sino preguntándonos qué clase social, organizada bajo qué programa y para conquistar qué poder será capaz de abrirlas. Sólo entonces Allende dejará de ser patrimonio del Estado y volverá a pertenecer plenamente a la historia de la lucha de clases.

(*) Gustavo Burgos. abogado y militante marxista chileno, es director de El Porteño  y conductor del canal de Youtube  «Mate al Rey».