LA SANIDAD CANARIA AL LÍMITE: LOS MÉDICOS AMENAZAN CON MANTENER LA HUELGA HASTA 2027
Los médicos denuncian el bloqueo de las negociaciones y el deterioro de la atención sanitaria
La huelga médica en Canarias amenaza con prolongarse hasta 2027 ante el bloqueo de las negociaciones con el Gobierno autonómico. El conflicto vuelve a situar en primer plano las condiciones laborales del personal sanitario, las crecientes listas de espera y las prioridades presupuestarias de una sanidad pública sometida a fuertes tensiones.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La huelga médica en Canarias se prolongará al menos hasta el 17 de noviembre. Los sindicatos acusan al Gobierno regional de "bloquear las negociaciones", mientras las cifras oficiales revelan que miles de pacientes continúan esperando una consulta o una operación. Detrás del enfrentamiento se abre una cuestión de mayor alcance: cómo se distribuyen los recursos públicos y quién soporta las consecuencias de las deficiencias del sistema sanitario.
EL GOBIERNO NO LOGRA CERRAR EL CONFLICTO
La sanidad pública canaria afronta un conflicto laboral que amenaza con prolongarse durante meses. Los sindicatos CESM Canarias y SEMCA anunciaron este miércoles, 4 de noviembre, que mantendrán la huelga médica hasta el próximo día 17, tras acusar a la Consejería de Sanidad de bloquear las negociaciones.
Las organizaciones responsabilizan directamente a la consejera Esther Monzón del estancamiento. Según sus representantes, el último contacto negociador formal se produjo el 14 de octubre y la Administración no ha respondido a la propuesta remitida por el comité de huelga el día 22.
La movilización, iniciada el 16 de octubre, podría extenderse hasta la primavera de 2027. Los convocantes aseguran que están dispuestos a modificar las formas de protesta, pero rechazan desconvocarla sin compromisos concretos. El Gobierno tiene, por tanto, un problema que difícilmente desaparecerá por el simple transcurso del tiempo.
¿QUÉ RECLAMAN REALMENTE LOS MÉDICOS?
Las reivindicaciones van bastante más allá de una subida salarial. Los sindicatos han presentado 18 objetivos, entre los que figuran mejoras en las jornadas, las guardias, los descansos, la estabilidad laboral y la organización de las consultas. También reclaman un estatuto profesional propio y capacidad efectiva para negociar sus condiciones de trabajo.
El Servicio Canario de la Salud (SCS) defiende que ha presentado una propuesta de 14 medidas, incluidas mejoras retributivas. Sin embargo, los representantes médicos consideran que resulta insuficiente. Aunque reconocieron determinados avances en octubre, sostienen que posteriormente la negociación volvió a paralizarse.
Una de las cuestiones de fondo es la organización del tiempo de trabajo. Cuando una Administración pretende incrementar la actividad asistencial sin ampliar proporcionalmente sus recursos humanos, la presión recae sobre quienes deben atender a los pacientes. Las consultas se acortan, las guardias adquieren mayor peso y los profesionales encuentran dificultades para disponer de descansos adecuados.
Esta situación encierra una contradicción evidente: el mismo sistema que necesita médicos para funcionar puede terminar imponiendo condiciones que dificulten su permanencia en la sanidad pública.
SIETE MINUTOS PARA ATENDER A UN PACIENTE
El conflicto adquiere otra dimensión cuando se examina desde la posición de quienes necesitan asistencia médica. Los sindicatos denuncian que determinadas consultas disponen de menos de diez minutos por paciente y que, en algunos casos, el tiempo asignado puede ser inferior a siete.
Son afirmaciones de los convocantes que requieren un análisis por centros y especialidades. Pero plantean una pregunta perfectamente razonable: ¿qué atención puede ofrecer un médico cuando debe examinar al enfermo, estudiar su historial, establecer un diagnóstico y explicar el tratamiento en unos pocos minutos?
Los últimos datos oficiales confirman que los problemas asistenciales tienen una dimensión considerable. Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en junio de 2026 había 158.358 personas esperando una primera consulta especializada, un 4,9% más que un año antes. La lista quirúrgica superaba los 34.000 pacientes, con un incremento interanual del 7,9%.
La Consejería destaca, por su parte, que la demora quirúrgica media ha descendido desde los 153 días de junio de 2023 hasta los 107 de junio de 2026. Ambas cifras deben considerarse conjuntamente: ha mejorado el tiempo medio de espera respecto a 2023, pero ha aumentado el número de personas pendientes de una intervención durante el último año.
La huelga introduce nuevas dificultades en un sistema que ya arrastraba estas carencias. Sin embargo, responsabilizar exclusivamente a los trabajadores movilizados de los problemas asistenciales supondría ignorar que las listas de espera y la sobrecarga preceden al conflicto actual.
LA BATALLA DE LOS PORCENTAJES
El enfrentamiento también se libra mediante las estadísticas. El Gobierno asegura que el 4 de noviembre secundaron la huelga 200 médicos de los 4.164 profesionales afectados, lo que equivale al 4,8%.
Los sindicatos elevan el seguimiento al 47,5%, según la Cadena SER. La enorme diferencia exige conocer los criterios utilizados por cada parte antes de establecer comparaciones concluyentes.
El balance oficial revela, además, una acusada concentración territorial. Gran Canaria reunió 155 de los 200 participantes contabilizados, frente a los 37 registrados en Tenerife. Durante la jornada había 1.383 efectivos destinados a servicios mínimos.
Estos últimos tienen una función necesaria: garantizar la atención indispensable. Pero su amplitud también condiciona la capacidad efectiva de ejercer el derecho de huelga.
En cualquier caso, reducir el enfrentamiento a una disputa sobre porcentajes beneficia a quienes prefieren evitar el debate principal: las reivindicaciones pendientes y las decisiones políticas que impiden resolverlas.
150 MILLONES PARA LOS MÉDICOS: ¿UN GASTO INASUMIBLE?
Uno de los argumentos centrales del enfrentamiento es económico. Según los sindicatos, el SCS ha calculado en 150 millones de euros anuales el coste de sus reivindicaciones retributivas. Los representantes médicos responden que están dispuestos a negociar su aplicación progresiva durante varios ejercicios.
Conviene situar esa cantidad en su contexto. El presupuesto aprobado para el Servicio Canario de la Salud en 2026 asciende aproximadamente a 4.833 millones de euros. Los 150 millones representarían alrededor del 3,1% de ese importe. Naturalmente, esa comparación no significa que los recursos estén disponibles automáticamente, pero permite dimensionar la controversia.
Existe, además, otra discusión presupuestaria que merece atención. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias denunció recientemente que unos 334,8 millones de euros del gasto sanitario público se destinan a centros privados mediante conciertos y concesiones.
Estas cantidades responden a conceptos diferentes y no pueden intercambiarse mecánicamente. Sin embargo, permiten formular una cuestión política legítima: ¿qué criterios determinan cuánto dinero se destina a reforzar directamente los servicios públicos y cuánto a contratar prestaciones con empresas privadas?
LA SANIDAD PÚBLICA Y LOS INTERESES ECONÓMICOS
El problema adquiere mayor profundidad cuando se examina la función económica de la sanidad. Los hospitales públicos no están concebidos para proporcionar beneficios a sus propietarios. Su finalidad es atender necesidades sociales mediante recursos financiados colectivamente.
Pero eso no significa que permanezcan al margen de las contradicciones económicas. Cuando el Estado limita plantillas o contiene gastos laborales, parte de las consecuencias pueden trasladarse a los trabajadores sanitarios, mediante una mayor carga asistencial, y a las familias, mediante esperas prolongadas.
Al mismo tiempo, la saturación de los servicios públicos puede favorecer a las empresas sanitarias privadas. Quienes disponen de recursos económicos encuentran una salida pagando consultas, pruebas o intervenciones. Quienes carecen de ellos deben continuar esperando.
Así aparece una desigualdad de clase perfectamente reconocible: la enfermedad afecta a toda la población, pero la capacidad de escapar de las listas de espera depende también de los ingresos familiares.
Ello no significa que cualquier reivindicación corporativa de los médicos coincida automáticamente con los intereses generales. La defensa de la sanidad pública exige mejorar igualmente las condiciones de enfermería, personal auxiliar y demás trabajadores, además de reforzar plantillas y servicios.
La cuestión que tiene ante sí el Gobierno de Canarias es, en definitiva, qué modelo sanitario pretende sostener: uno que disponga de recursos públicos suficientes para atender las necesidades de la población o uno que continúe dependiendo de la sobrecarga de sus profesionales y de una creciente intervención de empresas privadas.
La huelga del 17 de noviembre constituye el próximo horizonte de la movilización, pero el problema es muy anterior y tiene carácter estructural. Los médicos pueden volver a sus consultas; los pacientes seguirán necesitando respuestas. Y esas respuestas dependen, en buena medida, de las prioridades presupuestarias y políticas del Gobierno canario.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La huelga médica en Canarias se prolongará al menos hasta el 17 de noviembre. Los sindicatos acusan al Gobierno regional de "bloquear las negociaciones", mientras las cifras oficiales revelan que miles de pacientes continúan esperando una consulta o una operación. Detrás del enfrentamiento se abre una cuestión de mayor alcance: cómo se distribuyen los recursos públicos y quién soporta las consecuencias de las deficiencias del sistema sanitario.
EL GOBIERNO NO LOGRA CERRAR EL CONFLICTO
La sanidad pública canaria afronta un conflicto laboral que amenaza con prolongarse durante meses. Los sindicatos CESM Canarias y SEMCA anunciaron este miércoles, 4 de noviembre, que mantendrán la huelga médica hasta el próximo día 17, tras acusar a la Consejería de Sanidad de bloquear las negociaciones.
Las organizaciones responsabilizan directamente a la consejera Esther Monzón del estancamiento. Según sus representantes, el último contacto negociador formal se produjo el 14 de octubre y la Administración no ha respondido a la propuesta remitida por el comité de huelga el día 22.
La movilización, iniciada el 16 de octubre, podría extenderse hasta la primavera de 2027. Los convocantes aseguran que están dispuestos a modificar las formas de protesta, pero rechazan desconvocarla sin compromisos concretos. El Gobierno tiene, por tanto, un problema que difícilmente desaparecerá por el simple transcurso del tiempo.
¿QUÉ RECLAMAN REALMENTE LOS MÉDICOS?
Las reivindicaciones van bastante más allá de una subida salarial. Los sindicatos han presentado 18 objetivos, entre los que figuran mejoras en las jornadas, las guardias, los descansos, la estabilidad laboral y la organización de las consultas. También reclaman un estatuto profesional propio y capacidad efectiva para negociar sus condiciones de trabajo.
El Servicio Canario de la Salud (SCS) defiende que ha presentado una propuesta de 14 medidas, incluidas mejoras retributivas. Sin embargo, los representantes médicos consideran que resulta insuficiente. Aunque reconocieron determinados avances en octubre, sostienen que posteriormente la negociación volvió a paralizarse.
Una de las cuestiones de fondo es la organización del tiempo de trabajo. Cuando una Administración pretende incrementar la actividad asistencial sin ampliar proporcionalmente sus recursos humanos, la presión recae sobre quienes deben atender a los pacientes. Las consultas se acortan, las guardias adquieren mayor peso y los profesionales encuentran dificultades para disponer de descansos adecuados.
Esta situación encierra una contradicción evidente: el mismo sistema que necesita médicos para funcionar puede terminar imponiendo condiciones que dificulten su permanencia en la sanidad pública.
SIETE MINUTOS PARA ATENDER A UN PACIENTE
El conflicto adquiere otra dimensión cuando se examina desde la posición de quienes necesitan asistencia médica. Los sindicatos denuncian que determinadas consultas disponen de menos de diez minutos por paciente y que, en algunos casos, el tiempo asignado puede ser inferior a siete.
Son afirmaciones de los convocantes que requieren un análisis por centros y especialidades. Pero plantean una pregunta perfectamente razonable: ¿qué atención puede ofrecer un médico cuando debe examinar al enfermo, estudiar su historial, establecer un diagnóstico y explicar el tratamiento en unos pocos minutos?
Los últimos datos oficiales confirman que los problemas asistenciales tienen una dimensión considerable. Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en junio de 2026 había 158.358 personas esperando una primera consulta especializada, un 4,9% más que un año antes. La lista quirúrgica superaba los 34.000 pacientes, con un incremento interanual del 7,9%.
La Consejería destaca, por su parte, que la demora quirúrgica media ha descendido desde los 153 días de junio de 2023 hasta los 107 de junio de 2026. Ambas cifras deben considerarse conjuntamente: ha mejorado el tiempo medio de espera respecto a 2023, pero ha aumentado el número de personas pendientes de una intervención durante el último año.
La huelga introduce nuevas dificultades en un sistema que ya arrastraba estas carencias. Sin embargo, responsabilizar exclusivamente a los trabajadores movilizados de los problemas asistenciales supondría ignorar que las listas de espera y la sobrecarga preceden al conflicto actual.
LA BATALLA DE LOS PORCENTAJES
El enfrentamiento también se libra mediante las estadísticas. El Gobierno asegura que el 4 de noviembre secundaron la huelga 200 médicos de los 4.164 profesionales afectados, lo que equivale al 4,8%.
Los sindicatos elevan el seguimiento al 47,5%, según la Cadena SER. La enorme diferencia exige conocer los criterios utilizados por cada parte antes de establecer comparaciones concluyentes.
El balance oficial revela, además, una acusada concentración territorial. Gran Canaria reunió 155 de los 200 participantes contabilizados, frente a los 37 registrados en Tenerife. Durante la jornada había 1.383 efectivos destinados a servicios mínimos.
Estos últimos tienen una función necesaria: garantizar la atención indispensable. Pero su amplitud también condiciona la capacidad efectiva de ejercer el derecho de huelga.
En cualquier caso, reducir el enfrentamiento a una disputa sobre porcentajes beneficia a quienes prefieren evitar el debate principal: las reivindicaciones pendientes y las decisiones políticas que impiden resolverlas.
150 MILLONES PARA LOS MÉDICOS: ¿UN GASTO INASUMIBLE?
Uno de los argumentos centrales del enfrentamiento es económico. Según los sindicatos, el SCS ha calculado en 150 millones de euros anuales el coste de sus reivindicaciones retributivas. Los representantes médicos responden que están dispuestos a negociar su aplicación progresiva durante varios ejercicios.
Conviene situar esa cantidad en su contexto. El presupuesto aprobado para el Servicio Canario de la Salud en 2026 asciende aproximadamente a 4.833 millones de euros. Los 150 millones representarían alrededor del 3,1% de ese importe. Naturalmente, esa comparación no significa que los recursos estén disponibles automáticamente, pero permite dimensionar la controversia.
Existe, además, otra discusión presupuestaria que merece atención. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias denunció recientemente que unos 334,8 millones de euros del gasto sanitario público se destinan a centros privados mediante conciertos y concesiones.
Estas cantidades responden a conceptos diferentes y no pueden intercambiarse mecánicamente. Sin embargo, permiten formular una cuestión política legítima: ¿qué criterios determinan cuánto dinero se destina a reforzar directamente los servicios públicos y cuánto a contratar prestaciones con empresas privadas?
LA SANIDAD PÚBLICA Y LOS INTERESES ECONÓMICOS
El problema adquiere mayor profundidad cuando se examina la función económica de la sanidad. Los hospitales públicos no están concebidos para proporcionar beneficios a sus propietarios. Su finalidad es atender necesidades sociales mediante recursos financiados colectivamente.
Pero eso no significa que permanezcan al margen de las contradicciones económicas. Cuando el Estado limita plantillas o contiene gastos laborales, parte de las consecuencias pueden trasladarse a los trabajadores sanitarios, mediante una mayor carga asistencial, y a las familias, mediante esperas prolongadas.
Al mismo tiempo, la saturación de los servicios públicos puede favorecer a las empresas sanitarias privadas. Quienes disponen de recursos económicos encuentran una salida pagando consultas, pruebas o intervenciones. Quienes carecen de ellos deben continuar esperando.
Así aparece una desigualdad de clase perfectamente reconocible: la enfermedad afecta a toda la población, pero la capacidad de escapar de las listas de espera depende también de los ingresos familiares.
Ello no significa que cualquier reivindicación corporativa de los médicos coincida automáticamente con los intereses generales. La defensa de la sanidad pública exige mejorar igualmente las condiciones de enfermería, personal auxiliar y demás trabajadores, además de reforzar plantillas y servicios.
La cuestión que tiene ante sí el Gobierno de Canarias es, en definitiva, qué modelo sanitario pretende sostener: uno que disponga de recursos públicos suficientes para atender las necesidades de la población o uno que continúe dependiendo de la sobrecarga de sus profesionales y de una creciente intervención de empresas privadas.
La huelga del 17 de noviembre constituye el próximo horizonte de la movilización, pero el problema es muy anterior y tiene carácter estructural. Los médicos pueden volver a sus consultas; los pacientes seguirán necesitando respuestas. Y esas respuestas dependen, en buena medida, de las prioridades presupuestarias y políticas del Gobierno canario.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.55