EL GOBIERNO CANARIO BUSCA BLINDAR LOS FONDOS RUP: ¿QUIÉN CONTROLARÁ EL DINERO?

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El Gobierno de Canarias ha abierto una ofensiva política para impedir que los fondos europeos específicamente destinados a las regiones ultraperiféricas pierdan su actual autonomía dentro del próximo presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034. Fernando Clavijo se encuentra estos días en Dublín buscando el apoyo del Gobierno irlandés, precisamente cuando Irlanda ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y tiene entre sus prioridades avanzar en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual. 

  El asunto que se está negociando es importante. La Comisión Europea propone reorganizar profundamente el presupuesto comunitario y concentrar numerosos programas actualmente separados en grandes Planes Nacionales y Regionales de Asociación. Cohesión, agricultura, pesca y otras políticas pasarían a integrarse dentro de una arquitectura mucho más centralizada en cada Estado miembro. La propuesta global asciende a casi dos billones de euros para siete años, de los cuales 865.000 millones corresponderían a esos planes nacionales y regionales.

  El Gobierno de Canarias teme que, con ese sistema, desaparezca la identificación diferenciada de algunas partidas reservadas actualmente a las regiones ultraperiféricas y que los recursos destinados al Archipiélago pasen a depender en mayor medida de la negociación entre el Gobierno español y Bruselas. El Ejecutivo autonómico habla abiertamente de una posible «renacionalización» de estas ayudas y reclama que las RUP mantengan fondos propios amparados por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

  Ese es, en primer término, el conflicto que está encima de la mesa. Pero una vez aclarado esto aparece una segunda cuestión, bastante menos presente en el discurso institucional: conservar una determinada cantidad de dinero para el Archipiélago no dice todavía quién controlará esos recursos, a quién se entregarán ni qué estructura económica contribuirán a sostener.

NO EXISTE UN ÚNICO «INTERÉS DE CANARIAS»

   El Gobierno autonómico presenta su posición como una defensa de los «intereses de Canarias». Es una fórmula política habitual, pero económicamente dice muy poco. Un trabajador asalariado, un pequeño agricultor, una cadena hotelera, una empresa importadora, una gran explotación agrícola y una familia que depende de un salario o de una pensión viven en el mismo territorio, pero no ocupan la misma posición dentro de su economía ni tienen necesariamente los mismos intereses.

  Por eso no basta con conocer cuánto dinero europeo entra en las islas. Hay que seguir su recorrido.

  Los fondos comunitarios pueden financiar infraestructuras públicas, formación, políticas sociales o servicios. Pero también pueden subvencionar inversiones privadas, abaratar importaciones, compensar costes empresariales o garantizar la continuidad de determinados sectores productivos. El dinero sigue figurando estadísticamente como financiación destinada a Canarias en todos esos casos, aunque sus efectos sociales sean completamente diferentes.

  La cuestión adquiere mayor importancia si el nuevo modelo aumenta el peso de la negociación entre la Comisión Europea y el Estado español. La Comisión sostiene que las regiones, administraciones locales y otros actores participarán en la elaboración de los planes. Pero la propia arquitectura propuesta reúne fondos hasta ahora diferenciados dentro de una única estrategia estatal. 

  Por tanto, lo que se está disputando no es únicamente una cifra. También está en juego qué administración tendrá mayor capacidad para determinar las prioridades del gasto y qué sectores dispondrán de más fuerza para influir sobre ese reparto.

EL POSEI PERMITE VER A DÓNDE VA REALMENTE EL DINERO

  El POSEI agrícola ayuda a comprenderlo. Para 2026, el programa dispone de 268,42 millones de euros de financiación comunitaria. De esa cantidad, 206,32 millones corresponden a medidas de apoyo a la producción agraria y 62,09 millones al régimen de abastecimiento. Dentro del primer bloque, la ayuda destinada a los productores de plátano asciende a 141,1 millones de euros. A ello se añaden 37,63 millones de financiación adicional, hasta alcanzar un volumen global superior a 306 millones.

  No estamos, por tanto, ante una bolsa de dinero que se distribuya entre la población del Archipiélago. Existen beneficiarios determinados, condiciones concretas y actividades económicas seleccionadas.

  Una parte sostiene producción agrícola local que difícilmente podría competir en condiciones continentales. Otra parte, mediante el Régimen Específico de Abastecimiento, subvenciona el suministro de determinados productos destinados al consumo, a la transformación industrial o a la propia producción agrícola. El Gobierno de Canarias explica que este mecanismo pretende paliar los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad. 

  El problema empieza cuando se abandona la cifra global y se pregunta algo elemental: ¿qué cantidad recibe cada sector, qué empresas o productores se benefician, qué costes privados son cubiertos con fondos públicos y qué ocurre después con los beneficios obtenidos?

  No produce el mismo resultado subvencionar una pequeña explotación que necesita esa ayuda para sobrevivir que reducir los costes de una empresa con capacidad suficiente para apropiarse privadamente de los beneficios de su actividad. Ambas operaciones pueden aparecer en las cuentas bajo la misma palabra —«ayuda»—, pero su contenido económico y social es distinto.

SOCIALIZAR COSTES, MANTENER PRIVADOS LOS BENEFICIOS

  La existencia de compensaciones específicas para Canarias responde a condicionantes objetivos. Producir, transportar mercancías, adquirir determinados insumos o acceder al mercado continental puede resultar más caro desde un territorio insular situado a más de mil kilómetros de la Península.

  La Comisión Europea reconoce esas limitaciones permanentes y acaba de aprobar una nueva estrategia para las nueve regiones ultraperiféricas, en la que vuelve a señalar la lejanía, la insularidad, el pequeño tamaño y la vulnerabilidad económica de estos territorios. 

  Pero reconocer el sobrecoste no resuelve quién debe pagarlo.

   Cuando las administraciones compensan con recursos públicos una parte de los costes necesarios para que una actividad privada resulte rentable, una fracción del coste de reproducción de esa actividad queda socializada mientras la propiedad y los beneficios continúan siendo privados. Eso no convierte automáticamente la subvención en innecesaria: puede mantener empleos, impedir el abandono de cultivos o contener determinados precios. Pero obliga a estudiar quién termina beneficiándose realmente de ella.

  Y esta pregunta rara vez ocupa el centro de la discusión pública.

  El debate institucional suele detenerse antes: cuánto dinero perderíamos, cuánto conseguimos arrancar a Bruselas, cuánto corresponde a las RUP. Falta la siguiente página del balance: cómo se reparte después ese dinero entre trabajadores, pequeños productores, grandes propietarios, importadores, constructoras, empresas turísticas o administraciones públicas.

COMPENSAR LA DEPENDENCIA NO SIGNIFICA SUPERARLA

  Existe además una contradicción más profunda. Una parte considerable de los fondos específicos existe precisamente porque Canarias mantiene una economía dependiente del exterior, con elevados costes de abastecimiento y una estructura productiva concentrada en determinados sectores.

  Las ayudas pueden amortiguar las consecuencias de esa dependencia. Otra cosa muy distinta es que contribuyan a eliminarla.

  Si durante décadas resulta necesario subvencionar importaciones, compensar costes de transporte y sostener determinadas producciones mediante transferencias permanentes, puede producirse una paradoja: el mecanismo creado para aliviar los efectos de la dependencia termina convirtiéndose en una pieza estable del funcionamiento de esa misma economía dependiente.

  Por eso conservar una ficha financiera específica no debería cerrar la discusión, sino abrirla.

  Hay que saber cuánto dinero se destina a incrementar la producción local, cuánto permite reducir importaciones, cuánto mantiene pequeñas explotaciones, cuánto crea empleo estable y cuánto acaba simplemente reduciendo costes de determinadas empresas. Y habría que conocer igualmente qué ocurre con los incrementos de productividad o de rentabilidad que esos recursos públicos ayudan a generar.

LA BATALLA NO TERMINA EN BRUSELAS

  El Gobierno de Canarias tiene motivos materiales para intentar conservar fondos diferenciados. Si desaparecen dentro de una gran bolsa estatal, el Ejecutivo autonómico podría perder capacidad para defender determinadas partidas y estas pasarían a competir con otras prioridades establecidas por el Gobierno español.

  Pero conservarlas tampoco convierte automáticamente su distribución posterior en beneficiosa para toda la población.

  El verdadero conflicto tiene varias capas. Bruselas decide la arquitectura general; el Gobierno español negocia el plan estatal; el Gobierno autonómico pelea por mantener capacidad propia sobre determinados recursos; y, finalmente, dentro de Canarias diferentes sectores económicos pugnan por hacerse con una parte de ellos.

  Esa última fase suele desaparecer cuando todo se resume bajo la expresión «fondos para Canarias».

  A partir de 2028 habrá que conocer, naturalmente, cuántos millones llegan desde la Unión Europea. Pero esa cifra será solo el principio. La cuestión decisiva será quién decide sobre ellos, quién los recibe, qué costes financian y quién se apropia finalmente de los resultados económicos que esos recursos públicos ayudan a producir.