LA LUCHA POR LA VIVIENDA TAMBIÉN ACAMPA EN GRAN CANARIA: LA PROTESTA SE INSTALA FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Una asamblea abierta celebrada este martes en la plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria, frente a la Delegación del Gobierno, acordó iniciar una acampada por el derecho a la vivienda y dar carácter permanente a una protesta que hasta ahora se había expresado mediante concentraciones y movilizaciones.

   Convocada por Derecho al Techo, la reunión terminó con las primeras casetas instaladas en la plaza y con un llamamiento a quienes quieran incorporarse para acudir con tiendas, mantas, sacos, esterillas, agua y alimentos. La protesta grancanaria se incorpora así a las acciones desarrolladas estos días en diferentes ciudades del Estado tras el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años.

DE LA MANIFESTACIÓN A LA ACAMPADA

   La asamblea había sido convocada para discutir la respuesta del movimiento por la vivienda ante las decisiones adoptadas ese mismo día por el Consejo de Ministros. La convocatoria de Derecho al Techo llamaba expresamente a organizar los próximos meses ante el aumento de los alquileres, los desahucios y la dificultad creciente para acceder a una vivienda. 

   La decisión de acampar supone elevar el nivel de una movilización que ya había tenido una primera expresión en Gran Canaria el pasado sábado, cuando colectivos por el derecho a la vivienda se manifestaron en Las Palmas bajo el lema «Todos somos Maricarmen».

   Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo, explicaba entonces que el desahucio de la anciana madrileña había logrado una visibilidad extraordinaria, pero advertía de que existen muchos otros desalojos que se producen prácticamente fuera del foco público.

   El movimiento que ha surgido alrededor de este caso se ha extendido por diferentes ciudades. Las protestas reclaman que la conmoción provocada por el desahucio no termine reducida a una respuesta excepcional ante una historia particularmente llamativa, sino que desemboque en modificaciones generales de las condiciones que regulan los arrendamientos.

DOS DECRETOS Y UNA INCÓGNITA PARLAMENTARIA

  El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos ley sobre vivienda, que deberán ser convalidados por el Congreso. Entre las medidas incluidas figuran la ampliación hasta 2030 de determinadas protecciones frente al desahucio de personas vulnerables, una prórroga extraordinaria de dos años para contratos que finalicen antes de finales de 2028, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y restricciones temporales a la compra de viviendas por fondos de inversión.

  Pero una de las principales reivindicaciones del movimiento inquilino, la renovación automática de los contratos de alquiler, ha sido situada en un segundo decreto. La separación no es meramente técnica. El Gobierno ha dividido las medidas porque ese segundo texto no tiene asegurada actualmente una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado. Los dos decretos serán sometidos a votación en un pleno extraordinario del Congreso.

  Ahí reside buena parte de la desconfianza de los colectivos. La cuestión no es sólo qué ha aprobado el Consejo de Ministros, sino qué terminará convirtiéndose realmente en legislación vigente después de pasar por el Congreso.

  Derecho al Techo ha valorado algunas de las medidas como resultado de la presión social. Javier Marrero las describió este martes como «un logro de la calle», pero insistió en que quedan reivindicaciones fuera, entre ellas la intervención sobre las viviendas vacías mantenidas con objetivos especulativos. 

LO QUE RECLAMA EL MOVIMIENTO

   Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife plantean un paquete considerablemente más amplio. Entre sus demandas se encuentran contratos con mayor estabilidad, protección frente a los desahucios sin alternativa habitacional, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, congelación de las rentas, garantías para recuperar las fianzas y mecanismos para que determinadas viviendas actualmente destinadas al mercado turístico regresen al residencial.

   Los colectivos consideran además que el desahucio constituye habitualmente el último eslabón de un proceso previo: alquileres demasiado elevados respecto de los salarios, vencimiento de contratos, incrementos de renta, precariedad laboral y ausencia de una alternativa pública cuando una familia pierde su vivienda. Por eso defienden que la política frente a los desahucios no puede limitarse a intervenir en el momento final. 

CANARIAS NO PUEDE MIRAR ÚNICAMENTE A MADRID

  La acampada tiene enfrente la Delegación del Gobierno, pero una parte importante de sus reivindicaciones apunta también hacia el Gobierno de Canarias. Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas rechazan que el Ejecutivo autonómico descargue toda la responsabilidad sobre el Estado y reclaman la utilización de las competencias canarias.

  Desde agosto, la normativa autonómica regula expresamente el procedimiento para declarar zonas de mercado residencial tensionado. El procedimiento debe iniciarlo el ayuntamiento correspondiente, aportando información sobre alquileres, compraventa, renta de los hogares y esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda. La declaración corresponde finalmente a la Consejería competente en vivienda del Gobierno de Canarias y tiene una vigencia inicial de tres años. 

   Eso significa que el debate abierto por la acampada no se libra exclusivamente en Madrid. Los ayuntamientos y el Ejecutivo autonómico disponen también de instrumentos que pueden activar.

   Las tiendas plantadas este martes en la plaza de la Feria pretenden precisamente impedir que la movilización desaparezca una vez aprobados los decretos. Para sus promotores, las medidas del Gobierno constituyen sólo una parte de una disputa mucho más profunda: determinar si la vivienda continúa sometida fundamentalmente a las posibilidades económicas de cada hogar y a la rentabilidad de los propietarios o si las administraciones intervienen de forma más intensa para garantizar su función residencial.

   La asamblea decidió que esa discusión, al menos por ahora, seguirá también en la calle.