LOS LOBBYS: ASÍ FUNCIONA EL NEGOCIO DE LA INFLUENCIA POLÍTICA

POR "EQUIPO NIXOR" PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

   Cada vez que un Gobierno aprueba una ley, detrás de su redacción suele encontrarse toda una maraña de intereses enfrentados. Empresas, patronales, asociaciones profesionales, grandes y poderosas consultoras e, incluso, sindicatos institucionales y ecologistas reconvertidos, que intentan influir en el resultado final de las decisiones gubernamentales. Lo curioso es que toda esa red de gestiones es contemplada en esos ámbitos con la mayor naturalidad. Todos los que forman parte de ese entramado están plenamente convencidos de que tienen perfecto derecho a hacerlo.

 

   En la práctica, sin embargo, no todos ellos cuentan con los mismos recursos y posibilidades. Mientras algunas de esas organizaciones apenas sobreviven gracias al trabajo voluntario, otras disponen de millones de euros, auténticos ejércitos de abogados y técnicos, antiguos ministros y expresidentes de gobierno en sus plantillas y acceso permanente a los centros donde se toman las decisiones. Ese desigual reparto del poder para "ejercer influencia", ha convertido al lobby en uno de los grandes protagonistas silenciosos de la política contemporánea en los países capitalistas.
 

 

¿QUÉ ES REALMENTE UN LOBBY?

    La palabra lobby suele aparecer asociada a conspiraciones, reuniones discretas y presiones sobre los gobiernos. Sin embargo, su significado original es mucho más sencillo. Designa a los grupos organizados que intentan influir en las decisiones de los poderes públicos, Gobiernos y Administraciones para favorecer los intereses económicos que representan.

 

  La actividad recibe el nombre de lobbying y consiste en persuadir a gobiernos, Parlamentos o Administraciones para que aprueben, modifiquen o rechacen leyes, reglamentos o decisiones administrativas.

 

  En principio, no tienen nada de ilegal, aseguran sus defensores. Una organización ecologista, por ejemplo, que reclama normas más estrictas contra la contaminación, dice que también hace lobby.  También lo hace un sindicato institucional con peso afiliativo, que defiende una reforma laboral, una asociación de pacientes que exige la financiación de un medicamento o una organización agraria que pide ayudas para el campo. Pero, de acuerdo, con lo que conocemos, la influencia de estas últimas es apenas perceptible.

 

     El problema, se asegura, no tiene que ver con la existencia de grupos de presión. El verdadero debate comienza cuando se analiza quiénes son los que disponen realmente de capacidad para influir.

 

   Porque aunque todos tengan derecho a llamar a la puerta de un Ministerio, muy pocos pueden mantener oficinas permanentes en Madrid y Bruselas, contratar a decenas de especialistas, elaborar informes técnicos, financiar estudios económicos o incorporar a antiguos ministros y altos funcionarios que conocen personalmente a quienes redactan las leyes.

 

   Ahí es donde, según numerosos investigadores, deja de existir una igualdad efectiva entre intereses para aparecer una desigualdad profundamente condicionada por el poder económico.

 

 

DEL DERECHO DE PETICIÓN A UNA INDUSTRIA MULTIMILLONARIA

     Durante décadas, la representación organizada de intereses fue considerada una actividad secundaria en España. Pero hoy esa situación ha cambiado radicalmente. La creciente complejidad de la legislación, la integración en la Unión Europea y la importancia creciente de Bruselas como centro regulador han impulsado la profesionalización del sector.

 

    Hoy existen consultoras especializadas exclusivamente en Asuntos Públicos, una expresión mucho más elegante que "grupo de presión", pero que en la práctica designa una actividad similar: representar intereses privados ante las instituciones.

 

  Cada gran empresa energética, farmacéutica, tecnológica o financiera mantiene potentes departamentos exclusivamente encargados de seguir diariamente la actividad legislativa y de mantener relaciones con Ministros, Secretarios, subsecretarios reguladores y administraciones públicas.

 

 

   Bruselas representa el mayor centro mundial de esta industria. Según el Registro de Transparencia de la Unión Europea, al finalizar 2023 figuraban inscritas la friolera de 12.469 organizaciones dedicadas filtrarse en los recovecos institucionales e influir en el aparato burocrático de la UE. Entre ellas se encuentran grandes multinacionales, patronales, despachos de abogados, consultoras, asociaciones empresariales.  Diferentes organizaciones como Corporate Europe Observatory, ALTER-EU, Access Info Europe o Transparency International, ninguna de ellas de ideología bolchevique, llevan años advirtiendo de que la influencia privada sobre la elaboración de normas constituye uno de los principales desafíos para la calidad democrática, especialmente cuando determinados intereses económicos disfrutan de un acceso privilegiado a los responsables públicos.

 

 

CÓMO SE CAMBIA UNA LEY SIN SENTARSE EN EL PARLAMENTO

    La imagen clásica del empresario llamando directamente a un ministro pertenece más al cine que a la realidad, aunque nadie debe dudar que no pocas veces el hecho se produce.

 

    El trabajo de un lobista comienza mucho antes. Lo primero consiste en vigilar. Analizar proyectos legislativos, consultas públicas, borradores ministeriales, calendarios parlamentarios o iniciativas europeas permite conocer con meses de antelación qué sectores pueden verse afectados por futuras regulaciones.

 

    Después llega la identificación de las personas clave. Muchas veces no resulta necesario reunirse con el ministro. Puede ser más útil conversar con el funcionario que redacta el primer borrador, con el asesor encargado del informe técnico o con el diputado que actuará como ponente de la ley.

 

   La fase decisiva consiste en aportar argumentos. ¿Solo argumentos? Los grupos de presión entregan estudios económicos, informes jurídicos, propuestas de enmienda e incluso textos prácticamente redactados para facilitar el trabajo parlamentario. Uno de los documentos citados en el trabajo base explicaba que el objetivo consiste en entregar la legislación lo más "mascadita" posible a los diputados.

 

    Una sola palabra añadida o eliminada de una norma puede representar millones de euros para un determinado sector económico. Por eso el lobbying moderno no consiste tanto en ocultar información como en seleccionar cuidadosamente aquella que favorece los intereses del cliente.

 

CUANDO EL PODER POLÍTICO CAMBIA DE DESPACHO

     Pocas manifestaciones ilustran mejor esta industria que las llamadas puertas giratorias. El fenómeno describe el paso de responsables políticos a empresas cuyos beneficios dependen, en mayor o menor medida, de decisiones adoptadas por las administraciones públicas.

 

     No todo antiguo ministro que entra en una empresa se convierte automáticamente en un lobista. Sin embargo, cuando su trabajo consiste en gestionar relaciones institucionales, asesorar sobre regulación o representar intereses empresariales ante los poderes públicos, la relación con el lobbying resulta evidente.

 

 

LOS EJEMPLOS QUE ABUNDAN.

 

AZNAR Y LA INDUSTRIA DEL TABACO

    José María Aznar ofrece uno de los ejemplos más claros. En mayo de 2018, el expresidente viajó a Chile como consejero de Philip Morris International y se reunió con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

 

    La reunión fue registrada como una gestión relacionada con el mercado de cigarrillos electrónicos y sus implicaciones tributarias. La multinacional buscaba introducir sus productos de tabaco calentado en un país cuya legislación dificultaba su promoción. Aznar acudió a explicar al Gobierno chileno las supuestas ventajas de esos productos. BioBioChile

 

    En este caso existe una actividad concreta ante un representante gubernamental en defensa de los intereses regulatorios de una compañía. Es lobbying en sentido estricto.

 

    Aznar también fue asesor externo de Endesa y se incorporó como asesor sénior a DLA Piper, firma internacional que ofrece, entre otros servicios, asesoramiento regulatorio y relaciones con los poderes públicos.

 

FELIPE GONZÁLEZ Y GAS NATURAL

    Felipe González fue Consejero independiente de Gas Natural Fenosa entre 2010 y 2015. La compañía valoró su experiencia y sus relaciones en América Latina. El expresidente percibía 126.500 euros brutos anuales.  

 

   No se ha documentado en este caso una gestión concreta comparable a la realizada por Aznar en Chile. Por tanto, no sería riguroso afirmar que González actuó como lobista únicamente por ocupar aquel puesto. Solo a nuestra imaginacion le esta permitido especular sobre cuál era la función de González en Gas Natural Fenosa

 

    En cualquier caso, su papel sí constituye un ejemplo de puerta giratoria. Una gran empresa energética, dependiente de decisiones regulatorias y relaciones con gobiernos extranjeros, incorporó a su Consejo a un expresidente con una extensa red política internacional. Aunque legalmente sea una actividad diferente del lobbying, pone a disposición de una corporación un capital político acumulado (?) durante años de ejercicio del poder.

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO Y EL CASO PLUS ULTRA

    El caso de José Luis Rodríguez Zapatero presenta una situación distinta: no se trata simplemente de un fichaje empresarial, sino de una investigación judicial en curso.

   La Audiencia Nacional investiga si el expresidente participó en una estructura dedicada a utilizar relaciones políticas para obtener beneficios económicos. Una de las operaciones analizadas es el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra mediante el fondo gestionado por la SEPI.

 

    Zapatero sostiene que realizó trabajos legítimos de consultoría, centrados en geopolítica y comercio internacional, y niega haber ejercido influencia para favorecer a la compañía. No existe una sentencia y debe respetarse plenamente su presunción de inocencia.

 

     Sin embargo, la investigación adquirió un nuevo alcance el pasado 20 de julio de 2026. Julio Martínez, administrador de la consultora Análisis Relevante e investigado en la causa, presentó un escrito en el que afirmó que Zapatero dirigió las gestiones para conseguir el rescate.

 

    Según su versión, Plus Ultra pagaba 5.000 euros mensuales a la consultora y acordó una comisión del 1% de la ayuda obtenida, equivalente a 530.000 euros.  

 

   Se trata de la declaración de otro investigado, no de hechos judicialmente probados. Pero la trayectoria permite observar la delgada y ambigua línea roja que separa la consultoría, el lobbying y el tráfico de influencias.

 

    El lobbying declarado y transparente es legal. Emplear de forma indebida(?) relaciones personales con autoridades para obtener una resolución beneficiosa puede constituir delito. Determinar en qué lado se encuentran las actuaciones de Zapatero corresponde a los tribunales.

 

 

LOS VICEPRESIDENTES EN EL SECTOR PRIVADO

   Las puertas giratorias también alcanzan a quienes dirigieron la política económica española.

- Pedro Solbes, vicepresidente económico con Zapatero hasta 2009, se incorporó en 2011 al consejo de Enel, propietaria de Endesa. Ese mismo año fue fichado por Barclays como asesor para Europa y miembro del consejo de la entidad en España. El País

- Elena Salgado, su sucesora, fue contratada tres meses después de abandonar el Gobierno como consejera de Chilectra, filial chilena de Endesa. La Oficina de Conflictos de Intereses autorizó el nombramiento porque consideró que Salgado no había intervenido directamente en expedientes relacionados con esa sociedad. 

- Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta con Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, se incorporó en 2019 a Cuatrecasas. El despacho señala que actualmente asesora a su dirección en asuntos institucionales y estratégicos. En 2024 fue nombrada Consejera independiente de Cepsa, ahora denominada Moeve. 

 

  Ninguno de estos cargos demuestra por sí mismo la realización de gestiones concretas de lobbying. Los tres ilustran, sin embargo, cómo los conocimientos, contactos y prestigio obtenidos en la dirección del Estado adquieren posteriormente valor para bancos, energéticas y grandes despachos.

 

   MINISTROS CONVERTIDOS EN PROFESIONALES DE LA INFLUENCIA

- José Blanco, exministro de Fomento del PSOE, fundó en 2019 Acento Public Affairs. Alfonso Alonso, exministro de Sanidad del PP, presidió posteriormente la firma. La consultora se inscribió en el Registro de Transparencia de la Unión Europea y ha trabajado para empresas como Huawei, LaLiga y Novartis. En 2026, Havas adquirió una participación mayoritaria.  

- Trinidad Jiménez, exministra de Sanidad y Exteriores, fue durante una década directora global de Estrategia de Asuntos Públicos de Telefónica. Su trabajo incluyó la interlocución con gobiernos, reguladores y organismos internacionales.

- Rafael Catalá, exministro de Justicia, se incorporó en 2019 a Kreab, consultora internacional de comunicación y asuntos públicos. La empresa confirmó que asesoraría tanto a la propia firma como a sus clientes.

    Estos casos no se encuentran en una zona ambigua: los asuntos públicos constituyen el nombre profesional que recibe buena parte del lobbying contemporáneo.
 

 

ALBERTO GARZÓN: "LOBBYSTA POR UN DÍA"

   El caso de Alberto Garzón resulta especialmente significativo porque demuestra que las puertas giratorias no afectan únicamente a los  del PSOE y del PP. También ha terminado contaminando a la izquierda institucional.

 

    El 13 de febrero de 2024 se anunció que el exministro de Consumo y antiguo Coordinador federal de Izquierda Unida se incorporaría a Acento Public Affairs, la consultora fundada por el exministro socialdemócrata José Blanco y presidida entonces por Alfonso Alonso, exministro de Sanidad del PP. Garzón había abandonado el Gobierno en noviembre de 2023 y la dirección de IU en diciembre.

 

    Su incorporación estaba prevista antes de Semana Santa. Ocuparía la Dirección de Prospectiva Geopolítica y se encargaría de elaborar análisis sobre tendencias políticas, sociológicas, geopolíticas y medioambientales. El nombramiento se encontraba pendiente de la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses, obligatoria por su reciente paso por el Consejo de Ministros.  

 

      La operación generó una fuerte polémica en los ambitos de la  izquierda reformista. Acento no era una empresa ajena a la influencia política, sino una consultora de asuntos públicos inscrita en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Asesoraba entonces a unos 90 clientes, entre ellos LaLiga, Huawei y organismos vinculados a Marruecos, y había obtenido 1,5 millones de euros de beneficios en 2022. Además, reunía a numerosos antiguos cargos del PSOE y del PP que en fraternal coyunda trabajaban en ella.

 

   La oferta también había partido directamente de José Blanco. Según relató posteriormente el propio Alberto Garzón, el exministro psocialista contactó con él cuando todavía era ministro de Consumo, después de que anunciara su retirada de la primera línea política. Garzón respondió que hablarían de ello  una vez que abandonara el Gobierno.

 

    Un día después de hacerse público el fichaje, el 14 de febrero, Garzón renunció a su nuevo puesto de trabajo en una empresa lobbysta dirigida por exdirigentes del PP y del PSOE. 

 

  El mismo Alberto Garzón que  un día se atreviera a escribir un libro titulado "Por qué soy comunista", se vio obligado a  renunciar ante lo que denominó la “incomprensión” provocada en su espacio político y para evitar que su decisión personal perjudicara a sus antiguos compañeros. 

 

   El excoordinador de IU rechazó rotundamente que su incorporación la firma lobbysta Acento Public Affairs, pudiera considerarse una puerta giratoria.

 

    Según su definición, esta se produce cuando un gobernante favorece a una empresa desde el poder con la expectativa de ser recompensado posteriormente. Afirmó que su trabajo consistiría en elaborar informes desde una perspectiva progresista, sin representar directamente a empresas ante las administraciones.

 

   Tras la polémica, personalmente descalificó las críticas recibidas tildándolas de  “ideológicamente  puritanas”.

 

 

LOS LOBBYS: CUANDO EL DINERO HABLA MÁS ALTO QUE LOS CIUDADANOS

    Llegados a este punto, resulta difícil sostener que el lobbyismo sea simplemente una herramienta de participación democrática. En teoría, cualquier ciudadano, asociación o empresa puede intentar influir en quienes elaboran las leyes.

 

  En la práctica, sin embargo, la influencia no depende de la calidad argumental, sino de la capacidad económica para hacerlos llegar de forma constante a los centros de decisión. Quien dispone de millones de euros para contratar despachos especializados, consultoras, expertos, campañas de comunicación y representantes permanentes en las instituciones parte con una ventaja que ningún ciudadano corriente puede igualar.

 

   Esta realidad desmiente uno de los principales argumentos utilizados para justificar los lobbies: la supuesta igualdad de acceso. No compiten en las mismas condiciones una multinacional y una asociación de consumidores, un fondo de inversión y un sindicato, una gran patronal y una plataforma vecinal. Mientras unos pueden influir durante años en la elaboración de las normas, otros apenas consiguen ser escuchados de manera ocasional. La igualdad existe sobre el papel; la capacidad real de influencia, no.

 

PROFESIONALES DE LA INFLUENCIA PRIVADA

     También resulta profundamente engañosa la imagen del lobista como un experto independiente que aporta información técnica para mejorar las decisiones públicas. Su trabajo no consiste en buscar el interés general, sino en defender los intereses de quien financia sus servicios. Esa es, precisamente, la razón por la que ha sido contratado.

 

    El lobista profesional, en el mejor de los casos, vende acceso, contactos, conocimiento del funcionamiento interno de las instituciones y capacidad para orientar las decisiones políticas hacia los objetivos e intereses de sus clientes. No es un árbitro imparcial entre intereses contrapuestos, sino un representante de intereses privados que actúa allí donde se elaboran las leyes que afectan al conjunto de la sociedad. Su éxito profesional se mide por una sola variable: su capacidad para convertir intereses particulares en decisiones públicas.

 

   Por eso, el problema del lobbyismo trasciende la existencia de prácticas opacas o de casos de corrupción. Incluso cuando todas las reuniones son legales, transparentes y correctamente registradas, sigue existiendo un desequilibrio fundamental: unos pocos actores disponen de recursos prácticamente ilimitados para influir en la política, mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos carece de instrumentos equivalentes.

 

   Una democracia pierde parte de su significado cuando el acceso efectivo a los responsables públicos depende mucho más del presupuesto disponible que de la fuerza de las razones. Las instituciones dejan entonces de actuar como espacios destinados a conciliar el interés colectivo para convertirse, cada vez más, en lugares donde quienes ya concentran el poder económico pueden consolidar también su poder político.

 

  En consecuencia, la cuestión de fondo no consiste únicamente en exigir más transparencia o mejores registros de los grupos de presión. El verdadero interrogante es otro mucho más incómodo: ¿puede hablarse de igualdad democrática cuando el dinero permite comprar una capacidad de influencia inaccesible para la inmensa mayoría de la población?

   

   Mientras esa pregunta siga teniendo una respuesta afirmativa, el lobbyismo difícilmente podrá presentarse como un instrumento al servicio de la democracia. Más bien constituye una de las manifestaciones más visibles de cómo las desigualdades económicas terminan proyectándose sobre las propias instituciones que deberían representar a todos por igual.

 

FUENTES CONSULTADAS:

Bibliografía y documentación utilizada de forma implícita
Registro de Transparencia de la UE.
Informes de Corporate Europe Observatory.
Informes de ALTER-EU.
Informes de Access Info Europe.
Informes de Transparency International.
Comunicados corporativos de las empresas implicadas.
Información publicada por diversos medios nacionales e internacionales sobre cada uno de los casos.

OECD – Lobbying in the 21st Century
Corporate Europe Observatory – Lobby Planet
Transparency International – Lobbying in Europe
Access Info Europe – Lobbying Transparency Reports
OpenSecrets (para contextualizar el lobby en EE. UU.)
InfluenceMap (sobre la influencia corporativa en políticas climáticas)
Spinwatch (seguimiento de grupos de presión y relaciones públicas)