LOS SINDICATOS DE INQUILINAS ACUSAN AL GOBIERNO DE ABRIR LA PUERTA A LOS ESPECULADORES
El colectivo alerta ante la próxima aprobación de un nuevo decreto de vivienda
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclama que el futuro Real Decreto de vivienda priorice la protección de quienes viven de alquiler y no incluya nuevas concesiones al negocio inmobiliario. La organización plantea un paquete de medidas urgentes frente a la crisis habitacional.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido al Gobierno central que el anunciado Real Decreto sobre vivienda se convierta en un auténtico «Decreto Inquilino», incorporando medidas que garanticen el derecho efectivo a la vivienda y evitando cualquier reforma que suponga nuevas ventajas para los sectores que, según denuncia la organización, "obtienen beneficios mediante la especulación inmobiliaria".
La organización reclama un cambio de rumbo en la política de vivienda
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas considera que las informaciones conocidas hasta ahora sobre el contenido del futuro Real Decreto apuntan a un texto que combinaría avances para las personas inquilinas con concesiones al lobby inmobiliario. A juicio del colectivo, esta orientación resulta incompatible con la gravedad de la crisis de vivienda que atraviesa el país.
Según expone la organización en su comunicado, el derecho a la vivienda no puede convertirse en una excusa para aprobar nuevas medidas que favorezcan a rentistas y especuladores. En este sentido, advierte de que corregir algunos de los efectos de la crisis mientras se mantienen o amplían los mecanismos que la generan supondría una respuesta insuficiente.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sostiene que el nuevo decreto debe incorporar cuatro medidas fundamentales para proteger a quienes viven de alquiler.
La primera de ellas es la aprobación de la denominada Ley Antiestafas Inquilina, una propuesta elaborada hace dos años por los propios Sindicatos de Inquilinas y que, según recuerda la organización, continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados.
El texto plantea regular los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones, además de establecer garantías frente a prácticas que el colectivo considera abusivas, como los problemas relacionados con las fianzas, los honorarios de intermediación y determinadas reparaciones que terminan siendo asumidas por las personas inquilinas.
Las reclamaciones de los Sindicatos de Inquilinas
Otra de las principales reivindicaciones de la Confederación consiste en recuperar las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler e incluir también a aquellos contratos que actualmente se encuentran en situación de tácita reconducción.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas afirma que esta medida resulta urgente ante la previsión de que más de 600.000 personas puedan perder su vivienda durante 2026. Según el colectivo, ampliar estas prórrogas proporcionaría estabilidad y seguridad jurídica a las familias inquilinas sin perjudicar a aquellos propietarios que no pretendan especular con sus viviendas.
Reclaman, asimismo, la recuperación y ampliación de la moratoria de desahucios.
La organización denuncia que ya se están ejecutando más de 60.000 desahucios de familias vulnerables que carecen de una alternativa habitacional y exige la paralización inmediata de cualquier lanzamiento de la vivienda habitual cuando no exista una solución residencial real, digna y estable.
A juicio de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, ninguna familia debería perder su vivienda mientras las administraciones no garanticen una alternativa que permita preservar unas condiciones de vida adecuadas.
Entre las propuestas incluidas en el comunicado figura igualmente la congelación total de los alquileres actualmente en vigor.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas considera que el incremento continuado del coste de la vida está reduciendo el poder adquisitivo de la población trabajadora y sostiene que limitar parcialmente las subidas de los alquileres resulta insuficiente para hacer frente a esta situación.
Por ello propone fijar una congelación del 0 % para todos los contratos vigentes y cita como referencia la experiencia de ciudades como Nueva York, defendiendo que esta medida ofrecería una protección más efectiva frente al encarecimiento del alquiler.
Rechazo a cambios en la Ley del Suelo y a nuevas ventajas fiscales
La organización manifiesta además su oposición a que el Gobierno aproveche el Real Decreto para introducir modificaciones sustanciales en la Ley del Suelo o para aprobar nuevas deducciones fiscales destinadas a los rentistas.
Según afirma la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, una decisión de este tipo supondría favorecer económicamente a quienes obtienen beneficios mediante la especulación con la vivienda y el suelo. En el comunicado, el colectivo advierte de que, si estas medidas terminan formando parte del decreto, resultará muy difícil prestar apoyo a la iniciativa gubernamental.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sostiene que, incluso si el Gobierno incorporara todas las propuestas planteadas por la organización, el futuro decreto seguiría siendo insuficiente para resolver una crisis de vivienda que considera estructural.
Como argumento, recuerdan que el último barómetro del CIS sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema del país para el 43 % de la ciudadanía.
Por ese motivo, la organización mantiene como objetivo estratégico la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda y contra la carestía de la vida, con el propósito de impulsar transformaciones de mayor alcance que permitan afrontar de forma profunda la actual crisis habitacional.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido al Gobierno central que el anunciado Real Decreto sobre vivienda se convierta en un auténtico «Decreto Inquilino», incorporando medidas que garanticen el derecho efectivo a la vivienda y evitando cualquier reforma que suponga nuevas ventajas para los sectores que, según denuncia la organización, "obtienen beneficios mediante la especulación inmobiliaria".
La organización reclama un cambio de rumbo en la política de vivienda
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas considera que las informaciones conocidas hasta ahora sobre el contenido del futuro Real Decreto apuntan a un texto que combinaría avances para las personas inquilinas con concesiones al lobby inmobiliario. A juicio del colectivo, esta orientación resulta incompatible con la gravedad de la crisis de vivienda que atraviesa el país.
Según expone la organización en su comunicado, el derecho a la vivienda no puede convertirse en una excusa para aprobar nuevas medidas que favorezcan a rentistas y especuladores. En este sentido, advierte de que corregir algunos de los efectos de la crisis mientras se mantienen o amplían los mecanismos que la generan supondría una respuesta insuficiente.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sostiene que el nuevo decreto debe incorporar cuatro medidas fundamentales para proteger a quienes viven de alquiler.
La primera de ellas es la aprobación de la denominada Ley Antiestafas Inquilina, una propuesta elaborada hace dos años por los propios Sindicatos de Inquilinas y que, según recuerda la organización, continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados.
El texto plantea regular los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones, además de establecer garantías frente a prácticas que el colectivo considera abusivas, como los problemas relacionados con las fianzas, los honorarios de intermediación y determinadas reparaciones que terminan siendo asumidas por las personas inquilinas.
Las reclamaciones de los Sindicatos de Inquilinas
Otra de las principales reivindicaciones de la Confederación consiste en recuperar las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler e incluir también a aquellos contratos que actualmente se encuentran en situación de tácita reconducción.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas afirma que esta medida resulta urgente ante la previsión de que más de 600.000 personas puedan perder su vivienda durante 2026. Según el colectivo, ampliar estas prórrogas proporcionaría estabilidad y seguridad jurídica a las familias inquilinas sin perjudicar a aquellos propietarios que no pretendan especular con sus viviendas.
Reclaman, asimismo, la recuperación y ampliación de la moratoria de desahucios.
La organización denuncia que ya se están ejecutando más de 60.000 desahucios de familias vulnerables que carecen de una alternativa habitacional y exige la paralización inmediata de cualquier lanzamiento de la vivienda habitual cuando no exista una solución residencial real, digna y estable.
A juicio de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, ninguna familia debería perder su vivienda mientras las administraciones no garanticen una alternativa que permita preservar unas condiciones de vida adecuadas.
Entre las propuestas incluidas en el comunicado figura igualmente la congelación total de los alquileres actualmente en vigor.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas considera que el incremento continuado del coste de la vida está reduciendo el poder adquisitivo de la población trabajadora y sostiene que limitar parcialmente las subidas de los alquileres resulta insuficiente para hacer frente a esta situación.
Por ello propone fijar una congelación del 0 % para todos los contratos vigentes y cita como referencia la experiencia de ciudades como Nueva York, defendiendo que esta medida ofrecería una protección más efectiva frente al encarecimiento del alquiler.
Rechazo a cambios en la Ley del Suelo y a nuevas ventajas fiscales
La organización manifiesta además su oposición a que el Gobierno aproveche el Real Decreto para introducir modificaciones sustanciales en la Ley del Suelo o para aprobar nuevas deducciones fiscales destinadas a los rentistas.
Según afirma la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, una decisión de este tipo supondría favorecer económicamente a quienes obtienen beneficios mediante la especulación con la vivienda y el suelo. En el comunicado, el colectivo advierte de que, si estas medidas terminan formando parte del decreto, resultará muy difícil prestar apoyo a la iniciativa gubernamental.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sostiene que, incluso si el Gobierno incorporara todas las propuestas planteadas por la organización, el futuro decreto seguiría siendo insuficiente para resolver una crisis de vivienda que considera estructural.
Como argumento, recuerdan que el último barómetro del CIS sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema del país para el 43 % de la ciudadanía.
Por ese motivo, la organización mantiene como objetivo estratégico la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda y contra la carestía de la vida, con el propósito de impulsar transformaciones de mayor alcance que permitan afrontar de forma profunda la actual crisis habitacional.
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