NUEVOS DESAHUCIOS DESTAPAN EL FRACASO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN CANARIAS
El caso de once vecinos de San Roque refleja una crisis habitacional que se extiende por todo el Archipiélago.
Once personas, entre ellas cuatro menores, afrontan un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria pese a su disposición a seguir pagando un alquiler. El caso vuelve a poner sobre la mesa una crisis de la vivienda que, lejos de remitir, continúa agravándose en todo el Archipiélago.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El próximo 13 de julio, once personas, entre ellas cuatro menores de edad, podrían perder el hogar en el que llevan años viviendo en el barrio de San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria. El caso, denunciado por el colectivo Derecho al Techo, ha reabierto el debate sobre una realidad que afecta cada vez a más familias: la dificultad de acceder o mantener una vivienda en Canarias, incluso cuando existe disposición a pagar un alquiler.
Según explica la plataforma, las familias afectadas residían desde hace años en las viviendas y habían mantenido el pago de la renta pactada, además de asumir diferentes gastos de conservación de los inmuebles. La situación cambió cuando la propiedad pasó a manos de la sociedad WHITE HEAD Investment (WH Invest.), que comunicó su intención de recuperar las viviendas sin aceptar la posibilidad de regularizar la situación mediante nuevos contratos de alquiler.
Entre las personas que se enfrentan al desahucio hay cuatro menores de 8, 9, 10 y 14 años, además de personas con problemas de salud que requieren atención médica continuada. Las familias sostienen que no rechazan pagar una renta, sino que piden poder firmar contratos adaptados a sus posibilidades económicas o, si finalmente deben abandonar las viviendas, disponer de un plazo razonable para encontrar otra alternativa. Sin embargo, esa búsqueda se presenta especialmente complicada en un mercado inmobiliario donde encontrar un alquiler asequible se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos.
Desde Derecho al Techo consideran que este caso refleja una situación que se repite cada vez con mayor frecuencia en Canarias: viviendas adquiridas por sociedades de inversión cuyos nuevos propietarios optan por recuperar los inmuebles sin ofrecer soluciones a quienes llevan años habitándolos. El colectivo reclama la paralización del desahucio mientras no exista una alternativa habitacional para las familias afectadas.
Una situación que se repite en todo el Archipiélago
Lo ocurrido en San Roque no constituye un episodio aislado. En los últimos años, la vivienda ha pasado a convertirse en uno de los principales problemas sociales de Canarias. El incremento constante del precio del alquiler, la escasez de oferta residencial y la presión que ejerce el mercado turístico han dejado a miles de familias con enormes dificultades para acceder a una vivienda digna.
Cada vez son más frecuentes los casos de trabajadores que, aun teniendo empleo, destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler. Cuando el propietario decide vender el inmueble, no renovar el contrato o aumentar considerablemente la renta, muchas familias descubren que encontrar otra vivienda dentro de sus posibilidades económicas resulta prácticamente imposible.
La consecuencia es una creciente inseguridad residencial que afecta especialmente a hogares con menores, personas mayores, familias monoparentales y trabajadores con salarios modestos.
Los datos confirman la gravedad del problema
Las estadísticas oficiales muestran que la preocupación por la vivienda no responde únicamente a percepciones sociales. Canarias figura desde hace años entre las comunidades donde el acceso a una vivienda genera mayores dificultades económicas.
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) refleja que una parte muy importante de la población que vive de alquiler reconoce haber tenido dificultades para afrontar el pago mensual de la renta durante el último año, un indicador que pone de manifiesto el enorme esfuerzo económico que supone conservar una vivienda para miles de hogares.
A ello se suma un mercado caracterizado por una oferta insuficiente. Aunque el número de viviendas vacacionales disponibles descendió un 6,5 % durante 2025, todavía permanecían más de 47.000 inmuebles destinados a este uso en el Archipiélago, con cerca de 193.500 plazas turísticas. Gran Canaria concentra casi una cuarta parte de toda esa oferta.
La reducción de viviendas vacacionales, además, no se ha traducido en una bajada significativa del precio del alquiler residencial. Distintos especialistas coinciden en que la oferta continúa siendo claramente insuficiente frente a una demanda que no deja de crecer.
Los desahucios tampoco han desaparecido. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la mayor parte de los lanzamientos que se producen en España están relacionados con el impago del alquiler y no con ejecuciones hipotecarias, una tendencia que también se refleja en Canarias.
Las organizaciones sociales alertan igualmente del deterioro de la situación. Cáritas ha informado de un incremento del 19 % en las familias atendidas por problemas de exclusión residencial en Canarias y advierte de que el fuerte aumento del precio de la vivienda durante los últimos años está expulsando del mercado a miles de personas cuyos ingresos no han crecido al mismo ritmo.
El derecho a la vivienda frente a la lógica del mercado
El caso de San Roque vuelve a plantear un debate de fondo. Las familias afectadas no reivindican permanecer gratuitamente en las viviendas, sino continuar pagando un alquiler que les permita seguir desarrollando su proyecto de vida. Sin embargo, cuando la rentabilidad económica se convierte en el principal criterio para gestionar el parque residencial, muchas personas quedan expuestas a decisiones empresariales sobre las que apenas tienen capacidad de reacción.
Mientras tanto, Canarias continúa padeciendo uno de los parques públicos de vivienda más reducidos en relación con las necesidades existentes, lo que limita enormemente la capacidad de las administraciones para ofrecer alternativas cuando se producen situaciones de emergencia habitacional.
Por ese motivo, plataformas ciudadanas y organizaciones sociales insisten en que no basta con actuar cuando un desahucio ya está fijado. Reclaman aumentar la vivienda pública, ampliar el parque de alquiler social, movilizar las viviendas vacías y adoptar medidas que impidan que familias con menores o personas vulnerables sean expulsadas de sus hogares sin disponer previamente de una solución habitacional.
El desahucio previsto en San Roque afecta directamente a once personas. Sin embargo, el problema que pone de manifiesto trasciende con mucho ese caso concreto. Es el reflejo de una crisis estructural que convierte un derecho básico como la vivienda en un bien cada vez más inaccesible para una parte creciente de la población canaria.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El próximo 13 de julio, once personas, entre ellas cuatro menores de edad, podrían perder el hogar en el que llevan años viviendo en el barrio de San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria. El caso, denunciado por el colectivo Derecho al Techo, ha reabierto el debate sobre una realidad que afecta cada vez a más familias: la dificultad de acceder o mantener una vivienda en Canarias, incluso cuando existe disposición a pagar un alquiler.
Según explica la plataforma, las familias afectadas residían desde hace años en las viviendas y habían mantenido el pago de la renta pactada, además de asumir diferentes gastos de conservación de los inmuebles. La situación cambió cuando la propiedad pasó a manos de la sociedad WHITE HEAD Investment (WH Invest.), que comunicó su intención de recuperar las viviendas sin aceptar la posibilidad de regularizar la situación mediante nuevos contratos de alquiler.
Entre las personas que se enfrentan al desahucio hay cuatro menores de 8, 9, 10 y 14 años, además de personas con problemas de salud que requieren atención médica continuada. Las familias sostienen que no rechazan pagar una renta, sino que piden poder firmar contratos adaptados a sus posibilidades económicas o, si finalmente deben abandonar las viviendas, disponer de un plazo razonable para encontrar otra alternativa. Sin embargo, esa búsqueda se presenta especialmente complicada en un mercado inmobiliario donde encontrar un alquiler asequible se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos.
Desde Derecho al Techo consideran que este caso refleja una situación que se repite cada vez con mayor frecuencia en Canarias: viviendas adquiridas por sociedades de inversión cuyos nuevos propietarios optan por recuperar los inmuebles sin ofrecer soluciones a quienes llevan años habitándolos. El colectivo reclama la paralización del desahucio mientras no exista una alternativa habitacional para las familias afectadas.
Una situación que se repite en todo el Archipiélago
Lo ocurrido en San Roque no constituye un episodio aislado. En los últimos años, la vivienda ha pasado a convertirse en uno de los principales problemas sociales de Canarias. El incremento constante del precio del alquiler, la escasez de oferta residencial y la presión que ejerce el mercado turístico han dejado a miles de familias con enormes dificultades para acceder a una vivienda digna.
Cada vez son más frecuentes los casos de trabajadores que, aun teniendo empleo, destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler. Cuando el propietario decide vender el inmueble, no renovar el contrato o aumentar considerablemente la renta, muchas familias descubren que encontrar otra vivienda dentro de sus posibilidades económicas resulta prácticamente imposible.
La consecuencia es una creciente inseguridad residencial que afecta especialmente a hogares con menores, personas mayores, familias monoparentales y trabajadores con salarios modestos.
Los datos confirman la gravedad del problema
Las estadísticas oficiales muestran que la preocupación por la vivienda no responde únicamente a percepciones sociales. Canarias figura desde hace años entre las comunidades donde el acceso a una vivienda genera mayores dificultades económicas.
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) refleja que una parte muy importante de la población que vive de alquiler reconoce haber tenido dificultades para afrontar el pago mensual de la renta durante el último año, un indicador que pone de manifiesto el enorme esfuerzo económico que supone conservar una vivienda para miles de hogares.
A ello se suma un mercado caracterizado por una oferta insuficiente. Aunque el número de viviendas vacacionales disponibles descendió un 6,5 % durante 2025, todavía permanecían más de 47.000 inmuebles destinados a este uso en el Archipiélago, con cerca de 193.500 plazas turísticas. Gran Canaria concentra casi una cuarta parte de toda esa oferta.
La reducción de viviendas vacacionales, además, no se ha traducido en una bajada significativa del precio del alquiler residencial. Distintos especialistas coinciden en que la oferta continúa siendo claramente insuficiente frente a una demanda que no deja de crecer.
Los desahucios tampoco han desaparecido. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la mayor parte de los lanzamientos que se producen en España están relacionados con el impago del alquiler y no con ejecuciones hipotecarias, una tendencia que también se refleja en Canarias.
Las organizaciones sociales alertan igualmente del deterioro de la situación. Cáritas ha informado de un incremento del 19 % en las familias atendidas por problemas de exclusión residencial en Canarias y advierte de que el fuerte aumento del precio de la vivienda durante los últimos años está expulsando del mercado a miles de personas cuyos ingresos no han crecido al mismo ritmo.
El derecho a la vivienda frente a la lógica del mercado
El caso de San Roque vuelve a plantear un debate de fondo. Las familias afectadas no reivindican permanecer gratuitamente en las viviendas, sino continuar pagando un alquiler que les permita seguir desarrollando su proyecto de vida. Sin embargo, cuando la rentabilidad económica se convierte en el principal criterio para gestionar el parque residencial, muchas personas quedan expuestas a decisiones empresariales sobre las que apenas tienen capacidad de reacción.
Mientras tanto, Canarias continúa padeciendo uno de los parques públicos de vivienda más reducidos en relación con las necesidades existentes, lo que limita enormemente la capacidad de las administraciones para ofrecer alternativas cuando se producen situaciones de emergencia habitacional.
Por ese motivo, plataformas ciudadanas y organizaciones sociales insisten en que no basta con actuar cuando un desahucio ya está fijado. Reclaman aumentar la vivienda pública, ampliar el parque de alquiler social, movilizar las viviendas vacías y adoptar medidas que impidan que familias con menores o personas vulnerables sean expulsadas de sus hogares sin disponer previamente de una solución habitacional.
El desahucio previsto en San Roque afecta directamente a once personas. Sin embargo, el problema que pone de manifiesto trasciende con mucho ese caso concreto. Es el reflejo de una crisis estructural que convierte un derecho básico como la vivienda en un bien cada vez más inaccesible para una parte creciente de la población canaria.
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