LA DICTADURA QUE NUNCA TERMINÓ: EL LARGO VIAJE DEL FRANQUISMO HASTA EL SIGLO XXI

 POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL

    Han pasado más de medio siglo desde la muerte de Francisco Franco. Cincuenta años debería haber más que bastado para que cualquier país democrático cerrara definitivamente las heridas institucionales de una dictadura que duró casi cuatro décadas y que formó parte del entramado europeo de los regímenes fascistas del siglo XX.

    Sin embargo, la realidad española continúa ofreciendo una paradoja difícil - pero no imposible-  de encontrar en otros países europeos: el franquismo desapareció como régimen político en 1975, pero numerosos vestigios materiales, simbólicos e incluso institucionales han sobrevivido durante décadas y algunos continúan siendo objeto de agrias controversias.

   Las noticias conocidas en los últimos meses ilustran esa anomalía con claridad. El Gobierno socialdemócrata - el tercero de ese signo ideológico del postfranquismo-  continúa titubeando a la hora de hacer efectiva la retirada de monumentos, placas e inscripciones franquistas que todavía permanecían en espacios públicos. Al mismo tiempo, siguen apareciendo símbolos vinculados a colaboradores del fascismo europeo refugiados en España tras la Segunda Guerra Mundial.

   No se trata únicamente de una discusión sobre esculturas o lápidas. Lo que permanece abierto es un debate mucho más profundo: hasta qué punto la peculiar democracia española culminó realmente la ruptura con la dictadura o, por el contrario, dejó numerosos elementos heredados que todavía condicionan la memoria colectiva.

LOS MONUMENTOS QUE SOBREVIVIERON A LA DICTADURA

     Las imágenes resultan sorprendentes para cualquier observador europeo. En Santa Cruz de Tenerife, continua el infinito    procedimiento para que retiren el conocido Monumento a la Victoria, una gigantesca obra inaugurada en 1964 que representa la Guerra Civil como una "cruzada" victoriosa y la figura del dictado sobre un águila con enormes alas desplegadas . La comisión técnica creada al amparo de la Ley de Memoria Democrática concluyó, al fin, miren ustedes por donde, que el monumento carece de valor artístico suficiente para ser resignificado y recomendando  su retirada.

    En Majadahonda permanece igualmente el proceso para eliminar el monumento dedicado a dos dirigentes de la Guardia de Hierro rumana, una organización fascista estrechamente vinculada al nazismo.

    Y todavía en 2026 el Gobierno ha debido ordenar la retirada de inscripciones dedicadas a José Antonio Primo de Rivera en las catedrales de Murcia y Almería.

  Si estos casos ya reflejan la lentitud pasmosa del proceso español, el ejemplo de los ustachas croatas resulta aún más revelador.

ESPAÑA, REFUGIO DE CRIMINALES FASCISTAS

     Pocas historias simbolizan mejor esa continuidad que la de Ante Pavelić y Vjekoslav Luburić. Pavelić, dictador del Estado Independiente de Croacia, aliado de Hitler y responsable de un régimen genocida contra serbios, judíos, gitanos y opositores políticos, terminó sus días protegido discretamente por el franquismo en Madrid. Allí vivió hasta su muerte en 1959, paseando por el Retiro y la Puerta del Sol mientras sobre él pesaban algunas de las mayores responsabilidades criminales de la Segunda Guerra Mundial. 

    Todavía más llamativo resulta el caso de Vjekoslav Luburić, otro croata conocido como "Maks, el Carnicero", uno de los responsables del Campo de exterminio de Jasenovac. El franquismo le proporcionó identidad falsa, protección policial y la posibilidad de rehacer su vida en Valencia bajo el nombre de Vicente Pérez García. Durante años dirigió negocios, editó propaganda política y mantuvo estrechas relaciones con sectores del régimen franquista antes de que fuera asesinado en 1969.

    Lo verdaderamente excepcional no fue únicamente su refugio en España. Lo extraordinario es que más de medio siglo después de su muerte todavía haya sido necesario intervenir administrativamente para retirar de su tumba la simbología fascista que la adornaba desde los años setenta. La resolución gubernamental obliga además a instalar paneles explicativos sobre sus responsabilidades en el genocidio croata.

LA PARADOJA INSTITUCIONAL

     La permanencia de estos vestigios materiales suele ocultar otro debate más complejo: la continuidad institucional. son legión los historiadores que coinciden en señalar que la Transición española consiguió establecer un régimen parlamentario mediante un amplio consenso entre los partidos que aspiraban a ocupar espacios de poder en el aparato institucional, pero lo hicieron sin que se produjera paralelamente una depuración comparable a la que conocieron otros países europeos tras la derrota del fascismo en 1945.

    Y es que a diferencia de Alemania o Italia, España no experimentó una derrota militar del régimen ni una ocupación aliada que desmontara completamente las estructuras estatales anteriores. Muchas instituciones administrativas, judiciales, policiales y económicas continuaron funcionando  con muy pocas modificaciones  a los procedimientos que ya aplicaban  durante la dictadura.

   Esa circunstancia explica que todavía hoy la aplicación de la Ley de Memoria Democrática siga encontrando fuertes resistencias administrativas, judiciales e incluso políticas. Los sucesivos recursos contra la retirada de monumentos, las dificultades para resignificar espacios públicos o la lentitud de numerosos expedientes muestran que el cierre simbólico del franquismo continúa siendo una tarea inacabada.

LA COMPARACIÓN EUROPEA

    La diferencia con otros países resulta evidente. Alemania convirtió desde 1945 la desnazificación en una política de Estado. Los símbolos del III Reich fueron prohibidos, la exaltación pública del nazismo quedó penalizada y los grandes criminales fueron juzgados en Núremberg. Con el paso del tiempo se consolidó una extensa red de museos, memoriales y programas educativos destinados a impedir cualquier normalización del pasado nazi.

    Italia siguió un camino más complejo debido a las continuidades políticas del posfascismo, pero los principales símbolos del régimen de Mussolini fueron retirados del espacio institucional y la Constitución republicana incorporó un claro rechazo del fascismo.

    Portugal, tras la Revolución de los Claveles de 1974, desmanteló rápidamente la arquitectura política del Estado Novo salazarista y procedió a la sustitución de buena parte de sus símbolos oficiales.

  España representa una excepción porque buena parte del proceso memorialista se ha desarrollado varias décadas después de la desaparición de la dictadura, obligando todavía hoy a resolver cuestiones que en otros países quedaron abordadas durante las primeras etapas democráticas.

EL DEBATE DESDE LA IZQUIERDA 

     Desde análisis emitidos en los ámbitos adscritos a la izquierda marxista se insiste  en que la memoria democrática no puede limitarse a la eliminación de estatuas o placas, sino que debe incorporar el estudio sistemático de la represión, la recuperación de las víctimas, la investigación de los crímenes del franquismo y una revisión crítica del papel desempeñado por determinadas instituciones durante la dictadura.

   Desde esta perspectiva, la persistencia de monumentos dedicados a dirigentes franquistas o incluso a colaboradores del nazismo no constituye una simple anomalía patrimonial, sino el reflejo visible de una memoria democrática todavía endeble y notoriamente incompleta.