LAS CUIDADORAS CANARIAS SALEN A LA CALLE: LA PRECARIEDAD QUE SOSTIENE LA DEPENDENCIA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El próximo 19 de septiembre, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se movilizarán en Tenerife y Lanzarote para denunciar la precariedad que continúa marcando un trabajo esencial para miles de personas dependientes. En Santa Cruz de Tenerife se concentrarán a las 11.00 horas frente al Cabildo; en Arrecife, a la misma hora ante el Ayuntamiento. Reclaman jornadas dignas, desaparición de las bolsas de horas negativas, compensación de los desplazamientos, reconocimiento de enfermedades profesionales, mejores medidas preventivas y plantillas suficientes.

   La protesta obliga a mirar detrás de las estadísticas de dependencia. Canarias está reconociendo más prestaciones y las administraciones anuncian convenios por alrededor de 1.600 millones de euros para varios años, pero eso no significa que el sistema disponga del dinero y los recursos humanos necesarios. La propia memoria de los Presupuestos autonómicos de 2026 reconoce que la red disponible resulta insuficiente para una demanda creciente, que existen esperas superiores a doce meses y que la saturación está relacionada también con una financiación insuficiente.

CUANDO EL SERVICIO SE ABARATA A COSTA DE QUIEN CUIDA

   La ayuda a domicilio puede parecer sencilla vista desde un despacho: una persona dependiente recibe determinadas horas de atención y una auxiliar acude a su vivienda. Pero entre un domicilio y el siguiente hay trayectos, combustible, aparcamiento, horarios fragmentados y tiempos que también forman parte del trabajo.

   Si esos desplazamientos no se reconocen completamente como jornada laboral o se compensan mal, el coste no desaparece. Lo paga la trabajadora. Si debe utilizar su vehículo particular, una parte del funcionamiento del servicio termina sufragándose con su gasolina, su coche y su mantenimiento. Y si faltan auxiliares, el ahorro reaparece en forma de agendas más apretadas, más usuarios y menos margen para realizar cada atención.

  Una persona con movilidad reducida, deterioro cognitivo o necesidad de aseo completo no puede atenderse como si pasara por una cadena de montaje. Sin embargo, cuando el servicio se organiza fundamentalmente mediante horas contratadas y costes ajustados, el cuidado corre el riesgo de convertirse precisamente en eso: minutos administrados al límite.

  El problema ha llegado al Congreso. El 26 de mayo, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo aprobó, con modificaciones, una iniciativa para transformar y dignificar laboralmente el SAD. Entre las cuestiones abordadas figuran la parcialidad involuntaria, las bolsas de horas, los desplazamientos, la prevención de riesgos, la adaptación de los domicilios y las condiciones establecidas en las contrataciones públicas.

  Que resulte necesario reclamar algo tan elemental como pagar kilómetros, disponer de medios adecuados para movilizar a una persona dependiente o reconocer determinados riesgos laborales muestra que la precariedad no puede reducirse a casos aislados. Existe un problema más profundo en la forma en que se organiza y financia el sector.

  Hay además una dimensión que no debería pasar inadvertida: se trata de un trabajo abrumadoramente feminizado. La ayuda a domicilio forma parte de los sectores que están reclamando actualmente el acceso a mecanismos de jubilación anticipada por su elevada carga física y sus índices de bajas laborales. Espalda, articulaciones y salud mental terminan absorbiendo una parte del coste de los cuidados que nunca aparece en una factura administrativa.

CUANDO LA PRECARIEDAD DE LA TRABAJADORA ENTRA EN CASA DEL USUARIO

   En julio, Canarias contabilizaba 101.221 prestaciones reconocidas, un 73,5% más que un año antes. Pero solo 76.846 eran efectivas. Es decir, aproximadamente una de cada cuatro prestaciones reconocidas todavía no estaba siendo recibida. Además, el tiempo medio de gestión se situaba en 283 días, todavía por encima del plazo ordinario máximo de seis meses.

  Por eso resulta engañoso presentar los grandes convenios plurianuales como demostración de que el problema económico está resuelto. Una cifra presupuestaria elevada no significa necesariamente una financiación suficiente si al mismo tiempo existen listas de espera, servicios sin cubrir, falta de personal y trabajadoras denunciando que una parte de los gastos del servicio termina recayendo sobre ellas.

  Los propios datos estatales ayudan a entender el problema. En 2024, la financiación aportada por el Estado a Canarias mediante los niveles mínimo y acordado representó únicamente el 24,95% del gasto certificado en dependencia en las Islas. La insuficiencia financiera del sistema, por tanto, no es una impresión de las trabajadoras: forma parte de un problema estructural de reparto y volumen de recursos.

  Y cuando el dinero falta, el ajuste termina desplazándose hacia abajo. Una administración puede contener el coste de un contrato; una empresa adjudicataria puede ajustar tiempos y plantillas; pero al final existe una trabajadora que tiene que llegar al siguiente domicilio y una persona dependiente esperando atención.

  Si una auxiliar dispone de pocos minutos, dispone también de menos tiempo para escuchar, detectar un empeoramiento o atender con calma. Si las plantillas cambian continuamente, una persona mayor puede tener que acostumbrarse repetidamente a desconocidas para actividades tan íntimas como vestirse o asearse. Si faltan grúas o camas adecuadas, aumenta el riesgo de lesión tanto para la trabajadora como para el usuario.

  Por eso la precariedad laboral del SAD no afecta únicamente a quienes cobran la nómina. También afecta directamente a quienes reciben el servicio.

  Las movilizaciones del 19 de septiembre plantean así una pregunta bastante más incómoda que cuánto dinero anuncian las administraciones: ¿qué calidad de cuidados puede ofrecer un sistema que mantiene condiciones precarias para quienes deben prestarlos?

  La dependencia no se resuelve contabilizando expedientes ni anunciando millones para varios ejercicios. Se resuelve cuando una persona recibe las horas que realmente necesita y cuando quien entra en su domicilio dispone de salario, tiempo, medios y salud suficientes para realizar profesionalmente su trabajo.

   Mientras una parte del servicio siga descansando sobre el coche, el tiempo no remunerado, la sobrecarga o el cuerpo de las trabajadoras, habrá una parte de la factura de la dependencia que continuará sin aparecer en ningún presupuesto.