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COORDINADORA SINDICAL CANARIA EXIGE A ESPAÑA LA CONDENA DEL ASESINATO DE LÍDERES DEL POLISARIO

Expresa su solidaridad con el pueblo saharaui y exige una respuesta diplomática

La Coordinadora Sindical Canaria ha reclamado al Gobierno español una condena pública del ataque que acabó con la vida de varios líderes del Frente Polisario. La organización considera que España no puede permanecer en silencio ante unos hechos que agravan la situación del pueblo saharaui

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

   El pasado 8 de junio, un ataque con drones marroquí mató a tres miembros del Frente Polisario en Bir Lehlu, en los territorios liberados del Sáhara Occidental. Entre las víctimas mortales se encontraba Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario e hijo de Mohamed Abdelaziz, histórico presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del movimiento saharaui durante cuatro décadas. El ataque se produjo además coincidiendo con la visita a la región del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, encargado de impulsar una solución política a un conflicto que continúa sin resolverse más de cincuenta años después de su inicio.

 

   La muerte de Lehbib Mohamed Abdelaziz ha provocado una fuerte conmoción entre el pueblo saharaui y las organizaciones internacionales de solidaridad con su causa. No se trata únicamente de la pérdida de un dirigente político y militar del Frente Polisario. Para muchos saharauis, Lehbib Mohamed Abdelaziz representaba también la continuidad generacional de la lucha por la autodeterminación del Sáhara Occidental, encarnando el relevo de una dirección histórica marcada por décadas de resistencia política y diplomática.

 

  La Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui (COSCAPS) ha expresado su "más absoluta condena y profunda indignación" ante unos hechos que considera "un acto criminal de extrema gravedad". La organización denuncia que el ataque presenta las características de un asesinato selectivo dirigido contra destacados referentes políticos del pueblo saharaui y ha reclamado la apertura de una investigación urgente, exhaustiva e independiente bajo supervisión internacional.

 

  La coordinadora subraya además que el ataque se produjo en un momento especialmente sensible, durante la visita del representante de Naciones Unidas a la región. A juicio de la organización, esta coincidencia exige que la comunidad internacional esclarezca lo sucedido y determine todas las responsabilidades derivadas de estos hechos.

 

Una descolonización pendiente desde hace medio siglo

 

  Para comprender la gravedad de este ataque es necesario situarlo en el contexto de un conflicto que permanece abierto desde hace más de cinco décadas. El Sáhara Occidental continúa figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, siendo considerado el último territorio africano pendiente de descolonización.

 

  En 1975, España abandonó el territorio tras la firma de los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania. Sin embargO, nunca reconoció dichos acuerdos como un instrumento válido para transferir la soberanía sobre el Sáhara Occidental. La posterior ocupación marroquí desencadenó una guerra con el Frente Polisario, organización reconocida por la ONU como representante legítimo del pueblo saharaui.

 

  El conflicto armado se prolongó hasta 1991, cuando ambas partes aceptaron un alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas. A cambio, se acordó la celebración de un referéndum de autodeterminación que permitiría a la población saharaui decidir libremente su futuro político.

 

  Para supervisar ese proceso se creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Sin embargo, más de treinta años después, la consulta continúa sin celebrarse debido a desacuerdos políticos y al bloqueo permanente del proceso negociador.

 

  Mientras tanto, decenas de miles de saharauis permanecen en campamentos de refugiados en la región argelina de Tinduf, dependiendo en gran medida de la ayuda humanitaria internacional y esperando una solución que permita ejercer un derecho reconocido reiteradamente por el derecho internacional.

 

El regreso de la guerra y el uso de drones

  La situación dio un nuevo giro en noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario declaró roto el alto el fuego tras la intervención militar marroquí en la zona de Guerguerat. Desde entonces, el movimiento saharaui sostiene que el estado de guerra ha vuelto a estar vigente.

 

  Esta nueva fase del conflicto se caracteriza por una importante asimetría militar. Marruecos ha incorporado en los últimos años sistemas de drones armados que han modificado significativamente las dinámicas del enfrentamiento. Diversas fuentes saharauis denuncian que estos ataques han provocado la muerte de combatientes y civiles en distintos puntos del territorio.

 

  La muerte de Lehbib Mohamed Abdelaziz reviste una especial relevancia por la posición que ocupaba dentro del Frente Polisario. Hijo de Mohamed Abdelaziz, una de las figuras más emblemáticas del nacionalismo saharaui contemporáneo, representaba una nueva generación de dirigentes comprometidos con la defensa del derecho a la autodeterminación.

 

  Por ello, organizaciones solidarias como la Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui consideran imprescindible que una investigación independiente determine si el ataque respondía exclusivamente a objetivos militares o si se trató de una acción destinada a eliminar a referentes políticos del movimiento saharaui.

 

España ante sus responsabilidades históricas

  La Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui ha exigido al Gobierno español que abandone la ambigüedad y condene públicamente este ataque. La organización considera que España debe actuar en coherencia con sus responsabilidades históricas y jurídicas respecto al Sáhara Occidental.

 

  Diversos expertos en derecho internacional sostienen que España continúa siendo la potencia administradora de iure del territorio, dado que el proceso de descolonización nunca llegó a completarse conforme a los procedimientos establecidos por Naciones Unidas.

  

Desde esta perspectiva, numerosas organizaciones de solidaridad consideran que el Estado español no puede permanecer al margen de acontecimientos como el ocurrido el pasado 8 de junio y debe desempeñar un papel activo en la defensa del derecho internacional y de los derechos del pueblo saharaui.

 

  La posición adoptada por el Gobierno español en los últimos años respecto al Sáhara Occidental ha generado fuertes críticas entre colectivos de apoyo a la causa saharaui, que reclaman una política exterior alineada con las resoluciones de Naciones Unidas y con el derecho de autodeterminación reconocido al pueblo saharaui.

 

  La Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui ha realizado además un llamamiento a organizaciones sindicales, políticas y sociales de Canarias y del conjunto del Estado español para que expresen su solidaridad con el pueblo saharaui y denuncien cualquier forma de impunidad.

 

  Para la organización, el asesinato de dirigentes y referentes saharauis no puede quedar silenciado ni convertirse en un episodio más dentro de un conflicto frecuentemente olvidado por la comunidad internacional.

 

  "La paz no puede construirse sobre la ocupación, la represión y el exterminio selectivo de quienes representan las legítimas aspiraciones de libertad y autodeterminación de su pueblo", señala la coordinadora en su comunicado, reiterando además su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la legalidad internacional y el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.

 

  Más de cincuenta años después del inicio del conflicto, el Sáhara Occidental continúa siendo uno de los grandes procesos de descolonización pendientes en el mundo. Mientras no se garantice una solución basada en el respeto al derecho internacional y en el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, cada nuevo episodio de violencia seguirá evidenciando el fracaso de la comunidad internacional para resolver uno de los conflictos más prolongados y olvidados del continente africano.

 
 
 
 
 
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