EL GOBIERNO "ENCARGADO" DE VENEZUELA IMPULSA AHORA LA PRIVATIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO (VÍDEO)
Escuchen a Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez cuando advertían que "la derecha" llevaría a cabo la privatización
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma que abre el sector eléctrico venezolano al capital privado y rompe con casi dos décadas de control estatal. La medida se suma a otras reformas impulsadas por el gobierno de Delcy Rodríguez que están desmantelando los principales pilares económicos del chavismo.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANL.ORG.-
La Asamblea Nacional venezolana aprobó este lunes, en primera discusión y por unanimidad, una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que abre las puertas a la privatización de uno de los sectores estratégicos más importantes del país. La iniciativa, presentada por Jorge Rodríguez en nombre del Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez, permitirá la entrada de capital privado en actividades que hasta ahora permanecían bajo control estatal, incluyendo la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
La propuesta recibió el respaldo de la totalidad de los diputados presentes en el Parlamento. Oficialistas y opositores, enfrentados durante años en el escenario político venezolano, coinciden desde el pasado 3 de enero en la aprobación de cada una de las medidas de entrega de lso recursos nacionales y de "liberalización" económica directamente avaladas por la Administración Trump. En esta ocasión, los diputados apoyaron una medida que supone una ruptura histórica con la política de nacionalizaciones impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez.
El encargado de defender la reforma fue el diputado Orlando Miranda, quien aseguró que la nueva legislación "permitirá mejorar la protección del sistema eléctrico, modernizar las infraestructuras y atraer inversiones necesarias para superar las graves deficiencias acumuladas durante los últimos años".
Sin embargo, detrás de estos argumentos se esconde una transformación mucho más profunda. El proyecto aprobado establece la posibilidad de crear empresas mixtas, compañías privadas e incluso operadores con amplia autonomía para participar en actividades consideradas hasta ahora patrimonio exclusivo del Estado venezolano. Además, contempla concesiones de larga duración y mecanismos destinados a garantizar la rentabilidad de los nuevos inversores.
Se trata, en definitiva, de un nuevo paso en la ofensiva legislativa impulsada desde enero de 2026 por el gobierno de Delcy Rodríguez. En apenas unos meses, la nueva administración ha promovido reformas en sectores estratégicos como los hidrocarburos, la minería y ahora también la electricidad. Todas ellas apuntan en una misma dirección: desmontar progresivamente el modelo económico construido durante el ciclo chavista, especialmente durante el Gobierno del Comandante y sustituirlo por otro basado en la apertura al capital privado y extranjero.
Del monopolio estatal a la apertura al capital privado
Durante casi dos décadas, el sistema eléctrico venezolano estuvo concentrado en manos de Corpoelec, empresa estatal creada en el marco de las nacionalizaciones promovidas por Hugo Chávez. Aquella política respondía a una concepción según la cual servicios esenciales como la energía debían permanecer bajo control público para garantizar la soberanía económica del país y evitar que sectores estratégicos quedaran subordinados a intereses privados. La reforma aprobada por la Asamblea rompe con ese principio. Aunque el Estado conservará presencia en determinadas áreas y podrá participar en empresas mixtas, la nueva legislación abre espacios hasta ahora vedados a la iniciativa privada.
Sus defensores presentan esta decisión como una "necesidad inevitable" para captar recursos financieros y tecnológicos. Atendiendo a los hechos, se puede consideran que la medida constituye un nuevo episodio del acelerado desmontaje de las conquistas políticas y económicas alcanzadas durante los años de la Revolución Bolivariana.
Un Parlamento unido por una misma agenda
La unanimidad con la que fue aprobada la reforma no ha pasado desapercibida. Resulta significativo que sectores políticos que durante años protagonizaron enfrentamientos aparentemente irreconciliables coincidan ahora plenamente en cuestiones fundamentales de política económica.
La convergencia entre antiguos adversarios refleja una nueva realidad política surgida tras los acontecimientos de enero de 2026. Las diferencias que antes ocupaban el centro del debate público parecen diluirse cuando se trata de impulsar reformas orientadas a liberalizar sectores estratégicos y facilitar la entrada de capitales internacionales.
Para numerosos observadores, esta coincidencia expresa la consolidación de un nuevo consenso político en torno a un programa económico que habría sido impensable durante los años de mayor fortaleza del chavismo.
La electricidad se suma al petróleo y la minería
La apertura del sector eléctrico no constituye una decisión aislada. Llega después de las modificaciones introducidas en la legislación sobre hidrocarburos y de las reformas destinadas a facilitar nuevas formas de explotación minera.
Vista en conjunto, la secuencia revela una orientación política coherente. Los sectores considerados durante años pilares fundamentales de la soberanía nacional están siendo progresivamente reorganizados para facilitar la participación de grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros.
Lo que se presenta como un programa de modernización económica aparece, desde otra perspectiva, como un proceso de transferencia de áreas estratégicas hacia intereses privados cuya prioridad no es satisfacer necesidades sociales, sino obtener beneficios.
El desmontaje desde dentro
La paradoja más llamativa de este proceso es que no está siendo ejecutado por los antiguos adversarios históricos del chavismo, sino desde las propias estructuras políticas que durante años afirmaron defenderlo.
Las nacionalizaciones, el control estatal de los recursos estratégicos y la defensa de la soberanía económica fueron durante mucho tiempo elementos centrales del discurso oficial venezolano. Hoy son precisamente esas bases las que están siendo desmontadas mediante reformas impulsadas por quienes afirman ser los herederos políticos de Chávez.
Si alguien pudiera tener alguna duda sobre la naturaleza del Gobierno "encargado" de Donald Trump, escuche en el vídeo que adjuntamos al mismísimo Diosdado Cabello advirtiendo que "si la derecha gobernara en Venezuela privatizaría el sector eléctrico" y Delcy Rodríguez prometiendo que cualquier intento de aplicar esta medida "se encontraría con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos".
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANL.ORG.-
La Asamblea Nacional venezolana aprobó este lunes, en primera discusión y por unanimidad, una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que abre las puertas a la privatización de uno de los sectores estratégicos más importantes del país. La iniciativa, presentada por Jorge Rodríguez en nombre del Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez, permitirá la entrada de capital privado en actividades que hasta ahora permanecían bajo control estatal, incluyendo la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
La propuesta recibió el respaldo de la totalidad de los diputados presentes en el Parlamento. Oficialistas y opositores, enfrentados durante años en el escenario político venezolano, coinciden desde el pasado 3 de enero en la aprobación de cada una de las medidas de entrega de lso recursos nacionales y de "liberalización" económica directamente avaladas por la Administración Trump. En esta ocasión, los diputados apoyaron una medida que supone una ruptura histórica con la política de nacionalizaciones impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez.
El encargado de defender la reforma fue el diputado Orlando Miranda, quien aseguró que la nueva legislación "permitirá mejorar la protección del sistema eléctrico, modernizar las infraestructuras y atraer inversiones necesarias para superar las graves deficiencias acumuladas durante los últimos años".
Sin embargo, detrás de estos argumentos se esconde una transformación mucho más profunda. El proyecto aprobado establece la posibilidad de crear empresas mixtas, compañías privadas e incluso operadores con amplia autonomía para participar en actividades consideradas hasta ahora patrimonio exclusivo del Estado venezolano. Además, contempla concesiones de larga duración y mecanismos destinados a garantizar la rentabilidad de los nuevos inversores.
Se trata, en definitiva, de un nuevo paso en la ofensiva legislativa impulsada desde enero de 2026 por el gobierno de Delcy Rodríguez. En apenas unos meses, la nueva administración ha promovido reformas en sectores estratégicos como los hidrocarburos, la minería y ahora también la electricidad. Todas ellas apuntan en una misma dirección: desmontar progresivamente el modelo económico construido durante el ciclo chavista, especialmente durante el Gobierno del Comandante y sustituirlo por otro basado en la apertura al capital privado y extranjero.
Del monopolio estatal a la apertura al capital privado
Durante casi dos décadas, el sistema eléctrico venezolano estuvo concentrado en manos de Corpoelec, empresa estatal creada en el marco de las nacionalizaciones promovidas por Hugo Chávez. Aquella política respondía a una concepción según la cual servicios esenciales como la energía debían permanecer bajo control público para garantizar la soberanía económica del país y evitar que sectores estratégicos quedaran subordinados a intereses privados. La reforma aprobada por la Asamblea rompe con ese principio. Aunque el Estado conservará presencia en determinadas áreas y podrá participar en empresas mixtas, la nueva legislación abre espacios hasta ahora vedados a la iniciativa privada.
Sus defensores presentan esta decisión como una "necesidad inevitable" para captar recursos financieros y tecnológicos. Atendiendo a los hechos, se puede consideran que la medida constituye un nuevo episodio del acelerado desmontaje de las conquistas políticas y económicas alcanzadas durante los años de la Revolución Bolivariana.
Un Parlamento unido por una misma agenda
La unanimidad con la que fue aprobada la reforma no ha pasado desapercibida. Resulta significativo que sectores políticos que durante años protagonizaron enfrentamientos aparentemente irreconciliables coincidan ahora plenamente en cuestiones fundamentales de política económica.
La convergencia entre antiguos adversarios refleja una nueva realidad política surgida tras los acontecimientos de enero de 2026. Las diferencias que antes ocupaban el centro del debate público parecen diluirse cuando se trata de impulsar reformas orientadas a liberalizar sectores estratégicos y facilitar la entrada de capitales internacionales.
Para numerosos observadores, esta coincidencia expresa la consolidación de un nuevo consenso político en torno a un programa económico que habría sido impensable durante los años de mayor fortaleza del chavismo.
La electricidad se suma al petróleo y la minería
La apertura del sector eléctrico no constituye una decisión aislada. Llega después de las modificaciones introducidas en la legislación sobre hidrocarburos y de las reformas destinadas a facilitar nuevas formas de explotación minera.
Vista en conjunto, la secuencia revela una orientación política coherente. Los sectores considerados durante años pilares fundamentales de la soberanía nacional están siendo progresivamente reorganizados para facilitar la participación de grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros.
Lo que se presenta como un programa de modernización económica aparece, desde otra perspectiva, como un proceso de transferencia de áreas estratégicas hacia intereses privados cuya prioridad no es satisfacer necesidades sociales, sino obtener beneficios.
El desmontaje desde dentro
La paradoja más llamativa de este proceso es que no está siendo ejecutado por los antiguos adversarios históricos del chavismo, sino desde las propias estructuras políticas que durante años afirmaron defenderlo.
Las nacionalizaciones, el control estatal de los recursos estratégicos y la defensa de la soberanía económica fueron durante mucho tiempo elementos centrales del discurso oficial venezolano. Hoy son precisamente esas bases las que están siendo desmontadas mediante reformas impulsadas por quienes afirman ser los herederos políticos de Chávez.
Si alguien pudiera tener alguna duda sobre la naturaleza del Gobierno "encargado" de Donald Trump, escuche en el vídeo que adjuntamos al mismísimo Diosdado Cabello advirtiendo que "si la derecha gobernara en Venezuela privatizaría el sector eléctrico" y Delcy Rodríguez prometiendo que cualquier intento de aplicar esta medida "se encontraría con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos".
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