DENUNCIAN AL PRESIDENTE DEL PSOE CANARIO POR OBSTACULIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dos colectivos acusan al dirigente socialista de impedir el control público de los plenos municipales de Adeje
El alcalde de Adeje (Tenerife) y presidente del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha sido denunciado ante el Comisionado de Transparencia por dos organizaciones ciudadanas
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El alcalde de Adeje (Tenerife) y presidente del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha sido denunciado ante el Comisionado de Transparencia por dos organizaciones ciudadanas que lo acusan de obstaculizar la participación popular y dificultar el control público de su gestión municipal.
La Gaveta 20A y la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) han anunciado la presentación de una denuncia este jueves 5 de noviembre, a las 11.00 horas, en el Parlamento de Canarias.
Los colectivos denuncian dos prácticas: la inexistencia de un archivo audiovisual público de los plenos municipales y los continuos cambios de fecha de esas sesiones, que, según sostienen, dificultan deliberadamente la organización de protestas vecinales. La controversia se produce en un municipio donde el desarrollo de grandes proyectos turísticos ha provocado importantes enfrentamientos entre el Gobierno local y diversos movimientos sociales.
UN ALCALDE CON CASI CUARENTA AÑOS EN EL PODER
Adeje es uno de los principales municipios turísticos de Tenerife, una isla del archipiélago español de Canarias, situado frente a la costa noroccidental africana. Con alrededor de 50.000 habitantes, concentra numerosos hoteles de lujo, complejos vacacionales y grandes inversiones inmobiliarias. Su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, gobierna desde 1987, prácticamente durante toda la etapa de expansión turística del municipio.
Además de dirigir el Ayuntamiento, Fraga ocupa la presidencia regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una de las dos principales fuerzas políticas españolas. Aunque la dirección ejecutiva de la organización corresponde a su secretario general, Ángel Víctor Torres, la presidencia que desempeña Rodríguez Fraga lo convierte en una figura relevante del socialismo canario.
Esta doble condición explica que la denuncia trascienda el ámbito municipal. Los activistas consideran que las prácticas de un dirigente con semejantes responsabilidades políticas deberían ser examinadas también por su propio partido.
¿POR QUÉ LOS CIUDADANOS NO PUEDEN VER LO QUE OCURRE EN LOS PLENOS?
En el Estado español, los plenos municipales son reuniones públicas en las que los representantes elegidos por los ciudadanos debaten y toman decisiones sobre presupuestos, impuestos, urbanismo, servicios públicos y otros asuntos que afectan directamente a la población. Aunque existen excepciones legales, su celebración debe permitir el conocimiento y la fiscalización de la actividad de los gobernantes.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que los vecinos de Adeje carecen de un archivo audiovisual público que permita comprobar posteriormente lo ocurrido durante esas reuniones. La situación resulta especialmente llamativa porque la reclamación no es nueva.
En noviembre de 2021, Coalición Canaria, una formación nacionalista del archipiélago, denunció que el Ayuntamiento se negaba a retransmitir los plenos pese a disponer, según aquella organización, de una empresa contratada para grabarlos. Cinco años después, los colectivos sostienen que la ciudadanía continúa sin tener acceso público a esas imágenes.
La cuestión adquiere especial relevancia cuando se producen enfrentamientos, acusaciones o incidentes cuya veracidad resulta difícil comprobar sin disponer de una grabación.
INSULTOS ENTRE CONCEJALES Y UN VECINO SANCIONADO
Uno de los episodios citados ocurrió el 27 de octubre de 2026. Durante una sesión municipal, el concejal de Podemos Gabriel González denunció haber recibido insultos y gestos intimidatorios del representante de Vox Christian Pablo Comellas, en un enfrentamiento relacionado con el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista.
El incidente alcanzó los medios de comunicación y el propio alcalde condenó públicamente las agresiones verbales. Sin embargo, los ciudadanos no pudieron acceder a una grabación pública que permitiera examinar directamente el desarrollo completo del enfrentamiento.
Los activistas recuerdan otro episodio ocurrido el 4 de diciembre de 2025. Según su comunicado, un vecino fue sancionado después de intervenir en el turno ciudadano de ruegos y preguntas. Los denunciantes consideran que disponer de imágenes habría facilitado su defensa frente a las acusaciones que motivaron la sanción.
En ambos casos, los colectivos entienden que la falta de documentación audiovisual accesible perjudica la transparencia y dificulta esclarecer los hechos cuando existen versiones contradictorias.
CAMBIAR LAS FECHAS PARA DIFICULTAR LAS PROTESTAS
La segunda acusación afecta directamente al ejercicio del derecho de manifestación. Los colectivos aseguran que el Ayuntamiento comenzó a modificar reiteradamente las fechas de celebración de sus plenos después de una concentración ciudadana organizada durante el verano de 2025 contra la gestión municipal del proyecto turístico Cuna del Alma.
Según explican, las sesiones dejaron de celebrarse en un día previsible de la semana y comenzaron a anunciarse con escasa antelación. Esta práctica complicaría la asistencia ciudadana y, especialmente, la organización de concentraciones ante el Ayuntamiento.
La denuncia tiene antecedentes. En octubre de 2025, Podemos ya criticó públicamente que el Gobierno municipal cambiara unilateralmente la fecha de un pleno. La formación advirtió de que semejantes decisiones también perjudicaban a los concejales de la oposición, obligados a compatibilizar sus responsabilidades políticas con sus empleos.
Los activistas consideran que estas modificaciones buscan desalentar la movilización popular. Esa intencionalidad deberá acreditarse mediante el examen de los calendarios municipales y de las razones ofrecidas por el Gobierno local.
CUNA DEL ALMA: EL NEGOCIO TURÍSTICO QUE EXPLICA EL ENFRENTAMIENTO
Para comprender la controversia es necesario conocer Cuna del Alma, un gran proyecto inmobiliario de lujo promovido en el litoral de Adeje. La iniciativa contempla centenares de viviendas y otras instalaciones turísticas en una zona de considerable interés ambiental y arqueológico.
Su desarrollo ha desencadenado protestas ecologistas y denuncias por posibles irregularidades. En abril de 2026, una jueza ordenó paralizar cautelarmente una parte de las obras próximas a la costa, al apreciar indicios de posibles infracciones relacionadas con la normativa aplicable. La medida no afectó al conjunto de la urbanización.
El conflicto refleja una disputa sobre el modelo turístico de Tenerife. Mientras los promotores defienden estas inversiones como fuente de actividad económica, las organizaciones contrarias cuestionan sus consecuencias ambientales y el aprovechamiento privado de territorios de gran valor natural.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE SOCIALISTA
Los denunciantes mencionan, igualmente, controversias y procedimientos relacionados con Cuna del Alma, Monkey Beach y las licencias de taxis. Asimismo, aseguran que existe una denuncia pendiente ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE. Estas afirmaciones deben distinguirse de cualquier responsabilidad judicial o administrativa que todavía no haya sido acreditada.
Los colectivos reclaman que el PSOE examine la continuidad de Rodríguez Fraga en sus responsabilidades públicas y orgánicas. Consideran que su prolongada permanencia al frente del Ayuntamiento ha favorecido una concepción patrimonial del poder municipal, en la que, según denuncian, se confunden los intereses de la institución con los de quienes la gobiernan.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El alcalde de Adeje (Tenerife) y presidente del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha sido denunciado ante el Comisionado de Transparencia por dos organizaciones ciudadanas que lo acusan de obstaculizar la participación popular y dificultar el control público de su gestión municipal.
La Gaveta 20A y la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) han anunciado la presentación de una denuncia este jueves 5 de noviembre, a las 11.00 horas, en el Parlamento de Canarias.
Los colectivos denuncian dos prácticas: la inexistencia de un archivo audiovisual público de los plenos municipales y los continuos cambios de fecha de esas sesiones, que, según sostienen, dificultan deliberadamente la organización de protestas vecinales. La controversia se produce en un municipio donde el desarrollo de grandes proyectos turísticos ha provocado importantes enfrentamientos entre el Gobierno local y diversos movimientos sociales.
UN ALCALDE CON CASI CUARENTA AÑOS EN EL PODER
Adeje es uno de los principales municipios turísticos de Tenerife, una isla del archipiélago español de Canarias, situado frente a la costa noroccidental africana. Con alrededor de 50.000 habitantes, concentra numerosos hoteles de lujo, complejos vacacionales y grandes inversiones inmobiliarias. Su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, gobierna desde 1987, prácticamente durante toda la etapa de expansión turística del municipio.
Además de dirigir el Ayuntamiento, Fraga ocupa la presidencia regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una de las dos principales fuerzas políticas españolas. Aunque la dirección ejecutiva de la organización corresponde a su secretario general, Ángel Víctor Torres, la presidencia que desempeña Rodríguez Fraga lo convierte en una figura relevante del socialismo canario.
Esta doble condición explica que la denuncia trascienda el ámbito municipal. Los activistas consideran que las prácticas de un dirigente con semejantes responsabilidades políticas deberían ser examinadas también por su propio partido.
¿POR QUÉ LOS CIUDADANOS NO PUEDEN VER LO QUE OCURRE EN LOS PLENOS?
En el Estado español, los plenos municipales son reuniones públicas en las que los representantes elegidos por los ciudadanos debaten y toman decisiones sobre presupuestos, impuestos, urbanismo, servicios públicos y otros asuntos que afectan directamente a la población. Aunque existen excepciones legales, su celebración debe permitir el conocimiento y la fiscalización de la actividad de los gobernantes.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que los vecinos de Adeje carecen de un archivo audiovisual público que permita comprobar posteriormente lo ocurrido durante esas reuniones. La situación resulta especialmente llamativa porque la reclamación no es nueva.
En noviembre de 2021, Coalición Canaria, una formación nacionalista del archipiélago, denunció que el Ayuntamiento se negaba a retransmitir los plenos pese a disponer, según aquella organización, de una empresa contratada para grabarlos. Cinco años después, los colectivos sostienen que la ciudadanía continúa sin tener acceso público a esas imágenes.
La cuestión adquiere especial relevancia cuando se producen enfrentamientos, acusaciones o incidentes cuya veracidad resulta difícil comprobar sin disponer de una grabación.
INSULTOS ENTRE CONCEJALES Y UN VECINO SANCIONADO
Uno de los episodios citados ocurrió el 27 de octubre de 2026. Durante una sesión municipal, el concejal de Podemos Gabriel González denunció haber recibido insultos y gestos intimidatorios del representante de Vox Christian Pablo Comellas, en un enfrentamiento relacionado con el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista.
El incidente alcanzó los medios de comunicación y el propio alcalde condenó públicamente las agresiones verbales. Sin embargo, los ciudadanos no pudieron acceder a una grabación pública que permitiera examinar directamente el desarrollo completo del enfrentamiento.
Los activistas recuerdan otro episodio ocurrido el 4 de diciembre de 2025. Según su comunicado, un vecino fue sancionado después de intervenir en el turno ciudadano de ruegos y preguntas. Los denunciantes consideran que disponer de imágenes habría facilitado su defensa frente a las acusaciones que motivaron la sanción.
En ambos casos, los colectivos entienden que la falta de documentación audiovisual accesible perjudica la transparencia y dificulta esclarecer los hechos cuando existen versiones contradictorias.
CAMBIAR LAS FECHAS PARA DIFICULTAR LAS PROTESTAS
La segunda acusación afecta directamente al ejercicio del derecho de manifestación. Los colectivos aseguran que el Ayuntamiento comenzó a modificar reiteradamente las fechas de celebración de sus plenos después de una concentración ciudadana organizada durante el verano de 2025 contra la gestión municipal del proyecto turístico Cuna del Alma.
Según explican, las sesiones dejaron de celebrarse en un día previsible de la semana y comenzaron a anunciarse con escasa antelación. Esta práctica complicaría la asistencia ciudadana y, especialmente, la organización de concentraciones ante el Ayuntamiento.
La denuncia tiene antecedentes. En octubre de 2025, Podemos ya criticó públicamente que el Gobierno municipal cambiara unilateralmente la fecha de un pleno. La formación advirtió de que semejantes decisiones también perjudicaban a los concejales de la oposición, obligados a compatibilizar sus responsabilidades políticas con sus empleos.
Los activistas consideran que estas modificaciones buscan desalentar la movilización popular. Esa intencionalidad deberá acreditarse mediante el examen de los calendarios municipales y de las razones ofrecidas por el Gobierno local.
CUNA DEL ALMA: EL NEGOCIO TURÍSTICO QUE EXPLICA EL ENFRENTAMIENTO
Para comprender la controversia es necesario conocer Cuna del Alma, un gran proyecto inmobiliario de lujo promovido en el litoral de Adeje. La iniciativa contempla centenares de viviendas y otras instalaciones turísticas en una zona de considerable interés ambiental y arqueológico.
Su desarrollo ha desencadenado protestas ecologistas y denuncias por posibles irregularidades. En abril de 2026, una jueza ordenó paralizar cautelarmente una parte de las obras próximas a la costa, al apreciar indicios de posibles infracciones relacionadas con la normativa aplicable. La medida no afectó al conjunto de la urbanización.
El conflicto refleja una disputa sobre el modelo turístico de Tenerife. Mientras los promotores defienden estas inversiones como fuente de actividad económica, las organizaciones contrarias cuestionan sus consecuencias ambientales y el aprovechamiento privado de territorios de gran valor natural.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE SOCIALISTA
Los denunciantes mencionan, igualmente, controversias y procedimientos relacionados con Cuna del Alma, Monkey Beach y las licencias de taxis. Asimismo, aseguran que existe una denuncia pendiente ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE. Estas afirmaciones deben distinguirse de cualquier responsabilidad judicial o administrativa que todavía no haya sido acreditada.
Los colectivos reclaman que el PSOE examine la continuidad de Rodríguez Fraga en sus responsabilidades públicas y orgánicas. Consideran que su prolongada permanencia al frente del Ayuntamiento ha favorecido una concepción patrimonial del poder municipal, en la que, según denuncian, se confunden los intereses de la institución con los de quienes la gobiernan.
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