MARCO RUBIO Y EL LABORATORIO DEL CAOS

POR ARMANDO DÍAZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     Cada cierto tiempo, contra Cuba se repite un mismo libreto. Cambian los nombres de los presidentes estadounidenses, cambian los discursos, cambian incluso las formas tecnológicas de la presión, pero el objetivo permanece intacto desde hace más de sesenta años: aislar, desgastar y deslegitimar políticamente a la Revolución cubana hasta crear las condiciones para que se "produzca" un cambio de régimen.

    La reciente imputación judicial contra Raúl Castro en Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 no puede entenderse simplemente como un mero episodio judicial.

   Aparece en un contexto de máxima tensión política entre Washington y La Habana y adquiere un significado mucho más profundo: funciona como un prólogo político, mediático y diplomático de una posible escalada de presión contra Cuba.

   El caso revive un episodio ocurrido hace casi treinta años, cuando avionetas de la organización del exilio cubano, "Hermanos al Rescate", fueron derribadas por cazas cubanos después de múltiples incursiones sobre el espacio aéreo de la Isla. Durante décadas, aquel hecho permaneció como un conflicto congelado dentro del largo enfrentamiento entre ambos países.

   Sin embargo, la decisión del Departamento de Justicia estadounidense de reactivar ahora una acusación de asesinato contra Raúl Castro no tiene nada de casual. Llega precisamente en un momento de endurecimiento del bloqueo económico, de incremento de sanciones y de creciente hostilidad política hacia la isla.

    La historia latinoamericana pone de manifiesto que muchas intervenciones comenzaron antes en el terreno simbólico que en el militar. Primero se construye la imagen del enemigo. Después se le presenta como una amenaza moral, política o humanitaria. Más tarde llegan las sanciones, el aislamiento internacional y la legitimación mediática de acciones cada vez más agresivas.

   Ocurrió ya en Guatemala en 1954, en Chile antes del golpe de 1973, en Panamá en 1989 y más recientemente en Irak, Libia o Venezuela. Siempre existe una fase previa, en la que el adversario debe aparecer ante la opinión pública internacional como un gobierno ilegítimo o criminal.

   En este caso, la imputación contra Raúl Castro cumple exactamente esa función. No se trata únicamente de juzgar hechos del pasado, sino de reforzar una narrativa política donde el Estado cubano aparece asociado al crimen y la ilegalidad internacional. La operación posee además una enorme carga simbólica: sentar en el banquillo a una de las figuras históricas centrales de la Revolución cubana significa atacar directamente la legitimidad histórica del proceso iniciado en 1959.

     Mientras tanto, la presión económica sobre Cuba continúa aumentando. El bloqueo estadounidense sigue afectando gravemente la vida cotidiana de millones de cubanos. La escasez de combustible, medicamentos y alimentos no puede separarse de las sanciones financieras y comerciales impuestas desde Washington. Incluso organismos internacionales y numerosos gobiernos han denunciado repetidamente el carácter asfixiante de estas medidas. Sin embargo, gran parte de la prensa occidental suele presentar la crisis cubana desconectada de ese contexto de agresión económica permanente. La situación económica en la Isla se produce porque el sistema político allí establecido es intrínsecamente perverso.

    Los medios cubanos han interpretado esta imputación como parte de una estrategia más amplia de desestabilización. Periódicos como Granma y Cubadebate han señalado que Washington intenta utilizar mecanismos judiciales para intensificar el cerco político sobre la isla y alimentar un clima internacional favorable a mayores niveles de confrontación. Desde La Habana se percibe que no se trata solamente de un asunto legal, sino de un paso más, dentro de una ofensiva política más amplia.

   Además, el contexto internacional actual vuelve todavía más peligrosa esta dinámica. Estados Unidos atraviesa una etapa de creciente disputa global por influencia política, económica y militar.

  En escenarios de crisis internacionales, América Latina vuelve a convertirse en territorio prioritario para garantizar zonas de control geopolítico y de recursos.

   Cuba, por su posición histórica y simbólica, continúa siendo un objetivo estratégico. La isla representa todavía un desafío político muy incómodo para Washington porque simboliza la supervivencia de un proyecto soberano a escasos kilómetros del poder estadounidense.

   La imputación también cumple otra función: enviar un mensaje hacia dentro de Cuba. Busca alimentar la sensación de asedio permanente y generar incertidumbre política en un momento de grandes y profundas dificultades económicas. La combinación de bloqueo, presión diplomática y campañas mediáticas intenta erosionar la cohesión interna del país y estimular tensiones sociales acumuladas durante años y años de crisis.

   Lo más preocupante es que este tipo de operaciones suelen normalizar escenarios cada vez más agresivos. Cuando un Estado comienza a ser presentado sistemáticamente como criminal, autoritario o peligroso, cualquier acción futura contra él parecerá más justificable ante la opinión pública internacional. Ahí reside el verdadero peligro de esta imputación. No es únicamente un proceso judicial tardío. Es una pieza dentro de una estrategia más amplia de desgaste y deslegitimación.

   La historia enseña que las intervenciones modernas no siempre empiezan con soldados desembarcando en playas extranjeras. A veces comienzan mucho antes, en tribunales, titulares de prensa y campañas políticas cuidadosamente construidas.

    Y precisamente por eso, la imputación contra Raúl Castro puede interpretarse como algo más que una simple causa judicial: aparece como el posible prólogo de una nueva fase de confrontación contra Cuba.