LA BATALLA POR EL AGUA EN LA PALMA: CIENTÍFICOS RESPALDAN LOS TRANQUES FRENTE AL MODELO DE DESALADORAS
Los estudios europeos avalan los cierres hidráulicos
Dos proyectos científicos financiados con fondos europeos han reabierto en La Palma el debate sobre la gestión del agua. Mientras investigadores y colectivos ciudadanos defienden los tranques hidráulicos para conservar los acuíferos, crecen las críticas hacia la apuesta institucional por desaladoras y grandes infraestructuras energéticamente dependientes.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-Semanal, la asociación Agua para La Palma ha vuelto a situar en el centro del debate público una cuestión decisiva para el futuro de la isla: quién controlará el agua y qué modelo hidráulico terminará imponiéndose en uno de los territorios con mayores recursos subterráneos de Canarias.
El colectivo exige al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo palmero la instalación obligatoria de cierres hidráulicos o tranques en todas las galerías de agua de la isla, apoyándose ahora en dos proyectos científicos financiados con fondos europeos que avalan la eficacia de estas medidas para conservar los acuíferos y evitar el desperdicio de agua subterránea.
La reclamación no es nueva. Desde hace años, Agua para La Palma denuncia que buena parte del agua que podría almacenarse naturalmente en el subsuelo continúa extrayéndose de forma innecesaria debido a la ausencia de cierres hidráulicos en la mayoría de galerías. Pero lo que cambia ahora el escenario es que esa denuncia ciudadana empieza a verse respaldada por investigaciones académicas y técnicas.
Los estudios científicos respaldan los cierres hidráulicos
Uno de los proyectos citados por la asociación es BIO-JUST, en el que participa la Universidad de La Laguna a través del Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo. Sus investigadores, los antropólogos José Antonio Batista y Noelia García-Rodríguez, sostienen en un documental presentado públicamente este mismo año que los tranques hidráulicos constituyen una herramienta eficaz para mantener el agua en los acuíferos cuando no es necesaria su extracción.
Según se recoge en el audiovisual, existe además un amplio respaldo técnico y profesional a esta medida dentro del propio sector hidráulico insular.
El otro proyecto europeo mencionado es GENESIS, coordinado por el IGME-CSIC y centrado en soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la gestión del agua en territorios insulares como Canarias y Azores. Entre las tecnologías analizadas aparecen galerías secas, diques subterráneos, sistemas de monitorización y modelos digitales destinados a aumentar la eficiencia hídrica sin incrementar la dependencia energética.
Las conclusiones provisionales de ambos proyectos apuntan en una misma dirección: conservar el agua existente puede resultar más eficaz, sostenible y económico que aumentar indefinidamente la producción artificial mediante desaladoras.
Una isla con agua… pero con infraestructuras deterioradas
Detrás de esta discusión técnica se esconde un conflicto mucho más profundo. Lo que está en juego en La Palma no es únicamente cómo obtener agua, sino qué modelo económico y social terminará dominando la isla.
La Palma no es un territorio desértico carente de recursos hídricos. Históricamente ha contado con importantes reservas subterráneas, galerías, nacientes y manantiales que sostuvieron durante décadas la agricultura y el abastecimiento urbano.
El problema denunciado por numerosos colectivos no es la falta de agua sino el deterioro progresivo de las infraestructuras públicas y una gestión considerada cada vez más ineficiente.
Las propias cifras manejadas por asociaciones y técnicos apuntan a pérdidas de hasta el 50 % en algunas redes de distribución debido al envejecimiento de conducciones y canales. Dicho de otro modo: mientras parte del agua disponible se desperdicia por fugas o por extracción innecesaria, las administraciones continúan apostando por grandes infraestructuras industrializadas como desaladoras y nuevos embalses.
Desaladoras: solución técnica o modelo de negocio
Es precisamente ahí donde comienza la batalla económica. Las plantas desaladoras suelen presentarse como una solución moderna frente a las crisis hídricas. Sin embargo, también implican enormes inversiones públicas, elevados costes de mantenimiento y un fuerte consumo energético. En un territorio insular como La Palma eso supone además una dependencia permanente del precio de la electricidad y de los combustibles fósiles utilizados para generar energía.
Cada subida energética termina repercutiendo directamente en el precio final del agua. Y eso afecta especialmente al sector agrícola, que ya atraviesa una situación extremadamente delicada tras años de aumento de costes, crisis productivas y dificultades para garantizar el relevo generacional.
Por esa razón, desde sectores críticos con el modelo actual se insiste en que la desalación puede ser una herramienta complementaria en situaciones extremas, pero no el eje principal de la política hidráulica de una isla que todavía dispone de importantes recursos subterráneos.
Dos modelos de isla enfrentados
El debate adquiere así una dimensión política mucho mayor. Porque toda gran infraestructura pública genera también enormes intereses económicos privados alrededor de contratos de construcción, mantenimiento, consumo energético y explotación técnica. Desde esta perspectiva, la discusión sobre el agua en La Palma ya no enfrenta simplemente dos soluciones hidráulicas distintas, sino dos modelos de isla.
Uno apuesta por reforzar el patrimonio hidráulico tradicional: galerías, túneles, redes públicas modernizadas y aprovechamiento racional de los acuíferos. El otro desplaza cada vez más recursos públicos hacia sistemas industrializados dependientes de tecnología, energía y financiación constante.
La propia antropóloga Noelia García-Rodríguez apunta en esa dirección cuando señala que alrededor del agua existen “fuertes intereses políticos y económicos”. Una afirmación especialmente significativa en Canarias, donde históricamente el control del agua ha sido también una forma de control económico y territorial.
El acuífero de Coebra y la contradicción institucional
El acuífero de Coebra simboliza bien esa contradicción. Se trata de una de las reservas subterráneas más importantes de La Palma y de ella dependen manantiales esenciales como los de Marcos y Cordero o parte del sistema hídrico de la Caldera de Taburiente.
Aunque dispone de protección legal, los investigadores denuncian la ausencia de medidas reales eficaces para garantizar su conservación.
Mientras tanto, los testimonios recogidos en los proyectos científicos muestran que las galerías equipadas con tranques mantienen caudales mucho más estables precisamente porque permiten cerrar la extracción durante los meses de menor demanda y conservar el agua en el subsuelo.
La paradoja resulta difícil de ignorar. En la isla con mayores recursos hídricos subterráneos de Canarias continúa hablándose de emergencia hídrica mientras se priorizan infraestructuras destinadas a producir agua industrialmente.
Por eso el verdadero debate ya no es únicamente técnico. La cuestión de fondo es si La Palma quiere apoyarse en sus propios recursos naturales, modernizando y protegiendo su patrimonio hidráulico, o si avanzará hacia un modelo cada vez más dependiente de energía cara, inversiones permanentes y agua convertida en mercancía estratégica.
VÍDEO:
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-Semanal, la asociación Agua para La Palma ha vuelto a situar en el centro del debate público una cuestión decisiva para el futuro de la isla: quién controlará el agua y qué modelo hidráulico terminará imponiéndose en uno de los territorios con mayores recursos subterráneos de Canarias.
El colectivo exige al Consejo Insular de Aguas y al Cabildo palmero la instalación obligatoria de cierres hidráulicos o tranques en todas las galerías de agua de la isla, apoyándose ahora en dos proyectos científicos financiados con fondos europeos que avalan la eficacia de estas medidas para conservar los acuíferos y evitar el desperdicio de agua subterránea.
La reclamación no es nueva. Desde hace años, Agua para La Palma denuncia que buena parte del agua que podría almacenarse naturalmente en el subsuelo continúa extrayéndose de forma innecesaria debido a la ausencia de cierres hidráulicos en la mayoría de galerías. Pero lo que cambia ahora el escenario es que esa denuncia ciudadana empieza a verse respaldada por investigaciones académicas y técnicas.
Los estudios científicos respaldan los cierres hidráulicos
Uno de los proyectos citados por la asociación es BIO-JUST, en el que participa la Universidad de La Laguna a través del Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo. Sus investigadores, los antropólogos José Antonio Batista y Noelia García-Rodríguez, sostienen en un documental presentado públicamente este mismo año que los tranques hidráulicos constituyen una herramienta eficaz para mantener el agua en los acuíferos cuando no es necesaria su extracción.
Según se recoge en el audiovisual, existe además un amplio respaldo técnico y profesional a esta medida dentro del propio sector hidráulico insular.
El otro proyecto europeo mencionado es GENESIS, coordinado por el IGME-CSIC y centrado en soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la gestión del agua en territorios insulares como Canarias y Azores. Entre las tecnologías analizadas aparecen galerías secas, diques subterráneos, sistemas de monitorización y modelos digitales destinados a aumentar la eficiencia hídrica sin incrementar la dependencia energética.
Las conclusiones provisionales de ambos proyectos apuntan en una misma dirección: conservar el agua existente puede resultar más eficaz, sostenible y económico que aumentar indefinidamente la producción artificial mediante desaladoras.
Una isla con agua… pero con infraestructuras deterioradas
Detrás de esta discusión técnica se esconde un conflicto mucho más profundo. Lo que está en juego en La Palma no es únicamente cómo obtener agua, sino qué modelo económico y social terminará dominando la isla.
La Palma no es un territorio desértico carente de recursos hídricos. Históricamente ha contado con importantes reservas subterráneas, galerías, nacientes y manantiales que sostuvieron durante décadas la agricultura y el abastecimiento urbano.
El problema denunciado por numerosos colectivos no es la falta de agua sino el deterioro progresivo de las infraestructuras públicas y una gestión considerada cada vez más ineficiente.
Las propias cifras manejadas por asociaciones y técnicos apuntan a pérdidas de hasta el 50 % en algunas redes de distribución debido al envejecimiento de conducciones y canales. Dicho de otro modo: mientras parte del agua disponible se desperdicia por fugas o por extracción innecesaria, las administraciones continúan apostando por grandes infraestructuras industrializadas como desaladoras y nuevos embalses.
Desaladoras: solución técnica o modelo de negocio
Es precisamente ahí donde comienza la batalla económica. Las plantas desaladoras suelen presentarse como una solución moderna frente a las crisis hídricas. Sin embargo, también implican enormes inversiones públicas, elevados costes de mantenimiento y un fuerte consumo energético. En un territorio insular como La Palma eso supone además una dependencia permanente del precio de la electricidad y de los combustibles fósiles utilizados para generar energía.
Cada subida energética termina repercutiendo directamente en el precio final del agua. Y eso afecta especialmente al sector agrícola, que ya atraviesa una situación extremadamente delicada tras años de aumento de costes, crisis productivas y dificultades para garantizar el relevo generacional.
Por esa razón, desde sectores críticos con el modelo actual se insiste en que la desalación puede ser una herramienta complementaria en situaciones extremas, pero no el eje principal de la política hidráulica de una isla que todavía dispone de importantes recursos subterráneos.
Dos modelos de isla enfrentados
El debate adquiere así una dimensión política mucho mayor. Porque toda gran infraestructura pública genera también enormes intereses económicos privados alrededor de contratos de construcción, mantenimiento, consumo energético y explotación técnica. Desde esta perspectiva, la discusión sobre el agua en La Palma ya no enfrenta simplemente dos soluciones hidráulicas distintas, sino dos modelos de isla.
Uno apuesta por reforzar el patrimonio hidráulico tradicional: galerías, túneles, redes públicas modernizadas y aprovechamiento racional de los acuíferos. El otro desplaza cada vez más recursos públicos hacia sistemas industrializados dependientes de tecnología, energía y financiación constante.
La propia antropóloga Noelia García-Rodríguez apunta en esa dirección cuando señala que alrededor del agua existen “fuertes intereses políticos y económicos”. Una afirmación especialmente significativa en Canarias, donde históricamente el control del agua ha sido también una forma de control económico y territorial.
El acuífero de Coebra y la contradicción institucional
El acuífero de Coebra simboliza bien esa contradicción. Se trata de una de las reservas subterráneas más importantes de La Palma y de ella dependen manantiales esenciales como los de Marcos y Cordero o parte del sistema hídrico de la Caldera de Taburiente.
Aunque dispone de protección legal, los investigadores denuncian la ausencia de medidas reales eficaces para garantizar su conservación.
Mientras tanto, los testimonios recogidos en los proyectos científicos muestran que las galerías equipadas con tranques mantienen caudales mucho más estables precisamente porque permiten cerrar la extracción durante los meses de menor demanda y conservar el agua en el subsuelo.
La paradoja resulta difícil de ignorar. En la isla con mayores recursos hídricos subterráneos de Canarias continúa hablándose de emergencia hídrica mientras se priorizan infraestructuras destinadas a producir agua industrialmente.
Por eso el verdadero debate ya no es únicamente técnico. La cuestión de fondo es si La Palma quiere apoyarse en sus propios recursos naturales, modernizando y protegiendo su patrimonio hidráulico, o si avanzará hacia un modelo cada vez más dependiente de energía cara, inversiones permanentes y agua convertida en mercancía estratégica.
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