TRABAJADORES DEL CAMPO CANARIO CONTRA EL BLOQUEO Y LA UE: ENTRE LAS PLAGAS Y LAS NORMAS DE LA UE
¿Está el campo canario pagando el precio de una transición agrícola sin alternativas reales?
Los agricultores canarios denuncian sentirse abandonados ante el avance imparable de plagas que amenazan cultivos estratégicos como el plátano. La prohibición de insecticidas clave por parte de la Unión Europea, sin alternativas eficaces, ha abierto una nueva crisis en el campo isleño, agravada por la competencia de productos importados tratados con sustancias prohibidas en Europa.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La agricultura canaria vuelve a lanzar una señal de alarma. La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria, ATRATICAN, denuncia que la prohibición en la Unión Europea de varios insecticidas y productos fitosanitarios esenciales está dejando a miles de agricultores “desarmados” frente al avance de plagas como el pulgón, la cochinilla y la mosca blanca. El resultado, aseguran, ya se está traduciendo en pérdidas económicas, caída de la calidad de las cosechas y un creciente sentimiento de abandono institucional.
El problema afecta especialmente al cultivo del plátano, uno de los pilares históricos de la economía del Archipiélago. Pero el conflicto va mucho más allá de una cuestión técnica relacionada con pesticidas. Detrás de esta crisis se esconde una contradicción cada vez más evidente dentro del mercado europeo: mientras Bruselas endurece las exigencias a los productores comunitarios, continúa permitiendo la entrada de frutas y hortalizas importadas de países terceros tratadas con sustancias que están prohibidas dentro de la propia Unión Europea.
Un campo cada vez más vulnerable
Según denuncia ATRATICAN, la retirada progresiva de materias activas autorizadas se ha realizado sin que existan alternativas eficaces para combatir determinadas plagas. La organización reclama al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Agricultura que impulsen autorizaciones excepcionales y aceleren el registro de productos de “uso menor”, algo que otros países europeos ya han aplicado para salvar cosechas amenazadas.
La preocupación del sector no es menor. En explotaciones de plátano ya se están detectando importantes pérdidas derivadas del deterioro de la fruta y de la expansión de insectos que antes podían controlarse con relativa eficacia. ATRATICAN sostiene que cada semana que pasa sin soluciones agrava la situación y aumenta el riesgo de que muchas explotaciones terminen siendo inviables.
La crisis fitosanitaria llega además en un momento especialmente delicado para el campo canario. Los agricultores llevan años soportando un fuerte aumento de los costes de producción: fertilizantes, agua, transporte, energía y salarios. A ello se suma la inestabilidad de los precios y la presión de grandes cadenas de distribución que fuerzan márgenes cada vez más estrechos. En este contexto, la eliminación de herramientas para combatir plagas supone un nuevo golpe para un sector que ya venía debilitado.
“Competimos con reglas distintas”
Una de las mayores críticas del sector agrícola canario se dirige directamente a la política comercial de la Unión Europea. Los agricultores denuncian lo que consideran un “agravio comparativo intolerable”: se prohíbe a los productores europeos utilizar determinadas sustancias, pero se permite importar productos cultivados con ellas desde terceros países siempre que los residuos no superen ciertos límites legales.
El propio sector platanero ha advertido de esta contradicción en distintos informes presentados ante instituciones europeas. ASPROCAN sostiene que bananas importadas pueden contener residuos de varias materias activas prohibidas en la UE por sus riesgos ambientales o sanitarios.
Para los agricultores canarios, esta situación crea una competencia profundamente desigual. Mientras ellos deben asumir costes crecientes para cumplir normativas cada vez más estrictas, las importaciones llegan al mercado europeo con menores costes de producción y controles mucho más laxos.
Detrás de esta tensión aparece un conflicto estructural mucho más profundo: el choque entre las políticas ambientales europeas y la lógica del mercado global.
Las instituciones comunitarias exigen mayores restricciones productivas a los agricultores europeos, pero al mismo tiempo mantienen acuerdos comerciales que favorecen la entrada de mercancías producidas en condiciones que serían ilegales dentro de Europa. El resultado es que las cargas recaen sobre pequeños y medianos productores locales, mientras las grandes cadenas de distribución y los importadores continúan beneficiándose de productos más baratos procedentes del exterior.
Canarias y la doble periferia
En Canarias, esta situación se agrava todavía más por la condición de región ultraperiférica. La lejanía geográfica, la fragmentación territorial y los elevados costes logísticos colocan al campo canario en una posición especialmente vulnerable frente a la competencia internacional.
ATRATICAN insiste en que las administraciones públicas deben actuar con urgencia y formar un frente común ante Bruselas para exigir excepciones adaptadas a la realidad del Archipiélago. El colectivo reclama que España presione a la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente determinadas prohibiciones hasta que existan alternativas reales para combatir las plagas.
La organización recuerda además que países como Francia e Italia ya han aplicado autorizaciones excepcionales para determinados fitosanitarios con el objetivo de proteger sus cultivos.
Más allá de los pesticidas
El conflicto actual refleja también un problema de fondo que afecta a buena parte del sector agrario europeo: la creciente subordinación de la agricultura a decisiones políticas y comerciales tomadas lejos del territorio y de quienes trabajan la tierra.
Los agricultores no cuestionan la necesidad de proteger la salud pública o el medio ambiente. De hecho, el propio sector canario defiende la calidad y seguridad de sus productos. Lo que denuncian es que las restricciones se estén aplicando sin planificación, sin alternativas técnicas viables y sin garantizar condiciones de competencia justas.
Cuando las políticas agrícolas se diseñan únicamente desde despachos europeos, sin atender a las condiciones reales de producción, las consecuencias terminan recayendo sobre quienes sostienen el trabajo diario en el campo.
Y en Canarias, donde miles de familias dependen todavía de la agricultura, el temor es claro: que el abandono institucional y la competencia desigual terminen expulsando definitivamente a muchos pequeños productores del sector.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La agricultura canaria vuelve a lanzar una señal de alarma. La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria, ATRATICAN, denuncia que la prohibición en la Unión Europea de varios insecticidas y productos fitosanitarios esenciales está dejando a miles de agricultores “desarmados” frente al avance de plagas como el pulgón, la cochinilla y la mosca blanca. El resultado, aseguran, ya se está traduciendo en pérdidas económicas, caída de la calidad de las cosechas y un creciente sentimiento de abandono institucional.
El problema afecta especialmente al cultivo del plátano, uno de los pilares históricos de la economía del Archipiélago. Pero el conflicto va mucho más allá de una cuestión técnica relacionada con pesticidas. Detrás de esta crisis se esconde una contradicción cada vez más evidente dentro del mercado europeo: mientras Bruselas endurece las exigencias a los productores comunitarios, continúa permitiendo la entrada de frutas y hortalizas importadas de países terceros tratadas con sustancias que están prohibidas dentro de la propia Unión Europea.
Un campo cada vez más vulnerable
Según denuncia ATRATICAN, la retirada progresiva de materias activas autorizadas se ha realizado sin que existan alternativas eficaces para combatir determinadas plagas. La organización reclama al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Agricultura que impulsen autorizaciones excepcionales y aceleren el registro de productos de “uso menor”, algo que otros países europeos ya han aplicado para salvar cosechas amenazadas.
La preocupación del sector no es menor. En explotaciones de plátano ya se están detectando importantes pérdidas derivadas del deterioro de la fruta y de la expansión de insectos que antes podían controlarse con relativa eficacia. ATRATICAN sostiene que cada semana que pasa sin soluciones agrava la situación y aumenta el riesgo de que muchas explotaciones terminen siendo inviables.
La crisis fitosanitaria llega además en un momento especialmente delicado para el campo canario. Los agricultores llevan años soportando un fuerte aumento de los costes de producción: fertilizantes, agua, transporte, energía y salarios. A ello se suma la inestabilidad de los precios y la presión de grandes cadenas de distribución que fuerzan márgenes cada vez más estrechos. En este contexto, la eliminación de herramientas para combatir plagas supone un nuevo golpe para un sector que ya venía debilitado.
“Competimos con reglas distintas”
Una de las mayores críticas del sector agrícola canario se dirige directamente a la política comercial de la Unión Europea. Los agricultores denuncian lo que consideran un “agravio comparativo intolerable”: se prohíbe a los productores europeos utilizar determinadas sustancias, pero se permite importar productos cultivados con ellas desde terceros países siempre que los residuos no superen ciertos límites legales.
El propio sector platanero ha advertido de esta contradicción en distintos informes presentados ante instituciones europeas. ASPROCAN sostiene que bananas importadas pueden contener residuos de varias materias activas prohibidas en la UE por sus riesgos ambientales o sanitarios.
Para los agricultores canarios, esta situación crea una competencia profundamente desigual. Mientras ellos deben asumir costes crecientes para cumplir normativas cada vez más estrictas, las importaciones llegan al mercado europeo con menores costes de producción y controles mucho más laxos.
Detrás de esta tensión aparece un conflicto estructural mucho más profundo: el choque entre las políticas ambientales europeas y la lógica del mercado global.
Las instituciones comunitarias exigen mayores restricciones productivas a los agricultores europeos, pero al mismo tiempo mantienen acuerdos comerciales que favorecen la entrada de mercancías producidas en condiciones que serían ilegales dentro de Europa. El resultado es que las cargas recaen sobre pequeños y medianos productores locales, mientras las grandes cadenas de distribución y los importadores continúan beneficiándose de productos más baratos procedentes del exterior.
Canarias y la doble periferia
En Canarias, esta situación se agrava todavía más por la condición de región ultraperiférica. La lejanía geográfica, la fragmentación territorial y los elevados costes logísticos colocan al campo canario en una posición especialmente vulnerable frente a la competencia internacional.
ATRATICAN insiste en que las administraciones públicas deben actuar con urgencia y formar un frente común ante Bruselas para exigir excepciones adaptadas a la realidad del Archipiélago. El colectivo reclama que España presione a la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente determinadas prohibiciones hasta que existan alternativas reales para combatir las plagas.
La organización recuerda además que países como Francia e Italia ya han aplicado autorizaciones excepcionales para determinados fitosanitarios con el objetivo de proteger sus cultivos.
Más allá de los pesticidas
El conflicto actual refleja también un problema de fondo que afecta a buena parte del sector agrario europeo: la creciente subordinación de la agricultura a decisiones políticas y comerciales tomadas lejos del territorio y de quienes trabajan la tierra.
Los agricultores no cuestionan la necesidad de proteger la salud pública o el medio ambiente. De hecho, el propio sector canario defiende la calidad y seguridad de sus productos. Lo que denuncian es que las restricciones se estén aplicando sin planificación, sin alternativas técnicas viables y sin garantizar condiciones de competencia justas.
Cuando las políticas agrícolas se diseñan únicamente desde despachos europeos, sin atender a las condiciones reales de producción, las consecuencias terminan recayendo sobre quienes sostienen el trabajo diario en el campo.
Y en Canarias, donde miles de familias dependen todavía de la agricultura, el temor es claro: que el abandono institucional y la competencia desigual terminen expulsando definitivamente a muchos pequeños productores del sector.
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