"IGLESIA ESPAÑOLA S.A.": LA MULTINACIONAL DE DIOS

 POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    Ángel Munárriz, el autor del  libro que ahora comentamos,  lleva años investigando las relaciones entre poder político, dinero e instituciones en España desde la perspectiva de un periodismo minucioso y rigurosamente  documental.

   En "Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España" (Editorial Akal), el periodista disecciona la enorme estructura patrimonial, fiscal y financiera construida por la Iglesia católica española a lo largo de décadas, mostrando cómo una institución aparentemente debilitada por la secularización, conserva, sin embargo, una influencia económica y política profundamente arraigada en el corazón mismo del Estado español.

   "ASÍ FUE COMO CONSTRUYÓ LA IGLESIA SU GRAN MULTINACIONAL ESPAÑOLA" 

   Según Munárriz,  en marzo de 2006, el Obispado de Córdoba registró oficialmente a su nombre la Mezquita-Catedral mediante un procedimiento administrativo extraordinariamente sencillo.

   El coste de la operación apenas alcanzó unas decenas de euros en tasas registrales [1]. No hubo compraventa, subasta pública ni negociación institucional. Bastó una certificación eclesiástica emitida por el propio Obispado gracias a una prerrogativa hipotecaria excepcional que la Iglesia católica conservó durante décadas en España.

  Durante años, gran parte de la sociedad desconoció completamente que aquello era posible. Y ha sido precisamente  a partir del  caso de la Mezquita  de Córdoba desde donde ha comenzado a debatirse  sobre la naturaleza histórica, económica  y politica  de lo que por entonces no muchos  habian empezado a  considerar como "un problema".  

   Porque la historia reciente de la Iglesia católica española no es únicamente la historia de una mera institución religiosa. Es también la historia de una gigantesca estructura patrimonial, económica y política profundamente integrada en el propio funcionamiento del Estado. Una organización capaz de atravesar monarquías, dictaduras, transiciones y democracias conservando siempre sus privilegios jurídicos, su influencia territorial y una enorme capacidad de adaptación institucional.

   La imagen tradicional de la Iglesia —templos, sacerdotes, liturgia y espiritualidad— apenas permite intuyamos cual es la dimensión material de la maquinaria que opera bajo ella. Diócesis, órdenes religiosas, fundaciones, Colegios, Universidades, hospitales, residencias, medios de comunicación y activos inmobiliarios forman toda una red cuya magnitud exacta aún hoy continúa siendo difícil de calcular incluso. Y quizá esa dificultad no sea nada casual.

   Durante décadas, buena parte de los privilegios eclesiásticos permanecieron ocultos bajo una suerte de normalidad histórica apenas discutida públicamente. Las exenciones fiscales parecían una tradición. La financiación pública era presentada como una normal cooperación institucional. Las llamadas inmatriculaciones permanecían enterradas en la burocracia registral. El patrimonio se confundía con la identidad cultural y religiosa. Pero lentamente algo empezó a cambiar.

    La acelerada secularización de la sociedad española despues de la desaparición formal de la dictadura, las crisis económicas y las crecientes exigencias de transparencia institucional comenzaron a abrir preguntas inquietantes. ¿Cuánto patrimonio posee realmente la Iglesia? ¿Cuánto dinero público recibe? ¿Como es posible que continue mantiendo privilegios fiscales excepcionales? ¿Cómo pudo registrar miles y miles de propiedades mediante mecanismos jurídicos únicos? ¿Y hasta qué punto una democracia oficialmente se confiesa aconfesional puede seguir sosteniendo relaciones tan privilegiadas con una confesión concreta?

   Las respuestas a estas interrogantes conducen hacia una realidad mucho más compleja que el viejo enfrentamiento entre clericalismo y anticlericalismo. Porque el verdadero poder contemporáneo de la Iglesia española ya no reside  en la autoridad moral o en la fe de los creyentes. Reside sobre todo en una sofisticada estructura patrimonial e institucional que aprendió a incrustarse habilmente dentro del propio funcionamiento del régimen político del postfranquismo

EL PATRIMONIO INVISIBLE

    La Iglesia católica española es hoy una de las mayores propietarias inmobiliarias de todo el país. El problema es que nadie parece saber exactamente cuánto es lo que posee. La propia estructura jurídica de la institución dificulta enormemente cualquier tentativa de cálculo global. No existe una única entidad llamada “Iglesia española” fácilmente auditable, sino miles de diócesis, parroquias, congregaciones, órdenes religiosas, fundaciones y Asociaciones parcialmente autónomas. Esa fragmentación constituye una de las grandes fortalezas de ese sistema.

   Sin embargo, cuando empiezan a cruzarse registros, investigaciones periodísticas y datos oficiales, emerge una estructura patrimonial ciclópea. Iglesias, catedrales, monasterios, conventos, colegios, hospitales, pisos, solares, cementerios, residencias, locales comerciales y terrenos rústicos forman parte de todo un entramado inmobiliario extendido por prácticamente todo el territorio español. El listado oficial publicado por el Gobierno en 2021 reveló la friolera de  34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 [2]. Pero numerosos expertos sostienen que la cifra real podría ser todavía aún mayor si se incorporaran propiedades registradas antes de ese periodo.

"CATEDRALES, IMPUESTOS Y DINERO PÚBLICO: EL GIGANTESCO IMPERIO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ESPAÑOLA" 

    La cuestión dejó entonces de ser únicamente religiosa para convertirse también en económica. Porque muchos de esos bienes estan generando actividad y rentabilidad. Unos sostienen redes educativas. Otros producen ingresos inmobiliarios. Muchos de ellos se benefician de subvenciones públicas para su conservación patrimonial. Y varios monumentos históricos se han termininado convertirtiendo  en  suculentas máquinas turísticas.

   La Mezquita-Catedral de Córdoba constituye probablemente el caso más emblemático. Según los datos del Cabildo catedralicio, el monumento recibe cada año más de dos millones de visitantes [3]. Las entradas generan ingresos multimillonarios y han convertido el edificio en uno de los principales motores turísticos de toda Andalucía. Y fue precisamente ahí donde estalló el conflicto. Porque una gran parte de la sociedad percibía ese monumento como patrimonio colectivo e histórico antes que como una propiedad privada eclesiástica.

  CUANDO LOS OBISPOS PODÍAN ACTUAR COMO FEDATARIOS

    El término “inmatriculación” parecía durante años reservado a registradores, juristas y especialistas hipotecarios. Pero detrás de esa palabra burocrática se escondía uno de los privilegios más extraordinarios de la España contemporánea. La Ley Hipotecaria de 1946 y el Reglamento Hipotecario posterior permitieron que la Iglesia registrara bienes mediante certificaciones emitidas...  ¡por los propios obispos! [4]. En la práctica, la alta jerarquía eclesiástica disfrutaba de una posición jurídica cercana a la de  la mismísima Administración pública.

   Aquella excepcionalidad  ha sobrevivido a la democracia postfranquista y además ha sido  ampliada  durante la misma. En 1998, el gobierno de José María Aznar aprobó una reforma del Reglamento Hipotecario por la que fue eliminada la prohibición de registrar lugares de culto [5]. De manera que a partir de ese momento, iglesias, ermitas y catedrales pudieron ser inscritas oficialmente  liberrimamente por la Iglesia mediante procedimientos extraordinariamente simplificados.

   Durante años, el proceso avanzó casi sin debate público. Solo mucho tiempo después comenzaron a aparecer listados parciales que revelaban la enorme magnitud del fenómeno: decenas de miles de propiedades registradas a nombre de diócesis y parroquias en distintos puntos de España. El conflicto se volvió entonces explosivo porque no se trataba únicamente de iglesias. Aparecieron igualmente plazas, huertos, cementerios, casas parroquiales y bienes utilizados colectivamente durante muchas generaciones.

   Todo había sido realizado legalmente. Pero precisamente por eso, la discusión se volvió todavía más enconado. El problema ya no consistía solo en denunciar ilegalidades masivas, sino preguntarse cómo una democracia moderna había podido mantener  durante décadas un sistema registral tan extraordinariamente favorable para una institución tan concreta.

LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE UNA ESTRUCTURA PRIVADA

    La casilla de la Iglesia en el IRPF representa solo una pequeñísima parte de una estructura de financiación muchísimo más compleja. Cada año, millones de contribuyentes españoles pueden destinar un porcentaje de sus impuestos a la Iglesia católica marcando una simple casilla en la declaración de la renta. Según la Memoria Anual de Actividades de la Conferencia Episcopal, la asignación tributaria supera regularmente los 300 millones de euros anuales [6].

"LA IGLESIA DEL SIGLO XXI: MENOS FE, MÁS PATRIMONIO, MÁS PODER "

   Pero el verdadero volumen económico solo aparece cuando se suman los conciertos educativos, las subvenciones patrimoniales, las ayudas culturales, las cesiones de suelo, los salarios de profesores de religión pagados por el Estado, las exenciones fiscales y múltiples mecanismos indirectos de financiación pública.

   Diversos estudios de Europa Laica estiman que el conjunto de privilegios fiscales y financiación indirecta vinculados a la Iglesia supera ampliamente los 10.000 millones de euros anuales [7], aunque otras estimaciones son más conservadoras y subrayan la dificultad de calcular cifras exactas debido a la enorme opacidad del sistema.

   La enseñanza concertada ocupa un lugar central dentro de este entramado. Según datos del Ministerio de Educación, aproximadamente el 60% de los centros concertados españoles están vinculados a instituciones católicas [8]. Miles de colegios forman así una gigantesca red educativa parcialmente financiada con dinero público y profundamente integrada dentro del sistema educativo nacional.

    Ese modelo produce una paradoja muy española. Mientras la práctica religiosa disminuye aceleradamente —el CIS refleja desde hace años un descenso sostenido de católicos practicantes [9]— la Iglesia mantiene una posición extraordinariamente sólida dentro de estructuras sostenidas por el propio Estado. La democracia española secularizó parte de la sociedad, pero nunca fue capaz d e  desmontar  el modelo histórico de cooperación privilegiada con la Iglesia Católica.

EL PRIVILEGIO FISCAL

     Pocas cuestiones generan tanta irritación política y simbólica como las exenciones fiscales de la Iglesia católica. Especialmente el IBI. Millones de ciudadanos pagan anualmente impuestos municipales mientras una de las mayores estructuras patrimoniales del país disfruta de amplias ventajas tributarias construidas históricamente alrededor de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede firmados en 1979 [10].

    Durante años, este sistema apenas generó discusión pública. Pero la crisis económica de 2008 cambió profundamente la percepción social. Muchos Ayuntamientos comenzaron a cuestionar el alcance real de las exenciones, especialmente cuando aparecieron inmuebles vinculados a actividades claramente económicas. Hoteles gestionados por órdenes religiosas, locales comerciales, aparcamientos, residencias y alquileres urbanos alimentaron progresivamente una pregunta políticamente explosiva: por qué determinadas actividades económicas vinculadas a la Iglesia debían disfrutar de ventajas fiscales que no posee cualquier otro competidor privado.

    Algunos municipios intentaron revisar la situación. Pero chocaron frecuentemente con un entramado jurídico extraordinariamente complejo, construido durante décadas mediante acuerdos internacionales, legislación fiscal y normativa sobre entidades sin ánimo de lucro. La Iglesia defendió siempre la plena legalidad del sistema. Y probablemente ahí reside uno de los grandes problemas políticos de toda esta historia: muchos de los privilegios más discutidos no operaban clandestinamente ni al margen de la ley, sino perfectamente integrados dentro de la normalidad institucional del sistema.

LA GRAN RED DE INFLUENCIA

    Reducir el poder de la Iglesia únicamente a dinero y patrimonio sería un error. Su verdadera fortaleza histórica se sostiene también sobre una inmensa red educativa, cultural y relacional construida a lo largo de siglos. Colegios religiosos, universidades católicas, fundaciones, hospitales, residencias, editoriales, medios de comunicación y asociaciones civiles configuran una estructura de presencia social extraordinariamente profunda.

    La Iglesia ha perdido buena parte de la autoridad moral absoluta que tuvo durante el franquismo. Pero eso no significa que haya desaparecido su capacidad de influencia. Simplemente ha cambiado de forma. Hoy opera muchas veces mediante redes institucionales mucho más discretas y sofisticadas: relaciones históricas con sectores políticos conservadores, presencia en determinadas élites educativas y enorme implantación territorial.

   La educación desempeña un papel central dentro de este sistema. La red concertada católica no solo garantiza estabilidad económica a numerosas instituciones religiosas. También asegura continuidad cultural e influencia social incluso en una sociedad crecientemente secularizada. Ese es uno de los grandes hallazgos del sistema español. La Iglesia perdió parte de su hegemonía doctrinal, pero logró conservar infraestructuras estables de poder económico y presencia institucional.

LA RUPTURA DE LA INVISIBILIDAD

     Durante mucho tiempo, todo este entramado permaneció relativamente protegido por la indiferencia social. Pero la combinación entre crisis económica, secularización y nuevas exigencias de transparencia comenzó lentamente a alterar el equilibrio histórico. Plataformas patrimonialistas, colectivos laicistas y asociaciones ciudadanas empezaron a investigar registros, reclamar listados oficiales y cuestionar determinados privilegios fiscales.

    El caso de la Mezquita de Córdoba actuó como detonador simbólico. A partir de ahí, muchos ciudadanos descubrieron que la cuestión no afectaba únicamente a grandes monumentos históricos, sino también a pequeñas ermitas rurales, plazas o terrenos utilizados colectivamente durante generaciones.

   El conflicto dejó entonces de parecer abstracto y se volvió tangible, concreto. Vecinos enfrentados a diócesis, ayuntamientos reclamando impuestos, plataformas rastreando registros de propiedad y gobiernos obligados a publicar inventarios oficiales comenzaron a formar parte de un nuevo paisaje político. Por primera vez en mucho tiempo, la relación entre Iglesia y Estado comenzó a discutirse públicamente no solo desde posiciones ideológicas tradicionales, sino también en términos de transparencia, igualdad fiscal y calidad democrática.

UNA DEMOCRACIA INACABADA

    En opinión de Muñarriz, la gran conclusión que emerge de todo este sistema resulta profundamente política. El problema ya no consiste únicamente en determinar cuánto patrimonio posee la Iglesia o cuánto dinero público recibe. La cuestión central es otra: qué es lo que pone de manifiesto  todo esto sobre la propia democracia española.

   Porque la historia reciente de los privilegios eclesiásticos es también la historia de una secularización institucional incompleta. España cambió culturalmente de manera radical durante las últimas décadas. Disminuyó la práctica religiosa, y a trancas y barrancas se lograron ampliar  derechos civiles y se consolidó una sociedad mucho más plural. Pero numerosas estructuras históricas de poder eclesiástico ha permanecido  prácticamente intactas dentro del aparato institucional.

   Las inmatriculaciones, las exenciones fiscales, la financiación privilegiada, los acuerdos con el Vaticano y la enseñanza concertada sobrevivieron adaptándose lentamente a los nuevos tiempos. Y quizá ahí resida el verdadero secreto de la Iglesia española contemporánea: su extraordinaria capacidad histórica para transformarse sin desaparecer nunca del centro del sistema.

  La institución perdió autoridad moral absoluta, pero conservó patrimonio. Perdió hegemonía cultural, pero mantuvo influencia educativa. Perdió fieles, pero continuó preservando unas estructuras económicas gigantescas. El resultado es una de las organizaciones más sofisticadas y resistentes de la historia contemporánea española, una multinacional profundamente incrustada en la memoria, el paisaje, la política y la economía del país.

   Y tal vez por eso el verdadero debate contemporáneo sobre la Iglesia ya no enfrenta simplemente fe contra ateísmo ni religión contra modernidad. La discusión es otra: cuánto pasado sigue todavía incrustado en las instituciones del presente.

(*) Manuel Medina es profesor de Historia, divulgador  de temas relacionado con esa materia y coautor del libro "El Gran Reajuste,  China, la arrolladora irrupción de la extrema derecha y la reconfiguración del sistema capitalista",  de reciente aparición. 

FUENTES Y DOCUMENTACIÓN

[1] Registro de la Propiedad de Córdoba. Inmatriculación de la Mezquita-Catedral, 2006.

[2] Gobierno de España. Listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Ministerio de la Presidencia, 2021.

[3] Cabildo Catedral de Córdoba. Estadísticas anuales de visitantes.

[4] Ley Hipotecaria de 1946 y Reglamento Hipotecario franquista.

[5] Real Decreto 1867/1998, reforma del Reglamento Hipotecario durante el gobierno de José María Aznar.

[6] Conferencia Episcopal Española. Memoria anual de actividades.

[7] Europa Laica. Informes sobre financiación pública y privilegios fiscales de la Iglesia católica en España.

[8] Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras del sistema educativo español.

[9] Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetros sobre práctica religiosa y secularización en España.

[10] Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, 1979.