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Martes, 05 de Mayo de 2026 Tiempo de lectura:

EL “NO A LA GUERRA” DEL PSOE SE HA DESPLOMADO CON EL GIRO DE SÁNCHEZ EN EL SÁHARA

¿Responde la política exterior española a principios ideológicos o a intereses económicos y geopolíticos?

¿Cómo puede explicarse que un Gobierno que se presenta como defensor de la aplicacion del Derecho internacional adopte una postura contraria en el Sáhara Occidental? ¿Qué fuerzas materiales y políticas está operando detrás de este aparente cambio de principios?

  

  REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

  La escena se desarrolla en un espacio marcado por la provisionalidad, en pleno desierto argelino, donde el pueblo saharaui lleva décadas resistiendo tras haber sido desplazado por la ocupación marroquí en 1975.

 

   Allí, en el contexto del Festival de Cine del Sáhara Occidental, el primer ministro de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Bucharaya Hamudi, se reunió con un grupo de  periodistas internacionales con la finalidad de exponer su visión sobre el conflicto y, particularmente, sobre el papel que ha desempeñado  el Estado español en su excolonia en el curso de los últimos años.

 

   Las condiciones del encuentro reflejaron por sí mismas la precariedad  en la que vive el pueblo saharaui.  Ello no es casual, sino consecuencia directa de un proceso histórico de descolonización inconcluso y mal llevado, en el que España, antigua potencia colonial, abandonó el territorio sin garantizar siquiera  el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación.

 

   Desde entonces, el conflicto se ha visto condicionado por la pugna de intereses internacionales y por la correlación de fuerzas entre actores estatales y económicos.

 

   En este marco, Bucharaya Hamudi señaló que la  posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental no  debe ser entendida como un hecho aislado o meramente ideológico. Al contrario, sugirió que ha respondido a razones vinculadas a acuerdos de carácter económico y a presiones externas internacionales.

 

   Según expuso el lide saharaui, la decisión del presidente Pedro Sánchez de respaldar la propuesta marroquí ha supuesto una ruptura evidente con los principios que históricamente fueron defendidos por sectores del PSOE, especialmente en lo relativo al rechazo de la guerra y la defensa del derecho internacional. Esta visible contradicción ha puesto  en un primer plano la paradoja existente entre el discurso político y la práctica gubernamental.

 

   Mientras que en otros escenarios internacionales, como el conflicto palestino o las guerras en Oriente Medio, el Ejecutivo español  adopta posiciones alineadas con la legalidad internacional, en el caso del Sáhara Occidental, sin embargo, el giro que rompe con esa coherencia se convierte en escandaloso. Tal dualidad no puede interpretarse únicamente como una incoherencia personal, sino como la expresión de los límites que impone el sistema internacional a los Estados, especialmente cuando entran en juego intereses estratégicos.

 

   Desde esta perspectiva, el Estado español lejos de actuar como un sujeto neutral, se comporta como una estructura atravesada por relaciones de poder que condicionan el conjunto de sus decisiones. La política exterior, lejos de responder a principios éticos o ideológicos, se configura en función de intereses económicos, alianzas geopolíticas y necesidades de estabilidad interna. En este sentido, la referencia de Hamudi a posibles acuerdos mercantiles con Marruecos apunta a la existencia de vínculos materiales que estan influyendo en la orientación del conjunto de la  política española.

 

    A pesar de este cambio institucional, el dirigente saharaui subraya que el apoyo de la sociedad española hacia su causa se mantiene firme. Este hecho revela un divorcio entre la voluntad popular y las decisiones del aparato estatal. Incluso en un contexto político caracterizado por la polarización, el respaldo al pueblo saharaui sigue siendo transversal, con la excepción destacada del PSOE. Esta situación refuerza la idea de que las decisiones gubernamentales no siempre reflejan el consenso social, sino que responden a dinámicas propias del ejercicio del poder.

 

   En cuanto al desarrollo del conflicto, Hamudi recuerda que el alto el fuego firmado en 1991, que debía conducir a la celebración de un referéndum de autodeterminación, fue sistemáticamente bloqueado por Marruecos durante casi tres décadas. Este bloqueo permitió consolidar la ocupación y reforzar el control sobre el territorio, mientras que los mecanismos internacionales, como la misión de la ONU, no lograron hacer avanzar la situacion  hacia una solución efectiva. La ruptura unilateral del alto el fuego en 2020 reactivó las hostilidades, evidenciando que las causas primigenias del conflicto siguen intactas.

 

   El uso de tecnología militar avanzada por parte de Marruecos, como drones de ataque, contrasta con la estrategia del Frente Polisario, basada en el conocimiento del terreno y la movilidad. Esta asimetría refleja una desigualdad material que, sin embargo, no ha impedido la continuidad de la resistencia saharaui. En este contexto, la guerra no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento militar, sino como la expresión de una lucha por la autodeterminación frente a una ocupación sostenida por intereses externos.

 

    Asimismo, las condiciones de vida en los campamentos de refugiados se han visto agravadas por los recortes en la financiación internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. La reducción de recursos afecta directamente al acceso a servicios básicos como el agua, la alimentación y la salud, intensificando la precariedad de una población que ya vive en condiciones extremas. Este deterioro pone de relieve la dependencia de la ayuda internacional y la vulnerabilidad de los pueblos que se encuentran en situaciones de desplazamiento prolongado.

 

   En cualquier caso, la posición del Frente Polisario sigue manteniendose clara: cualquier solución al conflicto debe pasar por la voluntad del pueblo saharaui. La celebración de un referéndum de autodeterminación sigue siendo el mecanismo reconocido por el derecho internacional para resolver esta cuestión.

 

   Sin embargo, su implementación continúa bloqueada, lo que está perpetuando un conflicto que, más allá de su dimensión territorial, refleja las contradicciones del orden internacional contemporáneo.

 

 

 

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