EL GOBIERNO DE CANARIAS FRENTE AL SÁHARA: DE LA RETÓRICA "SOLIDARIA" AL APOYO DE LA OCUPACIÓN ILEGAL

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En los últimos días, la prensa local recogía unas declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en las que reafirmaba su lealtad a la política exterior del Estado español respecto al Sáhara Occidental. Presentadas como un ejercicio de “responsabilidad institucional”, estas palabras no constituyen una simple toma de posición puntual, sino la expresión de un alineamiento político que responde a intereses que se definen muy lejos del ámbito autonómico. 

Canarias: economía, posición estratégica y cambio de discurso

    Canarias no decide la política sobre el Sáhara, pero tampoco queda al margen de ella. Su proximidad al territorio y su relación histórica con el pueblo saharaui la situaron durante décadas en una posición de cercanía política y social. Sin embargo, esa dimensión ha ido cediendo terreno frente a otra lógica en la que pesan cada vez más los intereses económicos.

   En el contexto actual, el archipiélago aparece crecientemente integrado en las dinámicas económicas que giran en torno al noroeste africano. Para determinados sectores empresariales canarios, el Sáhara Occidental se presenta como un suculento espacio de negocio. La posibilidad de acceder a sus recursos, participar en su explotación y utilizar esa posición como plataforma de expansión hacia África forma parte de un horizonte cada vez más presente en esos círculos.

   En ese marco, la llamada “estabilidad” de la región —aunque se sostenga sobre una ocupación ilegal— pasa a ser percibida como una condición necesaria. La opción más adecuada para garantizar un entorno previsible para la actividad económica, que facilite la integración de esos recursos en los circuitos del mercado.

     Es desde ahí desde donde debe leerse el giro discursivo de Fernando Clavijo. No hace tanto, cuando aún no ocupaba la presidencia autonómica, había criticado abiertamente el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez y su respaldo al plan marroquí de “autonomía” para el Sáhara Occidental, llegando incluso a cuestionar los intereses que podían estar detrás de esa decisión. Hoy, sin embargo, no solo asume esa misma línea, sino que la defiende en nombre de la “lealtad institucional”.

    Este paso de la crítica al respaldo no responde a una evolución ideológica, sino a una adaptación a la posición que ocupa el Gobierno de Canarias dentro de una estructura de poder más amplia. Una estructura en la que las decisiones fundamentales no se toman en el archipiélago, pero en la que sus instituciones actúan como engranajes que contribuyen a hacerlas efectivas, también en beneficio de los intereses económicos que operan en su entorno.

España: de la responsabilidad histórica al alineamiento político

   España no es un actor cualquiera en este conflicto. Su responsabilidad histórica se remonta a la colonización del Sáhara y al año 1975, cuando abandonó el territorio mediante los Acuerdos de Madrid, permitiendo la ocupación por parte de Marruecos. 

   Durante décadas, la posición oficial española se mantuvo en un equilibrio formal, respaldando las resoluciones de la ONU sin implicarse de manera decisiva en su cumplimiento. Ese equilibrio se rompió en 2022, cuando el gobierno de Pedro Sánchez apoyó abiertamente la propuesta marroquí de autonomía.

   Este cambio tampoco puede entenderse como una decisión meramente diplomática. Forma parte de una reorientación estratégica en la que pesan factores como la gestión de los flujos migratorios, la necesidad de estabilidad en la frontera Sur y los intereses económicos compartidos con Marruecos. A partir de ese momento, la política española ha evolucionado hacia una aceptación práctica del marco impuesto por la dictadura alauita. 

   Las consecuencias de este cambio se extienden también al ámbito interno. Decisiones como la exclusión de los saharauis del proceso de regulación de inmigrantes reflejan hasta qué punto la política exterior condiciona la actuación del Estado en su propio territorio. No se trata de medidas técnicas, sino de expresiones concretas de una voluntad política orientada a no alterar las relaciones con Marruecos.

   Al mismo tiempo, las diferencias entre partidos se diluyen cuando entran en juego estas cuestiones. Las críticas públicas no suelen traducirse en cambios efectivos, lo que evidencia que existe un consenso de fondo en torno a la prioridad de mantener la alianza con Rabat.

Marruecos y la reconfiguración del tablero internacional

   El fortalecimiento de la posición marroquí no puede explicarse sin atender al contexto internacional. En los últimos años, Marruecos ha logrado consolidarse como un actor estratégico clave para las potencias occidentales. Este proceso se aceleró tras los Acuerdos de Abraham, en los que normalizó relaciones con Israel a cambio del reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental.

   El respaldo de Estados Unidos ha sido decisivo. En un contexto de competencia global y reconfiguración de alianzas, Washington ha apostado por Marruecos como socio clave en el norte de África. Esta alianza no solo tiene una dimensión militar, sino también económica y tecnológica.

  A su vez, la Unión Europea ha asumido una lógica cada vez más "pragmática" en su relación con Rabat. La gestión de los flujos migratorios se ha convertido en un elemento central de esa relación. La capacidad de Marruecos para controlar o desestabilizar esa frontera le otorga un poder de negociación considerable, como quedó patente en episodios recientes como la Crisis migratoria de Ceuta.

Recursos y normalización de la ocupación

  En paralelo a estas dinámicas políticas, los intereses económicos desempeñan un papel determinante. El Sáhara Occidental es un territorio rico en recursos estratégicos cuya explotación resulta cada vez más atractiva en un contexto global marcado por la competencia por materias primas y fuentes de energía.

   La progresiva aceptación internacional del control marroquí facilita la integración de estos recursos en los circuitos económicos globales. Empresas europeas, incluidas españolas y canarias, participan en este proceso, beneficiándose de un marco que prioriza la estabilidad y la seguridad jurídica por encima del cumplimiento del derecho internacional.

Rusia, China y los límites del “contrapeso”

   La actitud de Rusia y China confirma también que este proceso no responde únicamente a la voluntad de las potencias occidentales. Aunque ambos países mantienen un discurso de respeto al derecho internacional, su comportamiento en los foros internacionales ha sido, en la práctica, funcional a la consolidación de la posición marroquí.

   Su decisión de no bloquear iniciativas clave en la ONU refleja una estrategia basada en la defensa de sus propios intereses. China busca fortalecer su presencia económica en África, mientras Rusia trata de preservar su capacidad de influencia en la región sin abrir nuevos frentes de confrontación.

   En ambos casos, el resultado es el mismo: la falta de oposición efectiva permite avanzar la normalización de la ocupación.

   El posicionamiento del Gobierno de Canarias no puede entenderse, por tanto, como un hecho aislado ni como una simple cuestión de coherencia política. Es la manifestación concreta de un proceso más amplio en el que diferentes niveles de poder convergen en torno a intereses comunes.

   Desde el ámbito regional hasta el internacional, pasando por el Estado español, se impone una lógica en la que la estabilidad, el control y el acceso a los recursos del Sáhara Occidental ocupado prevalecen sobre cualquier otra consideración. En ese marco, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui está siendo vulnerado por la mayor parte de los actores políticos internacionales, en mayor o menor medida. 

   Lo que se presenta como "realismo" no es otra cosa que la adaptación a un orden en el que los intereses económicos determinan el sentido de la política. Y, como tantas otras veces, las victimas de este orden son pueblos como el saharaui que, pese a todo, continúa luchando por su libertad.