CANARIAS, ENCLAVE MILITAR Y PRISIÓN DE FRONTERA: LA RECOLONIZACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS HEGEMÓNICA

   Por JOSÉ MANUEL RIVERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La historia debe ser aprehendida en su totalidad, no como una suma de anécdotas dispersas o titulares efímeros. Quien analice las noticias que publica la prensa en Canarias este 4 de mayo de 2026 sobre el despliegue masivo de la Brigada Canarias XVI —con patrullas a pie y en vehículos tácticos que cubren simultáneamente las ocho islas habitadas— como meros ejercicios logísticos o rutinarios, renuncia a comprender las profundas raíces materiales del momento que atravesamos. No hay casualidades en la geopolítica ni en la forma en que el Estado despliega su aparato coercitivo. Lo que contemplamos es un proceso articulado y sostenido de recolonización armada y disciplinamiento social, donde la lógica de la guerra se desplaza desde el frente exterior para incrustarse en nuestras propias calles, pueblos, montes y costas.

   Para entender esta suerte de estado de sitio de facto que vivimos, debemos remontarnos a los hechos que actuaron como laboratorio de pruebas. El 23 de abril de 2016, bajo el nombre de operación «Acorán 2016», fuimos testigos de cómo la Brigada Canarias XVI y la Cruz Roja simulaban la gestión de un campo de refugiados en la Zona Militar de La Isleta, en Gran Canaria. Aquello que se revistió de inofensivo ejercicio humanitario era, en puridad material, el ensayo general para la asunción progresiva de competencias de control poblacional por parte del ejército. Fue el preludio de lo que vendría después: la normalización de la gestión castrense de crisis migratorias que son generadas por las mismas políticas de expolio y desestabilización del Norte Global.

   La secuencia temporal es implacable. Pasamos de ensayar la contención a convertir el archipiélago en plataforma de proyección ofensiva. En octubre de 2025, 35 militares franceses —fuerzas expulsadas del Sahel tras el fracaso de la intervención neocolonial— se desplegaron en el Centro de Tropas de Montaña de La Isleta junto a la Brigada Canarias XVI, con el objetivo declarado de «reforzar la preparación en entornos complejos» mediante ejercicios de combate subterráneo. La prensa local informó puntualmente de que aquellas maniobras conjuntas se enmarcaban en los acuerdos de cooperación militar suscritos entre España y Francia, y que resultaban especialmente relevantes «en un momento de alta tensión geopolítica». A ello se suma el uso recurrente de la Base Naval de Las Palmas y el puerto de La Luz como retaguardia logística de la OTAN, evidenciado de forma elocuente por los itinerarios erráticos del buque norteamericano Cape Texas en enero de 2025. Dicha nave, perteneciente a la Fuerza de Reserva Preparada estadounidense, permaneció varios días realizando extraños trayectos entre La Palma y Tenerife antes de solicitar fondeo en la Rada Norte del Puerto de Las Palmas.

  Sin embargo, el salto cualitativo definitivo hacia la subordinación de la sociedad civil se cristaliza este mismo 4 de mayo de 2026. El Mando de Canarias activa un «despliegue masivo» y coordinado de patrullas que cubre la totalidad del archipiélago. La coartada oficial las define como «operaciones permanentes» destinadas a «conocer la realidad social» y a «consolidar la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio». Esta justificación constituye una anomalía democrática palmaria: las Fuerzas Armadas se arrogan funciones de vigilancia sociológica que no les corresponden, penetrando capilarmente en el espacio público para naturalizar la militarización en nuestro paisaje cotidiano. El objetivo es que la población asuma su propia condición subalterna como una necesidad de «seguridad», un proceso reforzado mediante charlas de adoctrinamiento en centros educativos como el IES Jandía y el IES Corralejo, donde el Regimiento de Infantería «Soria» 9 tiene previsto impartir sesiones informativas en los próximos días.

   Esta militarización sobre el terreno es la respuesta logística a la consolidación de la denominada «Europa Fortaleza». Bajo este concepto, la Unión Europea ha abandonado cualquier pretensión de asilo humanitario para abrazar una lógica estrictamente policial y de defensa de fronteras. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, no es más que la arquitectura legal de este blindaje. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtió en su momento de que dicho pacto apuesta por un mecanismo de «solidaridad a la carta» o «flexible» —donde los Estados pueden pagar para no acoger—, extiende la aplicación de procedimientos acelerados y legitima las detenciones sistemáticas en frontera, poniendo en serio peligro el derecho de asilo en la UE.

    La mimetización de la política europea con los postulados de la extrema derecha se materializa en la creación de los «Centros de Retorno». Estos espacios, previstos para ser instalados en las fronteras exteriores o incluso externalizados a terceros países —en lo que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha calificado como potenciales «agujeros negros de derechos humanos»—, operan como limbos jurídicos destinados a la deportación masiva y exprés. En el diseño de la Europa Fortaleza, Canarias no es solo una plataforma militar, sino el emplazamiento idóneo para estos centros de reclusión y retorno, consolidando al Archipiélago como el eslabón más robusto de la cadena de exclusión continental. La militarización que vemos hoy en nuestras calles es la infraestructura necesaria para gestionar este modelo de «Archipiélago-Cárcel».

   Todo este despliegue ocurre mientras el complejo militar-industrial se lucra: en 2025, el gasto militar real del Estado español alcanzó los 39.476 millones de euros, lo que equivale al 2,42% del PIB y supera con creces el objetivo del 2% exigido por la OTAN. Este rearme contable está perfectamente sincronizado con el rearme territorial en el archipiélago y con el peligro de una deriva autoritaria que ya condiciona la agenda pública. La complicidad entre la derecha tradicional y la extrema derecha se manifiesta en propuestas que habrían sido inconcebibles hace apenas unos años. En septiembre de 2025, el ex dirigente de Vox Javier Ortega Smith preguntó al jefe de la Armada si consideraba necesario incrementar los buques de guerra en aguas de Canarias, Ceuta y Melilla para frenar la llegada de cayucos. La respuesta del almirante fue tajante: «No estamos para combatir a los cayucos sino para ayudarles», recordando la impotencia que siente cualquier marino ante la tesitura de tener que elegir a quién rescatar cuando hay 300 personas en el agua que no saben nadar.

   La monstruosidad de estas posiciones alcanza su cénit cuando, en agosto de 2025, el líder de Vox, Santiago Abascal, pidió públicamente la confiscación y el hundimiento del buque de rescate Open Arms, al que tachó de «barco de negreros». Más de cuarenta organizaciones sociales y políticas rechazaron el uso del archipiélago como plataforma de guerra, exigiendo una Canarias «de paz y neutralidad». La putrefacción moral de unas élites dispuestas a subvertir el derecho internacional marítimo, obviando que la obligación jurídica de cualquier buque ante una patera es el rescate —no la intercepción bélica—, evidencia hasta qué punto la agenda política ha sido colonizada por discursos que deshumanizan a las personas migrantes y criminalizan la solidaridad.

   La secuencia de hechos demuestra que detrás de la maraña de decretos, directivas y comunicados no hay preocupación humanitaria alguna, sino la defensa fanática de los mismos intereses geopolíticos y oligárquicos que nos arrastran hacia el abismo. El silencio es complicidad. Frente a este blindaje que subordina nuestras vidas a los intereses geoestratégicos de la OTAN y las oligarquías, la única respuesta que garantiza nuestra supervivencia es la articulación de un bloque social que exija un Estatuto de Neutralidad internacionalmente reconocido. Un marco jurídico que declare al archipiélago territorio desmilitarizado y neutral en caso de conflicto bélico armado, tal como recoge la propuesta de siete artículos presentada en marzo de 2025 ante la Presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, por la Comisión Promotora del Estatuto con el respaldo de una treintena de colectivos sociales, políticos y sindicales,  y del que recientemente se presentó en un seminario celebrado en el Congreso de los Diputados. O asumimos democráticamente el control de nuestro territorio como puente tricontinental de paz, o seremos, de forma irreversible, la zona de sacrificio de sus crisis imperiales.

(*) José Manuel Rivero. Abogado-Analista político.