"EN LAS CÁRCELES CANARIAS SE ESTÁ VIVIENDO UNA EMERGENCIA HUMANITARIA"
Colectivos denuncian la situación de los presos debido al "deterioro extremo de la atención sanitaria":
La Federación de Salud de Intersindical Canaria, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y la AEN denuncian una crisis estructural en la sanidad penitenciaria del archipiélago.
La falta de personal y medios está dejando sin atención adecuada a la población reclusa (...).
Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Federación de Salud de Intersindical Canaria, junto a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y el grupo de trabajo sobre salud mental en prisión de la AEN, han denunciado públicamente lo que califican como una “emergencia humanitaria y jurídica” en los centros penitenciarios del archipiélago, debido al deterioro extremo de la atención sanitaria que reciben las personas privadas de libertad.
En un comunicado remitido a la redacción de canarias-semanal, las organizaciones alertan de una “grave vulneración del derecho a la salud”, señalando que la situación ha dejado de ser un problema puntual de gestión para convertirse en un fallo estructural del sistema.
Déficit sanitario extremo en las prisiones
Según explican desde las organizaciones denunciantes, centros como Las Palmas II (Juan Grande) y Tenerife II presentan déficits de personal médico que superan el 70% de las plazas, lo que deja módulos enteros sin atención facultativa presencial.
Esta falta de personal provoca, según afirman, situaciones “inaceptables”, como la atención por videollamada para patologías complejas o la imposibilidad de realizar un seguimiento adecuado de enfermedades crónicas como la diabetes, el VIH o la hepatitis.
Además, denuncian que la atención en salud mental se reduce en muchos casos a la contención farmacológica, debido a la ausencia de psiquiatras y equipos especializados. Una situación que resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que un porcentaje elevado de la población reclusa presenta trastornos mentales.
La falta de atención adecuada, unida al aislamiento y a las condiciones propias del entorno penitenciario, agrava estos problemas y aumenta el riesgo de conflictos y situaciones de violencia dentro de los centros.
"Como consecuencia de ello - advierten - Las cárceles se están convirtiendo en polvorines”.
Casos reales que evidencian el deterioro
La denuncia de estas organizaciones coincide con diversos casos documentados en la prensa que reflejan el impacto de esta situación.
Uno de los más recientes es el de un interno fallecido en la prisión de Las Palmas II tras haber solicitado asistencia médica durante varios días. Según informaciones publicadas por la prensa local, el preso fue finalmente trasladado al hospital en parada cardiorrespiratoria, sin que pudiera ser reanimado.
Otro caso recogido por medios canarios es el de Moisés Santana, cuya familia denunció que murió tras acudir repetidamente a enfermería por dolores en el pecho sin recibir una atención adecuada.
Estos episodios, lejos de ser aislados, han sido utilizados por distintos medios para ilustrar una crisis más amplia en la sanidad penitenciaria en Canarias.
Un problema estructural: más de dos décadas sin resolver
Las organizaciones denuncientes sitán esta situación en un contexto más amplio. Según recuerdan, la transferencia de la sanidad penitenciaria al sistema público autonómico —prevista en la Ley 16/2003— sigue sin haberse materializado en Canarias más de veinte años después.
Esta falta de integración en el sistema sanitario público ha generado -afirman- una brecha en la atención que afecta directamente a la población reclusa.
En este sentido, informes del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía Superior de Canarias ya han advertido de carencias graves en los centros penitenciarios del archipiélago, incluyendo déficits de personal médico y problemas en la atención sanitaria básica.
Exigen medidas urgentes
Ante este escenario, las organizaciones firmantes reclaman una actuación inmediata por parte de las administraciones.
Entre sus principales demandas, destacan la transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio Canario de Salud, una financiación específica que permita cubrir las plazas vacantes, la puesta en marcha de un plan integral de salud mental en prisión y la creación de una mesa de seguimiento con participación institucional y de organismos de derechos humanos
"Estas medidas -dicen- son imprescindibles para garantizar una atención sanitaria digna y evitar que la situación continúe deteriorándose".
Las organizaciones insisten en que la privación de libertad no puede implicar la pérdida del derecho a la salud, tal como establecen la Constitución y la legislación penitenciaria.
“Cumplir una pena no puede convertirse en una condena de muerte por desatención del Estado”, afirman desde estos colectivos, que exigen responsabilidades políticas y una respuesta inmediata ante una realidad que consideran límite.
La falta de personal y medios está dejando sin atención adecuada a la población reclusa (...).
Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Federación de Salud de Intersindical Canaria, junto a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y el grupo de trabajo sobre salud mental en prisión de la AEN, han denunciado públicamente lo que califican como una “emergencia humanitaria y jurídica” en los centros penitenciarios del archipiélago, debido al deterioro extremo de la atención sanitaria que reciben las personas privadas de libertad.
En un comunicado remitido a la redacción de canarias-semanal, las organizaciones alertan de una “grave vulneración del derecho a la salud”, señalando que la situación ha dejado de ser un problema puntual de gestión para convertirse en un fallo estructural del sistema.
Déficit sanitario extremo en las prisiones
Según explican desde las organizaciones denunciantes, centros como Las Palmas II (Juan Grande) y Tenerife II presentan déficits de personal médico que superan el 70% de las plazas, lo que deja módulos enteros sin atención facultativa presencial.
Esta falta de personal provoca, según afirman, situaciones “inaceptables”, como la atención por videollamada para patologías complejas o la imposibilidad de realizar un seguimiento adecuado de enfermedades crónicas como la diabetes, el VIH o la hepatitis.
Además, denuncian que la atención en salud mental se reduce en muchos casos a la contención farmacológica, debido a la ausencia de psiquiatras y equipos especializados. Una situación que resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que un porcentaje elevado de la población reclusa presenta trastornos mentales.
La falta de atención adecuada, unida al aislamiento y a las condiciones propias del entorno penitenciario, agrava estos problemas y aumenta el riesgo de conflictos y situaciones de violencia dentro de los centros.
"Como consecuencia de ello - advierten - Las cárceles se están convirtiendo en polvorines”.
Casos reales que evidencian el deterioro
La denuncia de estas organizaciones coincide con diversos casos documentados en la prensa que reflejan el impacto de esta situación.
Uno de los más recientes es el de un interno fallecido en la prisión de Las Palmas II tras haber solicitado asistencia médica durante varios días. Según informaciones publicadas por la prensa local, el preso fue finalmente trasladado al hospital en parada cardiorrespiratoria, sin que pudiera ser reanimado.
Otro caso recogido por medios canarios es el de Moisés Santana, cuya familia denunció que murió tras acudir repetidamente a enfermería por dolores en el pecho sin recibir una atención adecuada.
Estos episodios, lejos de ser aislados, han sido utilizados por distintos medios para ilustrar una crisis más amplia en la sanidad penitenciaria en Canarias.
Un problema estructural: más de dos décadas sin resolver
Las organizaciones denuncientes sitán esta situación en un contexto más amplio. Según recuerdan, la transferencia de la sanidad penitenciaria al sistema público autonómico —prevista en la Ley 16/2003— sigue sin haberse materializado en Canarias más de veinte años después.
Esta falta de integración en el sistema sanitario público ha generado -afirman- una brecha en la atención que afecta directamente a la población reclusa.
En este sentido, informes del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía Superior de Canarias ya han advertido de carencias graves en los centros penitenciarios del archipiélago, incluyendo déficits de personal médico y problemas en la atención sanitaria básica.
Exigen medidas urgentes
Ante este escenario, las organizaciones firmantes reclaman una actuación inmediata por parte de las administraciones.
Entre sus principales demandas, destacan la transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio Canario de Salud, una financiación específica que permita cubrir las plazas vacantes, la puesta en marcha de un plan integral de salud mental en prisión y la creación de una mesa de seguimiento con participación institucional y de organismos de derechos humanos
"Estas medidas -dicen- son imprescindibles para garantizar una atención sanitaria digna y evitar que la situación continúe deteriorándose".
Las organizaciones insisten en que la privación de libertad no puede implicar la pérdida del derecho a la salud, tal como establecen la Constitución y la legislación penitenciaria.
“Cumplir una pena no puede convertirse en una condena de muerte por desatención del Estado”, afirman desde estos colectivos, que exigen responsabilidades políticas y una respuesta inmediata ante una realidad que consideran límite.
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