EL NEGOCIO DEL AGUA EN LA PALMA: ¿UNA GESTIÓN AL SERVICIO DE LOS AGUATENIENTES?

Por ÁNGEL CUETO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La asociación Agua para La Palma ha solicitado formalmente al Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) la revisión de oficio y la nulidad del acuerdo por el que este organismo autorizó la compra directa de los pozos Herradura I y II, en el nordeste de la isla, por más de 1,2 millones de euros, a los que se sumarían otros 3,2 millones de inversión pública para su puesta en funcionamiento.

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el colectivo ciudadano advierte de una serie de presuntas irregularidades en el procedimiento y cuestiona tanto la legalidad de la operación como su utilidad real.

Una compra sin garantías sobre el agua

   Uno de los aspectos más llamativos del expediente es que -según Agua para La Palma- no existe constancia de que el agua haya sido realmente objeto de la compra.

  “Parece que el Consejo Insular de Aguas se ha limitado a adquirir terrenos y su servidumbre, con dos agujeros dentro”, señalan, poniendo el foco en lo que consideran una paradoja: se justifica la operación para obtener recursos hídricos, pero no se acredita jurídicamente que el agua forme parte de la transacción.

  El colectivo cuestiona además que en el Registro de la Propiedad no figuren ni el agua ni las características técnicas de las instalaciones, lo que refuerza la idea de que la operación se habría realizado sin definir claramente el objeto adquirido.

  Más allá del contenido de la compra, la asociación señala también posibles irregularidades en la forma.

  Según afirman desde el colectivo, el CIALP optó por una compraventa directa sin justificar adecuadamente esta vía, evitando los mecanismos habituales de concurrencia pública. Tampoco se habrían publicado los pliegos ni dado publicidad al procedimiento, ni verificado la solvencia o capacidad del vendedor.

  A esto se suma, siempre según el comunicado, un incremento del precio cercano al 9%, al pasar de una valoración inicial de 1,1 millones a 1,2 millones, sin que conste una nueva autorización de gasto.

  El colectivo también cuestiona que la operación lleve aparejada una inversión adicional de más de 3,2 millones de euros sin respaldo administrativo claro.

Falta de control y advertencias ignoradas

  Otro de los elementos centrales de la denuncia apunta al control interno del gasto público.

  Según Agua para La Palma, el interventor formuló reparos al expediente por falta de documentación, pero estos fueron levantados sin que se subsanaran las deficiencias, lo que, a su juicio, supone un incumplimiento de las garantías básicas de fiscalización.

  Además, recuerdan que estos pozos ya habían sido desaconsejados anteriormente por informes técnicos debido a su estado y a la salinización del agua. Incluso, señalan, responsables públicos habían reconocido que uno de ellos “no valía la pena” adquirirlo.

  En este contexto, el colectivo califica la operación de “compra a ciegas”.

  Según denuncian desde la asociación, no existe en el expediente ningún ensayo de bombeo que permita conocer ni la cantidad ni la calidad del agua disponible. Las previsiones de caudal, afirman, se basan únicamente en la capacidad de las bombas instaladas, sin garantía de que ese volumen pueda mantenerse en el tiempo.

  Esto abre la posibilidad de que uno de los pozos esté seco o que el otro ofrezca agua salinizada, lo que comprometería la viabilidad de toda la inversión.

El trasfondo del conflicto: quién controla el agua

  El caso señalado por Agua para la Palma forma parte de un problema mucho más profundo: quién controla realmente el agua en la isla y en beneficio de quién se gestiona.

    En Canarias, y especialmente en La Palma, el agua ha estado históricamente en manos de comunidades privadas y grandes propietarios —los llamados aguatenientes—, que han convertido un recurso básico en un negocio. Frente a ellos, la mayoría de la población ha dependido de ese control para acceder a un bien esencial.

   Es en esa contradicción donde se sitúa la denuncia de Agua para La Palma. Porque, según sostienen desde el colectivo, decisiones como la compra de los pozos de La Herradura no responden a una planificación pública orientada al interés general, sino a una dinámica en la que las instituciones terminan asumiendo costes y riesgos mientras el control del agua sigue en manos privadas.

   La asociación lleva años defendiendo una alternativa clara: los llamados “tranques” de acuíferos. Se trata de infraestructuras destinadas a retener el agua en el subsuelo, evitando que se pierda hacia el mar y permitiendo su gestión de forma planificada y colectiva.

  Según explican desde el colectivo, esta propuesta permitiría aprovechar mejor los recursos existentes, reducir la dependencia de pozos y galerías privadas y evitar inversiones millonarias en infraestructuras de dudosa rentabilidad.

  Frente a ello, la compra de los pozos Herradura I y II representa, a su juicio, justo lo contrario: una operación costosa, sin garantías técnicas y que no cambia el modelo de fondo.

   Por eso, insisten en que lo que está en juego no es solo esta operación concreta, sino el modelo de gestión del agua en la isla. Mientras no se aborde una política estructural que priorice el control público y el interés de la mayoría, seguirán produciéndose decisiones que comprometen recursos públicos sin resolver el problema de fondo.

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